Ropajes de la dictadura. Universidad Nacional, democracia y autonomía

 

En sesión del 2 de abril, el Consejo Superior Universitario (C.S.U.) nombró por segunda vez consecutiva a Moisés Wasserman como rector (la primera, en el período 2006-2009). Ya el 25 de marzo se había realizado una consulta a la comunidad académica, por medio electrónico; en ella, la abstención (96 por ciento de los estudiantes, docentes y egresados habilitados para votar) se evidenció como la gran protagonista. De esta manera, el proceso ‘consultivo’, con varios foros a los que el candidato-rector en su mayoría no asistió, quedó revestido por un manto de ilegitimidad. Cabe decir que la democracia y la autonomía universitarias son nociones que se retroalimentan; una determina a la otra, la construye, la modela, y erige la forma como se pone en práctica desde una particular valoración semántica, histórica y política.

 

 

Es ésta una ficción de participación que quiebra la democracia en el claustro universitario. Es dictadura de hecho. Son recurrentes las demandas cotidianas de estudiantes y profesores por un modelo democrático y autónomo de Universidad. La Universidad Nacional de Colombia no es la excepción, menos aún desde las reformas académicas y administrativas implementadas en 2004 por el rector Marco Palacios, las cuales marcan una nueva configuración de la autonomía y la participación de la comunidad académica.

 

Hay que recordarle a la sociedad, que desde entonces el ámbito de la toma de decisiones internas de la Universidad pasa a ser parte de la esfera de las políticas fiscales del Gobierno y las ‘recomendaciones’ que para América Latina hacen entes supranacionales como el Banco Mundial. Así, los temas del quehacer universitario pasan de ser preocupación nacional para convertirse en problema transnacional, otro escenario para los planes globales de ajuste económico a que obligan los prestamistas. En los últimos cinco años, la Nacional ha sido, a través de sus directivas, si no impulsora por lo menos connivente con estos ajustes.

 

 

El primer ropaje de dictadura aparece en la composición del gobierno universitario. El C.S.U., instancia máxima de gobierno de la Nacional, se compone de nueve miembros, cinco nombrados por el Ejecutivo (la Ministra de Educación, dos designados por el Presidente, uno por el Consejo Nacional de Educación Superior, y el rector, nombrado por el propio C.S.U.), y sólo dos (el representante estudiantil y el profesoral) son elegidos por el voto directo de la comunidad universitaria. Los otros dos (un ex rector y alguien nombrado por el Consejo Académico) por lo general también son miembros progubernamentales.

 

 

En el Decreto 1210 de 1993 se define a la Universidad bajo un régimen especial de autonomía que comprende independencia total para definir sus programas, reglamentarse y gobernarse; pero, ya en 2003, bajo el gobierno de Uribe, el Decreto 2566 establece que las características especificas de los aspectos curriculares serán dictaminadas por el Ministerio de Educación. Así las cosas, con mayorías en el gobierno universitario, y con el poder jurídico y administrativo para decidir sobre los programas, se va estructurando una elaborada pero sutil forma de dictadura en la Universidad.

 

 

Ahora, para no ir más lejos, partamos de que la noción de democracia que nos convoca es la de aquella que emana en la sociedad contemporánea del pensamiento político-filosófico liberal, que comprende la participación como elemento esencial que la define. Para este efecto, tengamos en cuenta que la Corte Constitucional establece que las políticas universitarias emanadas de sus estamentos deben estar enmarcadas en el principio de una efectiva democracia participativa³.

 

Con un C.S.U. predispuesto por la sobrerrepresentación4 del gobierno nacional, se dan las condiciones para un proceso de elección viciado y que tiene grandes implicaciones sobre el grado de control gubernamental de la institución, y las consiguientes repercusiones negativas y las limitaciones a la democracia universitaria, adicionales a las formas de control evidentes en la asignación presupuestal de la creciente desfinanciación estatal. Así, la democracia comienza a ser el ropaje de un modelo que tiene los elementos propios de un sistema de toma de decisiones antidemocrático. En esa medida, asistimos a una reorientación de la misión universitaria, que cambia el sentido mismo del Alma Máter y corresponde a una reorganización productiva del capitalismo en etapa de crisis, que debe ajustarse para la intervención y el papel del conocimiento mediante la invención de democracias virtuales.

 

 

 

A la vez, en la retórica, la universidad existente es relegada a un estadio de premodernidad que debe ser superado, ya que su composición no corresponde con los criterios de eficiencia del mercado neoliberal, y mucho menos es acorde con la función ‘modernizadora’ de los nuevos intelectuales que dirigen la producción de conocimiento y las reformas en la Universidad. La construcción retórica de realidades virtuales se convierte en el ropaje con el cual se cubre la dictadura moderna en la Universidad.

 

En medio de la contraposición virtual entre lo tradicional y lo moderno, se abre el espacio discursivo para la entrada del metarrelato del desarrollo, instalado en un ámbito que supone la desaparición de la Universidad, tal como es, y pasa a refigurarse así en torno a una nueva función: adaptar sus gobiernos a las necesidades recurrentes del mercado. Leopoldo Múnera sostiene a este respecto que “emergió un discurso legitimador que basa la necesidad del cambio en la imperiosa necesidad de adaptarse a un proceso de globalización económica, presentado como indiscutible factor de modernización y desarrollo, aunque la evidencia empírica desvirtúe tal afirmación, con características homogéneas para todas las regiones del mundo y efectos similares en cualquier nación del planeta”5.

 

 

Las tendencias dominantes en la construcción retórica de la democracia nos sitúan en un contexto en que desaparece la autonomía real de las universidades para detener las políticas del Estado y oponerse a ellas. La permanente refuncionalización del gobierno universitario halla diversas resistencias que no se hacen esperar en los últimos años; pero la actual situación nos convoca a una reflexión más profunda que supone la emergencia de una redemocratización de la Universidad, de la cual no se puede esperar que parta de un giro institucional o de la desaparición de los ropajes que cubren la democracia, sino que debe anclarse en la entronización de una lógica distinta de la que caracteriza la globalización mercantil y financiera.

 

El colapso actual del capitalismo como sistema mundo es síntoma de crisis que debe reflejar un cambio paradigmático, capaz de articular formas de democracia propias que tengan la tarea de darle cabida a una reflexión sobre la universidad que necesita la nación, y más allá de ella la región como un todo, con miras a la resolución de sus problemas más urgentes y, sobre todo, que sea capaz de erigir modelos de pensamiento no coloniales y que permitan una autodeterminación estructural de sí misma.