Hay un clamor generalizado en Colombia sobre la necesidad de resolver la situación de precariedad de la atención en salud que genera la aplicación del modelo de la Ley 100 de 1993 y realizar un cambio a fondo del sistema de salud.
Los pacientes y usuarios de los servicios de salud ya no quieren tener que interponer más tutelas para ser atendidos a tiempo y recibir tratamientos adecuados y de calidad (105.947 en el 2011, según el reciente informe de la Defensoría del Pueblo1); los trabajadores y los profesionales de la salud quieren estabilidad laboral y salarios dignos, y no perder la autonomía profesional; los hospitales públicos quieren que se les paguen de manera oportuna los servicios realizados; los estudiantes de las áreas de la salud demandan espacios de formación que les brinden condiciones de calidad para ello; los académicos demandan que no se archiven las investigaciones que evidencian el fracaso del modelo y que a la vez haya presupuesto para investigar en los temas relevantes de salud del país.
Este clamor contrasta con el reciente mensaje enviado por el presidente Santos al país con el nombramiento del nuevo ministro de Salud, el economista Alejandro Gaviria, que reemplaza en el cargo a la médica Beatriz Londoño. El gobierno nacional ve el problema del sistema de salud como un problema de orden económico, de sostenibilidad financiera del sistema, para lo cual se requiere capacidad técnica para enfrentarlo; no lo ve como realmente es, un problema de orden sanitario, de procesos de salud-enfermedad de la gente, de procesos de promoción, prevención, atención y rehabilitación, de condiciones de vida y trabajo de la población. Por esta vía gubernamental, la política de Estado en salud instaurada en 1993 sigue su curso intocable.
La salud como derecho humano
El proceso político del sector salud, desde la instalación de la Ley 100 a finales de 1993, ha generado de manera paulatina un cúmulo de resultados y hechos que establecen un consenso entre múltiples sectores sociales, políticos y académicos, que demandan su desmonte. El momento más candente y que permitió establecer un proceso de acercamiento y mayor identidad entre estos sectores fue la denominada “emergencia social en salud”, a finales de 2009, que dejó ver claramente la condición mercantil del modelo de salud2. Una mayor identidad, dada la experiencia de dos reformas a la Ley 100 (Ley 1122 de 2007 y Ley 1438 de 2011) que no modificaron en absoluto la situación precaria de la red pública hospitalaria; como tampoco el profundo deterioro de la calidad de la prestación de los servicios y la enorme precarización de las condiciones de trabajo de los trabajadores en un resultado que rebosa el vaso y permite el avance en una alineación y una identidad entre diversos sectores contra la privatización y la mercantilización del derecho a la salud, que demanda la eliminación de la Ley 100 y articula propuestas alternas para configurar un nuevo modelo de salud en el país.
Entre estas opciones, resalta el Proyecto de Ley 105 de 2012 del Senado, radicado a finales de agosto, que fue trabajado por la comisión de seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y de Reforma Estructural al Sistema de Salud y Seguridad Social (CSR), que recoge parte del acumulado de las propuestas elaboradas y discutidas en los tres congresos nacionales por la salud que impulsó el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social. El proyecto tiene el carácter de Proyecto de Ley Estatutaria por el derecho fundamental a la salud, y cuenta con el respaldo de los sectores gremiales médicos, de pacientes, de diversas organizaciones sociales, sindicales, académicas, y algunos sectores políticos y parlamentarios3 que se articulan en lo que se ha denominado la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud.
Otra modelo de salud es posible
Los lineamientos básicos del Proyecto de Ley 105 (ver recuadro) hacen evidente la diferencia con el argumento oficialista de que los sectores proclives a la salud como derecho humano propugnan por un regreso a la situación previa a la Ley 100. No es verdad, dado que el país no ha vivido una experiencia histórica de contar con un sistema de salud de base pública, efectivamente integrado, que genere, sin barreras de acceso, procesos de promoción, prevención, atención y rehabilitación para quienes lo necesiten, y que tenga un enfoque de determinación que busque afectar las causas estructurales de los procesos de salud-enfermedad, trabajando desde una perspectiva interinstitucional en el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Las claves: alianza y movilización
El proceso de configuración de una alianza nacional por un nuevo modelo de salud es completamente urgente y necesario. Esta alianza debe ser una gran coalición entre los más amplios sectores sociales, populares, académicos, gremiales y políticos, que configure un actor político con real capacidad de poder para deslegitimar la Ley 100 y establecer este nuevo modelo.
La alianza debe establecer un acuerdo sobre la propuesta del nuevo modelo de salud para el país; debe realizar su amplia difusión para la comprensión, la apropiación y la defensa por parte de la gente, y desenmascarar la estrategia que utiliza el gobierno nacional, que va en la misma vía de las dos reformas anteriores, de presentar un proyecto de ley que maquilla la Ley 100 pero conserva el elemento estructural de la intermediación financiera (tal es el sentido del proyecto de Ley 048 de 2012, radicado por los senadores Jorge Ballesteros y Roy Barreras, del partido de la U4), pero que no resolverá la crisis del sistema de salud.
Pero sin lugar a dudas, el papel central de la alianza debe ser el de contribuir a incrementar la movilización social por el derecho a la salud, en tanto es lo que determinará que el espacio parlamentario de debate alrededor del Proyecto de Ley 105 no quede a merced de los intereses comercializadores, tal como ha ocurrido en las ocasiones anteriores y simplemente se vuelva a archivar esta aspiración de contar con un real sistema de salud garante de su derecho.
No podemos olvidar, que fue una enorme movilización social la fuerza que detuvo el proyecto de reforma a la educación superior, y, como tal, constituye un ejemplo por seguir.
* Médico Salud Público, miembro del Movimiento Nacional por la Salud y de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames).
1 Defensoría del Pueblo. La tutela y el derecho a la salud 2011. 20 años del uso efectivo de la tutela 1992-2011. Bogotá, 2012.
2 Torres-Tovar M. Acción social colectiva por el derecho a la salud, Bogotá, 1994-2010. Controversia v. III fasc, 197 pp.231-269, 2011.
3 Entrevista con Saúl Franco, vocero de la CSR. Escuela Nacional Sindical. Agencia de información laboral. Agosto de 2012. http://www.ens.org.co/index.shtml?apc=a—;1;-;-;&x=20167296.
4 Consultado en http://senadorjorgeballesteros.com/.
Recuadro 1
Principios y elementos centrales de la propuesta del Nuevo Modelo de Salud*
- • Creación de un sistema único descentralizado de seguridad social en salud;
- • Reconocimiento efectivo de la salud como derecho humano fundamental, no como negocio, en donde el Estado sea su garante;
- • Reconocimiento del carácter esencialmente intersectorial de la salud, que obliga a la coherencia de políticas económicas, fiscales, de educación, vivienda, empleo, tierras, alimentación, información, y ciencia y tecnología, entre otras;
- • No se requerirá demostrar capacidad de pago ni ser identificado como persona pobre por sistema de información alguno para el acceso a los bienes y servicios de salud que se demanden;
- • Reconocimiento real de las diferencias regionales, urbano-rurales, culturales, étnicas, de edad y género de la población del país, y de las implicaciones de la diversidad para la comprensión y el enfrentamiento de los problemas de salud;
- • No habrá intermediación financiera (EPS) en el manejo de los recursos públicos para la salud;
- • Se promoverá una amplia y efectiva participación social en la formulación de las políticas; en cuanto a funcionamiento, vigilancia, veeduría y evaluación del sistema. Los procesos de toma de decisiones, su ejecución, su seguimiento y evaluación en materia de salud, en el sentido amplio de condiciones de vida para el desarrollo de las potencialidades humanas, deberán contar con la participación activa y vinculante de las personas, las comunidades y los sectores sociales afectados;
- • El Estado garantizará la autonomía de los profesionales de la salud, quienes establecerán los servicios que se requieran en cada caso, con base en el conocimiento disponible y el criterio profesional establecido en cada momento y contexto particular;
- • Se crearán los territorios de salud, entendidos como las unidades de organización administrativa y funcional para la solución y la atención integrales de las necesidades en salud de la población. Se constituirán mediante asociaciones que en forma autónoma acuerden los departamentos, distritos, municipios, entidades territoriales indígenas y/o resguardos reconocidos, según regiones especiales de interés en salud pública y/o que compartan particularidades étnicas o socioculturales;
- • El financiamiento del sistema será de carácter público, por medio de la creación de un Fondo Único de Seguridad Social en Salud, el cual estará nutrido por aportes fiscales y parafiscales, y una Central Única de Recaudo para la Seguridad Social en Salud, como establecimiento público autónomo, con patrimonio independiente, adscrito al Fondo Único, cuya función sea recaudar todos los aportes de cotizaciones a la seguridad social en salud, el seguro de riesgos laborales en su componente de salud y el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, y girar los recursos al Fondo;
- • La administración de los recursos para la atención integral, individual y colectiva, de enfermedades generales, accidentes de tránsito y riesgos laborales será descentralizada, con base en los territorios de salud, a través de la creación de entidades administradoras de Fondos Territoriales de Seguridad Social en Salud, que integrarán los recursos asignados por el Fondo Único de Seguridad Social en Salud con los propios de los entes territoriales para la salud;
- • Se dará atención integral a la salud, sin paquetes de beneficios. La prestación de los servicios será de carácter mixto, con criterio de complementariedad entre instituciones estatales y privadas, basada en el concepto de atención integral, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, por medio de redes integradas de servicios de salud según las necesidades de las poblaciones en los territorios sociales;
- • Las redes se organizarán con amplia visión de salud pública y con base en la estrategia de Atención Primaria Integral en Salud, entendida como la puerta de entrada a las redes, vínculo entre los servicios de salud y las personas, las familias y las comunidades, articulación intersectorial para la vida saludable, y plena participación individual y colectiva en las decisiones personales, institucionales y políticas;
- • Se prohíbe el monopolio privado en la prestación de servicios de salud;
- • La rectoría del Sistema estará en cabeza del Estado, junto a un ejercicio de control público para garantizar el buen uso de los recursos, y lograr resultados en calidad de vida y salud de las poblaciones.
* Proyecto de ley estatutaria N° 105, “por la cual se reglamenta el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”. 24 de agosto de 2012.
Tareas centrales para avanzar en la instauración de un nuevo modelo de salud en Colombia
Hay un enorme desafío político, pedagógico y organizativo para los sectores sociales, políticos y académicos proclives al derecho a la salud, para que efectivamente se pueda concretar esta iniciativa de nuevo modelo de salud. En este sentido, se requiere impulsar un conjunto acciones que fortalezca la acción de la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, entre las cuales destacan1:
1. Divulgar ampliamente, en el nivel nacional y por todos los medios los contenidos esenciales del Proyecto.
2. Desarrollar y fortalecer la Alianza Nacional por la Salud, tratando de darle cada vez mayor visión estratégica, presencia nacional y multisectorial, mejores mecanismos organizativos y mayor capacidad de movilización.
3. Mantener y ampliar la base de apoyo parlamentario al Proyecto.
4. Avanzar en la movilización social, lo cual requiere pensar cómo se puede incrementar, aspecto en el cual la indignación debe jugar un papel preponderante (aún, en realidad, y desafortunadamente la sociedad colombiana no está en una fase de indignación con la situación de salud, que es clave para que tome la decisión de sumarse en una movilización social contra lo que genera lo indigno). Por ejemplo, se debe subir el tono de la indignación con la nominación del nuevo Ministro de Salud, o con los casos cotidianos de violación al derecho a la salud.
5. Estimular la articulación de la lucha por el derecho a la salud con otros derechos, como el de educación, de pensión, de salud en el trabajo, de seguridad social, entre otros.
6. Dada la coyuntura actual y tal como fue planteado en el primer congreso nacional por la salud en el año 2001, se debe posicionar la salud como elemento sustancial de la agenda del nuevo proceso de diálogo que se está abriendo, entendiendo que la salud es un camino para la paz.
7. Desarrollar una estrategia internacional de apoyo a la iniciativa del nuevo modelo, que difunda la real situación de salud en el país y que le quite piso al respaldo internacional al actual modelo.
La invitación es a que usted y su organización se sumen a este proceso de Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, para hacer realidad ese nuevo modelo en Colombia. Si desea adherirse y participar, comuníquese con el correo [email protected].
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1 Acá se retoman ideas de Saúl Franco, vocero de la CSR, que han sido complementadas.
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