Después de los resultados de la reciente octava Conferencia Ministerial del ALCA en Miami, y de las actitudes de algunos de los nuevos gobiernos latinoamericanos, no era de extrañar que los Estados Unidos comenzaran a buscar la forma de conjurar las manifestaciones de desobediencia que parecen proliferar. Y nada mejor que convocar a una Cumbre Extraordinaria de las Américas –instancia que ya se ha convertido en una suerte de “gobierno” del continente– a pesar de que estaba prevista la cuarta cumbre “ordinaria” para el 2005 en Argentina, y continúa estándolo. Las conclusiones de esta convocatoria de urgencia muestran las principales exigencias de la voluntad imperial.
Casi no sorprende el hecho de que las convocatorias “hemisféricas” las haga el gobierno de los Estados Unidos, sin mediar proceso alguno de discusión o preparación, aunque, en rigor, no deja de ser vergonzoso. Y cuando dicen urgencia, es urgencia. La Cumbre de los 34 jefes de Estado, o de Gobierno (es decir, sin Cuba) se llevó a cabo, efectivamente, los días 12 y 13 de enero en Monterrey (Nuevo León, México), ofreciendo como resultado visible de su apresurada conversación, como siempre, una Declaración (de Nuevo León, se llama ahora), cuyo borrador se había presentado desde la víspera.
Al parecer no se podía esperar hasta el próximo año. Las explicaciones, siendo ciertas, no constituían hechos súbitos o sorpresivos. Es obvio que no se había realizado ninguna cumbre después del atentado contra las torres gemelas ya que la anterior había sido en Quebec a principios de 2001. Y también es cierto que desde entonces se habían posesionado catorce nuevos gobiernos; cambios, enteramente normales, que no podían justificar semejante urgencia. La verdadera explicación reside en el carácter “díscolo” de algunos de los gobiernos, no solamente los nuevos sino anteriores como el de Venezuela donde había fracasado la prolongada conspiración encaminada a derrocarlo. En cambio, un levantamiento popular había dado al traste con el de Sánchez de Losada en Bolivia. A los ojos de los Estados Unidos, mientras, acucioso, se ocupaba de Afganistan, Irak y el Medio Oriente, se le estaba incendiando su “patio trasero”.
Este carácter díscolo se venía manifestando en las dificultades crecientes que enfrentaba la propuesta original del ALCA. Sin embargo, aunque la Cumbre tenía entre sus propósitos encarrilar de nuevo dicho proceso, cosa que sólo se logró formalmente (un tibio respaldo al calendario aprobado), el objetivo fundamental no era volver sobre la negociación económica, sino de orden político. Es decir, la silenciosa integración política hemisférica. Es por eso que en la Declaración se retoman los resultados y compromisos de las numerosas conferencias ministeriales y otros tantos acuerdos hemisféricos en diferentes temas, desde la educación hasta la “seguridad”. Un ambicioso intento de integrar en un solo cuerpo político y normativo (con soporte militar) los avances parciales logrados que tienden a afirmar el indiscutido poder imperial sobre el continente.
La flamante declaración
Dos son los temas principales que aparentemente justifican la preocupación y la necesidad de reiterar los acuerdos. Uno, impulsado obviamente por los Estados Unidos, se refiere al mantenimiento de la democracia (en su definición) y consecuentemente la lucha contra el terrorismo. Otro, probablemente reclamado por otros países, se refiere a la necesidad de que el crecimiento económico contribuya a la reducción de la desigualdad y a la erradicación de la pobreza. Constituyen la esencia del documento final.
Lo primero que salta a la vista en estas declaraciones, cuyo caracter retórico no niega sus profundas implicaciones, es el tono de obediencia confirmada. No parecen acuerdos de mandatarios iguales sobre objetivos comunes sino la aceptación de un catálogo de órdenes que provienen de una autoridad superior. En esta ocasión, seguramente, con la rabia contenida de algunos gobiernos.
Esto se ve muy claro en la primera parte sobre políticas económicas. La lógica aceptada es la neoliberal. Lo único que lograron los gobiernos críticos fue dejar en adjetivos neutros (abiertos a la interpretación) el objetivo de las políticas. Por ejemplo: Políticas macroeconómicas sólidas, políticas monetarias y fiscales prudentes, tasas de cambio apropiadas, deuda pública prudente; todo ello, de todas maneras, encaminado a lograr la “competitividad”.
De las tradicionales reivindicaciones de los gobiernos “subdesarrollados”, en vista de que la cooperación internacional y la ayuda financiera quedan como complementos de la responsabilidad primordial de cada país sobre su desarrollo, la prensa ha destacado dos: el apoyo crediticio del BID a la micro, pequeña y mediana empresa (otra vez la panacea) y la flexibilización de las normas para viabilizar las remesas a sus familias por parte de los trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos (el equilibrio de hoy de las balanzas de pagos). Bien poco, si se recuerda la larga historia de estas reivindicaciones. La deuda externa, con la presencia afrentosa del FMI en la cumbre, continúa amenazante. Y en cuanto a la erradicación de la pobreza, nuevamente se vuelve sobre las “redes de protección social” a las poblaciones vulnerables y los indigentes. Nada que pudiera poner en cuestión el modelo económico.
La carta política
El “plato fuerte” de la Declaración tiene que ver, como es obvio, con la democracia, la corrupción y el terrorismo. El peligro de la “desobediencia”, como se ha dicho, es visto por los Estados unidos como signo de inestabilidad y de ingobernabilidad. Sobre todo ahora que se anuncia –en este movimiento pendular de América Latina hacia gobiernos centristas o socialdemócratas– el posible triunfo del FMLN en Salvador y del Frente Amplio en Uruguay. Como se sabe, el signo fundacional de estas cumbres es la exclusión de Cuba; sin embargo, hoy se añade una nueva preocupación: las buenas relaciones de algunos gobiernos con la “Isla del mal”, asunto que fue objeto en los días anteriores de escandalosas declaraciones por parte de los funcionarios norteamericanos, muchos de ellos conocidos y activos “gusanos”.
Es esta paranoia el fundamento de la preocupación por la “gobernabilidad”, preocupación difícilmente disfrazada de vocación democrática. En realidad, para los Estados Unidos, las dictaduras sólo son abominables cuando no son manejadas por ellos. Lo mismo sucede con la corrupción que resulta irrelevante cuando viene de personajes como Fujimori o Alemán, para no recordar a Menem. ¡Ahora, curiosamente, es preocupación de los mandatarios de honradas empresas como la Enron! Detrás del extenso aparte dedicado a este tema en la Declaración, se esconde un propósito político: dado que, según sus supuestos, son democráticos los gobiernos elegidos por sufragio universal, la mejor forma de impugnar un gobierno como el de Chavez –quizá, después, el de Kirschner y hasta el de Lula– puede ser el montaje de un juicio por “corrupción”.
Al respecto, téngase en cuenta que todo esto está asociado con un discurso sobre la seguridad jurídica, la protección a la propiedad y la libre empresa, las “transparentes” licitaciones públicas, la prensa libre y la protección a los partidos políticos “democráticos”. Instituciones –base del ALCA– que pudieran estar “en peligro”. No tiene nada de raro que la conspiración y los golpes de Estado –con intervención imperialista– vuelvan a ser procedimientos legítimos para “recuperar la democracia”.
Más allá de la Declaración
Las justificaciones, seguramente, vienen detrás de los hechos. Contrariamente a lo que dicen, el gobierno colombiano, nuestros políticos y tecnócratas y nuestros periodistas oficiosos, los Estados Unidos no han dejado de ocuparse de “su” continente. El “Plan Colombia”, manifestación visible de su despliegue militar, continúa desarrollándose, en combinación con el férreo control de la cuenca del caribe y el posicionamiento militar en puntos estratégicos de la geografía latinoamericana. Paralelamente, y no sin la eficaz colaboración de la CIA, se juega a la conspiración. No se necesitan mayores pruebas para advertirlo en el caso de Venezuela. Y ya se sospecha de algo similar en Argentina. Poner orden en países como Bolivia o Perú es, igualmente, una tentación muy grande.
En estos planes, el apoyo de algunos gobiernos parecería indispensable. Pero no es tan fácil. No todos son como Uribe. Según se dice, fueron artimañas de este tenor las que estuvieron presentes en las conversaciones que precedieron a la cumbre y continuaron en los pasillos. Luis Bilbao, en un artículo para Le Monde Diplomatique-Edición Cono Sur para internet, sugiere la existencia de audaces propuestas de parte de Washington y ventila tres hipótesis: a) La creación de una fuerza militar interamericana para intervenir en Colombia. b) Frenar una posible coalición entre Brasil y Argentina para crear una unión sudamericana c) Enfrentar, a través también de una fuerza interamericana, un posible gobierno de Evo Morales en Bolivia apoyado por una fracción del ejército. Según este analista, las tres variantes no son excluyentes sino complementarias, y la clave del éxito del programa estaría en Argentina lo cual explicaría las crecientes presiones sobre Kirschner, comenzando por las del FMI.
Sin duda, pasará algún tiempo antes de que podamos establecer la realidad de los hechos. En todo caso, los resultados de la Cumbre parecen indicar que no hubo complicidad general para este sórdido programa de la más antigua y convencional práctica imperialista. La Declaración ofrece apenas una débil justificación política. Pero uno que otro gobierno, como el de Uribe, estarán prestos a servir de apoyo. Entre tanto, no estaría descartada una versión siglo veintiuno del “Plan Cóndor”. Sólo que Brasil no es un hueso fácil de roer. Y, por fortuna, en los Estados Unidos están en plena campaña electoral.
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