En tránsito ya a la Plenaria del Congreso, la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) deja aún muchas preocupaciones. Si bien bajo el liderazgo del senador Alexander López (del Polo Democrático Alternativo), acompañado por su colega Jorge Guevara y con el apoyo de los sindicatos del sector, fue posible desmontar algunos artículos que ponen en riesgo la propiedad de las empresas públicas de Telecomunicaciones, su competitividad en el mercado y los derechos laborales defendidos por los trabajadores. Quedan, sin embargo, grandes temas que preocupan.
Se propone la creación de la Agencia del Espectro, concentrando aún más el control de este sector en manos del Ejecutivo, con funestas consecuencias como quitarles funciones de acopio y manejo de información estratégica satelital a entidades especializadas como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que durante mucho tiempo han querido asumirlas las fuerzas militares. Parece que la ‘seguridad democrática’ quiere también conquistar el espectro geoestacionario y todo lo que por él circula.
De otra parte, se mantiene aún la propuesta de desmontar el subsidio para telefonía fija a los estratos 1 y 2, que se hará efectivo dentro de cinco años, como política de formalización y mercantilización de los servicios básicos fundamentales, lesionando en especial a los sectores más pobres del país y cumpliendo así con el principio de que “las crisis las resienten y las pagan fundamentalmente los pobres”.
Es urgente y necesario seguir oponiéndonos a una ley que no va más allá de elementos puramente regulatorios e institucionales, sin asumir una mirada estructural sobre el importantísimo sector de las Comunicaciones, dada la posición geoestratégica privilegiada que tiene Colombia en el planeta, como uno de los 10 países que comparten la franja geoestacionaria (Ecuador, Brasil, Gabón, Congo, Indonesia, Kenia, Somalia, Uganda, Zaire y Colombia).
Adicionalmente, el derecho a la Información y las Comunicaciones, correlativo al mejoramiento de la base científico-tecnológica y la formación del talento humano en el nivel requerido, es garantía fundamental para el desarrollo de las sociedades del conocimiento del mundo contemporáneo.
En tal sentido debemos propender por una verdadera Ley de TICs que aborde de manera integral y sistémica su objeto a partir de cinco (5) dimensiones básicas:
1. Político-administrativa. Da cuenta de los aspectos normativos e institucionales para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las TICs.
Todos los aspectos referentes a las competencias, alcances y limitaciones de los entes gubernamentales, nacionales e internacionales, y su relación con el sector privado y la ciudadanía, quedan comprendidos en esta dimensión, garantía, efectividad y eficiencia en el acceso libre y equitativo de los ciudadanos a los servicios de las nuevas sociedades del conocimiento.
2. Económica. Se refiere a los elementos fiscales, financieros, presupuestales y regulatorios, tendientes a la protección al usuario, las coberturas, la calidad en el servicio, la participación ciudadana, y la promoción y protección de la inversión en el sector.
La superación de las asimetrías regulatorias en las comunicaciones es tarea impostergable para la protección y garantía del patrimonio público nacional, frente a las fuerzas del mercado.
Asimismo, comprende también los instrumentos de gestión, fiscales y financieros para el desarrollo tecnológico requerido, la formación de talentos especializados y la cultura ciudadana necesarios para el proyecto de país inmerso en las demandas de las sociedades del conocimiento.
3. Territorial y ambiental. Se refiere al uso eficiente de las redes y el espectro radioeléctrico, así como a las potestades del Estado respecto a planeación, gestión, administración adecuada y eficiente de los recursos, en condiciones de equidad y con criterio de sustentabilidad ambiental y social, y en defensa del patrimonio público y la soberanía nacional en este campo.
También busca generar creativamente las nuevas concepciones de territorio y soberanía que comprenden espacio radioeléctrico, espectro electromagnético y órbita geoestacionaria, junto con los instrumentos de gestión territorial para su desarrollo sustentable.
4. Científico-tecnológica. Define las estrategias de desarrollo y avances científico-tecnológicos, y el proceso de educación, formación y capacitación del talento humano especializado en este ámbito, y la puesta en marcha de los procesos exigidos por la sociedad del conocimiento al alcance de todos.
La versatilidad, obsolescencia técnica y exigencias de adaptación y asimilación ante los cambios en el tema, exigen integrar creativamente las nuevas concepciones y condiciones del sector y los servicios que se desprenden.
Los servicios de convergencia como telemedicina, teletrabajo, teleeducación, telefinanzas, entre otros, que definirán gran parte de las demandas propias de la sociedad del conocimiento, exige una clara y definida política pública para el avance y la investigación en ciencia y tecnología del sector.
5. Cultural. Para fortalecer la identidad nacional y salvaguardar la autodeterminación de nuestro pueblo, factor inherente a los contenidos y procesos transmitidos y desarrollados por las TICs, es inaplazable determinar en la ley el carácter, los alcances y las limitaciones en la producción y la circulación de tales contenidos sociales y culturales.
Estas cinco dimensiones desarrollan e integran una propuesta que supera la visión fragmentada y parcial con que se aborda el tema de las TICs y la sociedad del conocimiento por el actual proyecto en curso en el Senado.
Recordemos nuevamente que el trabajo no es sólo de seguimiento legislativo. Invitamos a los trabajadores y trabajadoras del sector, a los usuarios, a los jóvenes, en fin, a la comunidad en general, a que desde las numerosas organizaciones sociales y en la movilización en las calles asumamos la defensa de este gran valor estratégico que se quiere feriar al mejor postor del mercado.
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