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Bogotá. El alcalde Samuel Moreno inhabilitado, ¿y el Polo?

El Ministerio Público abrió investigación contra el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y decidió suspenderlo durante tres meses en el desempeño de sus funciones el pasado martes 3 de mayo por “[…] presuntas omisiones en ejecución de obras, falta de estudios de la Fase III de Transmilenio, y atrasos e incumplimientos en las mismas”. La decisión, que cayó como un baldado de agua fría en muchos sectores de la capital de Colombia, se esperaba como un hecho desde hace varias semanas. La reciente detención del hermano del Alcalde, investigado por la Corte Suprema de Justicia, alentaba esta sospecha.

En un país inundado y con pasmo por una cascada de denuncias por corrupción, las cuales dejan el amargo sabor de que la mafia se tomó la estructura estatal misma, sorprende la celeridad y la acuciosidad con la que el Procurador General de la Nación falló sobre el caso Bogotá. No sobra advertir que el país está ad portas de un nuevo ejercicio electoral para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y ediles por todo el país, lo cual deja al PDA –la oposición nacional– en las peores condiciones para enfrentar tal coyuntura.

La medida es consecuencia de la denunciada corrupción que afecta a la ciudad, producto del desfalco que de sus finanzas hizo el protegido grupo Nule Amín, por lo cual varias e importantes obras de ingeniería de desarrollo urbano están paralizadas o con notorio atraso, propiciando la multiplicación de la congestión vehicular, la potenciación de la contaminación ambiental, los sobrecostos en obras y la extendida sensación entre sus habitantes de incapacidad administrativa al frente de su Alcaldía.

Al tiempo que se conocía la decisión de la Procuraduría, y en una medida relámpago que sorprendió a propios y extraños, que dejó en la opinión pública el amargo sabor de que la decisión de la Procuraduría se conocía con anterioridad en la Casa de Nariño, el presidente Santos encargó del rumbo de la ciudad a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, otrora y por 10 años presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, el gremio que representa a los mayores emporios con asiento en la ciudad.

El Procurador amparó su decisión como el espacio necesario para “facilitar el acopio del material probatorio en la Alcaldía Mayor al que hay lugar en el propósito de emitir la providencia disciplinaria”. Según el fallo, el Ministerio Público no descarta la acusación contra el Alcalde de la ciudad, al cual considera como responsable de la asignación del contrato de la fase III de Transmilenio, cuyo beneficiario fue el grupo Nule.

Además de factores de incapacidad, inconsecuencia política y otros factores, que pueden legitimar las decisiones tomadas por los entes de control, a la hora del fallo emitido el 3 de mayo pesa la lucha por el control de la ciudad, y la existencia –con capacidad de oposición– del mismo PDA, que, como se sabe, no aceptó la invitación del actual gobierno para integrar el acuerdo de ‘unidad nacional’ propuesto por Santos.

El hecho recuerda con toda intensidad que la lucha por el control del Estado en sus diversas esferas es intensa y permanente. Que, por tanto, una organización de izquierda la enfrenta desde la claridad y la educación que haga día a día con la sociedad y para ella en su conjunto, movilizándola como metodología fundamental a la hora de defender lo que es de todos.

Porque no se debe olvidar que, siempre, esa lucha por el control del Estado ha sido guiada históricamente en Colombia por la búsqueda del lucro particular, y que salvo las consideraciones confesionales de la extrema derecha, los pactos, la repartija burocrática y, con ella, la del tesoro nacional, han sido materia de permanente acuerdo entre las élites. Por ello, extraña el desperdicio que han significado para la consolidación de una verdadera opción en el país las dos administraciones del Polo en la ciudad capital, pues, más allá de la responsabilidad individual de los dos últimos burgomaestres, lo cierto es que no se marcó una ruptura con la forma tradicional de gobernar.

La imposición del “acá quien manda soy yo”, tanto de Garzón como de Moreno, develó que en buena parte de sectores de la llamada izquierda no es un ideario sino la figuración lo que mueve a muchos de sus dirigentes. Se entiende que en un país en guerra se quiera matizar el discurso de quienes no quieren ser confundidos con los alzados en armas, pero de ahí a mimetizarse hasta el punto de confundirse con los antagonistas media una gran distancia.

Respuesta del Alcalde

Según Moreno, “durante su administración no se adjudicó ese contrato y fue Lucho Garzón, bajo su gobierno, el encargado de otorgarla”. Y precisó: “El Procurador me imputa cargos que no están comprendidos dentro de mis funciones como Alcalde…”. El funcionario criticó de igual manera al Procurador por sólo tener “en cuenta el artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, pero no las disposiciones siguientes, como el artículo 58, que establece que “las juntas directivas no intervendrán en la tramitación ni en la adjudicación de los contratos” y que “los representantes legales de las entidades serán responsables de la tramitación, adjudicación y ejecución de los contratos”. Y amplió: “Es importante señalar que el IDU es un establecimiento público que tiene personería jurídica, y autonomía administrativa y presupuestal.

La contratación en el Distrito Capital se realiza de manera autónoma por las entidades y organismos distritales, sin que el Alcalde Mayor tenga participación dentro del trámite de los procesos contractuales que adelantan aquéllas”. Samuel Moreno Rojas enfatizó en declaraciones entregadas ante todos los medios de comunicación del país que “no es hora de hablar de renuncias. Fui electo por cerca de un millón de bogotanas y bogotanos, y es mi deber cumplir hasta el último momento la voluntad de quienes me eligieron”.

La voz del Polo Democrático Alternativo (PDA)

Con la presión desde hace varios meses en disputas internas para quitarle el apoyo al burgomaestre bogotano, negativa que generó una profunda división, su partido, el PDA, se pronunció sobre el particular: “En las actuales circunstancias, el Comité Ejecutivo Nacional del PDA le reitera al doctor Samuel Moreno la necesidad de presentar la renuncia a su cargo, asumiendo las responsabilidades políticas y legales que le correspondan”.

Esta decisión, tan acariciada por algunos sectores en el interior del propio partido polista, negada por su Ejecutivo Nacional en su momento, con argumentos jurídicos más no políticos, llega demasiado tarde, acarreando inmensos costos para la imagen de la izquierda colombiana. Así las cosas, sancionado por incompetencia, investigado por omisión, sin el apoyo de su partido, Samuel Moreno se apresta a recurrir a la justicia en demanda de la revisión de su caso.

Mientras tanto, el Comité Ejecutivo del PDA había declarado su confianza en “que el señor presidente de la república, al designar el reemplazo del Alcalde Mayor, actúe conforme a dichas normas que señalan que debe recaer en una persona del mismo partido”. Para facilitar este procedimiento el PDA debía proceder con una terna. Durante una larga semana se vivió un intenso debate en su interior, al final de lo cual hubo humo blanco.

La conformación de la terna y la demanda de ésta por integrantes del Polo mismo demuestra, una vez más, esa característica curiosa de nuestra izquierda: pareciera complacerse en hacer política luchando más contra quienes son afines que contra sus contradictores, en un ejercicio de canibalismo político que trasluce personalismos, vanidades individuales y figuraciones mezquinas que muestran lo lejos que estamos de centrarnos en una verdadera dinámica de cambio. Y eso es válido para quienes se han ubicado en las dos orillas, pues, salvo la búsqueda de candidatos y las acusaciones mutuas, poco se ha señalado sobre las lecciones que debemos extraer de los impases.

¿Se han discutido, acaso, las forma de comprometer a los elegidos en el cumplimiento de un programa y la sujeción a la disciplina del partido? Porque es necesario recordar que tanto Garzón como Moreno actuaron como ruedas sueltas. ¿Cómo hacer política sin depender de figurones? Porque se debe recordar que el Polo sigue girando alrededor de ‘personalidades’, que ha sido la forma clásica como nos desenvolvemos políticamente desde cuando, en la etapa de la Patria Boba, nos dividimos en pateadores y carracos.

Entre tanto, y como extensión de la disputa interna que vive el Polo, varios sectores pidieron la renuncia de su dirección y la convocatoria de un Congreso extraordinario que señale una nueva conducción para la colectividad.

A la sombra

El escándalo por corrupción se desató en Bogotá desde hace más de un año, pero tomó más fuerza desde septiembre pasado, cuando varios militantes, ahora ex militantes del PDA –más otros que se conservan como miembros activos de la colectividad amarilla– presentaron denuncia por corrupción a partir de sobrecostos en grandes contratos de ingeniería civil. La capital del país, con aprobación de importantes obras para abrir nuevas rutas para el sistema de transporte masivo, estaba en el centro de las denuncias.

Pasados esos meses, y tras la intervención de varios órganos de investigación y control, hoy están en la cárcel y/o bajo investigación por este caso el senador –hermano del alcalde de la ciudad– Iván Moreno; la ex directora del Instituto de Desarrollo Urbano, Liliana Pardo Gaona; el ex subdirector técnico del IDU, Inocencio Meléndez, y el destituido contralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Russi.

De igual manera, presos están los principales sindicados del desfalco al erario, el protegido clan Nule (los hermanos Manuel y Miguel, y su primo Guido Nule, así como su socio Mauricio Galofre, acusados de los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, cohecho y peculado), favorecido con más de un centenar de contratos de obras civiles por todo el país, y con varios billones de pesos derrochados o guardados a buen amparo, algunos de ellos invertidos en la financiación de campañas políticas o puestos al servicio de políticos tradicionales a través del pago de sus viajes en aviones privados, fiestas y juegos con rifas de vehículos último modelo, y otras excentricidades que sólo se les conocían a los sectores ligados al tráfico de estupefacientes.

Momento crítico y clave

La situación que sobrelleva el PDA es la más dura en sus recientes cinco años de constitución. A prueba está su fortaleza interna, hasta ahora solamente activa para causas electorales. Con la investigación y los golpes dados por la Procuraduría, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, así queden exonerados de todo cargo los militantes ahora presos o sancionados, lo que se cuestiona desde hace varios años entre los colectivos de activistas polistas es la gestión pública de un partido que gobierna de espaldas a la participación social, ajena a nuevos métodos y estilos de liderazgo político que pongan al frente de los destinos de su ciudad a los siempre negados, rompiendo de esta manera un modelo y un proyecto urbanos al servicio del capital. Las voces de esa militancia de base nunca fueron escuchadas.

Como si se tratara de un ejercicio de equilibrio dirigido por un partido cualquiera, se concretó en Bogotá un acuerdo de gobernabilidad con todos los partidos tradicionales, que en la práctica se hicieron con el control de la mayor parte de la burocracia de la ciudad, amarrando el plan de gobierno e impidiendo que la ciudadanía ganara protagonismo y liderazgo.

Así, y contrario a un enunciado de izquierda, el burgomaestre desarrolló un mandato que no tomó en cuenta el ideario de su propio partido, de lo cual da cuenta, por ejemplo, la aprobación de la venta del principal bien de la ciudad: la ETB. Pero también, un plan de gobierno que no rompió con el modelo de ciudad heredado ni confrontó el neoliberalismo imperante en el país y en su ciudad capital (de lo cual hacen parte las legitimadas coimas) y muchos menos sentó en el conjunto bogotano una idea diferente respecto a los ideales de la izquierda y su forma de gobierno: con los negados de siempre y para los negados de siempre.

Por tanto, el PDA tiene ante sí el reto de reencontrarse con su proyecto original, consultando a sus bases sobre el quehacer cotidiano; abriendo espacios de participación, discusión y decisión colectivos; encauzando hacia la ciudadanía –como metodología de formación política– la lucha de aparatos que se vive en su interior y extendiendo su acción, en lo fundamental hacia el enraizamiento de un proyecto de gobierno y poder que se niegue a seguir administrando los intereses de ciudad defendidos por los grupos económicos que han manejado la urbe desde siempre.


Recuadro

Un silencio que dice más que mil palabras

La decisión de alejar, a través de una sanción maniquea, al alcalde de Bogotá de sus funciones electoralmente designadas, y con él al PDA, de un tercer mandato en la ciudad capital de Colombia, deja mucho qué pensar.

A la hora de la decisión oficial, meditada, con aval del alto gobierno, con claro sentido político, se produce un profundo silencio en la ciudad. Por ninguna parte –ni desde los barrios del sur, mucho menos desde el norte, pero tampoco desde el oriente ni desde el occidente– se levanta ni desprende movilización masiva alguna, de pueblo dolido por la decisión del Procurador. Protesta que pudiera reflejar ante el país el efecto de dos períodos de gobierno de ‘izquierda’, de ocho años de gobierno alternativo al frente de la ciudad, y por tanto, de la decisión popular y del propio PDA de llevar la confrontación Procurador-Alcaldía-Gobierno nacional a la calle, al terreno natural donde se tienen que dar las disputas políticas.

El silencio, elocuente, enseña: el PDA –siempre se ha dicho– es un aparato electoral y como tal no construyó con los millones de habitantes de Bogotá un relacionamiento social con vocación de gobierno y poder. El silencio y la confianza en las instituciones y procedimientos oficiales –legalistas– lo reafirma: se han perdido ocho años de administración de una ciudad para un proyecto ajeno a los más sentidos intereses populares.

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