Y se definió el nuevo presidente del país para los próximos cuatro años sin mayores sorpresas. Santos, en su plataforma de gobierno, ha planteado que mantendrá como base de la política de salud el aseguramiento, lo cual implica que no habrá cambios de fondo en el modelo de salud para el país.
Llama mucho la atención que, luego de la enorme movilización social a comienzos de este año, en oposición a las medidas tomadas en salud en el marco de la emergencia social –que llevó a concluir que el país requiere un nuevo modelo de salud–, la gente haya respaldado una propuesta presidencial que le dará continuidad a la política de Estado en salud instaurada desde el año 1993, y que irá por la vía de las medidas de la emergencia social y no de las soluciones de fondo.
¿Cómo entender este comportamiento político? Queremos cambios en la política de salud pero se escoge más de lo mismo.
Metas: las mismas de hace tiempo
La propuesta de Santos plantea cinco metas en salud: 1) cobertura universal en aseguramiento; 2) POS unificado, incluyente, actualizado y sostenible; 3) generación de indicadores trazadores que demuestren avances en mortalidad materna y mortalidad infantil, relacionado con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y cáncer, y de calidad del servicio en términos de facilidad de acceso; 4) incremento por encima del 95 por ciento de la cobertura en vacunación; y 5) satisfacción de los usuarios con el servicio del 90 por ciento.
Estas metas no son novedosas; han sido propuestas por diversos gobiernos, metas que no corresponden con las necesidades más sentidas en salud de la población; que demandan mejores condiciones de vida, de trabajo y de formas de atención, camino para la prevención y el control de las enfermedades que hoy padece la población.
En el componente institucional, el nuevo gobierno reabrirá el Ministerio, que ahora se denominará de Salud y la Vida Sana, el cual definirá la política y los lineamientos específicos para el uso que hacen los entes territoriales de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a la promoción y la prevención, y definirá acciones para el uso de los recursos que reciben las EPS con esos fines.
Estrategias: ¿para seguir en lo mismo o para ir en otro camino?
Para lograr las metas de la plataforma de Santos, éste ha propuesto seis estrategias:
1. Promoción, prevención y salud pública. Se concretará mediante la realización de exámenes de prevención, estrategias educativas, atención primaria en salud; centralización de la política de prevención, promoción y salud pública en el Ministerio de Salud y la Vida Sana; responsabilidad intersectorial coordinada por un Consejo Intersectorial y fortalecimiento presupuestalmente para estos temas.
Esta meta aparece como novedosa básicamente por hacer explícito que la salud pública es un asunto intersectorial; sin embargo, el componente de salud pública se hace marginal en el modelo de aseguramiento en salud, en tanto no es negocio para los actores de mercado.
Indudablemente, un sistema de salud debe tener como centro el componente de salud pública, que requiere la articulación de las diversas instituciones, con presupuesto suficiente, lo que posibilita afectar de manera positiva la calidad de vida, base para mejorar los problemas de salud individual y colectiva.
De otro lado, el desarrollo de una real estrategia de Atención Primaria en Salud (no como salud de pobres para pobres) posibilita acercar el sistema de salud a la gente y romper con barreras de acceso geográficas, económicas y administrativas, para la garantía del derecho a la salud.
2. Plan obligatorio de salud. Se buscará definir un nuevo POS único, para lo cual impulsarán una ley estatutaria que haga que el POS que se defina sea acatado, y constituir comités técnico-científicos independientes, cuyos conceptos sean determinantes en las decisiones relacionadas con este tema. Proponen que el acceso a los servicios sea en todo el territorio nacional, para lo cual el carné del Sisben será válido en todos los municipios del país. Y se evaluará la conveniencia de que la administración del régimen subsidiado esté en el municipio.
Se requiere establecer un POS único que efectivamente cubra las problemáticas de salud de la gente, no en la lógica de establecer un paquete de servicios igualado que sea rentable a las aseguradoras.
La cobertura de la atención debe ser en todo el territorio nacional, como lo ha reclamado la gente durante todos estos años, lo que corresponde efectivamente al desarrollo de un sistema nacional.
En un sistema nacional de salud, la administración del sistema puede ser por una territorialización distinta de la de los municipios, que responda a dinámicas sociales y de salud regionales. En el contexto actual, quitarles a los municipios el manejo del régimen subsidiado puede llevar a que su población se vea más afectada en la medida que la contratación de la prestación de los servicios en salud puede que ya no sea directamente en su municipio y se ahonden barreras de acceso como las geográficas.
3. Atención oportuna y de calidad. Se impulsará la calidad en los procedimientos gracias a la definición de guías; fortalecerán las iniciativas orientadas a contar con sistemas de información en salud pertinente. El seguimiento a la calidad en las entidades territoriales, las EPS y los hospitales estará a cargo de la Superintendencia de Salud, para lo cual proponen fortalecerla presupuestal y técnicamente. Evaluarán dónde es adecuada la capitación y dónde no. Van a retomar el concepto de red de la Ley 715 como elemento fundamental en el funcionamiento de los hospitales públicos.
Esto mismo dijeron el gobierno de Uribe y otros anteriores. El problema es estructural, en la medida en que la salud siga siendo un negocio de las aseguradoras intermediarias. No hay entidades de control suficientes para evitar la lógica económica, que subordina la calidad y no tiene interés en establecer sistemas de información precisos.
En un sistema nacional de salud, el Estado debe ser un regulador de los actores prestadores de servicios, y la comunidad debe jugar un papel fundamental en el control y el seguimiento al diseño y la ejecución de las políticas de salud, y asimismo a la manera como se distribuyen y ejecutan los recursos para la salud.
Debe haber redes prestadoras de servicios de salud que organicen articuladamente la prestación de servicios del primero al cuarto nivel, con claros y adecuados procesos de referencia y contrarreferencia. Pero hasta ahora la organización por redes de los hospitales públicos ha sido utilizada para fusionar y liquidar varios hospitales.
4. Recursos humanos e infraestructura. Se respetará la autonomía médica. Con el Icetex se van a generar esquemas para que el personal médico tenga acceso preferencial a créditos destinados a especializaciones y reentrenamiento. Y se definirá un plan maestro de salud que oriente el desarrollo de la infraestructura en salud, en especial para las regiones más rezagadas.
La autonomía médica se viola por la lógica de la rentabilidad económica impuesta a los servicios de salud. Este control del ejercicio médico hace parte de la barrera de contención de costos de las aseguradoras y las prestadoras.
Se requieren formas de contratación dignas del personal de salud, que le den estabilidad laboral y reconocimientos salariales adecuados, y que haya procesos de control de la calidad de la prestación de los servicios para que sean humanos y oportunos, y que hagan uso racional de los recursos técnicos.
5. Sostenibilidad. Se buscarán nuevas fuentes de recursos, invirtiendo la proporción de coberturas del régimen subsidiado (60%) y el contributivo (40%) mediante la formalización del empleo y con estrategias de cotización temporal. Se implantará un grupo élite anticorrupción. Se le implementarán controles al gasto del sistema en medicamentos para favorecer el uso de genéricos. Se reorganizarán las competencias de los tres niveles de atención, de tal manera que se generen incentivos para una mejor atención en el primer nivel, y se revisarán las competencias entre departamentos y municipios en cuanto a la red pública hospitalaria.
El sistema tiene suficientes recursos financieros. El asunto es quiénes lo tienen y para qué lo utilizan. La insostenibilidad y la crisis no se dan porque no entren recursos sino porque alguien se queda con éstos por el camino.
Se requiere un fondo único financiero de manejo público, al que lleguen todas las fuentes de financiación del sistema de salud, para que con esta financiación se le pague a la red prestadora de servicios de salud, dándole acceso universal en salud a la población sin necesidad de tener que demostrar capacidad de pago, acabando con la intermediación financiera de las aseguradoras, que es totalmente innecesaria.
El uso de medicamentos genéricos debe primar, en tanto está demostrado que son más baratos y generan los mismos resultados que los de marca comercial. Se debe estimular el desarrollo de una industria nacional productora de medicamentos y hacer compras conjuntas para los medicamentos importados, de modo que se disminuyan los costos.
6. Institucionalidad eficiente y transparente. Se `plantea que el Ministerio de Salud y la Vida Sana será el responsable político exclusivo de la calidad, la universalidad y la viabilidad financiera del servicio de salud. Se fortalecerán el Invima y el Instituto Nacional de Salud, como ejes fundamentales de la política de prevención y promoción de la salud. Se fortalecerá la Comisión de Regulación en Salud (CRES), asignándole la función de regulación integral del sistema. Se unificará la regulación en un Estatuto Único del Sector Salud que facilite la revisión y la aplicación integrada de la normatividad existente, y precise la responsabilidad del Estado. Se implementará una entidad similar al Fogafyn como un seguro en el sector salud que esté en capacidad efectiva de intervenir a las entidades en momentos de crisis, o de prestarles recursos para que cumplan con solvencia.
Se ratifica la perspectiva técnica de manejo del sistema de salud a través de la CRES y el Ministerio de Salud y la Vida Sana, dejando sin posibilidades que las decisiones importantes sean discutidas y concertadas ampliamente con la gente. Y se insistirá en generar mecanismos de salvaguardia financiera para las entidades aseguradoras y prestadoras, aunque esto no lleve a que se garantice el acceso a los servicios de salud con calidad y oportunidad.
Un sistema nacional de salud debe tener una cabeza en el Ministerio de Salud y la Vida Sana, que organice y dirija, pero además debe establecer estrategias y escenarios claros para una amplia participación de la gente en las decisiones de política y de presupuesto en salud, y para el seguimiento a sus ejecuciones.
En conclusión
Como se puede observar, hay algunos aspectos de la propuesta de salud del nuevo gobierno que ya han sido planteados en otros gobiernos, que han tratado de desarrollarlos; otros corresponden a aspectos planteados en los decretos de salud, en el marco de la emergencia social, y otros de carácter nuevo.
Con esta plataforma, es claro que se continúa con más de lo mismo de la Ley 100, y se insiste en el aseguramiento universal, la unificación de los POS, la satisfacción de los clientes-consumidores de los servicios de salud, buscando más recursos financieros. Sólo aparece como elemento distinto lo del abordaje intersectorial para el desarrollo de la salud pública.
Con este panorama, se hace necesario sostener la movilización social por el derecho a la salud lograda en el primer semestre de este año, que de un lado permita en este período seguir presionando para que efectivamente se reabra el Ministerio de Salud como ente rector de los actores del sistema de salud, y se controle la acción de las aseguradoras, dándoles énfasis central a los aspectos de promoción, prevención y salud pública. De otro lado, se debe seguir trabajando en la construcción y el posicionamiento social de un nuevo modelo de salud de carácter público, universal, equitativo y gratuito, camino fundamental para lograr que en Colombia se garantice efectivamente el derecho a la salud para todos.
Por MAURICIO TORRES T.
Miembro del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social
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