Lo que vendrá para el San Juan de Dios

El pasado 11 de febrero fue reabierto simbólicamente el Hospital San Juan de Dios (Hsjd), lo que generó esperanzas en la mayoría de los bogotanos y preocupaciones a todos aquellos que han seguido de cerca la historia del complejo hospitalario.

El 11 de febrero será recordado por los bogotanos como el día en el que simbólicamente el San Juan de Dios reabrió sus puertas, luego de 14 años de abandono.

Muchos vieron ese miércoles como el día en que se marcó un hito en la historia de la capital colombiana. Otros, por el contrario, no cantan victoria y siguen viendo con lupa lo que para ellos no es una reapertura sino la simple compra de un predio por parte del Distrito que aún no garantiza que el San Juan pueda ser de “todos”, como lo llaman los trabajadores de la entidad para enfatizar la inclinación pública del Hospital caracterizado desde siempre por la atención gratuita brindada a las personas de más bajos recursos del país.

Carácter público perdido luego de la implementación de la Ley 100 de 1993, que exigía la inversión tanto de la nación como los copagos de los pacientes, provocando un hueco fiscal que causó su cierre, dejando líos jurídicos y laborales sin solucionar, y a sus trabajadores a la deriva.

Ahora, cuando la administración distrital anuncia con bombos y platillos la reapertura del complejo, de la mano con el gobierno nacional, muchos se preguntan ¿Qué administración tendrá el hospital? ¿Cómo logrará la sostenibilidad de sus servicios? Y, lo más importante: ¿a quiénes les prestarán el servicio?

El pasado martes tres de marzo el concejo de Bogotá decidió responder las preguntas, lo que los llevó a concluir que la reapertura del Hsjd traería graves riesgos jurídicos y financieros. Según la Comisión de Hacienda del Concejo, “La ciudad deberá asumir el pago de pasivos pensionales por valor de 150.000 millones de pesos, que corresponden a 200 trabajadores que hoy reclaman esta deuda. Igualmente, al déficit cercano a unos cinco billones de pesos de 3.500 exfuncionarios de la Fundación San Juan de Dios”.

Teniendo en cuenta esto, ¿es posible que el Distrito busque una alianza con entidades privadas para lograr la financiación? ¿Perdería su rumbo el San Juan de “Todos” con esta alianza?

Jorge Arango, médico cirujano integrante del comité prodefensa del Hospital “San Juan de Todos”, ha seguido paso a paso el proceso del Hospital desde su cierre en el 2004, y recalca el rumbo que desde sus inicios ha tenido el complejo al estar regido por la ley 735 del 2002.

“El Hsjd era el único que estaba regido por la ley 735 del 2002 que reglamenta que el hospital debe subsidiar la oferta, lo que quiere decir que el paciente es lo que importa. Y no que subsidie la demanda, priorizando el lucro sobre el paciente”, recuerda Arango. Sin embargo la esencia de hospital público se perdió. Y ahora, muchos colombianos guardan la esperanza de que la Ley Estatutaria, firmada recientemente por el presidente Juan Manuel Santos, pueda regresar ese carácter público, no solo al San Juan de Dios, sino a la salud en el país”.

En ello concuerda el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, luego de la visita realizada a principios de marzo al municipio de Riosucio, Chocó, zona que cuenta con un sistema de salud deficiente, como en muchas otras partes del país, y en el que la aplicación de esta Ley surge como la única solución para superar un déficit violatorio de los derechos humanos de sus pobladores.

“Hoy hay un instrumento, la Ley Estatutaria, que fue recientemente sancionada por el presidente. Ahora el gran reto es que las instituciones hagan realidad este instrumento jurídico, que el paseo de la muerte se erradique con esta herramienta; que el requisito permanente del suministro médico se acabe”, expresó Otálora en rueda de prensa.

Ley Estatutaria

Remontémonos por segunda vez a ese 11 de febrero. Aquel día caluroso en el que celebraban la apertura del San Juan de Dios, el alcalde Gustavo Petro se dispuso a realizar su discurso. Para no dejar pasar la oportunidad de comprometer al Presidente delante de trabajadores y otros funcionarios estatales, aprovechó para recordarle la firma de la famosa Ley Estatutaria, “[…] la Ley que permitirá que la salud pública sea considerada como un pilar fundamental”, afirmó de forma esperanzada delante de la multitud allí congregada.

Nuevamente los escépticos miraron con recelo la afirmación de Petro, entre ellos Mario Hernández, médico y profesor asociado del departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional, quien dice que aunque la ley sea aprobada lo que realmente determina su enfoque es la práctica: “No basta con que el Presidente diga que el negocio se acabó. Siempre habrá una puja por el derecho, no basta con una ley para que se acabe, se materializa en el día a día”, comentó.

Mario Hernández ha trabajado por varios años en el Centro de Historia de la Medicina de la Universidad Nacional y no duda en afirmar que aunque aprueben la Ley Estatutaria, esta tratará de retomar el sentido de la Ley Ordinaria a través de decretos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, la misma ley que fue presentada en el 2013 para concretar ajustes financieros al sector y luego fue descartada debido a la movilización social de médicos, estudiantes y profesionales.

“Van a tratar de adaptar la Ley a la luz de la perspectiva restringida, ¿cuál es la forma de hacerlo? Los decretos que salgan de exclusiones van a ser absolutamente taxativos y van a empezar a cobrar copagos, por ahora, por el no post, después por lo excluido, y así van a iniciar a cobrar poco a poco”, explica Hernández.

La otra preocupación derivada de la reapertura de este complejo hospitalario, es que éste solo es la punta del iceberg del ambicioso proyecto Ciudad Salud, propuesto para la capital del país desde la administración de Luis Eduardo Garzón en 2006 pero que nunca fue concretado, y ahora, con la apertura del Hsjd, parece volver a tomar nuevo aire.

¿Ciudad Salud para todos?

Desde los primeros estudios de Ciudad Salud, realizados por la Secretaría de Planeación, quedó establecido que el proyecto estaría compuesto por tres componentes: el complejo hospitalario, el proyecto de renovación urbana y usos conexos.

En el primer componente, se fijó que del mismo harían parte, además del San Juan de Dios, el Hospital Infantil de la Misericordia, el Hospital Santa Clara, El Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Universitario de la Samaritana, el Instituto Dermatológico Federico Lleras Acosta y el Instituto Materno Infantil.

La idea es que estos complejos hospitalarios estén junto a un centro de convenciones con auditorios, donde se reunirán académicos, científicos y empresarios; un centro comercial especializado en salud; y un complejo de vivienda, según los estudios base realizados por Planeación en 2006. Lo que promete, además de cambiarle la cara al centro ampliado de la ciudad, una inversión de capital tanto público como privado para hacer del proyecto un clúster de servicios de salud con reconocimiento no solo nacional sino también internacional.
En su conjunto, el proyecto deberá estar listo en el curso de 20 años, con una inversión total de alrededor de 2,2 billones de pesos, según el informe ejecutivo del 2007 de la Empresa de Renovación Urbana (ver tabla).

Según el informe, más del 50 por ciento correspondería a la construcción del área residencial y alrededor del 9 por ciento a la construcción de los elementos hospitalarios. “La inversión para la creación del componente hospitalario correrá por cuenta de los hospitales del área en asocio con las facultades de medicina y de otros posibles inversores privados que se vinculen, especialmente en la construcción del Centro de Excelencia (o la readecuación del Hospital San Juan de Dios como sede del Centro de Excelencia)”, explica el doctor en Administración y Políticas de Salud de la Universidad de Hull, Inglaterra, Román Vega en su artículo Ciudad Salud o el doble negocio para profundizar la comercialización de la salud.

Ante estos diseños expuestos por la entidad hace nueve años, Vega explicó lo que para él sería la agudización de la comercialización de la salud, “Si el proyecto se realiza como está contemplado en los documentos de la Consultoría se profundizará la comercialización de los servicios médicos de salud en Colombia, aumentará la brecha de desigualdad de ingresos entre los trabajadores de la salud y el capital financiero, agravará la crisis del sector público de la salud en Colombia, hará más difícil la democratización del sistema de salud, y será un golpe a la materialización del derecho a la salud, a la educación y a la vivienda de los grupos sociales en desventaja”, opinó.

Por otro lado, Román Vega recuerda que el plan de renovación urbana da por hecho el traslado (léase desplazamiento o desalojo) de los habitantes del sector: las familias históricas, los trabajadores independientes y los pequeños comerciantes. “Podrían ser desplazados del área con la consiguiente pérdida de sus trabajos o venta a bajos precios de sus propiedades actuales”, explica Vega, quien ha realizado una serie de informes sobre el plan Ciudad Salud.

Estas apreciaciones congelan la fiesta de quienes pensaban que realmente el acto del 11 de febrero en la entrada del antiguo pabellón de administración del Manicomio de Cundinamarca podría revivir al San Juan de “Todos”, sin embargo, el Hospital primero tendrá que librar los obstáculos legales y financieros que enfrenta para llegar a ser, lo que alguna vez fue, como ente público al servicio de los más necesitados de los pobladores del país.