Los administradores de las Empresas Públicas de Medellín no lo ocultan, este servicio está pensado y dirigido para estratos 1,2 y 3, los mismos que mes a mes presentan dificultades para cancelar sus recibos de consumo eléctrico y de agua.
Según estudios, tan sólo en la capital de Antioquia hay en la actualidad 68.716 hogares desconectados, es decir, no cuentan con energía eléctrica en sus casas, por ser morosos en el pago de sus facturas.
Servicios básicos
Como se recordará, la energía, al igual que el agua, es un servicio básico para cualquier hogar. Luego del desarrollo de las grandes urbes y una vez centralizados y potenciados por el Estado todos los recursos naturales, el ser humano se fue acostumbrando a la comodidad de la ciudad.
Del campo, donde cada familia se dispensaba la leña para la cocción de los alimentos y para enfrentar el frío, y donde pequeñas comunidades se asociaban para arreglar acueductos comunales, a la ciudad, donde esos servicios los apropió y los presta el Estado –en nombre de todos- hay una gran diferencia.
Grandes represas construidas con recursos de todos, previa canalización de las fuentes de agua comunes, eran la promesa de un servicio mejor, más regular y para todos. Esa promesa, con el paso del tiempo, se desvaneció. Mes a mes miles de familias en todo el país sobrellevan sus días sin luz y en no pocas ocasiones sin agua. Pero como “la necesidad tiene cara de perro” en los barrios populares, de una o de otra manera se las arreglan para que la luz alumbre y el agua calme la sed.
Pero este servicio prepago anuncia, sin duda alguna, que las grandes empresas, otrora públicas, ensayan sistemas para no asumir más fugas de sus redes y de sus caudales. A pesar de haber centralizado unos recursos naturales comunes (montañas, bosques, ríos y otros) y de haber construido sus inmensas represas y canalizaciones con dineros de todos, ahora sin ningún sentido comunitario incrementan tarifas, presionan pagos, coaccionan comunidades enteras.
La venta prepago de la energía eléctrica es un ensayo para qué sólo quien tenga con que pagar pueda acceder a un servicio público fundamental, la energía eléctrica. Las empresas prestadoras de estos servicios en Bogotá y otras ciudades están atentas a los resultados de este ensayo en Medellín.
Sin querer conjurar monstruos ni malas épocas, ya se puede avistar el día en que luz y agua sean vendidas –prepago- en los supermercados. Convertidas en simples mercancías y expropiadas a sus verdaderos dueños, sólo quien tenga dinero podrá satisfacer su necesidad. De esta manera, viviendo en una sociedad donde el Estado no garantiza los ingresos necesarios para que cada familia sobrelleve su vida de manera digna y ante la ausencia de trabajo fijo e ingresos estables, se avecina en nuestras urbes la época de las cavernas.
Dos colombianos entre las fortunas privadas del mundo
Libardo Sarmiento Ánzola
Las ganancias de los bancos del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo crecieron un 29% durante el año 2004. En contraste, el conjunto de la economía colombiana sólo creció un 3,9%. Este hecho refleja, de una parte, el modelo de especulación financiera de la economía y, de otra, la permanente tendencia hacia la concentración del ingreso y la riqueza.
La fortuna de Sarmiento Angulo aumentó en 400 millones de dólares, con lo cual su capital es de 1.400 millones de dólares. Por ello, el banquero colombiano logró entrar, según la clasificación de la revista Forbes, al club de las 500 personas más ricas del mundo.
Otro empresario colombiano, Julio Mario Santo Domingo, hace parte también de las 500 personas con fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares. Con un capital de 1.400 millones de dólares ocupa, al igual que Sarmiento Angulo, el puesto 406 en la clasificación.
La suma de estas dos fortunas (2.800 millones de dólares) equivale al 3,2% del Producto Interno Bruto de Colombia en el 2004 (US$89.780 millones). Ellos, con sus bancos y empresas dominan la vida cotidiana de los colombianos de todos los estratos sociales y ejercen un gran poder político y económico.
En contraste, el 77% de la población se encuentra viviendo en condiciones de pobreza por ingresos insuficientes para atender sus necesidades básicas. Esta insuficiencia del ingreso respecto al valor de la canasta de consumo básico creció de 59,8% a 61,1% entre 2001 y 2004. La insuficiencia del ingreso de los indigentes respecto al valor de la canasta alimentaria, igualmente creció de 43,4% a 44,1% en igual período.
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