Entre el 30 de marzo y el 5 de abril, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) realizó un ejercicio electoral para decidir la inversión en obras, actividades y proyectos. ¿Puede decirse que esta experiencia se acerca a los casos conocidos mundialmente? ¿Son estos presupuestos participativos una instancia que pudiera reemplazar al deficiente sistema representativo?
Según los primeros reportes, la escasa votación en la ciudad es un regular paso para decidir dónde invertir los 5.775 millones repartidos en ocho grupos y expresados en 37 puntos previamente establecidos por el IDPAC, agrupados por mujeres, LGTB, jóvenes, personas en condición de discapacidad, afrodescendientes, fortalecimiento a organizaciones sociales, formación y obras de participación ciudadana. Este último, definido por 38 obras postuladas por Juntas de Acción Comunal (JAC) de 11 localidades. Muchos critican el proceso en que se cambiaron los puntos del tarjetón, especialmente aquellos que se referían al fortalecimiento de las organizaciones en las cuales sobresale la cantidad presupuestada con 646 millones.
¿Qué puede salir de la votación?
Este es un intento pedagógico por acercarse a la experiencia de presupuestos participativos que en Colombia tiene como antecedentes el Plan Nacional de Rehabilitación de 1997, y las experiencias de Pasto, Yumbo, Ocaña, Barrancabermeja y Medellín, donde la administración local muestra cierta voluntad por abril la participación un poco más allá de la simple elección de cada cuatro años.
Pero, de fondo, este es un empeño institucional por lograr una mayor participación ciudadana y de actores comunitarios en sus agendas ya establecidas, cosa que no está mal en el discurso pero que en la práctica entraña esfuerzos agotadores en los que no se ven resultados. Para la muestra, los encuentros ciudadanos. A pesar de ser un ejercicio de participación amplia, nos han permitido ver que en los planes de desarrollo no se recogen las conclusiones de las mesas, y que los comisionados posteriores se desgastan en discusiones para que la institución diga “eso es inviable financiera y jurídicamente”.
Con igual sintonía se dirige el hoy tan circulado discurso de la Administración Distrital de la Gestión Social Integral, que teóricamente busca solucionar los problemas locales -identificados por la comunidad con la articulación de los diferentes sectores de la institución, en este caso de las 12 Secretarías, para conseguir el empoderamiento de la comunidad tras el tratamiento de sus necesidades-, pero que en la práctica significa movilizar las comunidades hacia algo que no está claro ni siquiera entre los funcionarios, llegando a mover expectativas que no se cumplen.
¿Qué son los presupuestos participativos?
Según el pensador brasileño Boaventura de Sousa Santos, se trata de una estructura y un proceso de participación que involucran a la ciudadanía en un nivel más abierto de decisión, combinando formas de democracia directa y participativa para la disposición de recursos existentes para la solución de sus necesidades.Actualmente, 300 gobiernos del mundo hacen la tarea. Países como Perú, Venezuela, Chile, República Dominicana, Portugal, España, Francia, Italia, Argentina y Uruguay están en la lista. Pero la experiencia que más se resalta por su tamaño y su tiempo es Porto Alegre, que comenzó hacia 1989 con la llegada al poder del Partido de los Trabajadores, y que para entonces involucró a 1.500 personas, llegando hoy a la participación de unos 100 mil habitantes. Porto Alegre tuvo como referencia las experiencias precursoras de 1978-1988, en las cuales se han destacado los municipios de Lajes y Boa Esperanza. El caso de Porto Alegre es tan conocido que, en junio de 1996, la ONU lo escogió entre las 42 mejores prácticas de gestión urbana en el planeta.
Sin duda, los balances sobre los presupuestos participativos demuestran lo positivo en el nuevo comportamiento político de la ciudadanía, que aprende a negociar intensamente entre sí en la conformación de un escenario público en disputa y centro de decisión, por implicar una mayor formación para sectores organizados de la comunidad, como actores políticos en la ciudad, a modo de expresión de esa tradición social que busca cambiar en alguna medida el modelo de desarrollo. Es aquí donde surgen las discusiones sobre si los presupuestos participativos son una forma de proyecto emancipatorio frente al modelo neoliberal o si, una vez institucionalizados, son un camino para resolver la deficiente calidad democrática para legitimar las instituciones.
En lo concreto del asunto, las decisiones llegadas a mutuo acuerdo son pequeñas moronas en el presupuesto general que no se socializa, y que contiene lo estratégico estructural ya diseñado y listo para implementar. Es tal la lógica de conveniencia de esta estrategia, que ha sido establecida como política recomendada por el Banco Mundial para su institucionalización, ya que, para sus indicadores, aumenta el recaudo de impuestos y permite registrar una percepción de una mayor transparencia en la ejecución de los dineros públicos.
Los presupuestos participativos son formas diversas, que en su aplicación dependen de la región donde se pone en marcha, sirviendo para el encuentro de las organizaciones sociales e instituciones, e incrementando el capital social comunitario para una posible movilización hacia una acción colectiva, bases del movimiento social. El caso es que incide positivamente en el mantenimiento de los actuales sistemas democráticos.
Participar se hace necesario para dialogar con las instituciones, expresando sus diferencias. Dejarse manipular en el juego ya institucionalizado es una forma de perder el horizonte del cambio. A pesar de esto, en Bogotá fueron apenas unas votaciones.
Destacado:
[…] los comisionados posteriores se desgastan en discusiones para que la institución diga “eso es inviable financiera y jurídicamente”.
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