Parte integral de este programa es el Plan Maestro de Abastecimiento, elaborado durante la administración de Antanas Mockus en 2003 por Jorge Carulla, con un costó de $900 millones. Con un enfoque empresarial capitalista, el Plan Maestro de Abastecimiento no consulta a las comunidades campesinas ni pretende una economía mixta. Plantea, por ejemplo, que la distribución de alimentos sea manejada por grandes empresas que, buscando una mayor ganancia, importarán los alimentos por precio y reducción de costos, camino que se busca con las negociaciones del TLC. Sobra decir que ello arruinaría a una gran cantidad de familias campesinas.
A comienzos del año 2005 las organizaciones campesinas de la Sabana de Bogotá, dirigieron una carta al alcalde Luis Eduardo Garzón, donde proponen que el programa reduzca los precios de los alimentos de la canasta básica para facilitar el acceso de todos aquellos que tienen carencias nutricionales. Igualmente, plantean democratizar la información de mercados, apoyar redes populares alternativas que incluyan mercados campesinos, intervenir y regular Corabastos, consolidar súper e hipermercados de Cajas de Compensación, concertar con las asociaciones y organizaciones de campesinos para la compra de productos agrícolas en restaurantes escolares, comedores populares y otros, e impulsar el proceso de industrialización agroalimentaria, privilegiando proyectos colectivos y cooperativos.
El gobierno Distrital, por conducto de su Comisión de Interlocución con las organizaciones sociales campesinas, afirma que con esta política busca eliminar intermediarios, dejando ese papel no a una cadena de personas como hasta ahora, sino a las grandes empresas, que se encargarían de comprar los productos a los agricultores. De esta política, enfatizan, hace parte la misma Comisión de Interlocución, donde los campesinos tienen un papel protagónico.
Política rural para la ciudad
Debido a la presión ejercida por las organizaciones de las localidades de Usme, Sumapaz y Ciudad Bolívar, la Alcaldía efectuó en septiembre el Primer Seminario Distrital de Ruralidad y Política Pública en el Alto Centro de Rendimiento del IDRD. De allí surgió un documento único, donde se define ruralidad como “La tradición de cultura campesina autónoma en desarrollo de actividades de producción de la tierra y de los animales, en armonía con el medio ambiente basado en el respeto de los derechos humanos, asegurando la subsistencia con los excedentes de producción, contribuyendo con la seguridad alimentaria del Distrito Capital en el marco de un desarrollo sostenible”(1) .
En los últimos años aquello que caracterizaba al campesino entró en crisis, ya no se le podía distinguir del habitante y trabajador rural y “nueva ruralidad” era el conjunto de las distintas formas de habitar el campo.
Del total del territorio del Distrito Capital, el 74.7% corresponde a zona rural. Para el año 2003 allí vivían -según el Departamento Administrativo de Planeación Distrital- de 30.000 personas. Por su parte el DANE estima esta misma población, para el año 2004, en 15.817 personas. Al parecer la cantidad de suelos y población se ubican al sur, donde no ha habido impacto de la agroindustria. Evidentemente, la cantidad de población rural es mínima frente a las cantidades de población citadina y de extensión rural del Distrito, pero la estadística sobre densidad no corresponde a la realidad por efectos de concentración y monopolio de tierras.
Según el DAMA sólo el 8% de ese suelo rural es productivo. El 1% de los alimentos que consume la ciudad se producen en este territorio. La mayor parte de los alimentos (70%) provienen de Boyacá, Tolima, Cundinamarca y Meta, producidos por familias campesinas. La cifra es significativa, toda vez que el total de familias que habitan Bogotá invierten mensualmente cerca de $700 mil millones en alimentos, cifra apetecible para cualquier multinacional.
La dimensión del problema humano, alimentario, territorial, de planeación, político, económico, etcétera que sobrelleva Bogotá, nos reta a que una verdadera política agraria contemple soberanía alimentaria -para garantizar el abastecimiento-, respetando y potenciando a quienes producen, a la par que a la naturaleza y a las propias sociedades rurales. Como es deducible, el tema de la tierra sigue pendiente y vigente.
1 Documento de Propuesta Única de las comunidades campesinas para política del área rural del D.C. San Juan de Sumapaz, 26 de junio 2004.
Recuadro
País de campesinos
En Colombia han existido dos formas de producción agrícola: la unidad campesina familiar y la agricultura empresarial, que se ha desarrollado a costa de la primera. Para buscar la concentración de grandes y mejores tierras, se expulsó a los campesinos de ellas y luego, por necesitar mano de obra barata, los convirtieron en aparceros, una forma de arriendo de terrenos.
Algunos tenían derecho a cultivos de pancoger y se les reconocieron las mejoras hechas a las tierras. Con la «modernización del campo, impulsadas por la Revolución Verde se convirtió al agricultor en trabajador rural, que a su vez pasó a la agroindustria.
Algunas empresas agrícolas compraban y siguen comprando, la producción del campesino antes de la cosecha a precios establecidos, forzándolo a vender sus tierras con ayuda de leyes económicas. A esto se suma: los altos costos de producción, por el precio de los agroquímicos, y la repartición de las utilidades entre los intermediarios. El mejor ejemplo es el café.
La agricultura comercial se potencializó con la crisis del campesino: fue lo que los sociólogos denominaron descomposición del campesinado y crisis de la agricultura tradicional.(*) El gobierno nacional aún insiste en esta fórmula y las ayudas para el campo se centran en la idea de exportación, no en el mercado interno, convencidos de que se intensificarán las exportaciones (por ejemplo, las flores). Pero según algunos analistas la demanda no se incrementará para hortalizas y verduras, pues se verán seriamente afectadas con las medidas fitosanitarias.
En el ámbito nacional la agricultura creció un 4% (2004), disminuyó notoriamente la producción campesina familiar (representa el 60%), el 1.5% de la tierra productiva está explotada, mientras el 91% se dedica a la ganadería y el 1.3% a cultivos transitorios. El 85% de la población rural vive en estado de pobreza,
* Tesis de Ernest Feder “Campesinos y descampesinistas” “Tres enfoques divergentes (no compatibles) sobre la destrucción del campesinado” Comercio Exterior Vol. 27 Págs 1439-1446 ( 1977); Vol 28 Págs. 42-51 (1978) México.
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