Desde su primer día de posesión, el gobierno que encabeza Juan Manuel Santos se preocupa por marcar un estilo de diferenciación con el gobierno que le antecedió. La forma es manifiesta y de fácil apreciación. Hay un cambio. Pero en lo grueso, hay continuidad, la situación en derechos humanos así lo confirma: entre el 7 de agosto de 2010 y el 31 de diciembre de 2011 se registraron 204* casos de ejecuciones extrajudiciales por persecución política. Este es sólo uno de los signos.
Sin tierra para el sepulcro
Hay otros síntomas. En el campo, y las ciudades donde han llegado campesinos que reclaman sus derechos, no para la persecución. Un ‘botón’ doloroso: algunos líderes del proceso de restitución de tierras han sido asesinados sin haber logrado siquiera un terruño para que allí los sepultaran. La lucha por la tierra es una demanda histórica en Colombia, y muchas personas han sido asesinadas por este motivo. De acuerdo a Gustavo Noguera Domínguez (1), podemos determinar que luego de una investigación por departamentos, a partir de 2005 y hasta abril de 2011 se presentaron 70 asesinatos. Esta cifra es mayor actualmente porque los asesinatos se han mantenido. ¿Por qué la Ley de Víctima y Restitución de Tierras no creó los mecanismos espedictos para proteger a los demandantes? ¿Por qué el gobierno no protege de manera adecuada a las víctimas de la violencia oficial y paraestatal?
Como se conoce, esta Ley es cuestionada principalmente porque está liderada por una clase política que nunca ha generado confianza para este tipo de cambios, porque el poder real de los paramilitares y los terratenientes está intacto en los lugares adonde se supone que los campesinos pueden volver; porque no se dan las condiciones para que una población desplazada tenga las condiciones económicas, psicológicas, culturales y de apoyo a la economía campesina que le permitan reconstruir comunidad. Finalmente, porque la legalización de las tierras favorecerá en gran medida a grandes proyectos agroindustriales y Santos tiene en sus enemigos el mejor pretexto para decir que no es culpa de él que no se pueda hacer más por los campesinos.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) es uno de los mayores críticos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Como al momento de su trámite oficial no fueron tenidas en cuenta sus propuestas, se dio a la tarea de construir una propuesta de articulado que tampoco fue tenida en cuenta. Hoy, cuando se empiezan a escuchar con más fuerza voces sobre las inconsistencias de la ley, el movimiento se prepara para presentar una demanda del articulado ante la Corte Constitucional. Bajo las condiciones que está generando la actual ley, tampoco se ve que en este gobierno los derechos humanos mejoren.
Sólo el sindicato del comercial de tv
En el campo sindical, este gobierno tampoco demuestra compromisos con los cambios. El caso emblemático es liderado por la Unión Sindical Obrera (USO) en sus luchas libradas en Puerto Gaitán (Meta) frente a la empresa Pacific Rubiales Energy, además de otras luchas lideradas en diferentes lugares del país. El Gobierno, luego de aliarse con la empresa para no hacer cumplir los acuerdos, desplegó una campaña contra el sindicato, les abrió procesos administrativos y judiciales a algunos dirigentes sindicales y pretendió expulsar al presidente del sindicato.
En el contexto de las locomotoras minero-energéticas, los megaproyectos pendientes, los títulos mineros y el objetivo de producir un millón de barriles diarios configuran un panorama poco favorable para los trabajadores y las comunidades de las zonas de explotación minera. Según Rodolfo Vecino, presidente de la USO, “se van a presentar muchos conflictos con las comunidades porque los proyectos de las locomotoras no las tienen en cuenta y luego llegan al terreno como si estas no existieran; llegan a pasar por encima de ellas”. Parece que el único sindicato que está bien para el Gobierno es el que sólo existe en el comercial de televisión que fue hecho como consecuencia de las exigencias que puso Estados Unidos para firmar el TLC.
Más allá de los discursos del presidente Santos, según la ONG Human Rights Watch (HRW), Colombia continúa siendo el número uno en asesinatos de sindicalistas, con 175 en los últimos tres años, de los cuales muy pocos se han esclarecido. Un total de 51 sindicalistas fueron asesinados en 2008, 47 en 2009, 51 en 2010 y 26 entre enero y 15 de noviembre de 2011, según la Escuela Nacional Sindical (ENS).
Defender el derecho a defender
Desde 2008, cuando el presidente Uribe arreció sus señalamientos contra las ONG de derechos humanos y se destaparon las chuzadas del DAS a principios de 2009, surgió entre organizaciones de derechos humanos la necesidad de tomar medidas protectoras. Así, se lanzó en septiembre de 2009 la Campaña Nacional e Internacional “por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia”. Esta campaña se prolongó hasta diciembre de 2011 y contó con la ayuda de 292 organizaciones de 24 países.
Las diferentes acciones de la campaña estaban encaminadas a mejorar las condiciones en que los defensores realizan su labor: a ponerle fin a la judicialización sin fundamento de éstos, a los señalamientos y estigmatizaciones en contra suya, al mal uso de la inteligencia estatal y la impunidad, así como a lograr mejoras estructurales en los programas de protección a los defensores fueron los cinco ejes que abordó la campaña.
Entre los resultados propiciados por el trabajo de la campaña hay datos sobre homicidios y asesinatos contra defensores de derechos humanos que pueden ser un hilo conductor entre los dos gobiernos para ver que no hay cambios sustanciales entre uno y otro en este terreno.
Lo mismo pero diferente
A pesar de los esfuerzos de Santos por establecer diferencias frente a Uribe, éstas son principalmente de forma y no de contenido. Si Uribe construyó su discurso alrededor de las farc-ep como su enemigo interno, Santos lo hace con respecto a Uribe. Esta lógica política ha generado sorpresa, desencanto, confusión y muchas expectativas, a veces ingenuas, oportunistas o agridulces. En uno y otro gobierno, la sociedad sigue dependiendo por completo del ritmo y el discurso que ellos impongan, pues no están posicionadas otras propuestas de ser gobierno y ser poder.
Según el analista Héctor-León Moncayo, las recientes acusaciones contra las ONG de derechos humanos, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y Justicia y Paz, respecto a desvirtuar la masacre de Mapiripán y la recuperación de tierras en la finca Las Pavas, y la noticia de que las farc-ep poseen grandes extensiones de tierras producto del desalojo a campesinos, puede responder a una estrategia mediática o una coincidencia con efectos sobre la opinión con relación a sembrar dudas sobre las víctimas y los defensores de derechos humanos. Según otros analistas, también puede responder a la pretensión oficial de reconstruir la historia nacional, donde el Estado aparece como víctima.
Cualquiera sea la pretensión y la estrategia gubernamental, todos los indicios confirman que en derechos humanos hay continuidad entre el anterior y el presente gobierno, pero además, que el futuro en este campo para la sociedad colombiana es de más violencia, en este caso, sin tanta propaganda y más selectiva.
* Datos Cinep.
http://alainet.org/active/45942&lang=es. Tomado el 11 de febrero de 2012.
Cuadro 1
Fuente. Elaboración propia con base en Informes Anuales del SIADDH:
2009: http://clients.squareeye.net/uploads/coldef_esp/documents/agresiones.pdf;
2010: http://www.somosdefensores.org/attachments/ article/90/SIADDHH%20TOTAL%202010.pdf;
Informe Enero Junio de 2011: http://www.somosdefensores.org/attachments/article/88/+%20ALLA%20ESPA%C3%91OL_version%20web.pdf y datos suministrados por el SIADDH Julio-Sept de 2011.
Cuadro 2
Fuente. Con base en informes de la Dirección de DH Ministerio del Interior:
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Documents/Informe-DDHH-2010.pdf, y,
http://www.derechoshumanos.gov.co/, y, http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/Observatorio.aspx
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