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Entrevista a Iván Cepeda Castro: “En los cementerios del ‘plan Colombia’, hay más de 15 mil personas sepultadas sin identificar”

Iván Cepeda Castro ha convertido su curul en el Congreso de la República en un punto ejemplar de lo que significa la labor consagrada, honesta y valerosa de la izquierda en espacios institucionales. A finales del año pasado, entregó un informe transparente de su trabajo incesante en el Parlamento. Como nuevo vocero de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, ha asumido el desafío de alentar la anhelada paz genuina –para la cual hay nuevas aunque pequeñas luces– en un país brutalmente herido por el conflicto y agotado por la guerra.

El sentido de su labor en la hora actual de la nación queda resumido en el manejo dado a los dineros que le fueron entregados por las sentencias de la Corte Interamericana y de la justicia colombiana en el caso Manuel Cepeda: los destinó íntegramente a la creación de un Centro de Memoria y Documentación dedicado al exterminio de la Unión Patriótica, que no dependerá de ningún organismo estatal sino que será un Centro de las Víctimas, donde la voz la tendrán éstas y no la academia o la institucionalidad. En vísperas del V Encuentro del Movimiento Nacional de Víctimas, celebrado el pasado 6 de marzo, entrevistamos a Iván Cepeda Castro sobre estos y otros temas.

Héctor Arenas: ¿Podría afirmarse que las políticas del nuevo gobierno implican cambios en la agenda de los movimientos sociales?
Iván Cepeda: Las luchas de los movimientos sociales siguen siendo las mismas, no han cambiado con el nuevo gobierno. La agenda del movimiento social tiene las mismas líneas estratégicas. Obviamente, en un nuevo contexto: el de un gobierno que profundiza el modelo neoliberal, limita estrictamente las libertades políticas y los derechos, y continúa el proceso de destrucción de la Constitución de 1991, destrucción que aboca con nuevos bríos, aprobando o tramitando celéricamente reformas de trascendencia significativa; de hecho, en menos de seis meses este gobierno se propone aprobar un conjunto de reformas del Estado de signo muy negativo: neutralizar o acabar con los mecanismos de exigencias de derechos conquistados arduamente.

Las reformas, que ya están prácticamente aprobadas en el Congreso Nacional, demuelen los procedimientos y los espacios de protección de los derechos ciudadanos, logrados con la Constitución de 1991. Tal es el caso de la iniciativa de elevar a principio constitucional la sostenibilidad fiscal. Y también la de convertir el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto Nacional, los Decretos de Emergencia Social, en herramientas para avanzar en esa remodelación que deja prácticamente inservible la Constitución de 1991.

H.A: Entonces, ¿todos los cambios del nuevo gobierno son adversos para los movimientos sociales?
I.C: No. Hay proyectos de ley y anuncios gubernamentales que tienen al parecer una cara más benigna: Ley de víctimas, proceso de restitución de tierras, nueva política con nuestros vecinos Venezuela y Ecuador, y la afirmación de que un proceso de paz es posible en Colombia, proyectos que en este momento están en pleno debate público: ¿Qué va a pasar con las víctimas y su reparación? ¿Habrá o no un proceso de restitución de tierras? ¿Con qué alcance? ¿Se podrá avanzar o no en el proceso de paz en Colombia? Todos estos son puntos esenciales en la agenda del movimiento social. Nuestra labor consiste en ampliar y profundizar las posibilidades y avances en estas materias.

H.A: ¿Y con relación a las diferencias entre el nuevo gobierno y el régimen uribista?
I.C: Hay contradicciones manifiestas entre el gobierno de Santos y el bloque de poder anterior, un poder caracterizado por vínculos orgánicos con estructuras criminales, paramilitares, mafiosas. Es necesario entender estas contradicciones, sopesarlas e integrarlas a la dinámica política. Estas contradicciones no sólo tienen que ver con la disputa por los espacios de poder sino que, además, el esquema que ha propuesto el gobierno de Santos de una nación moderna y próspera riñe con ese legado de actuaciones criminales y expandida corrupción que Uribe deja tras de sí.

H.A: Teniendo en cuenta las señales enviadas por el gobierno y las guerrillas, y los celéricos y vastos cambios en el entorno regional y global, ¿podremos dejar atrás un pasado traumático de intentos infructuosos por alcanzar la paz y poner en marcha una dinámica irrefrenable que nos conduzca a sembrar y ampliar la paz en la vida cotidiana?
I.C: Hay que analizar cuidadosamente qué elementos nuevos hay en el panorama nacional e internacional. El gobierno de Santos continúa con la política de la ‘seguridad democrática’. Continúan los vínculos con la política y el complejo militar de los Estados Unidos. El acento predominante de su política es la guerra. Pero también es necesario comprender que en ese discurso hay elementos nuevos, por ejemplo, un sutil reconocimiento del conflicto armado interno, que había intentado ser borrado por el discurso anterior, más consonante con la lógica del post-11 de septiembre de 2001. Sin ese reconocimiento del conflicto, es muy difícil hablar de paz.

También es necesario considerar que hay una ligera reducción del presupuesto militar de Estados Unidos hacia Colombia, del ‘plan Colombia’ y el cese de la pretensión de construir las siete bases militares en el territorio de Colombia. No digo que se borre la pretensión de intervenir o que se debilite sino que hay otros acentos internacionales.

El presidente Santos quiere que Colombia se ubique entre las llamadas “economías emergentes”. Pero este ingreso plantea exigencias: Colombia no puede entrar allí con un conflicto de 60 años, con un desplazamiento forzado de la magnitud del existente, con una inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra.
Todos estos factores pudieran converger para un nuevo enfoque del conflicto armado en Colombia. Cada día se reiteran los hechos que demuestran la imposibilidad de resolver el conflicto por la vía militar.

Es posible, y es lo que hay que incentivar, que el tema de la paz vuelva a ser un tema de discusión pública.

H.A: ¿Qué puede decirnos sobre la grave crisis del PDA?
I.C: La construcción de una alternativa desde la izquierda en Colombia ha sido un proceso con muchas dificultades, la mayor de ellas hacerle frente al proceso de exterminio, de persecución, de descrédito intencional. La izquierda colombiana ha tenido que resurgir de sus cenizas. Después de 100 años de vida republicana, logró llegar a un partido unificado hace apenas seis años.

Es necesario contemplar este recorrido como un proceso histórico y no perder la serenidad ni la paciencia. La izquierda no sólo alcanzó la unidad; igualmente llegó a gobernar la Alcaldía de Bogotá, la segunda instancia de poder político en Colombia.

En este punto: en la dificultad de la izquierda para construirse como opción de gobierno, no se puede desconocer la campaña de difamación adelantada por los medios masivos de comunicación, la labor ofensiva de las agencias de seguridad de Estado y el asesinato político, que se ha ejercido sobre el PDA.

Pero también es necesario reconocer que hay sectores del PDA que reproducen el mismo tipo de política practicado tradicionalmente en Colombia. En esas circunstancias, hay que tener el valor civil, la entereza ética y la firmeza necesaria para señalar esos problemas. Y al mismo tiempo deslindar esos señalamientos de concierto de voces que hay en la arena política intentando destruir el PDA.
No debemos tenerle miedo a la verdad y la franqueza, y a ser coherentes con nuestras convicciones. No podemos excusarnos en el hecho de que hay una persecución para no ver los problemas.

H.A: ¿Qué ha significado hasta ahora esta experiencia en escenario legislativo?
I.C: Como PDA, somos una bancada minoritaria. Hemos tratado de optimizar al máximo las posibilidades que brinda este campo de acción. Realizamos, por ejemplo, con la senadora Gloria Inés Gutiérrez, un debate sobre miles de cuerpos de personas no identificadas en cementerios del sur del país: los cementerios del ‘plan Colombia’, en los cuales están enterradas más dos mil de personas. El Ejército dice que son cuerpos de guerrilleros, de personas muertas en combate. Hemos mostrado que una realidad no está clara: hay más de 15 mil personas sepultadas sin identificar, y muchas de ellas pueden ser las víctimas de la desaparición forzada. Una consecuencia de ese debate es que el Ministerio del Interior y de Justicia tuvo que suscribir un convenio con Medicina Legal y la Registraduría General de la Nación para cotejar las miles de tarjetas decadodactilares que hay de los ciudadanos en la Registraduría, con más de 30 mil fichas de necrodactilia, de huellas dactilares que se les han tomado a personas antes de haber sido sepultadas en esos cementerios. Seguramente, a la vuelta de algunos meses tendremos la información de la identidad de un número considerable de personas enterradas en esos cementerios, y probablemente un porcentaje significativo correspondan a víctimas de la desaparición forzada.

H.A: ¿Y con relación a la Ley de Tierras?
I.C: Hemos avanzando en hacer un control político sobre lo que el Gobierno llama “restitución de tierras”. Ese debate se convirtió en una oportunidad para hacer un seguimiento a casos concretos de despojo, de desentrañar los mecanismos que ha tenido el arrasamiento de comunidades campesinas, indígenas y afro colombianas.

H.A: Todavía ignoramos los hilos del pasado reciente que explican nuestro presente. Hay una deuda de memoria esclarecedora con un pueblo que le ha hecho frente a un Estado que llegó a ser crecientemente capturado por una maquinaria criminal. Sin duda alguna, el Movimiento Nacional de Víctimas realiza hazañas sin precedentes en la valerosa tarea de preservar la memoria y la verdad soslayada por los medios masivos de comunicación, y evitar la impunidad absoluta. ¿En qué va este proceso de memoria debida a nuestro pueblo?
I.C: Es un esfuerzo de todos los días en el que hemos logrado avances que pueden marcar un giro en la concepción y la comprensión de nuestra historia. Pero son avances que hay que profundizar. Hoy día, por ejemplo, ya no es un tabú hablar de crímenes de Estado. La Ley de Víctimas, si todo sale como esperamos, reconocerá que hay víctimas de agentes estatales. Ahora, la discusión no es si esos crímenes existen sino cuál es su naturaleza. ¿Son crímenes que se produjeron episódicamente, en forma atomizada y por diversas circunstancias? ¿O se trata de una criminalidad de Estado? ¿Crímenes contra la humanidad ejecutados desde aparatos y con patrones sistemáticos bajo un designio de exterminio? Precisamos una reinterpretación de ese pasado desde las víctimas.

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