El control es mínimo con la transnacional Fenosa. Encarece tarifas sin descontar el aumento de productividad

Más del 70 por ciento de la región caribe sufre un apagón diario. A partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, en horarios que van desde media, dos, cuatro, cinco, siete y hasta ocho horas –con perjuicio de la población rural y la pobre de “vulnerabilidad manifiesta” de las ciudades capitales de la región– Gas Natural Fenosa y sus filiales Electricaribe y Energía social de la costa suspenden el fluido eléctrico de manera masiva, continua y deliberada. Aduce un pretexto: labores de mantenimiento. Por eso, los alcaldes de varias ciudades de la costa Atlántica hicieron una denuncia que tuvo magros resultados. Electricaribe debía presentar y detallar a más tardar el 15 de julio un plan de choque para mejorar el servicio.

Todas las semanas, Gas Natural Fenosa gasta una millonaria suma para publicar las zonas que no tendrán, sin discriminar si las reparaciones son preventivas o correctivas. Allá, a diario, explotan transformadores, caen redes, baja la potencia suministrada, se queman electrodomésticos por el apagón y las oscilaciones continuas de voltaje, se presentan eventos no programados de mantenimiento y, en ocasiones, se electrocutan personas. Todo, frente a la mirada indiferente de los gobernantes, los organismos de fiscalización de la inversión pública y el Ministerio Público encargado de defender los derechos de las comunidades.

Aun cuando el régimen tarifario colombiano se debe orientar con los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia; y sin control, por vía de las tarifas, Fenosa les traslada a los usuarios los costos ineficientes del servicio de energía eléctrica. Hoy, cuando hace crisis la operación de la prestación del servicio, ante la pésima calidad de la potencia suministrada y la calidad del servicio en gran parte de la región, Electricaribe abusa de su posición dominante. Determina la tarifa por el régimen de “libertad regulada”, con un alto costo de $330.oo KWH promedio en lo que va del año.

Las fórmulas tarifarias deben contener los costos y los aumentos de productividad esperados que se deben distribuir entre la empresa y los usuarios. Estas fórmulas no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente*. Al trasladarles, mediante la tarifa, los costos de una gestión ineficiente a sus usuarios(as) discrimina dándoles el mismo tratamiento tarifario a los usuarios de las zonas rurales, con características de prestación del servicio peores que las de los centros urbanos: mayores suspensiones por racionamientos, por mantenimiento y eventos no programados, y por racionamientos deliberados que hace la empresa por no ser un sector rentable. Además, aprovecha su negligencia no instalando medidores en estas zonas, para sobrefacturar el servicio a través de la figura del consumo estimado, con el mismo costo aplicado a usuarios de las ciudades capitales (ver cuadro Comportamiento del costo).

Igual situación se padece con la Empresa Energía Social de la Costa. Sin una adecuada infraestructura, como señala la norma, al crear “zonas subnormales” de prestación del servicio, viola los criterios mencionados. Más grave todavía: duplica el valor del componente de comercialización de la fórmula tarifaria respecto al valor del mismo que factura Electricaribe. El hecho es evidente en el cuadro comparativo de 2009, año en que mayores fueron los aumentos de este costo por parte de Energisocial. ¡¿Premio?!… que le otorgó la CREG al admitir un Factor de Riesgo de Cartera (FRC) que solicitó para su mercado de comercialización, en 2006.

Es evidente que los componentes afectados con mayor valor en el costo unitario de ambas empresas son los de generación, distribución y comercialización, coincidencia en que son las actividades realizadas por empresas filiales de Unión Fenosa/Gas Natural Fenosa en el país.

A partir de conocer el “costo unitario” de prestación del servicio de energía eléctrica, en los distintos componentes de la fórmula tarifaria nos damos cuenta del alto costo que se cubre en la región caribe, con la complacencia de los gobiernos de este país, que con su famosa estrategia de confianza inversionista y seguridad jurídica sirven todo en bandeja al capital privado, sin exigir la inversión en la expansión y ampliación de cobertura –en detrimento del patrimonio público económico de la nación. Además, les reconoce grandes sumas de dinero en subsidios, para su provecho les construye redes y subestaciones, y les permite el saqueo de los bolsillos de los trabajadores con la complacencia de los entes de control en general.

*    Siempre, las tarifas deben reflejar el nivel y la estructura de los costos económicos por el servicio, así como su demanda. Un criterio de neutralidad define que cada consumidor tendrá el derecho a tener el mismo tratamiento tarifario que cualquiera otro si las características de los costos que ocasiona a las empresas de servicios públicos son iguales. No obstante, en la región caribe tales criterios se desatienden.

Cuadro 1
Comportamiento del costo unitario por el servicio de energía eléctrica
(Cálculo y facturación por Electricaribe. Diciembre 2005/2010 y junio 2011)
Valores expresados en $kwh

G: Generación. T: Transmisión. PR%: Pérdidas. D: Distribución. R: Restricción.
C: Comercialización. CU: Costo Unitario de prestación del servicio de energía eléctrica.

Fuente: Facturación de Electricaribe.

Cuadro 2
Comparativo de costos unitarios facturado por Energía Social de la Costa
y Electricaribe en 2009. Valores expresados en $/kwh

G: Generación. T: Transmisión. PR%: Pérdidas. D: Distribución. R: Restricción.
C: Comercialización. CU: Costo Unitario de prestación del servicio de energía eléctrica.

Fuente: Facturación de las empresas.

Recuadro 1

Cuando el poder de los alcaldes no alcanza

El tardío pronunciamiento de los alcaldes de Montería, Barranquilla, Santa Marta y la Alcaldesa de Cartagena, sobre la ineficiente prestación del servicio domiciliario de energía, sólo produjo una reunión con el Ministerio del ramo, la Superservicios y la empresa Electricaribe, a manera de distractor propio de una coyuntura electoral, con soluciones cosméticas bajo el escudo de un ‘respeto’ supersticioso por la ley.

De la mano con los Alcaldes, tanto el Ministerio como la Superintendencia harán una interventoría permanente. Apenas llegaron a la flaca creación de una función interventora en los planes de choque exigidos a la transnacional. ¡Sólo una ‘interventoría’! Como si su función no fuera vigilar el cumplimiento de los indicadores y estándares de calidad y la potencia suministrada, e imponer a la empresa plazos concretos para corregir las deficiencias que haya.

Hasta ahora, las instancias de gobierno actúan con un alto grado de permisividad y favorecimiento con esta multinacional. Este proceder reafirma las denuncias que desde hace tiempo hacen los suscriptores y los usuarios. Asimismo, refleja la falta de control frente a esta transnacional con respecto al irrestricto cumplimiento de las normas reglamentarias y reguladoras de la prestación del servicio de energía eléctrica, como es el desconocimiento de las funciones de la Superintendencia para investigar a estas empresas, y sancionarlas o intervenirlas por incumplir con los sistemas de transmisión regional y distribución local.