Etb: una mirada por nuestro patrimonio

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) cumplió el pasado agosto 125 años de historia como empresa pública, propiedad del Distrito Capital. Desde hace más de una década, los estrategas del neoliberalismo pretenden que caiga en sus garras, y en 1998 el Concejo Distrital autorizó la enajenación de parte de sus acciones en la ETB. Ese primer intento fue frustrado por la oposición de diversos sectores y la suspensión de sus fundamentos jurídicos por parte del Tribunal Contencioso Administrativo. Entre 2002 y 2007, una nueva estrategia llevó a crear un 11,5 por ciento de nuevas acciones que compraron los llamados “accionistas minoritarios” (unos 40.000 accionistas individuales) y que constituyeron una especie de Caballo de Troya en la propiedad pública de la empresa. En marzo de 2009, la Junta Directiva de la Empresa propuso a la Asamblea de Accionistas buscar un “socio estratégico” para reforzar financieramente a ETB. Sintrateléfonos, sindicato de la Empresa –que se opuso en 2002 a la venta de acciones– consiguió que el Juzgado 38 de Bogotá ordenara suspender el proceso de privatización del 49 por ciento de la ETB. Esa decisión fue invalidada por el Tribunal Administrativo de Bogotá, y la fecha de la subasta para esa venta se ha ido posponiendo pero parece que está al caer.

 

 

La estrategia de privatización responde a un modelo probado exitosamente que identifica como objetivo a las empresas públicas más rentables para descapitalizarlas y luego venderlas a precio de empresa arruinada. No olvidemos que la ETB continua siendo el operador más importante de banda ancha en Colombia, con más de 390.000 conexiones, y tiene alrededor de dos millones de clientes y activos por cinco billones de pesos, entre otras fortalezas para la competitividad en el boyante pastel de las telecomunicaciones. Es por ello una de las empresas más importantes en el área de las telecomunicaciones de Colombia, con una de cada cuatro líneas, y en 2008 recibió el 24,2 por ciento del total de los ingresos que se ocasionaron en larga distancia nacional y el 33 por ciento en larga distancia internacional. Además, transfiere a la Secretaria de Hacienda enormes recursos que financian los proyectos del plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá. A pesar de todo ello, en la ruleta de gerentes que ha tenido la ETB anteriormente ha faltado una clara voluntad política para poner a la empresa como líder en tecnología de comunicaciones.

 

Si la ETB fuera una empresa quebrada o inviable, no correría el rumor de que la multinacional española Telefónica ofrece cerca de dos billones de pesos por el 49 por ciento de la empresa que pretende adjudicar el gobierno de Colombia en una subasta en la que también participará la mexicana Telmex, que lidera el mercado de celulares de Colombia (Comcel) con una cuota del 56 por ciento.

 

 

Parece que los diferentes tecnócratas que dirigen la Empresa se han encomendado a la misión de menoscabar, de una u otra forma, la proyección de la ETB. Igualmente, los alcaldes de Bogotá se afanan por feriar el mayor bien público de la ciudad, pese a su jugosa liquidez e su inmensa potencialidad. Así, las administraciones de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa argumentaban que la Empresa era ineficiente y que no era capaz de soportar la competencia del mercado de las telecomunicaciones si se mantenía como empresa pública. Sin embargo, el anterior presidente de ETB, Fernando Panesso, afirmó ante la opinión pública que la Empresa arrojó buenas ganancias durante su período. Pero Samuel Moreno se ha propuesto darle un golpe definitivo a este bien público.

 

Resulta sospechoso que una empresa como la ETB, bien posicionada en Colombia por tanto como marca, tecnológica y socialmente, les esté avisando a los usuarios de Boyacá que pronto eliminará el servicio. Por otro lado, los equipos de trabajo se ven faltos de repuestos o vehículos mientras se externalizan servicios que, con menor costo, pudieran ser asumidos por la propia empresa. Trabajadores de la ETB denuncian que el colmo es tratar de justificar que se debe ahorrar cualquier tipo de recurso económico parando ascensores para que no se gaste energía eléctrica, quitándole teléfonos corporativos al personal, reduciendo el parque vehicular de trabajo y desplazamiento diario, o restringiendo la entrega de material. Ese tipo de limitantes pretende presentar ante la opinión pública que ETB está en una pésima situación económica que justifique y ‘requiera’ un “socio estratégico”.

 

Ese ambiente también se vive internamente en la Empresa, afirman trabajadores de la ETB, que genera un estrés laboral propiciado por “mandos medios perseguidores y desinformadores de los trabajadores” respecto a traslados, planes de retiro voluntario o reestructuraciones. También se incrementan los gritos y las amenazas, así como el temor a la posible llegada del “socio estratégico“. Después de décadas trabajando para la empresa, los trabajadores ven cómo ante la opinión pública son una carga por el pasivo pensional. A la vez, ven que otras personas llegan a la dirección de ETB para trabajar por dos o tres años y luego se pensionan, sabiendo que la Empresa es una de las que mejores condiciones ofrecen en ese sentido.

 

 

La ETB todavía es una empresa pública que, si es dirigida correctamente, puede mantener su competitividad en el mercado de las telecomunicaciones, a la vez que continuar aportando recursos para rubros como salud o educación para la ciudad más poblada de Colombia. Si se permite la subasta de la Empresa, esos grandes beneficios sólo repercutirán en el bienestar de unos pocos accionistas que se están lucrando desde que la noticia de la búsqueda del “socio estratégico” vio la luz: las acciones de la ETB ya se cotizan al doble que en marzo de 2009. La batalla contra la privatización que sostienen trabajadores y sindicatos es por la propiedad pública de la ETB, y debiera recibir apoyo de la población bogotana en su propio provecho. Así, aunque los grandes medios de comunicación sostengan que los trabajadores y los sindicatos son los que con su labor acaban las empresas, las administraciones con sus políticas privatizadoras son lo que frena toda posibilidad de proyección empresarial pública con políticas públicas. Para esos directivos que se llevan una gran parte del presupuesto en salarios y prebendas, la única solución que encuentran, después de años –el actual presidente, Fernando Carrizosa, estuvo 12 años en la Junta Directiva– es regalar el patrimonio público de Bogotá a empresas que atentan contra la soberanía nacional y dejan nuestro bienestar a merced del vaivén del ‘sagrado’ mercado capitalista.