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DMG, o de cómo funcionan los políticos-empresa

DMG, o de cómo funcionan los políticos-empresa

Las denuncias en aumento contra DMG y su relación con la política no hacen sino refrendar las características que la misma comporta para los políticos tradicionales. Un negocio que privatiza el Estado.

 

¡“Cinco mil millones de pesos recibió la campaña para la reelección de Uribe, por parte del grupo DMG”! ¡“Cinco gobernadores investigados por recibir aportes de DMG”! ¡“Personero de Bogotá en el ojo del huracán por dineros provenientes de DMG”! Éstas y otras perlas similares, llenaron los titulares de los noticieros por estos días.

 

Son noticias al parecer novedosas pero que en efecto no lo son. No hay duda: las informaciones sólo refrendan ante el ciudadano desprevenido el proceder cada vez más degradado y corrupto de la política tradicional. De la supuesta representación pública de la ciudadanía, derivada en un simple acto teatral, que aparenta una cosa: (lo público), pero en verdad pretende otra: (lo privado, y sus intereses con el poder.)

 

Ejercicio –se supone– colectivo por excelencia, la política tradicional, electoral o no, termina por traducirse en un ejercicio empresarial. En una maquinaria de intrigas y favores, de apropiación para fines particulares del Estado, en la que los políticos profesionales depositan todas sus esperanzas y ambiciones. Y las de los suyos. Las cifras invertidas en cada campaña así lo delatan.

 

¿Por qué un político, y de dónde, llega a invertir quinientos y más millones de pesos en una campaña al Congreso? ¿Cómo hace para recuperar ese dinero? ¿A qué recurre? ¿Será el sueldo que devengue el recurso suficiente para restituir semejante inversión?

 

–“Cuánto le diste a ese político?, pregunta una voz.

–“Setecientos millones”, responde otra. Así hablan entre agentes del criminalizado grupo DMG. Las cifras son muchas.

 

Compra lujosa de la tierra, protección al latifundio y renta urbana

 

Todo parece indicar que estaba en juego una orgía de corruptela, de ganar funcionarios públicos para el grupo DMG. Según parece, para todos había. Los contratos por firmar garantizarían el regreso del dinero ‘invertido’, ofrecido. No hay novedad. Así es como proceden todos los grupos económicos en el país. Pero también, actúan así las multinacionales por el mundo entero. Compran votos. Compran leyes.

 

Sin rubor y de este modo, están obligados a darle a todos, y no por casualidad, sino porque no se puede perder. Es decir, con A gano y con B también, así en apariencia pierda. Como en asuntos de mafia, todos quedan debiendo el favor, y sin duda a todos se les cobra. Y los políticos y gobernantes pagan. Por eso, las acciones de Estado no se definen pensando en las mayorías y sus necesidades.

 

Por eso mismo, DMG colocó una oficina en una reunión de gobernadores. Oficina abierta con permiso de sus organizadores, que no podía ser otro que el mismo gobierno. A todos los doctores se les atiende, y a todos se les ofrece. Así procedía décadas atrás el cartel de Cali. El mismo que daba apoyos de acuerdo a los votos que tenía cada uno de los candidatos. Y así, “a sus espaldas”, llegó el presidente Samper al gobierno nacional. En el camino se perdieron unos milloncitos, –pues no se puede registrar todo– mas lo recibido fue suficiente para dejar en el camino al candidato Pastrana, en su postulación primera.

 

Así, pero además, con amenazas y muertes de por medio, fueron elegidos todos los vinculados, investigados y condenados en el caso de la parapolítica que abrió el camino y puso alfombra con mancha al presidente Uribe. Docenas de congresistas que han hecho de la política una empresa sin principios, o mejor dicho, con un solo principio: “el que importa soy yo y mi ‘anticomunismo’”.

 

Sin embargo, ahora los noticieros parecen descubrir el agua tibia. ¡Escándalo! Pero al ser tal, el verdadero escándalo en Colombia es que el único principio que ahora tiene vigencia está sellado por el dinero, no importa su origen ni su destinación. Dinero que circula y va de la mano con la expropiación y la compra lujosa de la tierra, de la protección al latifundio y de la renta urbana. Por esta vía la colectividad quedó al margen y el Estado en manos de una banda de negociantes.

 

¿Cuándo se romperá el negocio?

 

 


Recuadro:

Por una política pública, colectiva, forja de ciudadanía

Una diferencia entre derecha e izquierda es el sentido de su ejercicio político: los unos, la derecha, lo hacen para favorecerse, para conservar y profundizar para sí el Estado –que se supone es público. Los otros la ejercen para hacer que ese Estado sirva a las mayorías, esfuerzo que debe lograrse en unión con esas mismas mayorías. Es decir, al representar no suplanta, por el contrario, potencia la transformación de la sociedad en sujeto de sí misma. La sociedad es Estado.

 

Para hacerla realidad, esa política tiene que ser cada vez menos individual, y por lógica cada vez más pública. Se podría decir que un ejercicio político de izquierda alejado de aquellos a quienes se busca se hagan sujetos, es por sí misma una contradicción. Por esto, es obligatorio que la política de izquierda sea de puertas abiertas, con debates constantes, con posibilidad de revisión de todo lo acordado, y con destitución de quienes no cumplan con las definiciones colectivas.

 

En la izquierda los voceros no pueden ser eternos, repetitivos, ni deben serlo. Consecuentes con el proyecto de destruir el mismo Estado, es decir, de lograr que lo público sea de verdad público, dependiendo cada vez menos de funcionarios profesionales, el candidato puede ser cualquiera, lo importante es el programa, y con él, la defensa que se haga en la calle del mismo. De ahí que cuando aquellos que dicen ser de izquierda terminan haciendo acuerdos a espaldas de los suyos, rompen el mismo sentido de la política que dicen defender. No se puede ser de izquierda y gobernar para el apetito o interés particular o individual.

 

Conscientes de esto, los partidos de izquierda rompen los ciclos de la política institucional, y siembran el acto –política día a día. Por eso se dice que política es todo acto en nuestras vidas. Al proceder así, se propicia la multiplicación del tejido social, la movilización de la sociedad en defensa de sí misma, es decir, de todos.

 

Cada día, en cualquier calle, colegio, universidad, empresa, etcétera, cuando un movimiento o partido que dice ser de izquierda defiende la primacía pública contra la privada, de lo colectivo contra lo particular, forja ciudadanía y rompe el interés del individuo inmediato –que no puede llegar hasta irrespetar la esfera individual particular– para asumir un rol colectivo, consciente y activo.

 

Actos conscientes. Procesos que transforman. Alzamientos que rompen y que también revolucionan. Y en ellos, el sujeto consciente ya no lucha simplemente para erigirse en indispensable sino, todo lo contrario, para dejar de serlo –si es que alguna vez lo fue. Por eso, los zapatistas, frente a la función de mando –antes que un jefe a la n, proponen la lección de un Subcomandante–, precisando, además, que antes que mandar hay que obedecer. Y en la relación organización política y sociedad, enfatizan: representar y no suplantar, unir y no dividir, bajar y no subir, servir y no servirse, proponer y no imponer. Y no son un juego de palabras. Son claros axiomas que plantean el deber y el reto de recuperar la política para la totalidad de la sociedad, un desafío que pasa, necesariamente, por revolucionar esa misma sociedad.

 

Política consecuente, política de izquierda. He ahí uno de los retos que hoy encara la izquierda colombiana, cada vez más perdida en la maleza de lo inmediato, lo aparente y el límite de lo individual.

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