Hace muchos años, treinta tal vez, cuando la Universidad INCCA de Bogotá todavía se proclamaba “socialista” y decía estar “construyendo el hombre nuevo”, su rector y dueño, don Jaime Quijano Caballero, decidió emprender una atroz campaña de depuración mediante un sistema que podríamos denominar del (n-1). Consistía sencillamente en que cada vez que un grupo de profesores y estudiantes de alguna de las innumerables corrientes de izquierda se atrevía a oponérsele, él reunía al resto del archipiélago en contra del grupo díscolo y así podía expulsarlo con toda tranquilidad revolucionaria. Luego venía otro, por ejemplo maoísta, y después otro, trotskista, y así sucesivamente. Finalmente se quedó absolutamente sólo con su Universidad, la misma que, después de su muerte, y ya sin etiquetas socialistas, se convertiría en lo que es hoy: una empresa privada dedicada al rentable servicio de la educación.
El sistema probablemente ya no era nuevo en ese entonces y se le puede reconocer todavía en otros ámbitos, pero la anécdota vuelve de inmediato a la mente con ocasión de los recientes acontecimientos en el PDA. Una mayoría endeble, por decir lo menos, en una reunión apresurada del Comité Ejecutivo cuya competencia para el efecto es discutible, decide, mediante juicio sumario, expulsar a los miembros del Partido Comunista. O más exactamente, y para recoger la minuciosidad normativa de la que ahora se enorgullece: considera el C.E. que la práctica los excluye de por sí a todos y cada uno. La acusación de “doble militancia” se comprueba en el hecho de que el citado Partido no sólo respalda la “Marcha Patriótica” sino que algunos de sus miembros aceptan participar en los organismos de dirección que ésta acaba de darse.
La sentencia ha de ejecutarse de inmediato y se prevé una eficacia aplastante. Los candidatos a delegados al próximo tercer Congreso, a realizarse a fines de noviembre, deberán acreditar su condición de afiliados mediante certificación de la Presidencia o la Secretaría, de acuerdo con la resolución 59 (que convoca a esta consulta interna para el 30 de septiembre) adoptada en la misma reunión del 9 de agosto. Cabe destacar que dicha resolución es reiterativa hasta la obsesión en la prohibición de la doble militancia. Exige, entre los requisitos para la inscripción como candidatos, una declaración juramentada de no pertenecer a otro partido o movimiento político. Como si fuera poco, en su artículo Segundo reitera que no podrá ser inscrito quien pertenezca a otro partido.
Constitucionalismo espurio
Puede ser que represente uno de los rasgos más peculiares de nuestra idiosincrasia colombiana, pero no deja de ser triste que para hacer política se necesite aquí ser abogado. La tristeza es aún mayor cuando se piensa que debería ser política, cuando menos, alternativa ya que nadie aspira a que sea revolucionaria.
En realidad, la prohibición de la doble militancia, de acuerdo con la Ley 1475 de 2011, que ahora se menciona en el Polo diez veces al día, tiene que ver con el principio democrático representativo en la medida en que se encamina a evitar que quienes ejercen cargos de elección popular defrauden la confianza de sus electores cambiando de partido. De ahí que quienes están utilizando este argumento para justificar la expulsión de todo un colectivo se refieran cuidadosamente a los “miembros” en tanto individuos. Y eso, asumiendo, en una laxa interpretación, que cada uno de ellos tiene la posibilidad de acceder a un cargo de representación aunque por el momento no lo tenga.
No obstante, el mayor dolor de cabeza para los promotores del juicio consistía en que incluso en los estatutos del Polo se venía hablando de organizaciones con personería jurídica, por ello echaron mano de la Sentencia c-490 de la Corte Constitucional –de la que también se habla todos los días– para argumentar que de ahora en adelante se aplicaría a grupos sin dicha personería ya que, en abstracto, también estarían habilitados para presentar candidatos. –Aunque supeditados a firmas, lo cual no se tiene en cuenta.– Como se comprenderá, esta ampliación de la interpretación era indispensable, toda vez que la Marcha Patriótica, como se sabe, no cuenta con personería jurídica. Lo curioso es que, en sentido estricto, de acuerdo con la Corte, este argumento serviría más bien para que los enjuiciaran por doble militancia, pero… en la Marcha!!!
La verdad es que la Corte no tenía porque referirse a partidos dentro de partidos como sucede en el PDA. Y esa es la singularidad que no puede desconocerse. Por eso los artífices de la maniobra tuvieron que buscar la forma de torcerle el pescuezo a la jurisprudencia. Gustavo Triana, en su diatriba contra los culpables ya condenados, recurre al sofisma de que la afiliación al Polo es individual y lo que tenemos es tendencias. El mismo, se firma, creo que por primera vez en la corta vida del Polo, y con cierta coquetería, como Secretario General de la “Tendencia” MOIR-PDA. Es una burla: todos sabemos que ellos al igual que el PC no son simples “tendencias”; han sido siempre verdaderos aparatos organizados que tienen su vida propia y sus propias opciones políticas, más allá de la existencia del Polo.
Y es que así nació en el 2002 el PD sin adjetivos, como coalición de Partidos. Y así ha continuado hasta nuestros días. También hay multitud de grupúsculos con idénticas pretensiones pero sin el músculo equivalente. Las demás son agrupaciones de clientelas electorales y, de resto, los miles y miles de individuos, esos sí, que no pasan de ser electores. Justamente ese ha sido el problema intrínseco del Polo el cual no se resolvió jamás. No pudo transformarse nunca en un Partido de tendencias en donde se hubieran podido establecer claramente las virtudes pero también los límites de éstas. Se impuso así una enorme iniquidad: nunca los afiliados de a pie tienen la posibilidad de competir con los aparatos y disputar la orientación del PDA. De ahí que lo que estemos presenciando sea un choque de dos trenes: descarrilado el Partido Comunista, en la periferia del poder real sólo queda la multitud de grupúsculos y afiliados individuales.
Es cuestión de política
No nos engañemos. Detrás de los artilugios jurídicos no hay otra cosa que una maniobra política. Contra toda sensatez. El Polo se encuentra en su peor crisis. ¿Qué sentido tiene examinar los comportamientos políticos de los militantes cuando no fueron capaces de erradicar a tiempo la corrupción de los clientelistas? ¿Qué sentido tiene ventilar las infidelidades del PC cuando no fueron capaces de exigirle cuentas a lucho y controlar a Samuel? El Polo está reducido a su mínima expresión y lo verdaderamente importante consiste en que son varios los proyectos políticos que tratan de llenar el vacío. Y no es un resultado de la escisión de los “progresistas” que si llegan a existir apenas le disputarán curules; la verdad es que de un tiempo para acá lo más significativo que ha ocurrido en Colombia es el surgimiento de varios y diversos movimientos social-políticos. La Minga indígena y luego social; el Congreso de los Pueblos; la Comosoc y otros regionales. Finalmente la Marcha Patriótica.
No es del caso analizarlos ni valorarlos, lo cierto es que era este fenómeno el que merecía respuesta. Pero, en cambio, a la capilla que se apodera del Polo lo único que se le ocurre es atacar el movimiento que le parece más peligroso. ¿Por qué razón? No será porque es un competidor en materia electoral pues si algo caracteriza a estos nuevos movimientos es su ninguna o escasa preocupación por los votos. La primera explicación tiene que ver con un fariseísmo que repugna. Si existe el rumor de que están infiltrados por las FARC lo mejor será alejarse todo lo que se pueda de ellos, no sea que “nos confundan”.
La segunda explicación es más respetable. Se esconde allí una divergencia fundamental en lo que se refiere a la paz, divergencia que no puede ser resuelta con la simple declaración de estar de acuerdo con la negociación política del conflicto armado. Tiene que ver con la posición que debería asumirse frente a la guerra librada por el Estado, “mientras llega la negociación”; tiene que ver también con el contenido de la posible negociación. Al parecer se ha llegado a un punto en que no es posible omitir estos aspectos en la definición de un proyecto político unitario. Pero si es respetable la divergencia, no lo es así el procedimiento para liquidarla. Mucho menos cuando lo que se condena es, hasta ahora, la cercanía a un movimiento del que apenas se sospecha la divergencia.
Es por esto último que se elude el debate político interno. Para el MOIR se trata de relaciones vitandas con “extraños” con los que ni siquiera se tienen conversaciones; Clara López, por su parte, no pasa de la pueril explicación de que los del PC “confunden”. Más les hubiera valido enfrentar y tratar de analizar la realidad de éste y los otros movimientos; no obstante, eso les hubiera significado poner en duda su reducción de la política a lo meramente electoral. Un suicidio.
Sorprendentes y lánguidas respuestas
Es tan cierto que los movimientos sociales y políticos se desenvuelven en un plano muy diferente al del Polo, que la mayoría de los militantes más activos de este último se niegan a aceptar su desaparición, persistiendo en la idea de que es lo único que tenemos. Reconocen la crisis pero buscan su salvación. Por eso, frente a los últimos acontecimientos, las respuestas no dejan de ser sorprendentes. El Representante Iván Cepeda, con una suavidad digna de tolerancias más útiles, se lamenta de lo sucedido y llama a rectificar en el próximo Congreso. Más duro, el PUP añade la denuncia de la manipulación de la convocatoria al Congreso pero se mantiene en la ilusión. “Polo al Sur” ofrece unas reflexiones sobre todas las “polémicas” decisiones del C.E. pero con la ventaja de que llama las cosas por su nombre: “se usurpan competencias y se desconoce el debido proceso” Manifiestan su rechazo y desacato a las decisiones, incluidas las de la convocatoria al Congreso y exigen su revocatoria.
En realidad lo que corresponde a la situación es una posición vertical y si se quiere de vehemente indignación. No es poca cosa lo que se ha hecho. Y aunque no faltan los que le enrostran al Partido Comunista su colaboracionismo anterior –“así paga el diablo a quien bien le sirve” – independientemente de nuestra calificación de ese partido, lo cierto es que se ha perpetrado un abuso de considerable magnitud que no puede permanecer impune. Cualquier otra actitud es apenas una lamentable lamentación.
En estas circunstancias el porvenir del PDA es incierto. El PC, como es lógico, desconoce las decisiones, pero se desgasta tratando de refutar la acusación de doble militancia. Insiste en que su cercanía con la Marcha “no es delito”. Al contrario, es coherente con su propuesta de construir un Frente Amplio. Según parece, más allá del Polo. Aspira, sin embargo, a rectificar el rumbo de este último.
Semejante declaración de buena voluntad no suena convincente. Es posible que sepa, igual que nosotros, que tal como están las cosas no se ven muchas posibilidades. Días antes se había intentado evitar la debacle con la misma buena voluntad. En un pronunciamiento “por la unidad” del 6 de agosto, el propio PC, varios congresistas y la miríada de grupos independientes (se dice, con sorna, que 23), declaraban no estar de acuerdo con las exclusiones e insistían en “el espíritu de realizar debates de forma democrática y que incluyan a todos los sectores”. El desenlace, tres días después, le asestó una brutal bofetada a tan buenas intenciones.
No faltarán las pruebas de supervivencia
En la anécdota que se relataba al principio es claro que la Universidad sobrevivió, sólo que en ella ya no había profesores protagonistas activos de una pretendida transformación social sino grises empleados que finalmente, y para defender sus salarios debieron organizar un sindicato. Y un partido político puede también sobrevivir en Colombia; el propio sistema le proporciona los mecanismos.
Sin duda, un eminente constitucionalista, como es el Dr. Carlos Gaviria, ya se debe haber dado cuenta que las reformas políticas que tanto han celebrado sus copartidarios, incluida la ley 1475, no han conducido en Colombia al fortalecimiento democrático del sistema de partidos como ellos dicen creer. Todo lo contrario: si algo atenta contra dicho sistema no es la “doble militancia” sino la trashumancia de los políticos. El juego de los “avales”. Un candidato a la gobernación del Valle lo decía sin sonrojarse: “como ya el partido de la U tenía el suyo, yo me puse a buscar quien me diera el aval y lo encontré”. El tráfico de los avales, por lo demás, garantiza la supervivencia del partido en cuestión. Pero no para la transformación social.
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