Mujer y derechos. Lo alcanzado a través de intensas luchas en todo el mundo por parte de las mujeres es descomunal. Una comparación entre la sociedad de hace 50 años y la actual daría para asombro: se rompe la familia tradicional, hay incorporación masiva de la mujer al trabajo, el sexo deja de ser obligación y se asume como placer, el cuerpo entra en la disputa de los derechos más simples y más sublimes, entre ellos al aborto. Sin embargo, amparados en concepciones cada vez más disociadas de la realidad, y arropados en parte del Estado y su maquinaria, sectores tradicionalistas quieren desconocer asuntos sustanciales para la mujer. La disputa es intensa, y hombres y mujeres deben sentirse incluidos –por su bien y futuro– en la pugna en curso, que no es sólo un asunto de mujeres.
Cada 28 de septiembre, diversas organizaciones y miles de mujeres se unen entorno a la campaña por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, creada en el marco del derecho a decidir para las mujeres y como una apuesta incluyente cuyo punto de partida es que las acciones por la despenalización del aborto no pretenden que toda mujer aborte –como lo muestran quienes están en contra– sino todo lo contrario: que todas tengamos la opción de decidir si las condiciones de vida nos permiten llevar a término un embarazo, y, más aún, si decidimos asumir la maternidad como una opción en nuestra vida.
Hablando de aborto en América Latina el panorama es muy similar. Ciertos gobiernos progresistas, o algunos de sus estamentos, han legislado a favor de la despenalización parcial o total, mientras los sectores conservadores –que representan grupos provida o antiderechos la mayoría de las veces– intentan por todos los medios boicotear la interrupción del embarazo como un derecho para las mujeres.
Este es el caso de Colombia. Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación a partir de enero de 2009, ha dedicado todos sus esfuerzos para, desde su cargo público, poner palos en la rueda de la Sentencia Constitucional C-355 de 2006 –y a las posteriores– a fin de generar confusión en la población en general y en los prestadores de los servicios de salud en particular.
Ordóñez ha sido un abanderado de los principios cristianos y el pensamiento conservador, y enemigo de la que él llama “ideología de género”, aduciendo que ésta atenta contra la estructura familiar y la identidad cristiana del país. Cito en extenso un apartado de su texto:
“Hace pocas horas la Corte Constitucional Colombiana despenalizó el aborto […] La declaratoria de inexequibilidad no es solamente un problema jurídico, es una pieza más dentro de un esquema muy bien diseñado para disolver culturalmente a nuestra nación y especialmente su identidad cristiana. Después vendrá por la misma vía judicial, el matrimonio homosexual, la adopción de hijos por tales parejas, la eutanasia, la eugenesia, la manipulación de embriones, el desmonte de la patria potestad, la despenalización de la pedofilia, en suma, la androginización de la cultura. No quiero ser profeta y ojalá me equivoque, pero si usted, amable lector, lee con detenimiento la información consignada en este opúsculo, conocerá que en este proceso estamos muy avanzados; no se trata de delirantes decisiones tomadas por accidentales mayorías del órgano judicial referido, como algunos erróneamente creen. Muchos otros estamentos del Estado están en ellos comprometidos […] Estamos frente al fundamentalismo libertario avalado por las decisiones judiciales […] Las decisiones judiciales que se profieran en el futuro sobre los temas anotados, nada tendrán que ver con la intangibilidad del ordenamiento constitucional. Ello hoy es parte de la arqueología, no del derecho constitucional. Desde luego que ese será el pretexto para obtener los propósitos mencionados. “Bienvenidos al futuro””1.
Este prólogo fue escrito por Ordóñez varios años antes de ser nombrado como Procurador y de ese corte han sido algunas de sus máximas durante su período como servidor público. Tales han sido sus acciones que en septiembre de este año la Corte Constitucional le obligó a rectificar algunas de sus actuaciones respecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), al igual que a dos de sus procuradoras delegadas, María Eugenia Carreño e Ilva Myriam Hoyos2.
Así, el 19 de septiembre Ordóñez, en declaración pública, “rectificó” lo dispuesto por la Corte. Dejo dicha rectificación entre comillas, dado que, además de cumplir la formalidad, el Procurador convirtió este escenario en una oportunidad para aclarar que nunca había faltado a la verdad, ratificar en sus cargos a las dos procuradoras delegadas, anunciar que presentaría ante la Sala Plena de la Corte Constitucional la nulidad que invalide la Sentencia T-627/12 por presentar graves deficiencias e inconsistencias en su contenido y corroborar que durante su permanencia en la Procuraduría seguirá defendiendo el derecho a la vida y la integridad de la familia.
Son múltiples las interpelaciones que a Ordóñez se han hecho públicas a través de los medios de comunicación, ante las cuales él y sus aliadas y aliados responden que son críticas donde se pretende juzgarlo como fundamentalista por sus creencias religiosas, mientras él sólo ha cumplido el ordenamiento jurídico y la Constitución.
Y es en este punto donde propongo que centremos la atención del debate frente a las acciones del Procurador, pues su argumentación va en concordancia con la arremetida conservadora en América Latina en contra del aborto, en que se enmascara la intención de anteponer los preceptos religiosos a la garantía de los derechos de las mujeres bajo el manto de estrategias jurídicas.
Como lo refiere Mauricio García Villegas en su columna en El Espectador, “éste no es un debate entre dos dogmatismos, el de ellos y el de nosotros; ni siquiera es un debate entre creyentes y ateos. Este es un debate entre quienes pretenden, desde los altos cargos del Estado, acomodar, a punta de engaños, la Constitución a sus creencias, y quienes creemos que todo funcionario debe acatar la Constitución o, en caso contrario, cuando sus convicciones se lo impidan, renunciar a su cargo y someter sus creencias al debate electoral”3.
Púlpito del Procurador
No es necesario ser el o la más experta de las juristas para dilucidar que la apuesta de Ordóñez es claramente la conservación de la tradición y la estructura familiar cristiana, lo cual es común al conservadurismo en Latinoamérica:
“Los grupos conservadores ligados a la derecha se han encargado de promover y reproducir discursos clásicos sobre la tradición familiar, muchas veces excluyentes con respecto a diferentes grupos sociales. Los conservadores se han opuesto directamente a la ampliación y la apertura de derechos sexuales y reproductivos en diferentes partes del mundo. Además de denunciar su consumo, han construido argumentos para evitar la promoción y difusión de métodos anticonceptivos (entre los que el Anticonceptivo Oral de Emergencia ha sido uno de lo puntos de discusión centrales en los últimos años). Del mismo modo, se han manifestado en contra de la despenalización del aborto y de la posibilidad de matrimonio entre individuos del mismo sexo”4.
Hasta hace unos años las mujeres y la cuestión de género no eran temas centrales en las preocupaciones de los grupos conservadores. “Los imaginarios sociales y los discursos normativos comunes daban por sentada habitualmente (habitus) la exclusión de las mujeres y otros grupos de género de los procesos políticos y de las estructuras de poder (formales y de la vida cotidiana)”5. Pero el crecimiento de los programas con enfoque de género y la difusión de las apuestas desde instituciones del Estado les han puesto en alerta, pues anteriormente no consideraron la acción colectiva de las mujeres como un enemigo poderoso.
Ordóñez explica el auge de la “ideología de género” –en el libro citado anteriormente– diciendo: “El Comité para la no discriminación de la mujer, integrado por 23 personas y creado por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, había manifestado desde el año 99 su preocupación por la ilegalidad del aborto en Colombia. Entidades a esta (sic), dispusieron de cuantiosos fondos provenientes de la Fundación Ford, de la Fundación Rockefeller y de la trilateral comisión que fueron destinados para financiar la campaña abortista muy bien orquestada en el país por numerosas ONG”6.
Si bien es cierto que la dominación a las mujeres por parte de la Iglesia y el conservadurismo no es un asunto nuevo, ni creado por Ordóñez, la batalla que él está dando desde la Procuraduría sí ha puesto sobre la mesa una discusión fundamental en Colombia respecto de la diferenciación del ámbito público de las creencias individuales –como parte de la esfera privada del ser humano–; de si este país es o no un Estado laico, es decir, si es un país que garantice las libertades individuales; de hasta dónde llega el poder de los funcionarios y funcionarias para poner trabas y crear barreras de acceso al derecho fundamental de las mujeres a interrumpir su embarazo7. Porque este elemento se convierte en una de las principales estrategias que en la cotidianidad pone a andar la cruzada antiaborto, pues, al no ser atendidas en el marco de las tres causales despenalizadas por la Sentencia c-355 de 20068, las mujeres se ven obligadas a acudir a prácticas de aborto clandestinas o llevar a término embarazos que lesionan mucho más su salud física, mental y social.
Así que la apuesta por la despenalización del aborto9 es la intención colectiva de movilizarse frente a una de las imposiciones que más aportan a la desigualdad social para las mujeres al ponernos en riesgo de morir, de enfermar, al someternos a un embarazo en contra de nuestras propias posibilidades. Es una apuesta política que les exige a los sistemas de justicia y salud una vida digna para todas las mujeres, para todas nosotras.
Igualmente, una apuesta por repetirle, sin desfallecer, al mundo patriarcal en que vivimos, en los cuerpos de varones y mujeres, que esa convicción mariana por la cual estamos hechas –invariable, obligatoriamente y ojalá con sufrimiento– para ser madres al costo que sea, es un atentado contra nuestra salud, nuestra dignidad y nuestra libertad.
El juntarnos en torno al derecho a decidir de las mujeres es nuestro grito permanente… pues, como lo leí en algún grafiti, al patriarcado le gusta “cuando callas porque estás como ausente”.
1 Ordóñez M., Alejandro. 2006. Ideología de género. Utopía trágica o subversión cultural. Universidad Santo Tomás, Bucaramanga.
2 Todo esto mediante la Sentencia T-627/12, fruto de la tutela interpuesta por 1.201 mujeres por el derecho a la información sobre los derechos sexuales y reproductivos. Para conocer los puntos centrales de la tutela y el contenido de la Sentencia, consultar http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_prensa&dc=382.
3 García V., Mauricio, en: El Espectador “El problema no es la fe”. Consultada en septiembre 14 de 2012. http://www.elespectador.com/opinion/columna-374989-el-problema-no-fe. Ver en el enlace http://www.elespectador.com/opinion/columna-374989-el-problema-no-fe.
4 Mujica, Jaris. 2007. Economía política del cuerpo. La reestructuración de los grupos conservadores y el biopoder. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Lima.
5 ibídem.
6 Ordoñez M., Alejandro. 2006. Ideología….
7 Consagrado como tal por la Corte Constitucional en Sentencia T-585/10. Se puede consultar en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-585-10.htm
8 Las tres causales en que el aborto fue despenalizado en Colombia son: i. Cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer; ii. Cuando el embarazo es producto de violación, incesto o inseminación no consentida; iii. Cuando el feto no tiene posibilidades de sobrevivir por fuera del útero.
9 Como lo muestra el cuerpo de la Sentencia T-627/12, para Ordóñez también está en la mira la anticoncepción de emergencia.
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