La política de corrupción perdura en la administración pública. Robo seguro al agro

 

Muchos carecen de la noción de memoria. Hoy se trata a la administración de Santos como si fuera totalmente diferente de los dos períodos del cuestionado mandatario Álvaro Uribe Vélez, como si Juan Manuel no hubiera sido su Ministro de Defensa y que si obtuvo la presidencia fue por el apoyo de su amigo. Pero en esta administración difícilmente borrarán los grandes escándalos que vinculan al gobierno en las chuzadas, su vinculación con la mafia y el paramilitarismo, y los tan sonados casos de corrupción.
 

 

En la disputa desencadenada dentro de los sectores dominantes se quiere que el actual gobierno aparezca como impoluto. Pero hay que enfatizar que no es mérito del presidente Santos que las investigaciones avancen, y que el poder judicial inicie procesos contra empresas, familias y funcionarios implicados por buscar beneficios para sí mismos y para el sector privado mediante la manipulación de la política pública. La justicia, como en otros períodos de la historia nacional, tiene sus destellos, y en esta ocasión se resiste a la total apropiación del aparato estatal por parte de un grupo o sector social mafioso, poniéndole un significativo escollo a la consolidación de la cleptocracia como característica fundamental del Estado criollo. En esa reacción de la justicia, lo ideal fuera que reaccionara contra la implementación de la política neoliberal, defendiendo los pocos bienes públicos que todavía no se apropian los grandes grupos particulares, que con la excusa de ineficiencia del Estado se hacen a los grandes recursos de lo público para beneficio privado.

 

Desde hace unas décadas, la corrupción en el Estado ha tenido un carácter mafioso, adquirido en la manera de gobernar con el paramilitarismo y el narcotráfico. El desvío de los dineros públicos hacia ámbitos particulares y como fuente de finanzas para soportar la guerra, es evidente. El tradicional clientelismo enfatiza ahora en la vinculación de personas en la administración pública con la misión de amarrar negocios definidos en épocas electorales.

 

 

Es éste un caso paradigmático de la corrupción en Colombia, al cual los medios no le dan tanto bombo como al caso Nule con Samuel. Este programa del Ministerio de Agricultura lo presentó el ahora acusado Andrés Felipe Arias, uribito, con la idea de “reducir la desigualdad del campo”, y a la vez promover la productividad y la competitividad en aras de preparar al sector agropecuario para la entrada del TLC.

 

En verdad, en el caso del AIS, los entes de control encargados de investigar concluyeron que desde el comienzo estuvo plagado de fallas como el incumplimiento de requisitos legales, destinando muchos de los subsidios no a pequeños campesinos y víctimas del conflicto sino a grandes familias de hacendados que tradicionalmente potencian el latifundio en el país, fundando empresas agrícolas que no generan empleo intensivo, o realizando una forma de explotación laboral temporal. Así se entregaron más de 72.500 millones de pesos en 2010 con el programa Riego y Drenaje en regiones como Magdalena, Valle, Meta y La Guajira.

 

Dentro de las numerosas irregularidades se incluyen contrataciones a dedo y no por licitación, sin estudios de necesidad y conveniencia de las propuestas, y sin pliegos de condiciones para los contratos. No hubo publicidad en los convenios e incluso se permitió ejecutar contratos antes de haberse firmado. Los hechos salpican al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), entidad adscrita a la OEA que la Fiscalía encuentra implicada por la ausencia de planeación en los convenios firmados entre 2007 y 2009, sin garantías en el momento de su ejecución. En síntesis, este proyecto, sin reglas claras sobre los beneficiados del programa a que se dirigían, buscaba en la práctica que los únicos capaces de cumplir los requisitos fueran grandes propietarios. Se puede cotejar que detrás de la maniobra clientelista estaba la pretensión de amasar miles de millones, parte de los cuales después estarían destinados a financiar la campaña reeleccionista de Uribe III. Y, claro, dejar la estructura agraria intacta, prologando la desigualdad y la pobreza.

 

 

Juan Manuel, hijo de la familia Dávila, como comisionista de la bolsa logró beneficiar a sus parientes e incluso a su ex novia Valerie Domínguez, Señorita Colombia 2005, que los medios presentan para obviar todo el panorama. La estrategia de los Dávila fue dividir dos fincas, Campo Grande y La Faena, en Algarrobo (Magdalena), en varias parcelas, facilitando de ese modo el acceso a múltiples subsidios, llegando a recaudar cerca de 2.200 millones de pesos y así seguir cultivando palma y banano. No sobra decir que el grupo Daabon, propiedad de esta familia, aportó económicamente a las campañas presidenciales de Álvaro Uribe, y algunos de sus miembros hicieron parte del comité de promotores del referendo reeleccionista.

 

Otra de las ‘honorables’ familias son los Lacouture, también aportantes a las campañas de Uribe y uno de cuyos integrantes es el ex congresista Luis Eduardo Vives Lacouture, vinculado a la parapolítica. Los nexos directos con el gobierno no acabaron allí, pues María Claudia fue beneficiada como parte de la cabeza del programa Colombia es Pasión. Esta familia samaria logró con AIS más de 5.000 millones de pesos.

 

Una familia más del podrido ramillete fueron los Vives, cuyos esposos Victoria Eugenia y Alfredo Luis se embolsaron cerca de 765 millones de pesos en el municipio de Pueblo Viejo, donde se registra una población de 3.000 personas en situación de desplazamiento según cifras de AIS. Para colmo, sus hijos José Francisco e Inés Margarita Vives no quisieron devolver el dinero porque, según ellos, no habían cometido irregularidad alguna, por lo cual se libró orden de captura en contra suya por peculado y falsedad en documento.

 

El círculo de implicados se extiende a familiares y amigos cercanos de la administración Uribe, como María Mercedes Sardi de Holguín, prima del ex ministro Carlos Holguín, que accedió a un subsidio de 200 millones de pesos. Y el senador Alirio Villamizar, implicado también por el escándalo de las notarías y quien logró beneficiar a su hijo con 496 millones de pesos. Además, entre los beneficiados está el narcotraficante Ismael Augusto Pantoja Carrillo, alias “El Negro”, que en enero de 2008 recibió 500 millones de pesos y hoy está extraditado en una penitenciaría de Nueva Jersey. 

 

Por estos escándalos hay actualmente más de 50 personas investigadas, aunque se señala que cerca de 72.000 millones de pesos siguen sin ser investigados. ¿Cómo es posible que se pasen por alto estos hechos mientras miles de familias campesinas –quienes nos alimentan– viven en la ruina o padecen desplazamiento por el conflicto armado o por la improvisación en obras y construcciones que ante la prolongada ola invernal evidenciaron su fragilidad?

 

A pesar de los evidentes delitos contra el erario, el actual ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ha expresado que el cuestionado programa debe continuar. Sin embargo, la incómoda fama que adquirió el nombre hizo que a comienzos de año se reformulara el programa para darle paso a Desarrollo Rural con Equidad, que sigue con el mismo discurso. El propio Ministro reconoce que se debe beneficiar al gran sector agropecuario empresarial porque hay que seguir preparándolo para la entrada del TLC. Para 2011 se espera contar con un presupuesto de 500.000 millones de pesos, a fin de beneficiar especialmente a los cultivadores de maíz y al sector de lácteos. 

 

Ahora no sabemos qué es peor: si el TLC, que arrollará al pequeño campesino que nos alimenta, o estos programas, que con un discurso demagógico siguen reproduciendo la lógica de beneficiar a los grandes terratenientes. Lo cierto es que no habrá cárcel para tanta gente.