De escándalo en escándalo. Así se mantiene, así se prolonga y así se sostiene el actual régimen político. El más reciente provino de las ‘chuzadas’ a los altos jueces de la República.
El registro de sus cuentas bancarias, movimientos financieros, cumplimiento con los impuestos y vida privada, desnuda –una vez más– el talante del gobierno que rige los destinos del país, dispuesto a lo que sea para impedir que se conozcan ciertas verdades, las mismas que pueden dar cuenta del Príncipe, dispuesto, como se sabe, a ejecutar cualquier exabrupto para conservar y controlar el poder, en una especie de adicción que le va costando caro al país.
Espionaje telefónico con nombre y sentido propio: controlar y neutralizar a quienes investigan el escándalo –inconcluso– de la parapolítica. Recuérdese que antes de las grabaciones se trató de quebrar la labor –para el caso, valiente y digna– de los jueces, sindicándolos de ofrecer dinero para quienes atestiguaran contra Álvaro Uribe, pero también creando una atmósfera de presión que buscaba obligarlos a declararse impedidos para proseguir las investigaciones en curso.
Presión que trata de ganar el favor de la mayoría de la sociedad. Tanto congresistas como voceros de la Casa de Gobierno han opinado de manera desencajada sobre estos jueces, cuyo caso más reciente es el de la senadora Zulema Jattin, quizá la más descuadernada entre ellos. Otros han tratado de impedir su labor, bien renunciando a su fuero como congresistas, bien buscando refugio en otro país. La presión contra el valor civil de los jueces es la constante.
Docentes universitarios, intelectuales, artistas, escritores y jueces comentan, dolidos por lo que está sucediendo en el país, que estas cosas nunca habían ocurrido, y que ningún Presidente se había atrevido a someter a las Altas Cortes hasta el extremo a que ha llegado el actual gobierno, y mucho menos a espiarlos.
“Novedad institucional”. Pero no es la única. Tampoco se había contado con un gobierno producto del accionar del narcotráfico y de sus fuerzas paramilitares, en un contubernio que concretó un giro a la derecha del régimen político, y sometió al país a las políticas antipatria de todo orden que se toman en el Norte. Como tampoco nunca se había sufrido la multitud de ejecuciones extrajudiciales padecidas por jóvenes de las periferias urbanas.
Lo que se evidencia, es una descomposición ética y moral sin límite. Se desprende un hedor que pone al conjunto social ante el riesgo de postrarse –por temor o por interés– y perder su calidad y su posibilidad de convivencia por veinte centavos. Así se desmorona el país. Con civiles y militares en deshonra unidos, que reciben paga por la vida de gente indefensa, víctima de una suerte de cobardía institucionalizada. Pero, al mismo tiempo, políticos que venden su conciencia y permiten la materialización de reformas retardatarias, incentivados en su inmediato interés personal.
Y detrás de cada denuncia, el asesinato de los testigos, incluso bajo protección de la Fiscalía General de la Nación. Comportamiento de mafia.
Y detrás de cada nuevo escándalo, las infaltables preguntas: ¿hasta dónde irán? ¿hasta cuándo aguantarán? Interrogantes que resumen la desazón en que vive nuestra sociedad, en particular, su intelectualidad, sumida en individualismo, desorientación política y un temor que no le permiten estimular y acompañar la construcción de la alternativa que requiere el país. Incumpliendo con su papel de brindar luces sobre la naturaleza de la situación que vivimos y sus trasfondos, de ese malestar social sometido por el miedo y la desinformación que propician los creadores de opinión. Y de debatir la alternativa para diseñar y potenciar en Colombia un dinámico movimiento social y de gobierno en pro de la reconstrucción social, económica, política, moral y ética.
Más allá de las elecciones
Construcción de alternativa nacional que no se puede someter ni limitar a la cercana coyuntura electoral. Aunque brinde espacio para potenciarla, la alternativa que demanda y requiere el país cruza el período electoral, va mucho más allá. Por ejemplo:
En el campo del régimen político, implica reedificar y apuntalar la defensa de las libertades –derechos para todos–, además de revertir la concentración del poder, garantizando el equilibrio de poderes pero, aún más, propiciando una insurgencia cívica que potencie la participación social, a través de la cual la democracia supere el ritual del voto que elige y delega. ¡Democracia directa y radical deberá ser el propósito!
Desmilitarizar el país, desmontando el paradigma de control y la prohibición como norma y como lógica extendida por ciudades y campos. Depuración de las fuerzas armadas, soberanía en su conducción, control a sus gastos, y desarrollo de una doctrina militar humanística y latinoamericanista. Desarmar a los civiles y definir el control de las empresas de seguridad privada, con límite de sus funciones y autonomía; en paralelo con el control y dirección civil de la policía, que desmonte su militarización y su participación en la guerra.. Reorganización y control de los organismos de inteligencia, sacándolos de la tutela, en el caso del DAS, del Ejecutivo.
Abocar la paz como un reto inmediato, que mediante un liderazgo de unidad nacional más allá de los partidos y movimientos –en el cual oposición e insurgencia tienen un deber–, convierta la próxima elección presidencial en un plebiscito por la paz o por la guerra.
En el régimen económico es preciso concretar el desmonte del modelo neoliberal y puesta en marcha de un sistema de producción, acumulación y redistribución de la riqueza nacional con un sentido de verdad social y colectiva. Defensa de los bienes estratégicos del país, y reorganización territorial para potenciar la producción –en equilibrio ambiental– e integración/complementación, de manera armónica, ciudad-campo.
Reforma agraria, con todas las medidas complementarias que la hagan efectiva. Clarificación del testaferrato y la expropiación violenta mediante el estudio de límites y títulos. Soberanía alimentaria. Estímulos efectivos para que los millones de desplazados regresen al campo. Estímulo a la integración de unidades cooperativas de producción.
En el campo de las relaciones internacionales, proceder con el desmonte de la diplomacia concentrada en la atención y sometimiento a los Estados Unidos. A cambio, propugnar el pluralismo y la soberanía, priorizando la complementariedad y la integración regional.
En la justicia, límites a la penalización de todas las conductas, impulsando la prevención y la educación como medidas efectivas contra el crimen. Ampliación de oportunidades –en todos los niveles– para integrar a los miles de delincuentes condenados a perder sus vidas en la sinrazón de las cárceles. Limitación de la extradición a los delitos estrictamente cometidos por fuera del país.
Estas y muchas otras medidas por implementar, como se podrá concluir, van mucho más allá de unas jornadas de comicios.
Si bien la coyuntura electoral centra la lucha al objetivo contra la reelección –en busca de la mayor amplitud– el acuerdo debe alcanzar un marco de lucha contra el régimen económico, político y social que se ha impuesto. Un marco programático que requiere un liderazgo de nuevo tipo. Es decir, mucho más allá de los personalismos, los protagonismos y lo mediático para que se integre en lo colectivo y comunitario. Política colectiva. Sociedad en verdad del siglo XXI.
El tiempo al que nos enfrentamos es al confinamiento del país en el más arcaico oscurantismo, tras el beneficio de unos pocos. Superar esa mentalidad de agiotista implica imaginación y reconocimiento al país diverso que somos, priorizando entre los actores –por la manipulación y la utilización que ahora padecen, pero también por la importancia que han tenido para la vida nacional– a sectores como las Fuerzas Armadas, además de los tradicionales: trabajadores, gremios, intelectuales, indígenas, campesinos, etcétera.
El propósito, es uno solo: salir de la derecha y su corrupción en pináculo, para poder reconstruir el país en perspectiva hacia una sociedad que conviva en justicia, libertad, soberanía, integración multipolar y paz.
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