¿Por qué amenazan a los jóvenes y los estudiantes?

 

Un boleteo simultáneo, sincronizado, cubrió multitud de barrios populares durante el mes de marzo. En el centro de la denuncia los jóvenes, de nuevo amenazados en caso de que circulen después de las 10 p.m. Prostitutas, jíbaros, homosexuales, ladrones, etcétera, completan la lista, y resumen la visión que de la vida tienen los “controladores sociales”: la sacrosanta sociedad que ellos no ayudan a formar, pues, si de verdad quienes amenazan son las ‘nuevas’ autodefensas, ellas mismas controlan y potencian la mayoría de actividades que ahora quieren ‘castigar’ con sus ‘depuradoras’ armas.

 

De las amenazas no estuvieron ausentes los sectores universitarios públicos. ¿’Accidentes’ o crímenes de Estado? Amenazas reproducidas al tiempo que son asesinados estudiantes dentro de las universidades mismas, allanadas otras, y señalados los estudiantes como agentes terroristas.

 

 

En efecto, en marzo fueron asesinados Jorge Andrés Isaza Velásquez dentro de la Universidad de Antioquia; Juan David Jiménez Caballos, alumno de la sede de Univalle Zarzal, al norte del Valle, ultimado el día 26 a escasos metros de su centro de estudios; Eder Enrique Sierra, educando de la Universidad de La Guajira, atacado el día 9 cuando se dirigía al estudio a primera hora del día.

 

 

¿Hechos casuales o encausados o encauzados? Recuérdese que, durante 2007* y 2008, altos representantes del Gobierno hablaron de “terrorismo” en las universidades, tildando a amplios sectores estudiantiles como auxiliadores de grupos insurgentes, a sus organizaciones gremiales como reclutadores de la guerrilla, y a los centros de estudios como un peligro para la democracia.

 

Tales amenazas y asesinatos contaban con antecedentes claros. No se puede olvidar que en el primer período presidencial fueron asesinados 14 estudiantes, para un 6 por ciento del total de los casos estudiados, lo que representa la muerte de dos dirigentes estudiantiles por cada semestre académico. Asesinatos sin investigación efectiva, es decir, en total impunidad.

 

Asimismo, las Águilas Negras, luego de la supuesta desmovilización de las auc, impartieron amenazas en varias universidades públicas. A finales de 2007, la Nacional de Bogotá fue sitiada, al punto que se impuso toque de queda a partir de las 6 p.m. para algunos de sus estudiantes.

 

Pero los educandos de la Universidad del Valle fueron quienes más sufrieron. El 22 de septiembre del 2005 fue asesinado Johnny Silva dentro del campus. Meses después, fue William Ortiz. Luego, el 5 de octubre de 2006, fue ultimado Julián Hurtado después de liderar una comisión de investigación para el esclarecimiento del asesinato de Johnny Silva, en la que se encontró culpable a la policía nacional, en especial al grupo Esmad.
 

 

 

 

Desde el momento mismo en que se dieron las ‘negociaciones’ con los grupos paramilitares, en el periódico desde abajo se planteó la tesis explicativa para tal proceso: lo que se está dando es “un repliegue hacia la ciudad”. Una reingeniería que pretende efectuar en territorios urbanos lo ya realizado en las zonas urbanas, proceso que pasa por controlar en cada urbe los territorios claves para el manejo de la economía formal o informal. En Bogotá se habla de comercio (San Andresitos), lavado de dinero (Barrio Santafé), actividades financieras (Plan Centro).

 

Es una tesis en apariencia contradictoria, pues un repliegue nunca se da hacia adelante. Pero precisamente lo que se quería denotar era esa supuesta contradicción: el desmonte de algunas estructuras militares rurales, previa legitimación y ‘bendición’ oficial, para facilitarles su acción citadina.

Las fases parecen claras: infiltación o penetración de territorios; control de los mismos, previa aceptación por parte de la población o de las instituciones que allí tengan presencia; extensión de redes por barrios; multiplicación del miedo; ejecución de ‘indeseables’, dominio totol de la zona.

 

Vivimos en marzo, por tanto, una fase de multiplicación del miedo, tanto vía panfletos intimidatorios como ejecución de ‘indeseables’. Y en parte se cumplió con el propósito, pues en el sur de Bogotá circulan numerosos rumores sobre multitud de asesinatos de jóvenes que parchaban en alguna esquina o en cualquier parque. Si estos fueran ciertos, la cifra de ‘ejecutados’ ascendería a no menos de 50.

 

Esta práctica no es nueva pero cobra visos de sistemática. Y ahora pone a todas las organizaciones sociales en estado de alerta, pues lo que se les plantea es una disputa de los territorios donde hacen presencia, donde tratan de construir país. ¿Es posible responder de modo adecuado a estas amenazas, cuando desde las instituciones también se declara toque de queda contra los jóvenes?
 

 

 

 

¿Quién o cuál organización puede desplegar en forma simultánea una ofensiva propagandística como la vivida en barrios y universidades de todo el país? ¿Existe, en espacios del poder, miedo a los efectos que se puedan derivar de la crisis que abate al mundo entero? ¿Prevén posibles levantamientos sociales y han puesto en marcha una acción disuasiva?

 

Todo puede ser, o responder simple y llanamente a una rueda suelta en los círculos del poder. Como sea, no puede pasar impune y sin ajustes en las formas tradicionales de hacer y resistir de los sectores populares.

 

El repliegue ya está en las ciudades, pero también la crisis. Pese a todo, hay que actuar.