Los hechos del 9 y 10 de septiembre plantean la necesidad de una drástica reforma policial. Sin embargo, el problema no se reduce al comportamiento de la Policía. Existe un discurso hegemónico, de tintes autoritarios y contrainsurgentes, que reduce la protesta social a violencia y funciona como condición de posibilidad y factor de legitimación del abuso y la represión.
El asesinato de Javier Ordóñez en un CAI de la localidad de Engativá el 8 de septiembre, hecho público mediante un video viral, desató al día siguiente protestas contra el abuso policial en distintos lugares de Bogotá. La represión de las manifestaciones, mediante una desbocada ola violenta durante la noche y la madrugada, arrojó un resultado de 9 ciudadanos asesinados y 305 heridos, con distintos grados de gravedad, 75 de ellos por arma de fuego, según datos de la alcaldesa Claudia López. El más grave suceso de violencia estatal en la historia de la Ciudad después del Bogotazo.
La Policía se salió de control, disparando contra civiles en forma indiscriminada. Como demostró el columnista Yohir Akerman (1), varias personas baleadas y asesinadas ni siquiera hacían parte de las protestas. Hubo abusos y torturas contra los capturados en las estaciones de policía, y comportamientos que indican un modus operandi, como el ocultamiento de las identificaciones para ejercer violencia ilegítima. Lo excepcional de la jornada, por tanto, radicó más en lo cuantitativo, el número de víctimas, que en lo cualitativo, los tipos de conducta.
Sin embargo, ¿qué hace posible semejante barbarie ejercida por servidores públicos? El debate se ha concentrado en “¿quién dio la orden?” y la reforma de la Policía. La Alcaldesa ha dicho que en el puesto de mando unificado la noche de los sucesos nadie dio orden de usar armas de fuego. También ha dicho que dio órdenes de no usarlas y estas fueron desacatadas. Pero no es claro por qué reaccionó solo varias horas luego de los abusos, pues en tiempo real hubo denuncias mediante redes sociales virtuales con evidencias fílmicas.
El daño en la Policía es profundo, no se limita a su carácter militarizado, y reclama con urgencia una reforma drástica. Existen indicios de descomposición en la Institución. Según El Tiempo (2), en 2016 fueron capturados 650 de sus efectivos, en 2017 la cifra fue de 583 y para junio de 2019 los detenidos sumaban 450, por corrupción, vinculación con actividades del crimen común y organizado y violencia intrafamiliar, entre otros. En 2020 se reportaron dos abusos sexuales en Bogotá: en enero un patrullero violó a una mujer que se coló en un bus de Transmilenio. En marzo, en la localidad de Bosa dos policías abusaron de una mujer que se negó a darles un soborno para evitar una multa por circular en cuarentena.
No es capricho, por tanto, exigir una reforma profunda que resuelva definitivamente los problemas no resueltos ni siquiera con la reforma de 1993 (Ley 62). El modelo de profesionalización basado en una estructura calcada del Ejército ha hecho agua y no puede reducirse a la exigencia de un grado académico para el enrolamiento ni a cursos de derechos humanos; es necesario crear mecanismos de veeduría y control de la función policial en manos de civiles y particularmente de los alcaldes y la ciudadanía; hay que transformar la mentalidad contrainsurgente que privilegia la seguridad nacional o del Estado sobre la del ciudadano, especialmente en las labores de contención de la protesta y, por lo tanto, desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuyo accionar altamente represivo ha dejado 34 personas muertas desde su creación, en 1999.
Sin embargo, el problema no se reduce al funcionamiento de la Policía. En el fondo, existe una cultura autoritaria y un discurso hegemónico, compartido por los gobiernos nacional y distrital, que ha servido como condición de posibilidad para la represión y el abuso de fuerza, en particular contra la protesta social.
Un discurso hegemónico y autoritario contra la protesta social
Se trata de un imaginario o sentido común dominante, difundido desde instancias oficiales y por los grandes medios de comunicación, que lee la protesta social desde el marco de la doctrina contrainsurgente de la seguridad nacional y, como consecuencia, legitima la represión violenta y el abuso. En el contexto del conflicto armado, la protesta siempre se percibió como una táctica de la insurgencia armada para desestabilizar el orden social y a los manifestantes como parte del “enemigo interno”. En el posacuerdo de paz la estructura elemental de ese discurso se mantiene. La protesta sigue asociándose a las disidencias de las Farc y al Eln, pero ahora el antagonista privilegiado es el “vándalo”.
Esta reconfiguración del discurso contrainsurgente en apariencia tolera las protestas siempre que sean “pacíficas”, mientras que se rechaza todo acto violento como “vandalismo”. Este concepto nunca se precisa, lo cual sería necesario si se tiene en cuenta que las protestas son acciones colectivas complejas en las que participan distintos actores que no necesariamente comparten sus motivaciones. Lo que constituye “vandalismo” queda en última instancia a discreción de las autoridades o los medios de comunicación y, por tanto, de su sesgo ideológico.
Así, el término “vandalismo” se usa para tachar cualquier manifestación de violencia, sin importar su tipo y su grado. La violencia simbólica que implica bloquear temporalmente una vía pública, rayar una pared o romper un vidrio, es equiparada sin más con la violencia política al más alto nivel, de la insurgencia armada o el terrorismo, con lo cual se actualiza el imaginario contrainsurgente. Por esa razón, en vez de reivindicar protestas sin violencia o no violentas, se reclaman protestas “pacíficas”, como si se tratara de enfrentar la guerra misma y no determinadas expresiones de violencia en medio de manifestaciones ciudadanas legítimas.
El vocablo, sin embargo, es eficaz para legitimar la represión. La premisa que sirve al razonamiento es una petición de principio: se supone que siempre que la Policía reprime manifestaciones es porque hay brotes de “vandalismo”. Así, dado que en medio de una protesta no es posible individualizar de inmediato los comportamientos violentos que afecten bienes o personas, la apelación al “vandalismo” termina por justificar la represión y criminalización de la protesta en su conjunto.
Se desconoce que en un contexto en que la Policía está militarizada y permeada por el discurso contrainsurgente que ve a los manifestantes como potenciales “enemigos internos”, existen grandes incentivos para que mediante actos de violencia se disuelvan las protestas, como de hecho ocurre generalmente. Por ejemplo, el discurso contra el “vandalismo” tomó fuerza tras las protestas estudiantiles el 29 de septiembre de 2019, cuando un grupo de “encapuchados” ocasionó daños en la sede del Icetex, en Bogotá, pero nunca se informó si, como declararon varios medios de comunicación, sus autores eran realmente policías “infiltrados” en las manifestaciones (3).
En suma, evitar sucesos como los del 9 y 10 de septiembre pasa necesariamente por cuestionar ese discurso autoritario contra la protesta y no solamente por exigir una reforma de la institución policial. La misma pregunta por quién dio la orden pasa a un segundo plano, si se tiene en cuenta el conjunto de sobre-entendidos en que operan los policías por cuenta de esta ideología o sentido común contrainsurgente, que incentiva acciones represivas y abusivas. Sin embargo, a pesar de las diferencias en el programa de gobierno, el estilo personal y los intereses que representan, en ese discurso autoritario han convergido los gobiernos de Iván Duque y Claudia López.
Contrainsurgencia contra el “vandalismo”
El que Duque haya cerrado filas en torno a la Policía, rechazando la reforma, vistiéndose con su uniforme en señal de respaldo después de la barbarie del 9 y 10 de septiembre y negándose a hacer presencia en el acto de reconciliación con las víctimas, no debería sorprender. Desde el comienzo su retórica fue un reencauche de la que implementó Álvaro Uribe en sus dos períodos de gobierno. La protesta social, las garantías para la oposición política y la implementación del Acuerdo de paz, fueron enmarcados por una retórica análoga a la “seguridad democrática”.
La eficacia política de ese discurso, exitoso en las condiciones de intenso conflicto armado a inicios de siglo, depende de la concepción de un enemigo absoluto del orden social, papel que en tiempos de Uribe desempeñó la guerrilla de las Farc. Por esa razón, el gobierno ha tratado por todos los medios de buscar un reemplazo para ese antagonista, erigiendo como gran enemigo del orden a los cultivadores de hoja de coca mediante una política antidrogas represiva, a las disidencias de la guerrilla, al gobierno venezolano con amenazas tácitas o explícitas y, naturalmente, a los “vándalos”.
La actualización del discurso contrainsurgente se manifestó en la criminalización de la protesta, al asociarla nuevamente a “grupos armados” y reducirla a violencia y “vandalismo”. El paro universitario de 2018 fue duramente reprimido: las marchas estudiantiles hacia el norte de Bogotá fueron tratadas con un enfoque de orden público, casi como actos de guerra y no como el ejercicio de un derecho. El Esmad empleó todo su poder de fuego, dejando una cantidad indeterminada de heridos y tres estudiantes que perdieron sus ojos a causa de armas “de letalidad reducida”. Las protestas fueron infiltradas por agentes de policía no uniformados, como si constituyeran una amenaza para la seguridad estatal y el orden social.
El gobierno se negó sistemáticamente a dialogar con los sectores sociales. Por eso dejó plantada la minga indígena a principios de 2019 e incumplió sus compromisos derivados del paro universitario. La estrategia de criminalización se repitió nuevamente de cara al paro nacional del 21 de noviembre, pues en vez de atender los reclamos de la ciudadanía para prevenir las protestas, el gobierno las presentó como un intento de desestabilización, llegando a afirmar que se trataba de “vándalos” ingresados al país como parte de un complot internacional. Ante el fracaso de esa estrategia, se realizaron allanamientos a organizaciones sociales y detenciones de activistas días previos al paro.
Pese al carácter marcadamente no violento de las protestas, la retórica contrainsurgente del “vandalismo”, ampliamente compartida por diversos sectores políticos y sociales, legitimó la represión y la estrategia de pánico –supuestos “vándalos” atacando viviendas particulares– orquestada para desmovilizar a la ciudadanía la noche del 21 de noviembre en Cali y la noche siguiente en Bogotá. Las jornadas de protesta fueron trágicamente selladas con el asesinato del joven estudiante Dilan Cruz, el sábado 23 de noviembre, tras el desalojo violento de una manifestación totalmente pacífica en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
La dureza de la represión motivó incluso un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de septiembre de 2020, en el que se afirma que hubo agresiones sistemáticas de la fuerza pública contra los ciudadanos en medio de las protestas (estigmatización, detenciones arbitrarias, agresiones desproporcionadas con armas químicas y no letales, entre otros), se ordena al gobierno disculparse por los excesos de fuerza, así como proteger el derecho a la protesta mediante una reestructuración del ejercicio de la fuerza, y se prohíbe el arma con que fue asesinado Dilan Cruz, la escopeta calibre 12.
La Alcaldesa y la protesta
La alcaldesa Claudia López, por su parte, ha sido una abanderada de las víctimas, demandando una reforma estructural de la Policía y recopilando casos y denuncias de abusos para ponerlos a disposición de las autoridades judiciales. Sin embargo, su discurso frente a la protesta social no se aparta sustancialmente del que caracteriza al gobierno nacional. Desde la campaña electoral López se negó a prescindir del Esmad. En enero presentó un “protocolo” para atender las protestas teniendo esa fuerza policial como recurso de última instancia. La estrategia fue opacada por incluir un grupo de “madres gestoras de paz” que recordaban los mismos-policías del exalcalde Mockus, dispuestos a corregir mediante la burla el mal comportamiento ciudadano, y que harían presencia en las marchas con mensajes claramente autoritarios como “algún día me lo agradecerá”, “soy su mamá y punto”, “cuando tenga hijos se acordará de mí” y “no se dice qué, se dice señora”.
Pero, una vez se prescindió de esa estrategia, el protocolo definitivamente fracasó el 16 de enero, frente a protestas en la Universidad Nacional que inicialmente solo comprendían el bloqueo de una vía. La demora de los manifestantes, que afectó la circulación de Transmilenio por varias horas, motivó la represión por parte del Esmad. Con eso se dejó claro que así se recurriera en primera instancia al diálogo, lo que incomodaba no era el “vandalismo”, provocado en esa ocasión por la violencia policial, sino la protesta misma, cuyo ejercicio quiere limitarse en tiempos y espacios.
Las protestas contra el gobierno Duque, el 21 de enero, fueron igualmente reprimidas. El 5 de febrero la Alcaldesa asoció el “vandalismo” a las disidencias de las Farc supuestamente infiltradas en las protestas. El 22 de febrero el Esmad reprimió con dureza las protestas en la Universidad Distrital. Haciendo eco del discurso criminalizante del “vandalismo”, cuatro días después la misma funcionaria confrontó al representante estudiantil Julián Báez, quien denunció en una sesión del Consejo Superior la penetración del Esmad al campus universitario. La Alcaldesa responsabilizó a los estudiantes que protestaron por tolerar el “vandalismo” de los encapuchados y afirmó:
“Es absolutamente falso que la policía haya entrado a la sede […] los que están dentro de la universidad, los que salieron y reingresaron a la universidad fueron los vándalos, armados; desde el primer piso y desde la azotea tirando piedras y bombas molotov. ¿Eso no lo vieron los del comité de derechos humanos?” (4).
También fueron reprimidas en abril pasado las protestas desatadas por falta de ayudas en medio del confinamiento por la pandemia, principalmente en la localidad de Ciudad Bolívar. El 18 de abril en una de esas protestas fue baleado por la policía Dany Darío Carvajal Castellanos. En otros casos se dispararon gases lacrimógenos al interior de las viviendas, que afectaron adultos mayores y niños. En fin, desde principios de mayo, todavía en cuarentena, el desalojo de las invasiones en el terreno Altos de la Estancia también corrió por cuenta del Esmad.
Tras los sucesos del 9 y 10 de septiembre, la Alcaldesa ha quedado atrapada entre dos imperativos. Atender los requerimientos de justicia por parte de las víctimas sin llegar a antagonizar con la Policía y el gobierno nacional hasta el punto de llegar a comprometer su gobernabilidad por los próximos 3 años. Su propuesta de reforma policial va acompañada de una preocupación porque la Institución recupere la confianza de la ciudadanía, pero en ningún momento se aparta del discurso autoritario sobre la protesta social. Sus declaraciones continúan reduciendo el problema a la dicotomía entre mayorías pacíficas versus minorías de “vándalos”.
Pero, además, con reiteración homologa la situación de las víctimas de la violencia policial con la de los policías heridos. El “acto de perdón y reconciliación” que promovió casi inmediatamente después de los hechos, el 13 de septiembre, evidencia una enorme preocupación por conservar su imagen favorable más que por la gravedad de la situación. En realidad no era un acto de “perdón”, porque no se puede obligar a perdonar a las víctimas antes de que se haga justicia, sino un acto de desagravio. Pero el título de la jornada dejó en el ambiente el mensaje de que simbólicamente ya hubo “perdón y reconciliación”. Por eso, algunas víctimas se sintieron políticamente instrumentalizadas.
El corto plazo
En el corto plazo no es previsible que las protestas disminuyan: a la pobreza y desigualdad que deja la pandemia se suma el descontento con el manejo autoritario que le han dado, el clima de violencia que cunde por el país y las frustraciones acumuladas por el incumplimiento del Acuerdo de paz. La reforma de la Policía, que muchos ven como una solución mágica, solo es una parte de un problema mayor y, dadas las correlaciones de fuerza vigentes, improbable por ahora. Por eso es fundamental que se abandone el discurso hegemónico que sirve como condición de posibilidad a la represión y el abuso policial y avanzar hacia la implementación de formas de contención de la protesta que excluyan la violencia.
En particular, es necesario que autoridades interesadas en el cambio, como la Alcaldesa de Bogotá, adopten una visión compleja y matizada de la protesta social, que es irreductible a la dicotomía entre mayorías pacíficas y minorías “vandálicas”, evitando su criminalización. El protocolo que ensayó en enero muestra las limitaciones de una estrategia de contención basada en incentivos negativos de tipo “si no ceden al diálogo, se usará el ESMAD”, pues no solo terminó por desencadenar violencia sino que con la excusa del “vandalismo” se limitó el derecho a protestar, en particular en el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional. Esos mismos incentivos negativos están presentes en el enfoque de corte “mockusiano” basado en la conversión de cada ciudadano en un vigilante de su prójimo, implícito en el regaño de la Alcaldesa al representante estudiantil de la Universidad Distrital por no controlar los “vándalos” encapuchados, que incluso terminan por generar conflictividad en las comunidades que protestan.
Es necesario crear formas de contención basadas en incentivos positivos que prevengan la violencia. Quizás el ejemplo más exitoso de este tipo de estrategia sea la que implementó la alcaldesa encargada Clara López en el segundo semestre de 2011 frente al auge de la protesta estudiantil. Los pactos de no agresión, tanto con las organizaciones sociales como con la fuerza pública, la pedagogía del derecho a la protesta y la habilitación de espacios para la libre expresión pueden prevenir con más eficacia la violencia que la amenaza de represión y judicialización.
1. “Dios y patria”. https://www.elespectador.com/opinion/dios-y-patria/
2. “Van 80 policías detenidos este año por corrupción”. https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/van-80-policias-detenidos-este-ano-por-corrupcion-375454
3. “Policías se infiltraron en protesta que destruyó edificio del Icetex y los investigarán”. https://www.pulzo.com/nacion/policias-investigados-por-protestas-icetex-e-investigacion-PP776173
4. “Qué hay detrás del regaño de la alcaldesa en la Universidad Distrital”. https://www.eltiempo.com/bogota/que-hay-detras-del-regano-de-la-alcaldesa-claudia-lopez-en-la-universidad-distrital-467128
*Profesor universitario e investigador social.
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