Destapando la olla del sancocho uribista (Corrupción I). Así, en Colombia nos volvimos una cleptocracia*

Los ocho años de Uribe Vélez pasarán a la historia por sus numerosos escándalos, superando la característica corrupción de los mandatarios colombianos. La corrupción es vieja como la humanidad. En este sentido, el primer acto documentado se remonta al antiguo Egipto. Así lo registra un papiro datado durante el reino de Ramsés IX (1142-1123 a.n.e.). Un funcionario del faraón, en asocio con los profanadores de tumbas, hacía la vista gorda con esos robos y obtenía suculentas ganancias. Con respecto a Colombia, y remontando a la Colonia, Luis Eduardo Fajardo revela que “buena parte de las naciones en desarrollo heredaron sus sistemas legales de las antiguas potencias coloniales. […] Los países colonizados por España tienen en promedio sistemas más corruptos y con menos protección de los inversionistas que los colonizados por otras potencias europeas, como Inglaterra”. Cuando la corrupción se torna sistémica, el gobierno se vuelve muy ineficiente y las políticas para estimular el progreso económico fracasan”.

Durante los dos mandatos de un Estado neocolonial, nepótico y de “familismo y amiguismo amoral”1 como fueron los de Uribe, más que nunca el sistema político y el poder económico se fusionaron y se aliaron para garantizar sus prebendas. Como Maquiavelo analizó hace ya seis siglos, “la corrupción es una amenaza contra la libertad, virtud sin la cual ningún pueblo puede construir su grandeza”. Para él, la corrupción inevitablemente se produce cuando el poder de los ricos se une al poder de los gobernantes. O viceversa.

Obviamente, la administración Uribe no inventó la corrupción en Colombia. Pero, con el terreno abonado por los precedentes gobiernos, la llevó y la consolidó al rango de “corrupción institucionalizada”. Cuando la corrupción se torna en recurrente, puede ser considerada como una verdadera ‘institución’, así como un modo de institucionalización del Estado mismo. Cuando alcanza este tamaño, no se reduce al simple irrespeto de las normas públicas sino que se les impone de hecho a los actores como una norma apremiante o un ‘cruce’ ‘obligado’. Y así surge el embrión de una cleptocracia, término de la antigua Grecia para definir los gobiernos ejercidos por delincuentes.

Un gobierno que roba y saquea a su propio país. Que asciende la corrupción a la categoría de sistema político y de forma para el manejo del Estado. Un país que cae en la llamada “depravación política2”. Y, a la luz de los escándalos políticos y financieros que estallan en una cadencia cada vez mayor, Colombia tiene o se asemeja a este perfil.

Un perverso legado

Acerca del estado del sistema judicial en la Nueva Granada, el ya citado Fajardo encontró en las Relaciones de Mando los detallados informes que los gobernantes coloniales le rendían al Rey al final de su gestión, y que son de aterradora actualidad: “En su informe a Madrid en 1729, el Mariscal de Campo Antonio Manso, presidente de la Audiencia de Santafé, se quejaba de la tendencia de los Oidores a emparentarse con familias locales, por lo que sugería la necesidad de una frecuente rotación de éstos a fin de garantizar la integridad de la justicia. Afirmaba, además, que la mediocre administración judicial era una de las causas de la pobreza en el Virreinato, y terminaba advirtiendo que, si sus vasallos no podían obtener justicia de las autoridades coloniales, sobrevendría una ‘ruina fatal’ sobre el reino”.

Por su parte, en 1789, el virrey Cartagena se quejó también y pedía “encontrar recursos para garantizar que las oficinas judiciales no fueran ocupadas por sujetos que sólo esperaban tomar ventaja de cualquier situación que les rindiera ganancias personales”. Además, “eran frecuentes las acusaciones acerca de conflictos de interés y de mezcla de actividades públicas y privadas”.

Fajardo se interroga: ¿Por qué se conformó la sociedad neogranadina con un sistema legal tan deficiente? Y la respuesta la encuentra en que las instituciones legales modernas en Europa surgieron a medida que la economía abandonó su estructura tradicional para volverse más comercial, impersonal, cosmopolita y capitalista, que requería normas legales más eficientes y transparentes. Sin embargo, la Nueva Granada, por el contrario, no necesitaba mucho de tales avances legales, pues su economía en general pertenecía a esquemas precapitalistas. Es más, si la acumulación de riqueza en el Virreinato provenía frecuentemente de los favores y las dádivas otorgados por la administración a sus amigos, había incentivos entre los grupos dominantes para continuar con un ambiguo y corrupto sistema legal, pues así se facilitaría la manipulación y el desconocimiento de los derechos de propiedad privada por parte de las autoridades, en provecho de sus aliados poderosos en la sociedad colonial.

Los historiadores del período colonial parecen tener una opinión casi unánime acerca del grado de ineficiencia y corrupción de las cortes españolas en América. “Se esperaba que el servicio colonial, armado con amplios poderes discrecionales, trabajara de cerca con los intereses locales para fortalecer el status quo, manipulando los códigos legales coloniales. Para la élite, la ley se convirtió en una norma que se honraba rompiéndola. Para los pobres, la ley era arbitraria y extraña, y por lo tanto no poseía fuerza moral”.

Contrabando y peculado. La República continuó con el legado…

Con la República se conformó el poder de las élites criollas que buscaron adueñarse de las posiciones en la burocracia judicial de la Colonia, como una manera de capturar rentas, que, unidas a los funcionarios estatales, se dedicaron a ejercer y propiciar actividades contrarias a las de hacienda pública como el contrabando y el peculado, entre otros.

En el estudio sobre La corrupción en la administración pública, los autores enfatizan en que “la política centralista aplicada por España en América durante el período colonial, tuvo grandes consecuencias. Una fue la de crear un poder político sobrepuesto al interés social y comunitario. España generó un tipo de Estado significativamente injusto que en medida de su evolución, rebasó cualquier límite socialmente tolerable; allí radica, en parte, el origen de los movimientos independentistas; también el grado de ilegitimidad alcanzado por el Estado y el consecuente distanciamiento que mantuvo con el ciudadano […] así muchos vicios de la administración se convirtieron en modus vivendi, en actitudes y conductas arraigadas en la sociedad”.

Simón Bolívar, en diciembre de 1826, le escribió al general Urdaneta, refiriéndose a Colombia, en los siguientes términos: “En este país está prohibido el comercio ilícito, y sus habitantes no son más que contrabandistas, y los empleados del tesoro, bodegueros”.

Casi dos siglos después de esta ‘sentencia’ de Bolívar y justo al inicio celebratorio del bicentenario de nuestra vida republicana, este lapso parecería suficiente por haber roto con los valores y las prácticas perversas del orden colonial. Suficiente por haber roto con este legado de corrupción colonial, con el clientelismo, el familismo, etcétera. Suficiente por haber construido nuestros propios fundamentos republicanos. Pero nuestras élites no cambiaron y no supimos cambiarlas: se reprodujeron y se perpetuaron. Siguen llevando las riendas del país en forma arcaica, sistémica e institucionalizada.

La economía colombiana, caracterizada históricamente por la interacción entre rent-seekers privados (“grupos de presión” que obtienen ganancias fuera del mercado, por su posición ante el Estado –Nule y Cía.–) y el Estado clientelista, en una relación de mutua conveniencia y connivencia con un sistema legal débil y corrupto. Hasta hoy, es una relación que viene desde la Colonia, potenciada durante los últimos años por la simbiosis terratenientes, narcotraficantes, paramilitares, y el favor y el espacio brindados por la oligarquía criolla.

De la “corrupción sistémica”

La corrupción es definida como sistémica cuando su frecuencia es tal que constituye la regla más que la excepción y se asocia de manera pertinente a la idea de “cultura de la corrupción”. En muchos países, la experiencia muestra que a menudo los líderes tienen dos caras: pueden apreciar y censurar los costos de la “corrupción sistémica”, pero también reconocer los beneficios personales y partidistas de un sistema corrupto. Cuando existe, aumenta el riesgo de los escándalos, la imagen de los corruptos y los corruptores tiene peligro de salpicarse, y es un problema en la era de la comunicación actual cuando la impunidad ya no esta garantizada.

Las consecuencias de la “corrupción sistémica” incluyen la desmoralización de ciudadanos y empresarios, la inestabilidad política, gobiernos que fracasan en proveer justicia y servicios, así como un sector privado que debe participar en un entorno de corrupción generalizada para sobrevivir. Cuando la corrupción se torna sistémica, la acción del gobierno se hace muy ineficiente, y fracasan las políticas para estimular el progreso económico. En el caso actual de Colombia, no hay que confundirse.

Pese a los índices de crecimiento económico debido a las privatizaciones, las enormes inversiones extranjeras y las exportaciones de ciertos sectores, no hay progreso económico para el conjunto, y a favor del interés y el bienestar público, sino un retroceso del poder de compra y un aumento de los índices de pobreza e indigencia. Cuando la corrupción es recurrente, puede ser considerada como verdadera ‘institución’ y puede así ser también vista como una forma de institucionalización del Estado.

De la “corrupción institucionalizada” del Estado

La “corrupción institucionalizada” no es tan solo sistémica; también es organizada y regulada. Este escalón de corrupción, una vez enquistado en los niveles estatales, se convierte en un modo de institucionalización del Estado. Aparece como una forma de disfuncionamiento de éste, que pronto constituye una “forma de su funcionamiento”. Primero, en su relación hacia las normas, y después en la utilización y la ‘instrumentalización’ del Estado a fin de erigir la corrupción. Esta modalidad del problema se organiza con base en redes ocultas que funcionan con el principio de la confianza y el constreñimiento, similar a la “delincuencia organizada”3.

Esa expresión, a la vez, está regulada por “códigos estabilizadores de corrupción” que dan la garantía de un ‘contrato de corrupción’, el cual, sin embargo, conlleva una doble incertidumbre: el “riesgo penal” en caso de traición y el “riesgo de incumplimiento del contrato”, que no cuenta con una garantía formal frente a la ley y tampoco frente al Estado. En contravía del contrato formal, el ‘contrato de corrupción’ no ofrece seguridad alguna.

Como se trata de un delito, siempre existe el riesgo de ser denunciado y puesto frente a la justicia. Sin embargo, tal riesgo se ve limitado porque cada parte puede denunciar a la otra (“te sujeto, me sujetas”). Pero, a más socios y mala coordinación, mayor es el riesgo de denuncia. Y en un país como Colombia, donde existe en el nuevo Código Penal un “sistema de rebaja de pena por confesión”, la primera denuncia puede provocar un efecto dominó: el primer socio detenido puede revelar y negociar informaciones, mientras que al último detenido le quedará muy poco para delatar y, por supuesto, obtener el beneficio de rebaja.

Por tanto, es imprescindible evitar que estalle el escándalo y así preservar la impunidad, para que la imagen de los corruptos no se salpique, y la opinión pública no se agite y decida elaborar y votar nuevas reformas anticorrupción. Pero la experiencia muestra que esto es difícil de eludir: al vivir y actuar en impunidad, gracias a la eficiencia de los mecanismos de institucionalización, los corruptos pierden el lazo con la realidad, y ‘tranquilos’ y ambiciosos devienen en imprudentes. ¡Es el peligro de una institucionalización de la corrupción demasiado exitosa!

Escándalo y ‘golpes políticos’. Cuando estalla el escándalo, muy a menudo provoca también un intercambio de golpes políticos. Los abogados de los corruptos destacan y orientan su defensa hacia la forma con la cual se reveló el escándalo, y enmascaran así el fondo mismo de las acusaciones. Entonces, los acusados niegan o minimizan su participación en un tono de gran sinceridad. Se muestran furiosos de las acusaciones que se les imputan, y con frecuencia denuncian ser “chivos expiatorios” que pagan por los demás.

En general, las sanciones llegan o intervienen sólo por razones de oportunismo político y/o porque la presión pública y mediática es tan fuerte que se hace necesario dar la sensación de actuar ‘con justicia’ ante el escándalo. Entonces sí, sacrificarán a unos chivos expiatorios para realzar la imagen del país, lo que provocará una ‘momentánea’ desorganización del sistema corrupto que rápido se recompondrá.

En el caso de que la defensa del acusado logre anular el juicio por vencimiento de términos o tecnicismos, o más y recurrentes artimañas, el acusado recobrará una imagen nueva y purificada equivalente a una no culpabilidad, como si nada hubiera pasado. Si más adelante es nombrado o reelegido en un puesto público o político, actuará como dueño de una aureola de inocencia. Pero si debió pagar condena, una vez que cumpla su pena estimará haber recibido una firma en blanco para arrancar una nueva carrera. ¡Borrón y cuenta nueva!

Esta institucionalizada corrupción del Estado tiende a desembocar en el estadio de la “corrupción de Estado”.

De la ‘corrupción del Estado’

Las prácticas ilícitas no se deben a la ignorancia de las normas sino a su manipulación con base en el dominio que los corruptos tienen de aquéllas. La existencia de un aparato normativo insuficiente o excesivo permite que se aproveche la ignorancia de los usuarios o de los demás en la sociedad. La meta corrupta es identificar y aprovechar las fallas y las contradicciones de la legislación para elaborar un mecanismo corrupto que tenga toda la apariencia de legalidad.

Cómo Uribe sacó provecho del terreno ya abonado. Los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez pasarán a la historia por sus numerosos escándalos, que superan la ya característica corrupción de los mandatarios colombianos.

En 2002, el periodista Jorge Mario Eastman escribió en El Tiempo: “Afortunadamente las mayorías nacionales –y muchos de sus contradictores en las elecciones de mayo– han señalado al nuevo mandatario como el líder de una gran rectificación histórica destinada a estructurar un Estado democrático pero fuerte, moderno, transparente y con profundo acento social”. En aquellos días, el nuevo Presidente anunció nuevas medidas: gestión por resultados, nuevo sistema de compras y adquisiciones públicas, mejoramiento del control interno, simplificación de trámites, Gobierno en línea y selección de servidores públicos por meritocracia, mejoramiento de la administración pública y ‘guerra a la corrupción’.

Dos mandatos más tarde, el Estado colombiano está aún más desviado política y estructuralmente: al padecer la “refundación paramilitar de la patria”, en vez de haberse abierto paso la cacareada ‘transparencia’ del Presidente, estamos más hundidos en la corrupción estatal e institucionalizada; el acento social tiene sabor a mayor pobreza; el poder ejecutivo casi devoró las ramas legislativa y judicial en su afán caníbal y autocrático; nombraron a funcionarios diplomáticos por razones políticas (incluyendo al ex director del DAS, el ex presidente de Fenalco, y el ex ministro de Agricultura de Uribe Andrés Felipe Arias –en la Embajada de Colombia en Italia–, hoy investigado en la Fiscalía por los fraudes cometidos bajo su Ministerio en el programa Agro Ingreso Seguro); de 37 mil funcionarios que investiga la Procuraduría, el 70 por ciento es por motivos de corrupción. Y los escándalos de corrupción siguen estallando como petardos en Nochebuena.

Aunque Álvaro Uribe se presentaba con una imagen de gerente eficiente y transparente, su papel pareció más el de un patrón de hacienda, en que, pese a los semanales consejos comunales, nunca rindió cuenta de sus reales manejos del poder y de la plata pública.

En materia de corrupción, la administración Uribe se caracterizó no sólo por ser una práctica generalizada sino además porque hoy se le asimila a una ‘institucionalización’ dentro del Estado, acompañada por un “familismo y amiguismo” sinvergüenza, con soporte en una descarada lealtad partidista.

Si la Colonia dejó a la corrupción como legado, la República la perpetuó, y Álvaro Uribe inició y trató de llevarla al nivel de cleptocracia.

De la corrupción y las transnacionales

Para las transnacionales, el soborno les permite obtener contratos (en especial de obras públicas y equipamiento militar) o concesiones que de otra manera no obtuvieran, o con términos más favorables. Para tal fin, con frecuencia aquéllas pagan agentes locales, quienes obtienen alrededor de 10 por ciento si el contrato pasa. Así distorsionan el proceso de toma de decisiones para favorecer proyectos que benefician a unos pocos y no a muchos. También aumentan la deuda, benefician a las compañías y no al país, atropellan procesos democráticos locales, perjudican el ambiente, eluden las leyes. Espacios, mecanismos, apoyo político, legislación permisiva, todo ello potenciado con el neoliberalismo en pleno proceso de apropiación de los principales bienes públicos por unas cuantas empresas y familias. El Estado privatizado, es decir, la corrupción en su máxima expresión.¡Cómo no, sin corruptos no hay corrupción!

Como ya vimos, la ‘cultura de la corrupción’ en Colombia viene de un legado colonial, posteriormente perpetuado, sistematizado e institucionalizado por las élites que poco o nunca se preocuparon del interés y el bienestar públicos.

La acción corruptora de las transnacionales sólo fue posible porque el Estado colombiano ya funcionaba con un sistema corrupto, aunque muchos de nosotros neguemos esta realidad y tratemos de autoeximirnos de responsabilidad, culpando siempre al otro, en particular al foráneo, o sea, la Colonia española y ahora a las transnacionales. Como dicen los adagios, “donde la escoba no pasa, el polvo no desaparece por sí mismo”, y “no hay más ciego que el que no quiere ver”. Si el monstruo corruptor viniera de afuera, no enfrentáramos escándalos tan ‘criollos’ como EPS, AIS, Nule, DNE, Supernotariado, etcétera. Nombrarlos a todos nos obligaría a la redacción de otro capítulo en este artículo.

La corrupción también somos nosotros

¿Quién de nosotros nunca ha pagado un soborno? A un policía, a un funcionario, a un tramitador, a un empleado. No es el monto del soborno lo que hace al corrupto sino la violación de una norma moral y ética. Entonces, se puede decir que la corrupción tiene raíces y es una desviación generalizada en Colombia.

Esta afirmación, si bien pudiera parecer una representación de un nuevo y contemporáneo cambio de norma comportamental, en su percepción es errónea porque ya en la Colonia había testimonios relativos a una ‘cultura’ de la corrupción: “Después de la independencia –ya se observaba–, el grado de prestigio social del cual gozaba aquel individuo enriquecido indebidamente con los dineros públicos. Era el espíritu general predominante en la mentalidad de las personas. El peculado, la adulteración, la falsificación y el engaño, eran delitos bastante extendidos”.

En sociología se considera una desviación cualquier acto o comportamiento, aunque sea simplemente verbal, de una persona o un grupo que viole las normas de una colectividad, y consecuentemente conlleve algún tipo de sanción. Más allá del legado corrupto de la Colonia, que en forma autónoma, libre y soberana perpetuamos hasta hoy, cabe analizar otras condiciones culturales del fenómeno: la existencia de una amplia tolerancia social hacia el goce de privilegios privados permite que prevalezca una moralidad del lucro privado sobre la moralidad cívica. Y la existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales, que saben que “la ley no cuenta para ellos”, fomenta la corrupción y la tolerancia social.

En algunos casos latinoamericanos, ciertas manifestaciones de corrupción son explicables por la escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una solidaridad amplia, fundada en el bienestar común. Hace dos años, en el Día Internacional contra la Corrupción, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló que “los Estados serán juzgados a partir de ahora por las medidas que adopten para luchar contra la corrupción y no sólo por las promesas que hagan”. Y hace unos días, al ser sancionada la última de tantas leyes anticorrupción, el presidente Santos declaró que “el fenómeno de la corrupción es como un cuerpo que se ha venido deteriorando y al que se le han venido tapando las venas y está a punto de tener un infarto. Lo que estamos haciendo es limpiar esas venas”. Amanecerá y veremos.

Guste o no, en Colombia tenemos dos fenómenos de desviación: la del Estado y la de la mayoría de la población que la práctica y la tolera, sin rebelarse contra la del Estado. De seguir así, Colombia nunca saldrá de su pesadilla corrupta y del dominio de las mayorías por unas cuantas familias que adminisstran el Estado como si se tratara de un bien particular. ¿Dependerá de nosotros mismos no caer más en el abismo de una cleptocracia?

Ahí está la tarea a dedicar por todos, compromiso de erradicar
esta gangrena/
Para empezar a construir un país al servicio del interés
y el bienestar público/
Un país justo, equitativo, ético y con un pueblo y opinión que no dejen que se manoseen sus principios republicanos y democráticos que cuentan con manos honradas y con callos que laboran, y con memoria y héroes/

¿Qué es la corrupción?

Etimología

La palabra “corrupción”, etimológicamente viene del latín corruptus, que significa descomposición, podredumbre o desintegración; igualmente se identifica como el proceso degenerativo de las normas y de los valores que se establecen en la sociedad.

Definición según Transparencia Colombia
Abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular y en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones.

Mal uso del poder: Un poder encomendado, es decir, puede estar en el sector público o privado. Un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios personales para quien haga mal uso del poder sino que puede incluir a miembros de su familia o amigos.

Características de las formas de corrupción

Corrupción directa. Aquella en que ocurre un aprovechamiento directo de su función, por parte del funcionario público, el privado o el individuo particular, para obtener un beneficio: abuso de poder; apropiación de bienes privados o públicos; enriquecimiento ilícito; extorsión; favoritismo y nepotismo.
Corrupción mediada. En estas acciones, el beneficio particular proviene de un tercero: aceptación de ventajas indebidas; tráfico de influencias; soborno; clientelismo político; malas prácticas electorales.
Aprovechamiento de procedimientos. En este grupo de categorías, el acto corrupto consiste en el aprovechamiento de falencias en el sistema de procedimientos en que se halla inserto el individuo: manejo indebido de bienes o fondos públicos y/o privados; manejo indebido y ocultamiento de información; negociación incompatible; manejos indebidos de los procedimientos públicos; lavado de dinero.
Nepotismo. Modalidad de corrupción política consistente en designar para cargos públicos a miembros de la familia.

¿Cuáles son los impactos de la corrupción?

1. Político. Deslegitima el sistema político y los fundamentos democráticos, reduce la credibilidad de la acción política, desvirtúa la representatividad parlamentaria, reduce la confianza ciudadana.
2. Administrativo. Desgasta las capacidades financieras de las administraciones.
3. Jurídico. Pone en peligro la supremacía de la ley, fragiliza la legitimidad de los contratos y actos jurídicos y legales, fomenta la ley a mano propia como recurso sustitutivo.
4. Económico. Se distorsionan los incentivos económicos; los mejores negocios no dependen de la competitividad de las empresas sino de su capacidad de influir en los responsables de tomar decisiones sobre las contrataciones. Se afecta así la eficiencia de la economía de mercado.
5. Social. Segrega y desanima a los honestos; acentúa las diferencias sociales, las injusticias y los conflictos de naturaleza social; se percibe el gobierno (las autoridades en su globalidad) como un opresor, un predador, más que como un facilitador; se descuidan y se abandonan los servicios de educación, salud y sociales, resultando principalmente marginalizados las mujeres y los niños. “Los ciudadanos no acuden a las urnas porque no creen en su institucionalidad y porque perciben que quien ejerce la función pública actúa en muchas oportunidades privilegiando el interés particular” (El Espectador, 12 de mayo de 2011).

Los factores que facilitan la corrupción

•  Políticos. Nepotismo, clientelismo, lealtad partidista.
• Administrativos. Falta de control administrativo, ausencia de un perfil claro en la selección del funcionariado, falta de la “cultura de servicio”.
• Jurídicos. Carencias de la legislación e ineficacia del sistema judicial.
• Económicos. Ideología neoliberal que promueve una visión de lo público alejada de la clásica noción de “bien común” y una concepción mercantil del servicio público, la lealtad partidista.
• Sociales. La sociedad no fomenta la cultura de servicio ni las actitudes exigidas para su desempeño sino que potencia el anhelo de poder y poseer; descuido de las áreas sociales y humanísticas.
• Internacionales. Se refieren a la influencia de las transnacionales.

Corrupt-adagios