La semana de Pascua será crucial para el Referendo por el Agua en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Afectado por los coletazos de la reelección presidencial, todo indica que el gobierno, con Uribe a la cabeza y con la Viceministra de Agua y la Superintendente de Servicios Públicos como puntas de lanza, enfila baterías contra él.
Al contrario de lo que se pensaba, los referendos por el agua y por la cadena perpetua a los violadores de niños y niñas no serán adornos para motivar a la gente a votar en una megajornada referencial y así obtener el ‘quórum’ de siete y medio millones de votantes, necesarios para aprobar la reelección presidencial, con la mitad más uno de esa cantidad.La iniciativa de cadena perpetua, discutible pero con apoyo ciudadano, ha sido torpedeada con el anuncio de un proyecto de ley que elevará a 60 años la pena por el delito de violación de menores de edad. El Referendo del Agua resulta mucho más incómodo a las políticas neoliberales del gobierno, y por ello el propio Uribe ha decidido hundirlo, según información del periódico El Tiempo, en su edición del 3 de abril, al reseñar declaraciones del Presidente de la Cámara de Representantes, luego de una reunión sostenida con el Primer Mandatario. Esta noticia provocó la inmediata reacción del Comité Promotor del Referendo, que le dirigió una carta exigiendo equidad a quien usa el referendo como mecanismo de participación para reelegirse pero lo descalifica para temas sustanciales como el derecho humano al agua.
Lo cierto es que el ejercicio del poder presidencial sobre el Congreso y el alineamiento forzado de sus mayorías en éste es la única manera de detener una iniciativa sustentada en hechos y razones irrebatibles, y que cuenta con el apoyo de dos millones de colombianos y colombianas que aportaron sus firmas y además con el de amplios sectores de la sociedad colombiana y la opinión internacional, como lo demuestran las cartas dirigidas al Congreso por cientos de personas encabezadas por los ex ministros del Medio Ambiente, Manuel Rodríguez, Cecilia López y Juan Mayr, y por Maude Barlow, Eduardo Galeano y Federico Mayor Zaragoza, entre otras personalidades de talla internacional.
Los sofismas, más que argumentos, de la oposición gubernamental al referendo rayan en el cinismo. Expuestos por la viceministra Leyla Rojas en la sesión celebrada en la Comisión Primera el 1º de abril, y repetidos por Roy Barreras y Alejandro Gaviria en el Programa Hora 20, al cual se le solicitó derecho de réplica, se resumen en cuatro puntos: a). los actuales subsidios cruzados dan una cobertura gratuita mayor que el mínimo vital gratuito; b). el debilitamiento de la rentabilidad de las empresas, derivado de los cambios que implicaría el referendo, afecta la sustentabilidad ambiental; 3). la gestión estatal municipal es corrupta e ineficiente, y el derecho humano fundamental al agua potable fue rechazado en el V Foro Mundial del Agua, realizado del 15 al 20 de marzo en Estambul, y 4). tal derecho ya está reconocido en Colombia en la Carta Política, por la vía del denominado bloque de constitucionalidad.
Al contrario de lo afirmado por la funcionaria, lo relevante del Foro de Estambul es el avance en el número de países que apoyan el reconocimiento del derecho humano al agua, que ahora suman 26, destacándose la presencia de Latinoamérica, como Chile, que, habiendo implementado el modelo más extremo de privatización conocido, está iniciando la revisión de un código de aguas impuesto en la dictadura de Pinochet. Sobre el derecho humano al agua, basta revisar las sentencias de la Corte Constitucional para concluir que sólo es reconocido en casos particulares y sin alcance universal, y ésta es precisamente una de las razones para exigir su consagración amplia e incuestionable en la Constitución. La sostenibilidad ambiental no puede estar en función de la rentabilidad de las empresas, argumento que desnuda el carácter mercantilista del actual esquema, opuesto al derecho humano a la protección ambiental, cuando las dos cosas se pueden lograr con una política humanitaria y ambiental, hoy inexistente. Justamente con el referendo se busca establecer en la Constitución el status de uso público de todas las aguas, cauces, lechos, playas y rondas, al tiempo que se destinan con prioridad al ciclo hidrológico todos los ecosistemas esenciales para tal función natural. Escandalosa es, en fin, la pretensión de equiparar los denominados subsidios cruzados al mínimo vital gratuito, y contradictoria la crítica de que éste es inferior en metros cúbicos a lo que subsidian aquellos, si al tiempo se sostiene que el segundo es más costoso que los primeros.
Antes de la intervención presidencial, las posibilidades del referendo en la Comisión Primera parecía decidirse entre su convocatoria con el texto original, sin modificaciones, o con éstas. Se dibujaba un alineamiento cambiante en el que, a favor de la primera opción, se inscriben decididamente el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo, y se aproximaba la mayoría de Cambio Radical. El Partido Conservador es todavía una incógnita, pero su vocero es uno de los firmantes de la ponencia mayoritaria que encabeza el Coordinador de Ponentes, Germán Navas, y que mantiene el texto original. Algunos representantes de la bancada uribista que se caracterizan por actuar con independencia pudieran votar favorablemente esta ponencia.
La intervención de Uribe representa un reto para la precaria independencia del Congreso, donde una iniciativa de origen genuinamente ciudadano es una rareza.
Si finalmente la nave del referendo se hunde, habrá que diseñar nuevas estrategias para la lucha por el agua, que ha demostrado un enorme potencial de movilización en torno a los problemas ambientales y sociales de Colombia.
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