Nunca, en mis casi doce años como concejal de Medellín, había visto una discusión tan polémica como la generada por el proyecto de acuerdo 300, una discusión que trascendió del edificio del Concejo Municipal a las redes sociales, para convertirse, además, en la comidilla política de los ciudadanos.
Este debate tan álgido se debió a que Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín, presentó a comienzos de este año un proyecto de acuerdo que buscaba otorgarle facultades por cuatro meses, con el fin de decidir el destino de 46 entidades descentralizadas, 57 billones de pesos activos, 33 billones de patrimonio y 67 mil empleados que hacen parte de una figura llamada “Conglomerado público”.
Este proyecto que generó suspicacias desde su radicación en el Concejo, por presentarse al final de un gobierno y en un año electoral, también creó gran preocupación entre las organizaciones sindicales y sociales de la ciudad, debido al futuro que tendrían las empresas estatales eficientes.
Textualmente el acuerdo 300 contempla lo siguiente: “Facúltese al alcalde de Medellín por el término de cuatro meses para adecuar la estructura de la Administración Municipal y las funciones de sus dependencias en el marco de Conglomerado Público y en el marco del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, adoptado en el acuerdo 48 de 2014”. En su articulado, el proyecto también estipula: “Facúltese al alcalde para crear establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del Estado y modificar los existentes para garantizar la implementación del acuerdo 48 del 2014”.
Finalmente, el pasado 24 de febrero, 14 concejales aprobaron el proyecto de acuerdo, ante la mirada incredula de cientos de ciudadanos que cuestionaban la honestidad de la clase política local, al darle un trámite bastante acelerado y sin muchos aspectos claros a esta inciativa. En el aire y sin respuesta, preguntas como, ¿cuántos cargos se pretenden crear?, ¿qué empresas estatales serán transformadas, creadas o modificadas?
Sin embargo, fuimos cinco concejales los que conscientes de nuestro ejercicio de controlar y preservar lo público, votamos negativamente esta iniciativa por considerarla inoportuna y poco clara para nosotros y para la ciudad.
Si le dan esas facultades al alcalde, ¿qué harán los concejales cuatro meses?, gritaban enfurecidos algunos ciudadanos desde las barras del Concejo, quienes les exigían a los 21 concejales no desligarse del poder que la Constitución les otorgó: hacer control político al gobierno de turno.
Ese sinsabor que nos dejó el segundo y último debate al proyecto de acuerdo 300, es el mismo que hoy nos deja la llamada modernización de la Alcaldía de Medellín, porque es irracional crear más cargos burocráticos sin evaluar si los 600 creados bajo el llamado proyecto de “modernización”, impactaron positivamente la ciudad.
Ya en el 2012, y bajo el siguiente argumento, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, solicitó facultades al Concejo Municipal: “Es necesario repensar la forma en que se organiza funcionalmente la administración central y descentralizada del Municipio de Medellín, en aras de lograr un eficaz fortalecimiento de los equipos de trabajo bajo el modelo de operación por procesos”.
El tiempo pasa y los resultado no son nítidos. Luego de tres años, aún no contamos con un informe de gestión que nos permita identificar los efectos de esa modernización, en la que además terminaron involucrados dineros públicos. Y sin estas claridades, no podíamos, otorgar nuevamente más facultades que podrían ser la puerta de entrada a privatizaciones de empresas estatales eficientes.
Desde el Concejo seguiremos defendiendo lo público. Así lo hicimos con UNE, Isagén, Metrosalud y todas las entidades municipales que pretenden desfortalecer para luego vender a privados.
Con el acuerdo 300 quedó en evidencia una gran inconformidad ciudadana frente al actual modelo de ciudad que insisten en aplicar hasta sus últimas consecuencias, sin observar sus destructivas consecuencias, como la creciente desigualdad social que campea en la ciudad, y la multiplicada pobreza extrema y mendicidad.
No existe duda. Con la movilización social en el Concejo de Medellín y fuera de éste, se demostró, una vez más, que las facultades otorgadas al alcalde constituyen un cheque en blanco y un salto al vacío de proporciones incalculables. La protesta ciudadana fue clara, como también lo es que la administración municipal y el Concejo tienen poco interés en escuchar el sentir ciudadano.
* Concejal de Medellín.
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