El derecho humano al agua se abre paso. La Asamblea General de la ONU lo declaró como tal mediante resolución aprobada el pasado 28 de julio, por 122 votos a favor, 41 abstenciones y ningún voto en contra. El hecho sorprendió a los propios promotores de la iniciativa, pues hace poco más de un año, en el V Foro Mundial del Agua, la inclusión de tal derecho en la declaración oficial sólo obtuvo el apoyo de 26 países. Si bien ese Foro no constituye un escenario oficial de Naciones Unidas sino un evento organizado por el denominado Consejo Mundial del Agua, muy influido por las transnacionales que mercantilizan el vital líquido, se esperaría que los gobiernos tuvieran la misma posición. Surge entonces la pregunta: ¿A qué obedece tal cambio? ¿Será definitivo o transitorio?
Significativo e importante avance
Aunque los Estados opositores a la consagración del derecho mantienen su postura, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Holanda, Gran Bretaña y Japón, la manifestaron en esta ocasión mediante la abstención, en la simbología diplomática indica distanciamiento o desacuerdo. Sin embargo, los 122 votos a favor pueden indicar que el derecho en mención gana terreno. Por ello, se justifica la alborozada reacción de la canadiense Maude Barlow y la norteamericana Wennona Hauter1, defensoras de esta causa, quienes calificaron la decisión como “asombrosa y sorpresiva victoria para la justicia por el agua”.
Dos circunstancias pudieron haber influido, sin embargo, en que la oposición no haya sido tan fuerte: el carácter no vinculante de la declaración y la no inclusión del espinoso asunto de la privatización del preciado líquido. Este punto, como se sabe, es el que más controversia despierta, pues afecta los intereses de las transnacionales dedicadas al jugoso negocio del suministro del agua, que incluye desde el control y el manejo de los sistemas de acueducto hasta la venta de agua embotellada, que era considerado hace algunos años por altos funcionarios del Banco Mundial como uno de los más rentables.
Lo anterior no minimiza la trascendencia de la Declaración, que constituye indudablemente un decisivo avance en la lucha, pues los partidarios de la privatización y la mercantilización del vital líquido habían planteado la consideración del acceso al mismo como “necesidad básica”, contraponiéndola a la noción de derecho humano. Escindían así dos conceptos complementarios para abrirle paso a la satisfacción de la necesidad mediante el mercado, es decir, convirtiendo el acceso al agua en algo por lo cual debe pagarse, y justificando de paso la privatización total o parcial de las infraestructuras de acueducto construidas y mantenidas con dineros públicos en todo el mundo.
La nueva victoria se suma a otras trascendentales, como el regreso del acueducto de París a manos públicas, concretada en enero de este año, y el retroceso de las transnacionales que mercantilizan el agua en América Latina, iniciado con la “guerra del agua” en Cochabamba, de la cual se cumplieron 10 años en el pasado abril y del cual forma parte muy importante el referendo realizado en Uruguay a comienzos de la década, que llevó a la consagración de este derecho en la Carta Política de aquel país.
Derecho autónomo
Otro aspecto que la Declaración adoptada por la Asamblea ONU deja claro es que el derecho humano al agua no está consagrado de manera explícita e independiente en la actual normatividad internacional. Así lo enfatizó el embajador boliviano ante la ONU, Pablo Solón, en su intervención ante la Asamblea, cuando señaló: “Sin embargo, el ‘derecho humano al agua’ ha seguido sin ser reconocido plenamente aunque existen claras referencias en varios instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Y añadió: “El agua potable y el saneamiento no son solamente elementos o componentes principales de otros derechos como ‘el derecho a un nivel de vida adecuado’. El derecho al agua potable y al saneamiento son derechos independientes, que, como tales, deben ser reconocidos”.
¿Está al alcance el objetivo de Desarrollo del Milenio?
Tanto los considerandos de la Declaración como la presentación del Embajador de Bolivia se hacen eco de la cifra de 884 millones de personas sin agua potable en la actualidad.
La cifra proviene del documento denominado “Progresos en materia de saneamiento y agua potable – Informe de actualización 2010”, dado a conocer por la Organización.
Mundial de la Salud (OMS) en marzo del presente año, en Ginebra. De esta manera, los excluidos del preciado líquido habrían disminuido en 216 millones en un año, ya que a principios de 2009 se calculaban en 1.100 millones. El asunto tiene importancia, pues tal disminución haría posible cumplir, e incluso superar, el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), que se propone disminuir a la mitad el número de excluidos para el 2015.
El optimismo se desdibuja, sin embargo, cuando se constata que cada tres segundos muere un niño por carencia de agua potable, como lo denunció el embajador boliviano. Además, la metodología
utilizada por la OMS no contabiliza la cantidad de personas excluidas del servicio por no poder pagar las altas tarifas de los países donde se ha privatizado y mercantilizado el agua. Tal el caso de Colombia, donde, sólo en Bogotá, el promedio de suspensiones en los últimos tres años asciende a 300.000 usuarios, es decir, familias. En consecuencia, se impone una revisión de las cifras y las metodologías utilizadas para su cálculo.
Privatización, mercantilización y acceso al agua
Lo anterior también convoca a continuar el debate sobre el efecto de las privatizaciones y los esquemas mercantilistas de suministro del agua. Cada vez es menos cierto que la intervención del capital privado, en su gran mayoría transnacional, o el manejo empresarial de los acueductos, esté contribuyendo a mejorar el acceso de la población al agua potable. Por el contrario, ello supone un excelente negocio para las empresas públicas, privadas o mixtas, como pudo constatarse en el caso colombiano mediante los estudios que se hicieron para sustentar la propuesta del referendo por el derecho humano al agua2. Los intereses que giran en torno al negocio se oponen tanto al derecho humano al agua como a una gestión pública, comunitaria, participativa y transparente de este bien común esencial. Sin embargo, algunos think tank al servicio de las transnacionales pudieran estar considerando acoger el derecho humano al agua sin sacrificar el negocio. Esto, no obstante, no empaña el avance consistente en comenzar a obligarlos a reconocer tal derecho.
Repercusiones para Colombia
La Declaración tendrá igualmente una importante repercusión en el movimiento por el derecho humano al agua en Colombia, que confluye en el Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. Si bien el Congreso colombiano negó el referendo en mayo pasado, el movimiento sigue vivo y se dispone a dar nuevas batallas, de las que no se excluye la obtención de firmas adicionales que completen el 10 por ciento del censo electoral para hacer obligatorio el referendo u otros mecanismos de presión si lo anterior no resulta legalmente posible. De otro lado, tanto los considerandos como la parte resolutiva de la Declaración son un mentís para el discurso con el cual el gobierno de Uribe y los parlamentarios que lo apoyan se opusieron al referendo.
Los meses que siguen serán una prueba de fuego para la vitalidad del movimiento por el agua en Colombia, y también para el nuevo gobierno, que supuestamente ha anunciado su interés por el tema, no obstante las declaraciones adversas al referendo proferidas por Santos durante la campaña electoral.
Lo anterior servirá igualmente para verificar si Colombia sigue siendo la excepción en América Latina, ahora que Bolivia3 ha tomado el liderazgo en este tema, y en el del cambio climático, secundada por Uruguay, Venezuela, República Dominicana, Ecuador y Cuba.
1. Tanto Maude Barlow, autora de El oro azul, como Wenonna Hauter, directora de Food and Water Watches, visitaron Bogotá durante la campaña de recolección de firmas del referendo por el agua y manifestaron su apoyo a esta iniciativa en numerosas oportunidades.
2. Véase el libro Colombia: ¿un futuro sin agua?, editado por Ecofondo, el Foro Nacional Ambiental y Desde Abajo en 2007, y Dos millones de firmas por el agua, editado por Ecofondo en 2009.
3. Bolivia realizó en abril la Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático y se muestra muy activa hacia la próxima Cumbre sobre el tema, que se realizará en Cancún (México) a finales del presente año.
Por Rafael Colmenares
Vocero del Comité promotor del Referendo
por el Derecho Humano al Agua en Colombia.
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