La emboscada

Cruzada de interrogantes arrancó la fase pública de la negociación de paz entre el gobierno nacional y el Eln. ¿Será este el último, el capítulo final del conflicto armado?

Con sesiones realizadas en Ecuador, Venezuela y Brasil para redondear este paso, necesitaron dos años de conversaciones privadas. Discusión que les tomó desde el 27 de enero de 2014 hasta el 30 de marzo mismo, cuando las dos partes anunciaron en Caracas acerca de su común acuerdo. Sin embargo, y con sorpresa, la agenda acordada no tuvo ni un minuto de armonía.

Según el presidente Santos, el Acuerdo Marco tiene “[…] una naturaleza muy distinta del proceso de La Habana […]. En lugar de pasar un largo tiempo en la Mesa redactando acuerdos detallados, punto tras punto, queremos promover procesos de participación de la sociedad en las regiones que sirvan de base para acordar con el Eln medidas que contribuyan a la construcción de la paz”.

Tanto el prolongado diálogo exploratorio y confidencial, como el cara y sello lanzado en las palabras de Santos, revelan que la llegada a un acuerdo temático no fue sencillo ni pudo fijar plazos. Al final, cada una de las partes cedió notoriamente en algo. Por parte del Gobierno es evidente. Concedió al no incluir en la agenda el tema del narcotráfico, ante el cual su contraparte reiteró que no debía de estar incluido como tema por dirimir, pues no hace parte de sus prácticas ni líneas de financiación; pero también cedió en la metodología base de esta negociación. En concreto, en el punto 2…d) Participación de la sociedad en la construcción de ciudadanía”.

Tal punto resulta consecuente y sin sorpresa, dados los énfasis que caracterizaron a cada uno de los distintos momentos de negociación, entre el gobierno nacional y el Eln, a lo largo de las últimas décadas. Metodología en la cual esta organización guerrillera siempre insistió: el ingrediente de una participación activa de la sociedad, para el logro de la solución política. De alguna manera y sin importar la denominación, recalcan que la comunidad discuta con el Gobierno. Que presente urgencias. Y defina desde su ángulo, las deudas y prioridades económicas, sociales, ambientales, etcétera. Con este método e instrumento, los alzados en armas avalan dichas decisiones y sentires. Según su entender, “las armas al servicio de la sociedad”.

¿Por qué admitió esta metodología la delegación gubernamental, aferrada como está a defender los privilegios? No es clara la respuesta. La inclusión de este aspecto deja la puerta abierta a una negociación con discusión acerca de cualquier tema. Si la sociedad con papel de actor define las prioridades y afanes que más preocupan, resulta contradictorio con el estribillo que una y otra vez repiten desde las altas esferas: “Desde el principio hemos dejado en claro al Eln –tal como lo hicimos con las Farc– que la agenda para acabar la guerra NO incluye la negociación de nuestro sistema económico o político. Ni del régimen de propiedad privada. Mucho menos, temas relacionados con la doctrina militar o de nuestra fuerza pública”.

Entonces, si para la comunidad de Arauca o del Cauca o cualquiera otra el afán y necesidad es su reclamo por reformar el régimen económico o transformar la doctrina de las Fuerzas Armadas o temas similares, ¿qué haría el Gobierno? Es obvio que surgiría al punto una barricada que pone distancia entre las partes. Abierta en temas, la negociación dilata tiempos. ¿Cómo resolver tal obstáculo? La respuesta llegará con el paso de los meses. ¿Están dispuestos Santos y el establecimiento a reformar el contenido no reformable de sus intereses: la estructura económica de expoliación y de negocios? ¿La insurgencia está dispuesta a silenciar sus armas con parodias de participación de la sociedad o sin conseguir su más importante enunciado de la Agenda.

No fue casual, por tanto, que el tono y los puntos de la agenda firmada desataran una agria discusión entre el Presidente y la cabeza de esta negociación, Frank Pearl. Desacuerdo hasta el punto que motivó una inicial renuncia de Pearl al frente de la delegación gubernamental. Las formalidades del momento mantuvieron el cargo. ¿Hasta cuándo aguantará?

La Agenda abierta con el Eln toca otros aspectos, y no de manera fácil. Por ejemplo, las armas: “[…] se construirá un acuerdo sobre las armas del Eln para ponerle fin al conflicto armado”. No constituye referencia, está exenta la fórmula dejación que no es entrega, y que al Gobierno le costó pestañas y acomodo. ¡Qué presión tiene! ¿Por qué aceptó este tenor de acuerdos la parte gubernamental? El interrogante hay que plantearlo una y otra vez.

La duda conlleva o puede derivar una respuesta de acrecentamiento del conflicto, de represión y de persecución a la oposición insumisa: arreciar éste con grados de aceptación en sectores de opinión. En fin, de una ofensiva militar/paramilitar con un efecto de exigencia y radicalización de la estructura armada en negociación, o apuntada contra las comunidades donde el Eln tiene aceptación.

Si así fuera –y ojalá que no–, la paz no estará tan cerca. Tan a corta distancia, como repite el discurso del poder por todos los medios oficiosos. Maniobra de poder con factores de violencia militar-paramilitar, que repercutiría y puede extenderse al conjunto de las Farc y las organizaciones sociales que están localizadas en sus territorios de influencia. Con sus retoños, y sucedida como fue la parainstitucionalización 1992-2010 (desde el aquí estoy y aquí me quedo de Samper, que mantuvo al general Bedoya), es un avatar no extraño en la deriva actual que no es de paz blanquísima. Con sepelios, organizaciones sociales y algunos entornos políticos de oposición, ya levantan voces de protesta. De indignación, por el permanente asesinato de sus líderes o de activistas de base. Realidad macabra.

Quizás es por este tipo de ítems en el guion acordado que el presidente Santos extendió una emboscada con discurso a la contraparte guerrillera. Texto que pronunció el mismo día en que informó el comienzo de conversaciones públicas. Como se puede recordar, en la intervención presidencial Santos aseguró que “…no es lo mismo que La Habana […] Para el Gobierno NO es aceptable avanzar en una conversación de paz con el Eln mientras mantenga personas secuestradas”. Mal augurio.

La negociación pública entre el gobierno nacional y el Eln arrancó con una emboscada a micrófono abierto. No de otra manera se puede calificar la puntualización desplegada por el presidente Santos. ¿Está de sobra Frank Pearl? Si el punto al respecto del secuestro ‒con todo su valor y polémica ante la libertad personal y ante la vida‒ es un irrenunciable para la parte oficial, ¿por qué no lo planteó de este tamaño durante los dos años previos al anuncio del 30 de marzo? ¿Por qué esperar y marcar la diferencia hasta el propio momento de la positiva noticia de otra Mesa? ¿Borrar con el codo las firmas de Pearl, José Noé Ríos y el general (r) Herrera Verbel? Sabida y supuesta una negociación en medio de las hostilidades, ¿presionar a su contraparte de inmediato ‒con argumento de conflicto, de separación‒ para que aparezca ante el país como la culpable de que el diálogo no prospere?

Los antecedentes de negociación sostenida con las Farc enseñan, y saltan a la vista, que el Presidente maniobra de manera constante, que no desaprovecha ocasión para tratar de poner a su contrario a la defensiva. En la pretensión de que aparezca ante el país como sin voluntad real de paz. Ganar la ventaja es una de las esencias del arte de la negociación. Pero llevada de manera errada puede desatar un efecto contrario. ¿Habrá logrado la emboscada el efecto pretendido en la Casa de Nariño?