Oro en el Quindío y en Colombia

 

En el XIII Congreso Nacional de Planeación Participativa en Cúcuta (octubre de 2009), Esteban Piedrahíta, director de Planeación Nacional, informaba que la inversión extrajera directa en Colombia pasó de US$2.134 millones en 2001 a US$10.564 millones en 2008, dato que coincide con la llegada de grandes empresas mineras. Por supuesto, mencionaba a la AngloGold Ashanti, que ha generado grandes reacciones por la forma como procede en La Colosa, en Cajamarca (Tolima).

 

¡La inversión extranjera en el país creció en 500 por ciento en siete años!… claro indicio de lo que está sucediendo. Y se entiende mejor si tomamos en cuenta dos aspectos medulares del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, directamente relacionados con la actividad minera. Uno, el objetivo de “generar trabajo y riqueza”, incrementando la explotación de los recursos naturales; el otro, la política de “seguridad inversionista”.

 

El segundo aspecto es más escandaloso; se busca garantizar ‘seguridad’ al inversionista extranjero. Esta política va más allá: les asegura grandes ganancias. En los últimos años se ha convertido el país en ‘paraíso’ para el capital, sobre todo con las mineras: legislación útil a sus intereses; ‘flexible’ legislación laboral para ahorros comparativos en mano de obra; confusa legislación ambiental, que sumada al desmonte de la institucionalidad ambiental permite saquear recursos e integrar a sus costos los daños ambientales; legislación tributaria que premia por agotar los recursos no renovables; bases militares para controlar el territorio; además, se proporciona información y facilidades para que lleguen al país a realizar sus actividades extractivas. Habrá que agregar que el Estado colombiano, por sus políticas de ajuste impuestas por el Banco Mundial, pierde capacidad de control y se corrompe en sus estructuras. 

 

 

El precio del oro sube en el mercado internacional. Proyecciones de 2008 afirmaban que llegaría a US$1.000 la onza troy para fines de 2009, y sin que el año terminara llegó a US$1.217,23, precio que en el 2000 era de US$300. Entonces, la rentabilidad minera del oro crece y crece, y las corporaciones querrán poner el mundo patas arriba y arrasar con cualquier obstáculo. No es gratuito que desde principios de este siglo se posicionen en el país. Y el precio sube porque la demanda crece en tanto los principales yacimientos del mundo se agotan. Lo más triste es que alrededor del 80 por ciento de la demanda es suntuaria. La mayor capacidad adquisitiva lograda por India y China les permite comprar joyas de especial aprecio en sus culturas. ¡Se desplazan poblaciones, se destruye la vida, se envenena la Tierra… para satisfacer esas demandas!

 

Algo así sucede con otros minerales de tradicional demanda y de nueva demanda, como es el caso del coltán (columbita y tantalio). Las mineras vienen por todo. Los mejores contratos de concesión de la AngloGold Ashanti (AGA) son para exploración-explotación de oro, plata, platino, molibdeno, cinc y cobre. En 2004, ésta inició un plan para explorar en greenfields (campos poco explorados) en 83.000 kilómetros cuadrados, el más grande en nuestra historia. Muchas otras se interesan en nuestras ‘posibilidades’.

 

Basta ver la situación global en las zonas afectadas por esos intereses para entender por qué se requiere un debate nacional. El ‘mapa’ de la violencia paramilitar, guerrillera y de Estado de los últimos 20 años coincide más o menos con los sectores de proyectos mineros; también con las regiones de pobreza-miseria, y con aquellas donde se afecta a la naturaleza: sur de Bolívar, nororiente de Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño… No se cumple la fórmula “minería = desarrollo y prosperidad para las comunidades”.

 

 

Pues algo generalizado en varios departamentos: se desconoce lo de la minería, está enredado y nos coge de sorpresa. A fines de 2007 El Tiempo anunció la presencia de AGA en Cajamarca, en exploraciones sobre un promisorio yacimiento aurífero. El propio presidente Uribe sorprendió a la opinión pública con que allí está el yacimiento de oro más grande de nuestra historia y uno de los mayores en el mundo, en la mina La Colosa. La verdad: la empresa no llega en 2007; realiza estudios, prospección y exploración desde el 2000 (al principio con el nombre de Sociedad Kedahda de Colombia). La salida del Presidente, más que presentar una “buena nueva”, buscaba presionar a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), que en febrero de aquel año había suspendido la actividad de AGA en Cajamarca por violar las normas ambientales.

La empresa ‘olvidó’ solicitar la sustracción del área por intervenir la Reserva Forestal Central, creada por la Ley 2 de 1959, quizás atenida a la “seguridad inversionista”. Luego, en varios escenarios, Uribe enfatizó en que lo de La Colosa “va”. La presión sobre Cortolima buscaba que ésta echara atrás la resolución de suspensión de actividades que tenía parada a AGA.

 

Desde entonces, los quindianos decidieron investigar. Gran sorpresa: varios polígonos de concesión de AGA en Tolima ¡llegaban hasta el Quindío! Específicamente, los contratos de concesión GLN 099, GLN 094, EIG 167, dos cercanos a La Colosa. Otra: ¡11 predios, propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), para protección de recursos naturales, estaban dentro de los polígonos! Luego se supo que trabajadores de AGA operaban en las montañas del Quindío (en límites con Tolima) desde hacía meses, y que un helicóptero sobrevolaba en Salento con un aparato no identificado, suspendido a una altura aproximada de 100 metros sobre el terreno. A pesar de que sus actividades exploratorias se habían suspendido en el Tolima desde principios de 2008, la empresa había trasladado sus trabajos al Quindío, con el silencio de las autoridades departamentales. Esto motivó la siguiente solicitud pública de información dirigida a algunas autoridades del departamento. (Ver carta).

 

La respuesta del Gobernador del Quindío: convocar una “Mesa Departamental sobre La Colosa”, con presencia de las autoridades departamentales, la academia, la CRQ y la fundación Ecológica Cosmos. Lo primero que debimos dejar claro fue que la idea no era tratar el “caso La Colosa” sino la situación de la minería en el Quindío. En esa reunión supimos que ¡el 62 por ciento del territorio departamental estaba bajo la figura de Contrato de Concesión para Exploración y Explotación minera o solicitado para tal fin!… ¡Sorpresa…, empezando por las autoridades locales! La razón: el gobierno nacional toma las decisiones, y de eso no se enteran las autoridades locales y regionales.

 

La Mesa se declaró “permanente”, reuniéndose tres veces. Está pendiente la fecha para un Foro Departamental sobre Minería en el Quindío, de modo que la situación sea debatida con más amplitud y presencia social. En la segunda reunión, con una delegada de Ingeominas, se supo que el Estado no tiene capacidad de control sobre lo que sucede con la minería en cuanto a lo que declaran las empresas mineras sobre el volumen de los yacimientos o las cantidades que extraen. También quedó claro que la situación de la minería en el Quindío se desconoce aun por las autoridades departamentales; que hay descuido de los municipios y evidentes conflictos de competencia entre diversas entidades estatales que no se han resuelto. Un ejemplo: lo relativo a la explotación de material de arrastre en el río La Vieja, donde la CRQ y la CVC no logran acuerdos a pesar de años de conflictos en ese sector.

 

 

Entre tanto, vemos que el Gobierno se empeña en “sacar adelante” el proyecto. Cortolima se ha enfrentado al propio Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), que sin duda y por orden del Gobierno favorece las pretensiones de la multinacional. Ante la reacción de autoridades y la comunidad del Tolima, AGA se vio obligada a solicitar la sustracción de un área de la Reserva Forestal Central, lo que hizo ante la autoridad competente, el MAVDT. Solicitó la sustracción de 515 hectáreas. A tal pretensión se opusieron Cortolima, la Procuraduría General de la República, amplios sectores de la comunidad de Cajamarca y el Tolima, con argumentos amplios, sustentados y suficientes. Todo en vano: el MAVDT autorizó finalmente sustraer 6,37 hectáreas de la Reserva Forestal Central a favor de la AGA.

 

¿Se pensó que esa sustancial rebaja en el área autorizada significaba celo del MAVDT en la protección de los recursos y los habitantes de la región? Seguro, muchos se dejaron engañar, porque una lectura cuidadosa de la respectiva resolución permite ver que se trata del más burdo engaño a la Nación. Esas 6,37 hectáreas corresponden a la suma de las áreas por intervenir directamente, pero éstas se dispersan en 515 hectáreas. A tal grado de corrupción y de irresponsabilidad llegan las autoridades ambientales.

 

 

Estos son proyectos que cambiarán en profundidad nuestras vidas. En el mundo, donde se encuentra oro, la vida de la gente cambia radicalmente, siempre para mal. Ahora se trata de nuestras vidas y nuestro futuro, y es que tengamos derecho a decir algo, recibir información y participar en las decisiones sobre lo que sucederá aquí. La Constitución Política ampara estos derechos, pues se trata de “principios fundamentales”. El artículo 2 dice que “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades”.

 

Luego, al referirse a los Derechos Colectivos y del Ambiente, el artículo 79 dice: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”.

 

Habrá quien diga que “todo eso es muy bonito pero no son más que palabras e ilusiones porque no se cumple”. Pues así es: todavía falta mucho para que lo declarado en la Constitución sea realidad. Pero no debemos olvidar que lo que ella dice solo será posible si nosotros lo hacemos posible exigiendo que se cumpla. Y en momentos como éste y situaciones como esta se puede hacer realidad lo que dice la Carta Política.

 

El Estado debe “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”. Pero la participación sólo es posible si hay información cierta y oportuna, y se dispone del tiempo suficiente para asimilarla y discutirla, tomar decisiones, organizarnos y hacerlas valer. ¿En Cajamarca y Quindío hemos tenido esa posibilidad? Claro que no.

 

Mientras la AGA se ocupa de 2000 a 2003, estableciendo sus objetivos corporativos, revisando prospectos, compilando bases de datos, estudiando el Código Minero y el sistema catastral, desarrollando su estrategia (con gastos por $3.600.000 dólares), y luego, de 2004 a 2009, se dedica a una exploración sistemática, gastando 155 millones de dólares… ¡nos enteramos de todo hace apenas un año! La empresa gasta nueve años y 159 millones de dólares para tener información, prepararse y decidir sobre nuestras vidas, mientras nosotros sólo hemos tenido un año, y ni un peso para prepararnos.

 

Esto empezó mal. Con desventaja. Sin información, tiempo ni recursos, no es posible participar efectivamente en las decisiones que nos afectan. El Estado incumple sus fines constitucionales y los funcionarios públicos (nuestros empleados) su deber. En la preaudiencia de Cajamarca, preparatoria de la Audiencia Pública para tratar sobre La Colosa, invitados por el MAVDT para hablarnos del procedimiento por seguir en las audiencias, vimos un evento propagandístico de la AGA. “Con todos los juguetes”: pendones, pantallas, circuito de televisión, cinco cámaras de video, fotos. Nos filmaron, nos tomaron fotos. ¡Información para la empresa! Hoy ésta sabe más sobre nosotros y lo que pensamos que nosotros de ella, sus intereses, sus funcionarios. Ese día la AGA tomó las mejores horas matinales para hacer propaganda. A la comunidad se le dio la palabra después de mediodía, con todo el mundo cansado, con hambre, cuando muchos se habían ido. Y lo primero que advirtieron los del MAVDT fue: “Las intervenciones han de ser cortas y concretas”, y “solo sobre la etapa de exploración de la empresa”.

 

El Alcalde, el Personero y otras autoridades nada dijeron, aunque saben que su deber es garantizar el derecho de la comunidad a la información y la participación, y allí, en la práctica, tales derechos fueron negados. En un seminario sobre minería del oro a cielo abierto, en la biblioteca de la Alcaldía de Cajamarca, el burgomaestre advirtió que no debíamos adelantarnos a hablar de “explotación” de la mina porque por ahora sólo se estaba en la fase de “exploración”; que no podíamos juzgar a la empresa sin saber lo suficiente, y agregó que “en Cajamarca somos agricultores y nada sabemos de minería”.

 

Pero si hay una exploración larga y detallada como la de AGA, lo más seguro es que ya decidió explotar; si altos funcionarios del Gobierno y de la empresa hablan de “gran yacimiento de oro” es porque saben algo que ignoramos, y los colombianos queremos y tenemos derecho a saber qué pasará si empieza la explotación a cielo abierto. De eso es debemos hablar. Sobre eso se pregunta la gente en la calle.

 

¿No quiere el alcalde de Cajamarca que la gente juzgue sin saber lo suficiente?… pues que defienda el derecho de su comunidad a estar bien informada, a saber para juzgar. Varios sectores pidieron aplazar la audiencia para prepararse mejor, y el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación pidió lo mismo. Pero las autoridades municipales no, ni solicitaron más tiempo para que la comunidad se informara bien. Además, para hablar de nuestros derechos no se necesita ser ingeniero de minas; basta ser ciudadano o ciudadana. No más.

 

Así como la empresa se tomó nueve años para investigar, y cuenta con recursos para hacerlo, cajamarca y el país tienen derecho a investigar, conocer y hablar de su futuro, organizarse, opinar y participar en las decisiones, y a tener tiempo para ello. Tenemos derecho a informarnos, y asimismo a saber que esta actividad no es sustentable ecológica, ambiental ni socialmente; a saber que parte de nuestro territorio se convertirá en un hueco estéril, y perderemos otra parte igual o mayor, sepultada por millones de toneladas de material envenenado con cianuro que contaminará por siglos nuestros suelos, nuestras aguas; a saber que perderemos selvas, diversidad biológica y fuentes de agua para siempre; que, de los 23 países del mundo cuyas economías dependen de la minería, 17 son los más pobres y miserables; que la aga ha sido señalada por comunidades del mundo, el tribunal internacional permanente de los pueblos y organizaciones de defensa de los derechos humanos por su relación con actos de violación de tales derechos. tenemos derecho a investigar y saber sobre todo eso y mucho más, y para ello a disponer de tiempo y recursos, a organizarnos para participar.