El acuerdo en ciernes, entraría en vigencia una vez venza el acuerdo Stand By vigente el 15 de abril. La presión del FMI es lograr que aspectos ya exigidos a Colombia, como la reforma a las pensiones y del Estatuto Orgánico del Presupuesto, la venta de la sobreviviente banca pública y un mayor control al gasto social, se ejecuten sin más demora.
Como se sabe, la reforma a las pensiones ya ha tenido en el Congreso 4 de los 8 debates exigidos por la Constitución. Por su parte, el Banco Cafetero volverá a ser subastado, previo a lo cual otros cientos de sus trabajadores verán lesionados sus derechos.
Sin dudas, continuarán eliminando los pocos subsidios sociales que aún sobreviven. Los estratos 1, 2 y 3 verán como se esfuman los pocos apoyos que mantienen en consumos como el agua y la luz.
Que se informe al país
Ni en 1999 ni en 2002 el país fue enterado previamente de los términos de las negociaciones con el FMI. En una y otra ocasión lo firmado significó mayor empobrecimiento para miles de familias, bien por la vía del recorte de subsidios, bien por la eliminación de derechos con la reforma laboral, con la eliminación de empresas del estado o bien con el recorte del gasto social.
Ahora, cuando no hay motivo alguno para este nuevo acuerdo Stand By, ya que la situación macroeconómica del país es muy distinta a la del año 1999, es deber de todos los sectores sociales exigir y alimentar un debate público sobre las negociaciones en curso, demandando respeto a la autonomía y soberanía nacional.
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