Las grandes movilizaciones empiezan el 18 de octubre de 2019 y congregan en la Plaza de la Dignidad a más de dos millones de manifestantes el día 25, marcando así la más grande manifestación social de toda la historia del país. Estos actos multitudinarios son la expresión de la distancia definitiva entre el movimiento social y el poder político, representado por las instituciones políticas del Estado: el poder Ejecutivo y el Congreso, además de los partidos políticos que son las organizaciones intermedias de ese poder.
Siete generales de Carabineros, todos integrantes del alto mando de la institución, están bajo investigados por la Contraloría General de la República por su eventual responsabilidad en la represión de las movilizaciones ocurridas entre el 18 de octubre y diciembre del año recién pasado. Los altos oficiales –uno de ellos ahora en retiro– han ocupado cargos operativos en distintas destinaciones de la Policía, principalmente en Santiago y Valparaíso, y los indagan por el uso de los recursos de fuerza contra los manifestantes, los procedimientos empleados y su apego a las normas internas de la institución. Según la propia Contraloría, la investigación de carácter administrativa obedece a más de 400 presentaciones de personas civiles y organizaciones de defensa de los derechos humanos, y los resultados del proceso de indagación podría culminar con amonestaciones en su contra y hasta su expulsión de los mismos de la institución.
La defensa del mando policial ha sido cerrada y, con el respaldo del gobierno, intentó descartar la actuación del organismo contralor alegando que éste no contaba con facultades para hacerlo. La investigación sigue su curso y podría derivar después en acciones penales.
La investigación da cuenta de las masivas y continuas violaciones a los derechos de los manifestantes, las cuales también quedaron consignadas en cuatro informes emitidos por organismos internacionales y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh).
La relación del poder público con el movimiento social, aquel expresado en el Estado y representado por el gobierno, tiene su más clara expresión en las violaciones a los derechos humanos que padece la gente en las calles cuando expresan públicamente sus demandas y quejas sobre la situación social, económica y cultural –en el sentido moral– que están padeciendo después de treinta años de democracia en transición**.
Las cifras de la represión
El Indh, en su evaluación de los impactos de las actuaciones de las fuerzas del orden en las violaciones de los derechos humanos, en el periodo octubre 2019–marzo 2020, registra: 30 muertos, 3.838 heridos por usos dolosos y lesivos de armas no letales y 1.687 con perdigones, 460 con heridas oculares, de los cuales dos quedaron completamente ciegos, asimismo 298 por lacrimógenas. Además, relaciona 1.001 heridos por golpizas, 617 casos de tortura y 257 de violencia sexual.
A casi un año del inicio de las movilizaciones sociales y del uso doloso y disuasivo de la violencia contra manifestantes inermes por las fuerzas del orden para intentar controlarlas, y a seis meses de que la peste viral controlara el estallido social, el Indh ha radicado 2.499 querellas por violaciones a los derechos humanos, pero solamente hay 28 formalizadas en los juzgados de garantía.
Cierto es que los daños causados por el vandalismo y los saqueos han sido inconmensurables, estimados entre 1.500 a 3.500 millones de dólares, incluidas la destrucción simultánea de siete estaciones del Metro, más otros ataques que en total dejaron 77 estaciones inutilizadas. No obstante, en este caso procede el interrogante por quién pudo organizar y hacer una operación tan contundente y concertada de destrucción masiva.
La evaluación política de los organismos nacionales e internacionales que se ocupan de los derechos humanos están plasmados en los informes y recomendaciones resultantes de las visitas al país de las instituciones internacionales de vigilancia y protección de esos derechos, tales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sus informes han sido claros en denunciar el carácter grave y reiterado de las violaciones a esos derechos fundamentales. Ningún país sin un conflicto interno o internacional declarado había recibido una visita colectiva como esta. Además, están disponibles los informes de la Defensoría Nacional de la Niñez, del Ministerio Público y otras organizaciones locales, las que también denuncian la gravedad y reiteración de las violaciones de esos derechos por parte de las fuerzas policiales y militares. Los informes sobre la situación de los derechos humanos, mal que mal, son la única materialidad de la protección a esos derechos universalmente reconocidos.
¿Vulneraciones sistemáticas?
La denuncia más dura en contra del Estado de Chile procedió de Amnistía Internacional que, tras sus investigaciones en terreno, concluyó: “Las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros”, por lo que considera a esas violaciones como “sistemáticas”.
A su vez, el Indh por medio de su director Sergio Micco, sostuvo: “Si estamos frente a la sistematicidad o no de estas violaciones a los derechos humanos […] lo que hemos señalado como Instituto (es que) no estamos en condiciones hoy día de afirmar que existe tal sistematicidad, pero tampoco es oportuno descartarla“, y agregó: “Consideramos que las violaciones a los derechos humanos son graves y reiteradas y hay algún tipo de violaciones que se repiten muchísimas veces”. El debate suscitado por esas evaluaciones sobre la situación de los derechos humanos en Chile ha consistido en discernir si estos son violados reiterada o sistemáticamente.
El mensaje que deja a la población en general la práctica recurrente del uso doloso y disuasivo de la violencia por parte de las fuerzas del orden, en contra de manifestantes inermes, es que participar de esas movilizaciones supone la reacción policial y, por consecuencia, sufrir la represión del Estado. La decisión del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, de investigar la conducta y responsabilidad del alto mando de los Carabineros en las graves violaciones de los derechos humanos que han cometido las Fuerzas Especiales de ese cuerpo policial en contra de manifestantes inermes, indica que el asunto de los derechos humanos en el control de las movilizaciones no es un asunto meramente “protocolar”, de incumplimiento de normas, sino que podría ser una específica política de su uso doloso, con la finalidad objetiva de disuadir a la población de participar en las manifestaciones públicas. Para Bermúdez, ya no se trata de la responsabilidad personal e individual de algún carabinero que “perdió el control de sí mismo”, y acometió la violación de los derechos humanos sino también de la responsabilidad del mando y de la institución en su conjunto.
El quiebre
La Plaza de la Dignidad –ex Plaza Italia, e parte x Plaza Baquedano– es un lugar de alto valor simbólico urbano y ciudadano, punto de encuentro entre el centro de Santiago, que expresa a “todo Santiago” y el barrio alto donde viven las clases medias altas y altas. Socialmente el mundo santiaguino se divide entre quienes viven de la plaza hacia arriba y quienes viven de la plaza para abajo.
La anunciación de ese quiebre nacional entre lo social y lo político que impera en el país quedó plasmado en una frase del abogado Clemente Pérez (demócrata cristiano), ex presidente del directorio de Metro, con un comentario en relación a las evasiones en el pago de la tarifa del Metro por los estudiantes: “Cabros esto no prendió”, “La gente está en otra”, sentenció el 16 de octubre, en el matinal de TVN.
Este quiebre definitivo entre lo social y lo político expresado en las calles, avenidas, plazas y parques, y denominado coloquialmente el “estallido social”, corresponde a un astuto giro conceptual para así evitar el análisis de la situación y dejar el asunto solamente en las representaciones mediáticas sobre el uso del vandalismo, los saqueos, los bloqueos y las barricadas en las calles que realizan algunos sectores minoritarios de las movilizaciones sociales, a las cuales las autoridades, el periodismo y los políticos llaman “la violencia”. Mientras que el empleo doloso y disuasivo de la violencia por parte de las fuerzas policiales contra los manifestantes pacíficos, y los revoltosos también, es denominado por las autoridades y los partidos políticos como el “uso legítimo de la fuerza” para mantener el orden público, que para los manifestantes, en los hechos, se convierte en un atentado en contra de su seguridad ciudadana.
** Los derechos humanos están constituidos por el conjunto de normas que obligan al Estado a proteger integralmente los atributos esenciales del ser humano, que son: la vida, la integridad y la libertad de toda persona sometida a su jurisdicción. No sobra recordar siempre que durante la dictadura militar en derechos humanos el horror fue una práctica rutinaria.
*Observatorio Gobierno del Miedo Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Le Monde diplomatique, edición Chile, octubre 2020
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