En Colombia las mujeres son la mayoría de la población (50,6%). Sin embargo, sobrellevan las cargas culturales de un modelo social, político y económico que, a pesar de las leyes y acuerdos firmados, no crea los mecanismos para superar la carga histórica que propicia la violencia de género, pero también la exclusión y la opresión.
Un espectáculo doloroso. El lugar: Briceño. La fecha: octubre 29 de 2009. Aquel día, Fredy Castillo Villamil, revólver y granada en mano, sujetando a su ex esposa (Elvira Pulido) por el cuello, exigía la custodia de un hijo. El estado mental del sujeto, claramente alterado por el alcohol, por la derrota del día a día (después de tres años de cárcel) y por el machismo exacerbado, era inocultable. Pero los cuerpos de seguridad no intentaron en momento alguno desarmarlo. Ahí, en público, permitieron que el desenlace fuera el menos deseable. La víctima, una mujer. Otra mujer.
Suceso cotidiano en Colombia, donde ellas padecen violencia en el hogar, como lo confirman las cifras de Medicina Legal, que entre el año 2000 y 2008 reportó 332.010 casos denunciados por víctimas de agresión de sus parejas o ex parejas, y en que el 89 por ciento de las veces las mujeres ofendidas están entre 18 y 44 años. Esta constante se conserva: en el lapso enero-julio de 2009, se reportaron 27.130 dictámenes de maltrato de parte de la pareja.
De acuerdo con Profamilia, el maltrato puede tener, sobre todo entre mujeres jóvenes (15-24 años), un subregistro del 84 por ciento. ¿Por qué no denuncian? Tal vez por la esperanza de que el compañero se corrija; por la valoración de que “la propia mujer fue culpable de la actitud violenta de su cónyuge”; por miedo a otra agresión. Estas ‘razones’ las conducen a guardar silencio, pero incluso se llega al caso de mujeres que no se creen merecedoras de amor ni de afecto, y piensan que es normal que se las maltrate. En todo caso, las formulaciones de acusación formal (judicial) contra el agresor cubren apenas el 1,93 por ciento de los casos que se procesan.
Pero la violencia no para ahí; se extiende a la exclusión, al tratamiento social diferenciado –en que el hombre tiene mayor salario y ocupa un cargo o puesto superior–, al enfoque sexista de los medios masivos de comunicación, así como a otras muchas negaciones y manifestaciones de violencia. Los sucesos de este tipo registran cifras alarmantes:
Violencia intrafamiliar: afecta al 67 por ciento de mujeres. Sólo en 2007 se registraron 183 femicidios. En 2008 perdieron la vida de manera violenta 1.139 mujeres, lo que representa un poco más de tres mujeres cada día (Fuente: Forensis 2008).
Exclusión: El promedio salarial de las mujeres en Colombia es de un 25 por ciento inferior que el de los hombres. El desempleo las afecta con mayor contundencia, como lo evidencian algunos estudios, que precisan cómo el desempleo femenino ha estado siempre al menos 5 puntos porcentuales por encima del de los hombres. En casos como los de las madres comunitarias, su ‘sueldo’ mensual alcanza sólo a 324.000 pesos.
Entre y 2007-2008, considerando la totalidad de la población económicamente activa, en Colombia hubo 67.000 puestos de trabajo menos para las mujeres y 185.000 más para los hombres. La precariedad en los empleos las afecta más que a los hombres, ya que muchas de ellas trabajan en actividades en las cuales es más difícil ejercer un control por parte de la administración, como son los casos de las empleadas domésticas o las dedicadas a labores conocidas como de “trabajo invisible” (trabajo precario, inestable, con pocas posibilidades de promoción, largas jornadas laborales, inseguridad social). Esta circunstancia hace dependientes a estas mujeres de la redes de asistencia y apoyo social.
Las que tienen alguna estabilidad, en términos absolutos, se desempeñan mayoritariamente en dos ramas de la economía: comercio, restaurantes y hoteles, y servicios comunales y personales.
Además, y de acuerdo con el Dane, en 2007 las mujeres recibían en promedio el 74,31 por ciento de los ingresos correspondientes a los hombres, pero en el sector informal la situación es peor: el promedio de los ingresos sólo llegaba al 65,40 por ciento de los masculinos del mismo sector económico.
De las mujeres ocupadas en 2008, un total de 3.199.000 estaban en condiciones de subempleo. De cada 100 que trabajaban, 40 tenían empleos inadecuados. Indican los mismos estudios del Dane que de las 7.996.000 mujeres que en 2008 hacían parte de la población económicamente activa del país, 1.130.000 (el 14,1%) estaban desempleadas. Ese año, con respecto a 2007, se registraron 35.000 menos empleos para las mujeres. La tasa de desempleo masculina este año se mantuvo sin variación con relación al 2007: 8,4, seis puntos inferior a la tasa de desocupación de las mujeres.
“La carga laboral” que supondrían las mujeres incide también en la brecha laboral, pues ello debilita la capacidad de negociación de su sueldo. El cálculo de las empresas es que, si la mujer queda embarazada, no sólo deberá pagarle licencia de maternidad sino que ella puede empezar a recortar las horas de trabajo en favor de su familia. “El empleador –explica– transmite ese sobrecosto a través de un menor salario”.
Las mujeres recién graduadas que están entre 18 y 25 años, tienen una mayor brecha salarial respecto a los hombres. Mientras que para ellas es del 17 por ciento, para el resto es del 14 por ciento. La brecha es mayor entre las mujeres de menores ingresos y las que ostentan posiciones más altas. Quienes están empezando su vida laboral y sólo alcanzaron educación media reciben en promedio la mitad del salario de los hombres en las mismas condiciones.
Población inactiva: 13.112.00. De ésta, el 66,4 por ciento corresponde a mujeres, y de ellas un 31,3 estudia, un 60 se dedica al hogar y el 8,7 se ubica en otras actividades. Mientras tanto, y para el caso de los hombres, un 64,4 por ciento estudia, un 8,9 se dedica al hogar y el 26,7 manifiesta desempeñar “otras” actividades.
Salud. En este campo, la política oficial no ha protegido la salud sexual y reproductiva femenina. El acceso a los servicios reproductivos en el país no es gratuito, lo cual restringe el acceso de las mujeres de entornos económicamente desfavorecidos y de las mujeres desplazadas.
Violencia sexual
Este tipo de violencia es una forma perversa de agresión, toda vez que se considera algo vergonzoso o deshonroso para la víctima, y no para quienes la perpetran. Las denuncias por su ejercicio son escasas, pues en muchos casos quien la padece permanece bajo el control del abusador.
Hay distintas manifestaciones de esta violencia. Muchas veces somos testigos de ella al pasar por ciertos sitios de nuestras ciudades, como en el caso de la explotación sexual, de la cual son víctimas mujeres adultas pero también niñas. Como se sabe, la prostitución es impulsada por los medios de comunicación sin ningún control público y explotada ante los ojos de todos.
Distintas prácticas culturales legitiman la violación sexual; por ejemplo, la mutilación genital en ciertas comunidades indígenas. Pero esta práctica se extiende como táctica de control por parte de grupos paramilitares contra poblaciones establecidas en zonas de control guerrillero. Se conoce, igualmente, de abusos sexuales contra mujeres detenidas por las fuerzas de seguridad, o retenidas y amenazadas por grupos paramilitares. Se recuerda el caso de periodistas amenazadas y violadas por cubrir ciertos campos informativos.
Violencia por/para supervivencia
Las mujeres desplazadas se ven sometidas a situaciones no deseadas. Según el Ministerio de la Protección Social, el 36 por ciento de las mujeres desplazadas han sido forzadas a tener relaciones sexuales con desconocidos.
Cifra alarmante: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) precisaba en su Informe sobre Desarrollo Humano del año 2000 que entre el 60 y el 70 por ciento de las mujeres en Colombia había sufrido en carne propia alguna modalidad de violencia (maltrato físico, psíquico o sexual). No obstante, menos de la mitad busca ayuda y apenas el 9 por ciento denuncia la agresión.
Los datos y la realidad son contundentes. La conmemoración del Día Internacional de la no Violencia contra las Mujeres debe servir para ponerle coto al ejercicio de prácticas violentas contra la mujer pero también para romper la opresión y la exclusión que sufre en nuestro país. Sin duda, las mujeres tienen la palabra.
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