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Con paso de sastre turbayista

Con paso de sastre turbayista

Con el supuesto de luchar contra la corrupción política y electoral, el gobierno impulsa la denominada reforma constitucional “Equilibrio de poderes”, con la que dice buscar la no reelección presidencial, el voto obligatorio –que por oferta y demanda simplemente reducirá el costo de la compra–, y la lista cerrada, que ocultará a los candidatos desacreditados tras unos que gocen de buena reputación”. Además, tiene como foco la circunscripción nacional, la lista abierta y el voto preferente, intentando golpear el voto de opinión, voto de castigo contra el poder tradicional.

Una reforma al sistema política se lleva a cabo con el fin de recomponer la relación vivida al interior del mismo en determinado momento histórico. Una reforma de este carácter puede darse como medida para desarrollar la democracia y ampliar el reconocimiento de nuevos actores, o en sí, para perfeccionar el sistema electoral.

Por lo general una verdadera reforma al sistema político es fruto de consensos entre la diversidad de actores que están y aspiran a estar en el escenario político representativo, o en caso contrario, una reforma política puede ser un reversaso para las conquistas democráticas de la ciudadanía. Acción propia de las dictaduras militares y civiles.

Caso sui generis. En Colombia una reforma política es el producto del acomodamiento momentáneo de las circunstancias de una crisis en la relación de los actores clientelistas, más que la necesidad de mejoramiento constitucional para ampliar la democracia. En efecto, y no en vano, desde 1991 hasta la actualidad, sin incluir la presente, la Constitución ha sufrido 39 remiendos. Uno de los primeros consistió precisamente en volver a la figura de parlamentario principal y suplente, lo cual motivó que un senador electo le diera entrada las veces que quisiera a su segundo, tercero y así sucesivamente, al personaje que le siguiera en lista. Esto no fue más que un acomodamiento clientelista.

La fallida reforma a la justicia vía constitucional del año 2013, fue otra trama para acomodar las circunstancias de tiempo de los miembros de las altas cortes, con el fin único, de mejorar sus prebendas salariales y pensionales. Unos años atrás, la reforma constitucional del momento fue para desmejorar las prestaciones pensio-nales de los colombianos y otra para darle vía libre a la entrada de capital extranjero sin temor a las nacionalizaciones.

Con los hechos presentados, se contradice el decir, que “sólo puede concebirse una democracia de acuerdo con reglas y orientaciones específicas”1, pero más aún, en nuestro caso, “la representación política (no es), el instrumento que enlaza la comunidad política con el gobierno”, y deja de lado el sentido que “el gobierno, como la Constitución, encarna la comunidad política”2.

“Equilibrio de poderes”, la actual propuesta de reforma constitucional que está en curso, dice buscar la no reelección presidencial, acción necesaria ya que al interior del propio bloque de poder, tanto político como clientelista, se encuentra con que en su disputa por puestos y prebendas las fuerzas políticas tropiezan con reelecciones en una diversidad de instancias ejecutivas, judiciales y electorales entre otras, que en su momento les facilitaban una rotación de cargos “sin traumatismo”. En tal sentido, más que buscar consensos para ampliar la democracia, incluso, incluir elementos tácitos de los acuerdos de La Habana en lo referente a su punto segundo, lo que persigue en sí está reforma es un objetivo eminentemente clientelista.

Precisamente, a decir del senador Jorge Robledo, “Las reformas legales han de ser juzgadas por lo que proponen y por lo que no proponen; por lo que muestran y por lo que ocultan”3. En este sentido, la de poderes es la de la ‘mermelada’, el clientelismo y el fraude electoral, ya que “La del santismo ni menciona estas lacras y exhibe dos falsas soluciones contra la corrupción: el voto obligatorio, que por oferta y demanda simplemente reducirá el costo de la compra, y la lista cerrada, que ocultará a los candidatos desacreditados tras unos que gocen de buena reputación”4.

A decir del Polo Democrático, y con razón, “La reforma santista, además, se dirige contra la circunscripción nacional, la lista abierta y el voto preferente, de manera que golpea el voto de opinión, que es aquel en el que el ciudadano sí vota libremente, como sucede con los electores del Polo Democrático Alternativo. Igualmente, la reforma del gobierno presenta esos cambios como si de verdad atacaran la corrupción política y electoral, cuando, si mucho, le abarata sus costos y la esconde del escrutinio ciudadano. Y mantiene vigentes el umbral de tres por ciento, la cifra repartidora y el actual diseño de Consejo electoral, tres mecanismos calculados contra las fuerzas minoritarias”.

Con esta realidad al frente de nuestros rostros, nos encontramos, parafraseando a Marx, que los cambios constitucionales en Colombia ocurren como “comedia” y, aún más, como “tragedia”, al tiempo que como farsa. Y en el mismo sentido del ilustre alemán, “el interés más exclusivo (del clientelismo) se impone al más amplio”, que debiera ser el de ampliar la democracia, lo cual no ocurre hasta ahora.

Al así suceder, no queda duda, los cambios constitucionales oficiados en nuestro país desde la cúpula del poder tradicional, no han buscado más que, y de manera exclusiva, que los sectores dominantes, tanto económicos como políticos clientelistas, no choquen entre sí con el “disfrute de los derechos iguales de las clases dominantes y sus aspiraciones políticas”5.

 

La reforma que Colombia necesita

 

Colombia necesita una reforma de fondo de todo el sistema político y electoral, que empiece por prohibir y perseguir en serio el constreñimiento al ciudadano en todas sus manifestaciones y que cambie la actual estructura (Consejo Electoral y Registraduría), diseñada para que las organizaciones políticas del establecimiento impongan un tipo de oscura partidocracia al servicio de intereses que no son los de los colombianos6.

En nuestro país, el clientelismo y la corrupción son las características esenciales, tanto del sistema político como del electoral. La compra y venta de votos, la comercialización de líderes –entre estos concejales y diputados–, el control y monopolización de entidades públicas por parte de los partidos (hoy la Unidad Nacional, ayer el uribismo, antes liberales y conservadores), los contratos a dedo, la financiación de los partidos por debajo de la mesa, el apoyo de los cacaos a los partidos liberal y conservador, el aparato estatal y con ellos sus funcionarios base del “sistema” a disposición de gamonales y caciques electorales, la financiación de las maquinarias políticas tradicionales por parte del paramilitarismo y del narcotráfico, etcétera, todo esto hace casi que imposible, a cualquier partido político de sesgo opositor, disputar de tú a tú curules para el Congreso. No más imaginar que la elección de un senador de la República, a precios de 2014, puede costar cerca de 10.000 millones de pesos, en especial en la Costa Atlántica, nos da una imagen del tipo de régimen político que tenemos y la dificultad para, siquiera, oxigenarlo.

Por ello, más que espacios políticos transitorios lo que debe garantizarse, como parte de la negociación en curso en La Habana, es una reforma política y electoral a fondo, tendiente a cambiar el sistema de repartición de curules, darle oportunidades a la guerrilla en sus tradicionales zonas de influencia, permitiéndoles ser actores protagónicos del sistema político, de manera que se sientan parte de nuestra democracia, en vez de excluidos otra vez, como actualmente sucede. La participación política no debe estar al servicio de los delfines y familiares de altas “cumbres” sociales, sino que debe ser el escenario de la confrontación de ideas y proyectos de sociedad y gobierno.

En este sentido, la oposición, como explica Giovanni Sartori, deberá contar con un estatuto serio a su favor, ya que “Cuando no se limita el ejercicio del principio mayoritario, surge la tiranía de la mayoría. En sustancia, aquí el problema es o son los derechos de la minoría”. Es inconcebible, que desde 1991, cuando se estableció por Constitución el Estatuto de la Oposición, éste no se haya concebido, en lo fundamental por temor a que el clientelismo sea debidamente auscultado por partidos diferentes a los tradicionales. Es más, hoy el Centro Democrático añora un Estatuto de la Oposición, cuando el uribismo en su momento lo negó. Cosas de la vida.

Al analizar en profundidad lo acordado en La Habana hasta ahora, y por lo cual Santos dice “que la paz está de un cacho”, lo que encontramos es retórica, nada en concreto, y de aceptar las farc dicha retórica, entonces se cumplirá la sentencia de Roy Barreras que a las farc las “muelen” en las primeras elecciones en que participen.

De esta manera, aceptar la propuesta de reforma política del gobierno Santos, dizque en busca del “equilibrio de poderes”, es aceptar la continuidad del clientelismo en todas sus formas. Y ojo, no es que el clientelismo se acabe por decreto, pero por lo menos una democracia debe darle a la oposición dientes para llevar a cabo su trabajo de juicio parlamentario y disponer de una relativa igualdad de condiciones para participar en una contienda electoral. ¿Quién le puede ganar a los Ñoños en Córdoba, cuándo de por medio disponen de miles de millones en mermelada para repartir? Y así sucesivamente. ¿Quién le puede ganar a “Robert” Gerleín, cuando cuenta con la abultada chequera de su hermano Julio Gerleín, gran contratista del Estado nacional? Ejemplos sobran, y hoy podemos decir, que el Congreso en sí es una mafia. Una clase social que dispone de oportunidades, recursos y formas de incidir en la organización social, política y económica del Estado colombiano, más que ningún otro sector, incluso, si quisieran, arrodillarían a los “cacaos”.

Así, ¿de que democracia hablamos en Colombia?

 

* Magíster en ciencia política, Universidad de los Andes.

1 Arato, Andrew, “Formas de diseño constitucional y teorías de la democracia”, en: Lapolítica # 4, Paidós, Madrid, página 59
2 Rivero, Ángel, “sobre la constitución de la comunidad política y su representación”, en: Op. Cit, página 99
3 Ver: http://bit.ly/1okGMiv
4 Ver: http://www.moir.org.co/Reforma-a-favor-del-clientelismo-y.html
5 Ver. Carlos Marx, “El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”, Obras escogidas, Tomo I, Editorial progreso, Moscú, 1973, Página 419.
6 jorgerobledo.com/la-reforma-politica-y-electoral-de-santos-mantiene-y-oculta-un-sistema-inicuo/

 

 

Con el país en la cabeza

Una verdadera reforma política, con criterio de paz, debe disponer por lo menos de los siguientes aspectos:

Derecho de acceso propio a la información del Estado, clasificada o no; presencia de la oposición, por derecho, en el Consejo Nacional Electoral; acceso al registro electoral del país y de colombianos en el exterior; implantación del voto electrónico en todo el territorio nacional; representación en las registradurías departamentales y municipales; financiación plena de las campañas electorales; representación amplia en las Mesas Directivas de Senado y Cámara, así como sus Comisiones, incluyendo sus secretarías por derecho propio; posibilidad de réplica en todos los medios de comunicación; participación en las Comisiones Accidentales, incluyendo la de Relaciones Exteriores, Endeudamiento Externo y Militar; participación en las directivas de Ecopetrol, Banco de la República y servicio civil, entre otras; participación en los órganos de control, y derecho propio en la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Contraloría. Pero también se les debe abrir canales para participar en la selección de los magistrados de las altas Cortes, e incidir en el sistema judicial, etcétera.

Todos estos aspectos deben estar presentes en las negociaciones de La Habana si de verdad no queremos repetir la historia de tragedia y muerte de los últimos 60 años, y la fallida e irreglamentada Constitución de 1991, la cual dejó su actualización al clientelismo.

En cuanto al sistema electoral, lo preferible es mantener el sistema de listas cerradas por partidos o movimientos políticos a nivel nacional, o en su caso, si se trata de darle representación a las regionales, dividir el Senado entre 60 senadores de lista nacional y 60 de listas regionales. Ojo, regiones, no departamentos, y ampliar los cupos departamentales en la Cámara para los antiguos territorios nacionales.

La democracia cuesta, eso lo señaló en alguna ocasión Carlos Gaviria, y tiene la razón. Se critica mucha el costo del Congreso, pues entonces, redúzcanse los salarios de los congresistas y acaben esa sinvergüencería llamada UTL Unidad de Trabajo legislativo, y nómbrese equipos por partidos. Ahí existen recursos para ampliar las representaciones regionales tan comentadas y solicitadas. Un ejemplo, España con una población similar a Colombia, tiene un Congreso (Senado y Cámara de Diputados) de 550 miembros.

Pero si algo no debe quedar por fuera de una verdadera reforma política, es la lucha contra el clientelismo, comenzando por la legalización, o no, para todos y por igual de las asignaciones específicas, pasando por el nombramiento de los registradores y veedores electorales, y llegando a la financiación de la campañas electorales, poniéndole el ojo a la financiación por “debajo de la mesa”, esa que se presta para la compra de votos y registradores. Si una campaña electoral, a la luz pública supera los topes electorales, en la realidad, no en las estadísticas de información, debe penalizarse y responder con la disminución del número de curules. Pero algo más a fondo, no puede permitirse que continúe el cuento de nunca acabar de que el abuelo fue ladrón, luego el hijo, y el cupo al senado ahora le pertenece al nieto, como sucede con la familia García Romero–Zuccardi. La comunidad debe emplear una sanción social y penal en estos casos.

Reforma para abrir el sistema político. Pensar y calcular, como lo hacen muchos parlamentarios liberales y conservadores, que la guerrilla entre al Congreso “y que después la molemos”, es lo peor que nos podría suceder como país. A Colombia le hace falta una oposición orgánica, seria y consecuente, pero sobre todo que pueda existir y desempeñarse con garantías. Que tenga capacidad de denuncia y ser alternativa de poder democrático. Pero si el “sistema” aporta a la democracia, tanto la guerrilla como la izquierda también deberán aportar, así como la sociedad en su conjunto; un primer aporte de esta izquiera radica en vencer sus egos, “ismos” y divisiones que le han caracterizado a través de su historia, entendiendo por esto –por las razones expuestas– que la unidad en sí misma es la razón de su supervivencia en un sistema político y electoral altamente competitivo.

Finalmente, quién lo creyera, una verdadera reforma constitucional pasa por La Habana, y hasta ahora esto no ha sucedido, aunque tengamos presente que “El conflicto de clase puede ser perfectamente un importante medio para el desarrollo de los derechos ciudadanos”*, y es el momento para que así suceda.

* Held, David, “ciudadanía y autonomía”, en: Lapolítica # 3, Paidós, Madrid, página 53.

Información adicional

Reforma política
Autor/a: Alfredo De León Monsalvo
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