Una lección de Derecho constitucional

El año 2010 puede significar para la historia del constitucionalismo colombiano aquel en el cual se produjo lo que el maestro Carlos Restrepo Piedrahíta denomina un “golpe de Estado en frío”. La Corte Constitucional está a punto de adoptar la doctrina del Estado de opinión, de avalar así una mutación constitucional y de propinarle a la Constitución de 1991 la estocada final. El poder constituyente originario optó por una “democracia refrendataria” que muy pronto puede ser sustituida por un remedo de democracia plebiscitaria.

 

El constitucionalismo nace en Inglaterra y sigue su propio rumbo no sin antes inspirar dos nuevas versiones: la estadounidense y la francesa. La Revolución de Estados Unidos dio lugar a una democracia refrendataria, y la Revolución Francesa a una democracia plebiscitaria. Esta última, impregnada por el formalismo, llegó al punto de romper con los principios que la inspiraron; el instrumento de un pueblo soberano, absoluto y virtuoso diseñado por Rousseau se trasformó en utensilio de gobiernos populistas.

 

La nación, señaló en su momento Emmanuel Joseph Sièyes, es obra de un poder constituyente en el cual “los intereses particulares deben permanecer aislados y la opinión de la mayoría debe adecuarse siempre al bien general”. El actual referendo reeleccionista, de conformidad con el gran teórico del poder constituyente o, mejor, con quien lo inventó, no es obra del “señor supremo del Derecho positivo”. La voluntad de la nación no se puede confundir con los particulares intereses de una mayoría.

 

Punto central del debate al interior de la Corte Constitucional es el concepto de democracia, y más precisamente el concepto de democracia constitucional. La respuesta depende del concepto de Constitución que adopte la mayoría de los magistrados, y éste de la posición jurídica de cada uno de ellos. El concepto ideal de Constitución, propio de Sieyès y primeros revolucionarios franceses, apunta a un concepto también ideal de democracia. Desde esta perspectiva, democracia no se reduce a voluntad de la mayoría.

 

En el siglo XIX y parte del XX se impuso un concepto formal de Constitución para designar el texto que con ese nombre establece el poder constituyente. Desde esta perspectiva, incluso regímenes que adoptan un concepto formal de democracia tienen una Constitución. Constituciones basadas en el esquema amigo-enemigo, perfectamente descritas por Karl Schmit, hechas por una élite que con aires aristócratas impone su concepción del mundo y excluye, pero también reprime, todas las demás.

 

Colombia no fue ajena a la tendencia descrita. Todas, excepto la Constitución de 1991, fueron Constituciones fundadas en el esquema amigo-enemigo. Si bien tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal adoptaron en teoría la ideología liberal, el primero lo hizo de manera confesional y el segundo de manera anticlerical. Estas son dos ideas del mundo totalmente contrarias y que dieron lugar a Constituciones excluyentes y asimismo a sangrientas guerras civiles durante todo el siglo XIX y la mitad del XX.

 

La terminación de la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia el retorno al concepto ideal de Constitución, y Colombia se inscribió poco a poco en esta tendencia. El Frente Nacional le puso fin a la guerra partidista, y las reformas de 1968 y 1986 afianzaron la estructura democrática del Estado. La Constitución de 1991 fue hecha para la paz, así como adoptó los modernos principios democráticos dictados por la doctrina ya casi universal de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

 

La moderna democracia constitucional no se basa en el esquema amigo-enemigo, en el cual se inscriben tanto la mayoría del pueblo colombiano como los alzados en armas. Temo que ninguno de los actuales magistrados de la Corte Constitucional adopte el concepto ideal moderno de Constitución. Bajo esta perspectiva, democracia no es sólo la que responde a la voluntad de la mayoría sino igualmente aquella que, además, mantiene la vigencia del pluralismo político y torna ilegítimos los gobiernos populistas y los movimientos subversivos.

 

José Gabriel Pacheco Nevado*
 

Ante el asombro de la comunidad internacional, que ve como lapidaria la concepción de democracia en el país, con el “señor del ubérrimo” y ante el hecho execrable por parte de la oligarquía colombiana, que, no contenta con tener sumidas a 20 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, es decir, casi el 50 por ciento del pueblo colombiano y 8 millones de indigentes, además de 5 millones de desplazados, ahora tiene el caprichito de eternizarse en el poder y hacerse contraelegir bajo un gobierno autoritario y totalitario… Bien lo advertía Aristóteles en la Grecia antigua: “La aristocracia puede degradar en oligarquía, la monarquía en tiranía y la democracia en despotismo”.

 

América Latina ha sido cuna desdichada de dictadores, y nuestra patria no ha sido la excepción, como en el siglo XIX con el desafortunado Rafael Núñez, presidente de Colombia en cuatro períodos, los últimos de seis años cada uno, con los cuales hizo retroceder la nacion 30 años, con una plutocracia que degeneraría en 46 años de dictadura conservadora, en los cuales se forjarían acontecimientos dolorosos para la patria como la guerra civil de los Mil Días, el regalo de Panamá a los Estados Unidos, la masacre de la huelga de las bananeras, y el terror latifundista acompañado de miseria y sangre para las desdichadas masas campesinas. Al mismo tiempo de la hegemonía conservadora hace 100 años, se expresó en el pueblo un levantamiento de las organizaciones obrero-campesinas en las que se destacó el avance significativo en la movilización indígena, con Quintín Lame en el suroccidente del país, que desde la vanguardia aborigen logró en su tiempo lo que conocemos como minga indígena.

 

Hoy, la luz de los últimos acontecimientos del movimiento social en su conjunto avanza contra la pretensión dictatorial del actual régimen y su afán por hacerse reelegir. A pesar de los engaños para los pobres representados en ‘familias en acción’, ‘soldados campesinos’, ‘familias guardabosques’, así como del exorbitante gasto militar representado en la ‘seguridad democrática’, en que los falsos positivos y detenciones arbitrarias son el pan de cada día, los sectores democráticos más significativos determinan que la táctica para enfrentar al régimen es la consecución de la unidad alrededor de la defensa real de la democracia, y mediante una coalición nacional que enfrente en las urnas y en las calles los objetivos plutocráticos y criminales del narco-Estado en función dictatorial. El sentido de la democracia (etimológicamente, del griego demos “pueblo” y kratein “gobierno”), como soberanía del poder político, reside en el pueblo. Es el objetivo primordial de la mayoría y no el constante histórico de pocas familias que absorben el presupuesto de una nación, como sucede en nuestra patria.

 

¡Y qué decir del hecho absurdo de un precandidato presidencial del conservatismo que ferió el dinero de los colombianos en un programa que supuestamente buscaba disminuir la desigualdad y la pobreza en el campo! Pero este no es el único hecho por señalar. Qué decir del asombro internacional ante la actual dictadura, cuando se sonroja ante el cinismo de un gobierno que, mediante el uso desmedido de los medios de comunicación, esconde las estadísticas oficiales de desempleo y miseria en Colombia, o del retroceso histórico de nuestra democracia y el acrecentamiento de la brecha entre el rico y el pobre, y el atraso político del movimiento social por un siglo. Ante estos hechos, el año 2010 es decisivo. Sólo mediante un gobierno alternativo, como sucede en la gran mayoría de los países latinoamericanos que hace rato desecharon la idea del neoliberalismo, y avanzan hacia otros paradigmas políticos y económicos incluyentes, tendremos la certeza de conseguir una equitativa nación colombiana en la cual disminuya esa brecha abismal entre el rico latifundista y el pobre sin nada.