A pesar de la indignación que despertó, de las protestas presentadas a lo largo y ancho del país, de las voces de académicos, políticos, activistas y autoridades de control manifestados en contra de la lesiva transacción, el Gobierno en cabeza del ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, madrugó el 13 de enero a vender por el monto de 6.48 billones de pesos la segunda generadora de electricidad del país, Isagen.
El largo proceso de privatización de esta empresa, dilatado por justas acciones jurídicas y por decisiones cautelares del Consejo de Estado, había empezado en el 2013 cuando el Gobierno con el Decreto 1609 manifestó la voluntad de enajenarla. Para entonces el precio colocado para su venta, por acción, era de $ 2.850. Uribe Vélez, contrario a lo recientemente exhibido en los medios de comunicación, también pensó en venderla hacia el 2007 cuando una comisión de gasto presentó tal recomendación, la misma que no tuvo tiempo para concretar bajo su presidencia.
La transacción se concretó a las 8:30 de la mañana en el edificio de la Bolsa de Valores de Colombia donde tuvo lugar la llamada “subasta” pública, curioso, con un único participante, la canadiense Brookfield Asset Management (BAM), cuyos representantes depositaron en la urna la propuesta monetaria con la que accedió al 57.6 por ciento de las acciones de la empresa.
Con esta compra la multinacional canadiense entra pisando fuerte al mercado de electricidad colombiano, controlando en los próximos años, con los 3.032 megavatios (MW) de capacidad de generación de la empresa, el 16.69 por ciento de la demanda del país. Control que resquebraja la soberanía energética de Colombia, país que ya tiene una de las electricidades más caras de Suramérica.
Mal negocio. Hasta el momento de su venta Isagen funcionaba como una de las empresas más prosperas del país. De acuerdo a cifras de Feisa (Fondo de Empleados de Isagen) los dividendos proporcionados durante el 2015 para el país fueron estimados en cerca de $227.000 millones de pesos, y entre los años 2016 y 2019 podría proporcionar utilidades cercanas a los 1.5 billones. En el segundo trimestre del 2015 las ganancias de la empresa crecieron en un 41 por ciento, produciéndose utilidades por 33.398 millones de pesos más que en el mismo periodo del año inmediatamente anterior.
La cantaleta neoliberal siempre aduce que el Estado debe salir de todo aquello que no es rentable, pero ese no es el caso en esta oportunidad, entonces, ¿qué sentido tiene vender un bien rentable? ¿Tal decisión no riñe con ese mismo espíritu de eficiencia enarbolado por los neoliberales?
¿Será que estamos ante unos malos negociantes? O, por el contrario, estamos ante unos gobernantes que en verdad lo que son es negociantes, en función de lo cual, tensando los hilos del poder, facilitan todo para que unos pocos –privados– logren grandes beneficios a costa del esfuerzo acumulado durante muchos años por muchos –lo público–?
Dice el refrán que “ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”. Parodiándolo podemos enunciar que negociante que favorece negociante recibe más que un abrazo o un apretón. ¿Qué recibirán aquí? ¿Su beneficio provendrá de una simple irrigación de recursos para insuflar la decaída economía nacional? ¿O tal vez tal beneficio rodará por las 4G que como slogan de campaña 2018 serán izadas como evidencia de eficiencia cementera? ¿Habrá más? ¿Qué habrá?
Algunos cercanos al alto gobierno sí celebraron de inmediato. En edificios exclusivos la champaña no pudo faltar en medio de las celebraciones de empresarios, juristas y banqueros que tras arduo lagarteo y gestiones de diversa índole finalmente lograron privatizar la compañía. Los ganadores: David Valores, firma comisionista del grupo Davivienda acreedora del 0.3 y el 0.5 producto de esta venta; el bufete de abogados Philipi, Prietocarrizosa & Uría: la Bolsa de Valores de Colombia que recibe una importante comisión; los funcionarios y exfuncionarios gubernamentales que amarraron el negocio.
Pero donde alguien gana también alguien pierde, pero en este caso no son personas ni pequeños grupos con ánimo de acumular más riqueza, no, ahora perdieron millones de colombianos/as un bien estratégico, fundamental en tiempos de cambio climático, además de vital como recurso garante de soberanía nacional.
Perdió también la conciencia nacional, aquella que debía de haber propiciado la movilización rotunda y radical de millones de connacionales en defensa de lo suyo quienes, adormilados por las vacaciones, por la desinformación o por la clara ausencia de una alternativa política nacional que concitará la rebeldía nacional, admitieron en total pasividad una acción que les perjudica y que somete aún más al país a las dinámicas de la especulación económica internacional.
Pie de Imagen: Rueda de prensa en la Bolsa de Valores de Colombia, sobre la venta de Isagen.
¿Quién es Brookfield Asset Management?
Estamos ante una multinacional canadiense, con activos en diversas partes del mundo que ascienden a $225.000 millones de dólares, cuyas inversiones son desarrolladas en el sector eléctrico. Empresa fundada en 1899 en Canadá y que en la actualidad cuenta con más de siete mil unidades de producción de electricidad y más de cinco mil de producción hidroeléctrica en todo el mundo. En Latinoamérica se encuentra en Chile, Brasil y Perú donde cuenta con activos que superan los 15.000 millones de dólares. La empresa ha sido reiterativamente cuestionada por malos manejos: en Brasil está siendo investigada por el pago de sobornos para obtener licencias de construcción y sus directivos pueden ir a la cárcel; en Estados Unidos por la Comisión de Bolsa y Valores del Departamento de Justicia por posibles violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero
¿Empresa idónea para confiar la producción de hasta el 20 por ciento de la energía eléctrica del país? ¿Otra Chiquita Brands?
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