Como nunca, “lo ambiental” forma parte del debate político nacional. No sólo por el espectacular ascenso de Antanas Mockus en las encuestas, que miden el estado de la carrera hacia la Presidencia de la República, adonde aquél se encamina a nombre del Partido Verde, en enconada disputa con el candidato oficial del uribismo, sino también porque los candidatos se ocupan de los asuntos ambientales y éstos figuran en las páginas de los periódicos y los espacios de los demás medios de comunicación, con mayor frecuencia e intensidad que hace algunos años.
Un pacto ambiental
Un grupo de organizaciones de diversas tonalidades ambientales y reconocidos líderes formularon un amplio y en ocasiones difuso Pacto Ambiental, insistiendo en planteamientos como el ordenamiento del territorio con sentido ecológico, promoviendo prácticas sostenibles y energías alternativas, y eludiendo temas espinosos como los agrocombustibles, los transgénicos y el impacto de la minería en ecosistemas estratégicos, entre otros. Sin embargo este intento resulta novedoso, y el hecho de haber conseguido la firma de todos los candidatos es muy significativo.
Del verde zanahorio al verde intenso
Paradójicamente es el candidato ‘verde’ el más parco en planteamientos ambientales, mientras Gustavo Petro y Rafael Pardo aparecen como audaces. En el Foro organizado por la revista Semana se destacaron los puntos de vista de los abanderados del Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal, en contraste con la sonrisa light de Noemí, la aspereza de Vargas Lleras y la ausencia de Mockus, quien no pudo regresar a tiempo de una visita a Barranquilla.
En la propuesta “Un pueblo con poder de trabajar”, inserta en su programa, el candidato Petro ha incluido como visión de “desarrollo sustentable” la construcción de “un plan nacional de vida”, que atienda las necesidades fundamentales de la población con base en las posibilidades y oportunidades que brindan los ecosistemas, de tal manera que “nuestra sociedad se acople a las características tropicales, acuáticas, diversas climática y biológicamente” del territorio colombiano y se abandonen “los objetivos meramente extractivistas e inmediatistas que han jalonado la ocupación del territorio desde la Colonia”.
Petro y Pardo plantean la relación entre la inequitativa distribución de la tierra en el país y los problemas ambientales. Este último ha señalado su incidencia en el cambio climático, lo cual resulta novedoso no sólo en el país sino asimismo en otras latitudes. Ambos proponen un uso más eficiente del suelo y la acción para limitar la expansión de la frontera agrícola. Petro se decide por la democratización de la tierra, el crédito y el saber, y Pardo, partidario de una nueva política de tierras y desarrollo rural, propone además la protección de los bosques y las selvas. No deja de preocupar, sin embargo, la insistencia de Pardo en el desarrollo de infraestructuras (léase megaproyectos), y el concepto de “tierras improductivas” y agroindustria de Petro. Es indudable, sin embargo, que son los dos candidatos que más se acercan a los temas y las propuestas formulados por el ambientalismo comprometido con los procesos sociales y populares.
Los candidatos y el Referendo por el Agua
Los candidatos también han sido confrontados en relación con las propuestas del referendo por el agua. A la derecha se ubicaron, sin duda, Noemí, Santos y Vargas LLeras, quienes defienden la privatización de los servicios públicos y del agua. Sanín considera que pagar por el agua evita el despilfarro; Vargas Lleras, que el mínimo vital gratuito desfavorece a los estratos bajos y ayuda a los ricos, y Santos defiende la iniciativa privada. Estos argumentos se han oído mucho en la Cámara de Representantes a lo largo de la discusión del Referendo. Difícil será convencer a alguien, y más si es pobre, de que el mínimo vital gratuito no le conviene, o que pagar las altas tarifas que imponen las empresas de acueducto, mercantilizadas por la Ley 142 de 1994, es un acto educativo, o que la empresa privada es la redentora de los sedientos.
En la orilla opuesta aparecen, otra vez, Pardo y Petro. Ambos apoyan el Referendo en su texto original. Aquél destaca “la movilización ciudadana para evitar que este recurso, patrimonio de todos, se convierta en un bien privado”. Petro, a la vez, enfatiza en la necesidad del mínimo vital gratuito, de acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, y añade que “entendiendo la escasez de agua que sufre Colombia, elevaremos a rango constitucional el conjunto de bienes de uso público que se relacionan con este derecho vital de los ciudadanos”.
Mockus, ambiguo, anota que el Referendo fue modificado y por tanto no debe ser aprobado, deseando que se vuelva al texto original. Reconoce que se trata de un bien común y público pero advierte que su producción (sic) y su distribución no deben ser gratuitas, aunque el recurso lo sea. Este juego de palabras y de conceptos esconde su identificación con el servicio de acueducto y alcantarillado como actividad fundamentalmente económica y previene contra los inconvenientes de la “gratuidad total”, que el Referendo no ha propuesto.
Cambio climático y agua en el centro del debate
En los últimos meses, a raíz de los resultados frustrantes de la Cumbre de Copenhague, que provocaron la reciente contra-cumbre de Cochabamba, el cambio climático y el calentamiento global han pasado a ocupar un importante lugar en el debate nacional. Contribuye a ello la prolongada sequía, consecuencia del Fenómeno del Niño y las inundaciones, ahora que el invierno ha entrado con fuerza. Las inundaciones son atribuibles a la deforestación de bosques y también a la desecación de humedales en beneficio de la ganadería y la agroindustria, pero es indudable que el cambio climático comienza a golpear el territorio colombiano.
La crisis de acceso al agua potable, que afecta a más de diez millones de colombianos y que llevó a finales del año pasado a que la Defensoría del Pueblo pidiera la emergencia ambiental en varios municipios, mantiene la actualidad del tema. Contribuye además la oposición de muchos alcaldes y concejos municipales a los Planes Departamentales de Agua.
De otra parte, se viene denunciando la entrega de concesiones mineras a transnacionales en zonas estratégicas para el ciclo hidrológico como los páramos, destacándose el caso de la Anglo Gold Ashanti en el páramo de Anaime, que ha provocado movilizaciones sociales de rechazo. Se destaca igualmente la denuncia del Gerente del Acueducto de Bucaramanga sobre la entrega en concesión a una compañía minera del 80 por ciento del territorio que contiene las fuentes de agua de esa ciudad, la cual tuvo eco en el editorial de Vanguardia Liberal del 20 de abril pasado.
Referendo por el derecho humano al agua
Este referendo no ha podido ser desbancado del debate parlamentario, no obstante el empeño puesto por el Gobierno en tal sentido y el intenso lobby del gremio Andesco, que agrupa a las empresas mercantilizadas. Por el contrario, la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible el referendo reeleccionista, significó un espaldarazo para el del agua al dejar totalmente claro que los textos firmados por la ciudadanía no pueden ser modificados por el Congreso, como lo sostuvo en todo momento el Comité Promotor del Referendo, del cual soy vocero.
La plenaria de la Cámara mantiene, sin embargo, la iniciativa en el congelador y, a pesar de haber estado en el orden del día de las sucesivas sesiones convocadas desde el 7 de abril, hasta la fecha no se ha logrado el quórum necesario para tomar decisiones, entre ellas la trascendental de restablecer el texto original. Esta actitud provocó la presentación de una tutela por parte de organizaciones del Comité Territorial del Agua en Antioquia y un derecho de petición del vocero, exigiendo una decisión sobre la convocatoria del Referendo y llamando la atención sobre la responsabilidad política y los deberes de los parlamentarios.
Los ambientalistas y la política
El conjunto de hechos y debates reseñados constituyen un reto para los ambientalistas históricos. Hoy como nunca, lo ambiental adquiere una dimensión política. ¿Cómo incidir en las decisiones de política pública que habrá que adoptar en temas tan decisivos como cambio climático, agua, biodiversidad, ecosistemas estratégicos, expansión urbana, ordenamiento territorial, entre otros? ¿Cómo evitar que el tema se banalice y lo ‘verde’ adorne propuestas y actitudes incluso contrarias con lo ambiental?
Probablemente la clave esté en repotenciar el movimiento ambiental y abrir espacios para una ciudadanía inquieta y ávida de participación en un asunto decisivo para el futuro del país y la especie. Esto, que implica actuar en una dimensión política no partidista pero incidente en los partidos, puede resultar más eficaz que los ensayos de convertir al ambientalismo en partido, de los cuales el Verde de Alemania es una de las experiencias más frustrantes y dignas de analizar, como quiera que se fue convirtiendo en lo contrario de lo que planteaba en su promisorio comienzo, y terminó apoyando causas tan repudiables como la Guerra en Iraq.
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