Barbacoas, Nariño. Crónica de una Minga por la Dignidad de un Pueblo

 

Los relatos son desgarradores. Dos ancianos de más de 60 años piden que les devuelvan los restos de su hijo para poder celebrarle, al menos, su “fiesta de cabo de año”, ritual de la cultura ancestral de los indígenas Awá. Este fue uno de varios testimonios que recogió la Minga Humanitaria por la Vida y la Dignidad del Pueblo Awá, en un recorrido de 10 días por las selvas de Nariño, en el municipio de Barbacoas.

 

“En las tardes pensamos en él y lloramos. Él era padre de dos niñitos y fuerza del hogar”, expresó la anciana madre al evocar momentos de la vida de su hijo. “Antes –recuerda el anciano– todo era bonito: se podía sembrar, cazar, pescar… Ya no podemos trabajar, somos viejos y sin salud, y el hijo que nos cuidaba nos lo matan… ¡qué esperanza nos dejan!”.

 

 

Lo que motivó la Minga Humanitaria fue la reciente masacre de 11 indígenas del pueblo Awá, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) por la guerrilla de las farc. Pero no es el único caso. En septiembre de 2008, en el mismo territorio fue masacrada una familia por la misma guerrilla, dice la organización.

 

De los 11 asesinados en los primeros días de febrero de este año, la Columna Mariscal Antonio José de Sucre, de las farc reconoció en un comunicado público que había ultimado a ocho indígenas, aduciendo que se trataba de informantes del ejército.

 

Ni uno ni otro cumplieron. Entonces los pueblos y organizaciones indígenas, haciendo uso de la Minga como elemento de defensa y resistencia pacífica, convocaron a su realización y el 23 de marzo, en busca de los cuerpos, unos 500 indígenas salieron del resguardo indígena El Gran Sábalo (corregimiento El Diviso, Barbacoas) hacia el sitio de la masacre.

 

La masacre ocurrió en el resguardo indígena Tortugaña-Telembí, en Barbacoas, entre el primero y el cuatro de febrero pasado. Tal resguardo es una zona selvática de 24.950 hectáreas, de clima húmedo tropical, bañado por cuatro ríos: Ñambí y Palí, los más caudalosos, el Bravo y el Guaypí.

 

El difícil acceso a la zona evidencia el olvido gubernamental al cual están condenados los Awá. Desde Buenavista hasta el caserío más cercano, adonde entra carretera, se emplean unas 50 horas de trocha. No hay inversión social para programas de salud ni educación; las enfermedades y los accidentes se atienden y previenen sólo con la medicina tradicional de los nativos.
 

La fumigación con glifosato impuesta en el Plan Colombia desde hace 10 años e intensificada por el actual gobierno no destruye la coca, pero arrasa con los cultivos autóctonos y los animales de las comunidades, además de afectar el medio ambiente e impedir actividades de subsistencia como caza, pesca y agricultura.

 

De estas prácticas nocivas se desprende para los Awá una severa crisis alimentaria, acompañada de enfermedades agudas como desnutrición, e infecciones respiratorias y gastrointestinales, según diagnóstico de la IPS Indígena Awá.

 

“La única respuesta del Gobierno es la militarización, la cual rechazamos por cuanto deja a nuestros hermanos en medio del fuego cruzado, convirtiéndolos en víctimas de retaliaciones de otros actores armados ilegales”, afirma Juan Paí, un líder Awá.

 

En medio de este panorama vive la familia de uno de los 11 indígenas asesinados en febrero: una mujer y un hombre de más 60 años, una niña de seis, un niño de tres, hoy huérfanos, y una joven (hermana). Ellos cuentan su dolor porque quieren justicia, y esperan por lo menos tener los restos de su hijo, padre y hermano para ofrendarlo a la Madre Tierra, en concordancia con sus costumbres y usos ancestrales.

 

 

 

Son muy evidentes las dificultades que sufre la comunidad para acampar y preparar sus alimentos. Asimismo, vive los riesgos de los campos minados que se hallaron durante el recorrido, amén de que la falta de agua –pese a las fuertes lluvias– y la presencia de actores armados en la zona no les permitían a los caminantes salir del camino a buscar leña o hacer cambuches. En tales circunstancias, la Minga partió… y regresó.

 

La marcha salió ese lunes 23 de marzo. Ese mismo día arribó a Buenavista, otro caserío de Barbacoas, donde acampó la primera noche. El 24, con fortaleza, expectativa y mucha esperanza, se inició la segunda jornada. Antes del mediodía, la Minga buscaba el camino a Tortugaña Telembí, donde reposaban, en tumbas glaciales, los cuerpos de ocho indígenas Awá y de muchos más que permanecen enterrados allá, pues “este territorio es un cementerio colectivo. La Minga Humanitaria logró destapar ese escenario de impunidad que se venía gestando allí por el temor de sus pobladores”, concluyó la Comisión de Investigación de la Minga Humanitaria en su informe final.

 

 

Los días 25 y 26, la Minga Humanitaria recorrió del Ñambí a Palicito y Punde, para llegar el 27 a Volteadero, veredas –cerros– de Tortugaña Telembí. Allí la Minga sintió el peso de la crisis humanitaria que viven en su territorio los indígenas Awá. Una tierra grata, magnánima y tranquila, pasó a convertirse casi en campo de concentración donde la gente vive confinada, atemorizada e intimidada por los actores armados que hacen presencia en la zona, incluyendo a los militares.

 

El 26, en horas de la tarde, fueron hallados tres cadáveres de la masacre de septiembre de 2008. Ellos, según la comisión de investigación, correspondían a Orlando Taicús, de 55 años de edad, padre de James Taicús, de 22 años, y Hugo Taicús de 18.

 

En Volteadero, el viernes 27, la Minga encontraría cañones militares dirigidos hacia los caminantes. Sergio Vargas, quien acompañó la Minga, cuenta cómo fueronsorprendidos por fusiles que apuntaban hacia ellos. “Era el Ejército, que vio como una potencial amenaza la llegada de cientos de indígenas armados con bastones de mando, en medio de la manigua nariñense… La Minga tomó el control sin hacer uso de violencia o trasgresión alguna”.

 

El 29, en la quebrada El Hojal, El Bravo, se encontró el cuerpo de Omaira Arias Nastacuás, que fue brutalmente asesinada y cuyo embarazo superaba siete meses de gestación, según varios testimonios. Mostraba signos de torturas con arma blanca. Muy cerca se halló un cuerpo que por su estado de descomposición no fue identificado.

 

En predios de la desembocadura de El Hojal al río Bravo se encontró el cadáver de Blanca Patricia Guanga Nastacuás, de 18 años de edad, quien en su vientre tenía a su bebé de unos ocho meses de gestación en el momento de su muerte. Su vientre fue abierto con arma blanca para extraerle el niño, cuyo cuerpo no fue encontrado.

 

Junto al cuerpo de Blanca se encontró el cadáver de Robinson Cuasaluzan, con signos de tortura: dedos amputados y degollado, según el informe de la Comisión. El 30 de marzo, en otro punto del cerro El Volteadero, se halló el cadáver de Óscar Nastacuás, asesinado en febrero por las farc.