Se acerca a su fin 2009, que tal vez será recordado en nuestro país como el año de la vergüenza. Comenzará otro calendario en el cual culminará parte de lo iniciado en este que agoniza. Es decir, el que aún cursa no es un ciclo de 12 meses sino un “largo año” que se extenderá por todo 2010.
La memoria popular rememorará el 2009 como de la vergüenza, por la transformación del país en una base militar de los Estados Unidos. Colombia, un punto mercenario de operaciones para espiar y amenazar a todos los países vecinos. Como puede leerse en el acuerdo militar firmado, el Imperio estadounidense puede usar cualquier aeropuerto del país para el movimiento de sus tropas y sus fierros de guerra. Las siete bases (que, como lo hemos sostenido en desde abajo, son 10. Ver artículo de Omar Rodríguez, pág. 9) son el punto de permanencia de sus infantes y sus contratistas, y su tecnología de punta; son las áreas fijas para sus operaciones, pero todo el país será su portaaviones.
De igual manera, este año pervivirá en la memoria como el del miedo. En sus 12 meses se ha profundizado la política de terror y control implementada desde las altas esferas, bien a través del exterminio masivo, bien por conducto del asesinato selectivo, bien vía “falsos positivos jurídicos” (ver Libardo Sarmiento Anzola, pág. 14); bien mediante una política comunicativa –auspiciada por los grandes medios de comunicación– que crea enemigos internos y externos con los cuales justificar sus desmanes, desviar la procedencia de los despropósitos que, como política de Estado, ahogan al país en la corrupción y lo someten a una dictadura de hecho, haciendo –por demás– de la impunidad la norma fundamental del Estado. La ausencia de opciones políticas y un liderazgo que brinde confianza, enconcha a todos los inconformes en la soledad de su rabia.
Múltiples resistencias se prolongaron durante 2009, entre ellas la de los estudiantes universitarios contra la desfinanciación –y privatización efectiva– de sus centros de estudio; la de los docentes de primaria y secundaria contra la Ley 812 de junio de 2003, la de los familiares de los jóvenes desaparecidos y luego hallados vilmente asesinados, como trofeos de una guerra que el establecimiento quiere prolongar para no negociar los eternos privilegios de una clase que ha llevado al país a indicadores de injusticia y desigualdad que hacen sonrojar hasta al más cándido. A la par, todas las víctimas del inmenso genocidio padecido por miles y miles de familias colombianas, reclamando justicia, sin soltarse de la memoria, último bastión de una lucha que estará presente en Colombia por décadas y de cuyo esfuerzo saldrán a la luz públicas los autores intelectuales y materiales del desangre que mancha todos los rincones del país.
Al final de esta primera década del 2000, los indígenas, sobre todo los del Cauca, mantuvieron en alto sus banderas pese a desaprovechar el ánimo despertado con su inmensa movilización y la toma de Bogotá en 2008. El Congreso de los Pueblos, como referente y dualidad de poderes, se mantiene como consigna viva para que se haga realidad en el segundo semestre de 2010.
Pese a las maniobras y las trapisondas de los poderes efectivos que se expresan a través de los congresistas, el referendo por el agua fluye como derecho y necesidad (ver Rafael Colmenares, pág. 17). Es ejercicio efectivo de participación popular y experiencia política de carácter alterno que concreta algunos de los logros de la Constitución del 91, pero que también desnuda sus límites y realidades.
La escasa proyección del Polo Democrático Alternativo, sus reducidos o estancados votos internos; la institucionalización de sus luchas –que debe ser síntesis de las que se viven en el territorio nacional–, centradas fundamentalmente en lo electoral, le merman posibilidades estratégicas, haciéndolo pieza dócil de un poder de derechas que no tiene límites y ante nada se detiene. El año 2009 evidenció una vez más que la izquierda colombiana transita por caminos errados.
La lucha por el intercambio humanitario, y de su mano por la negociación política –liderado por sectores del partido liberal e independientes situados en la academia–, impide que estas necesidades y esas opciones queden sometidas a un simple ejercicio propagandístico y de manipulación electoral.
En otros aspectos de lo político que se dice alternativo, 2009 estuvo también marcado por maniobras y suplantaciones a través de líderes posicionados en la opinión pública como de izquierda, pero que ahora, a nombre de lo “realmente alternativo”, suplantan, repetimos, a quienes dicen representar, tornándose partidos de bolsillo para garantizarse sus puestos en el Congreso, y con ello la conservación y la ampliación de sus clientelas. Es ésta una práctica política que reduce el quehacer alternativo –golpeándolo de muerte– a lo estrictamente electoral, pero que además olvida el abecé de la nueva política de izquierda: “mandar obedeciendo”.
En fin, son múltiples las luchas y las resistencias, en su mayoría aisladas, que se llevan a cabo bajo el heroísmo de muchos y muchas, pero diezmadas en sus posibilidades por la atomización, la ausencia de propósitos de gobierno y poder, así como por la ausencia de un proyecto estratégico alternativo para Colombia que lo una a la dinámica de cambio que hoy hace presencia en el continente, izado por liderazgos legítimos.
El largo 2009
Muchas de estas luchas y sucesos se extenderán por 2010 y mucho más allá. Pero, en particular, el resultado final para algunas de ellas será evidente en los primeros meses, y allí veremos si es justa o no la manera como se les recuerde. Es el caso del “año de la vergüenza”. Si se logra que la campaña electoral para la Presidencia de la república posicione y haga evidente tanto la pérdida de nuestra soberanía –el factor de conflicto que significamos para el continente– como el riesgo de dictadura civil que afrontamos, se pudiera recordar a 2009 –contrario a lo dicho- como el año de la dignidad. Y, como se sabe, en ella se soportan grandes empresas. Entonces, este también puede ser el año de la esperanza, pues, superado el miedo –condición fundamental para retomar la iniciativa popular en Colombia– será poco el tiempo por recorrer para que se quiebre el régimen impuesto en estos macabros ocho años de ejercicio de un poder de derechas. El Acuerdo Nacional (por la transición hacia la democracia) que propone Gustavo Petro (ver pág. 6), candidato presidencial del PDA, tiene los elementos necesarios para que sea la base fundamental que permita lograr ese giro y crear las condiciones que le posibiliten al país entrar en una nueva etapa de su historia presente.
Pero el espacio estará abierto asimismo para el Congreso de los Pueblos. Si el movimiento indígena lidera su realización con una práctica integradora, es decir, profundizando su liderazgo a través de visitas y discusiones con la inmensa mayoría de las expresiones de lo social alternativo, evitando por todos los medios enconcharse en una agenda indigenista, propiciará y logrará que ese Congreso se constituya en referente nacional de poder y gobierno. El 20 de julio o el 7 de agosto son fechas posibles para su instalación, con delegaciones provenientes de todos los rincones del país –escogidas en asambleas por sector–, con agendas claramente establecidas, con propuestas por activar de inmediato, toda vez que el Congreso deberá recoger el múltiple liderazgo social realmente existente, así como sintetizar el programa por ejecutar en sus primeros años de mandato por un gobierno antineoliberal y democrático. Pero, mientras éste llega, serán referentes y proyectos por y para accionar por parte de los movimientos sociales. Ser poder aquí y ahora es la consigna.
Quebrada la dispersión del movimiento social, mediante un referente de poder, también el miedo cederá. El camino se hace al andar, y de esta coordinación efectiva pudieran surgir otras o potenciarse infinidad de luchas que cambien el panorama nacional. Caminando a su lado, expresiones como las de un Polo Democrático Alternativo que haya dejado atrás su visión y estrecho marco electoral, así como alianzas plurales resumidas, por ejemplo, en la Gran Coalición Democrática, se habrán conformado algunos de los instrumentos esenciales para que lo alternativo y popular se ponga al frente del país. La decisión de los jueces sobre el referendo reeleccionista, y las consecuencias que ésta tenga en las toldas uribistas –unidas por beneficios e intereses económicos– marcará buena parte de esta agenda.
Están cerca días decisivos para los sectores populares. Ya veremos qué nombre merece el largo 2009.
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