“Detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen”.
Honoré de Balzac
El acuerdo con las Farc, y el proceso de paz
En el venturoso escenario de que el electorado respalde los acuerdos de La Habana, y las dos partes negociadoras cumplan con lo acordado, existiría un no deleznable fin de la guerra, al menos con la más longeva de las guerrillas. Y en esa aún incompleta paz negativa quedaría por resolver la completa desmovilización de los diversos ejércitos paramilitares, de la guerrilla del Eln, y el fin del narcotráfico (el cual resultaría de abolir la nociva guerra contra las drogas).
En esta paz negativa, el verdadero proceso de paz estaría más estrechamente relacionado con la disminución de la inequidad y la injusticia. No obstante, la reforma tributaria promovida por el gobierno del presidente Santos constituye una prolongación de las injusticias y, por tanto, una simiente de nuevos conflictos sociales y económicos.
Propiedad movible y evasión de tributos
Según el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, “[…] los colombianos tienen 100.000 millones de dólares en otras jurisdicciones, recursos que no tributan en el país. Dicha cifra, equivalente a 300 billones de pesos, es casi la mitad de lo que vale financiar todo el plan de desarrollo en el presente cuatrienio (700 billones) […]” (Economía&Negocios, 2016). Y cuya disponibilidad evitaría la controvertida reforma tributaria.
Entre los ilustres ciudadanos y “padres de la patria” que han preferido transportar sus activos hacia paraísos fiscales como Panamá, resaltan nombres como los del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el exviceministro de Justicia Roberto Hinestrosa Rey, el senador Alfredo Ramos Maya, el empresario Luis Ríos Velilla, y la actual ministra del trabajo Clara López Obregón, quien también es líder del Polo Democrático.
Otros desarraigados compatriotas buscan asépticos hábitats en Estados Unidos: “De ocupar en 2013 el sexto lugar como inversionistas en el sector inmobiliario, Colombia es ahora el cuarto país que pone sus capitales en el sur de la Florida, cifra que además va en aumento, superando al resto de naciones latinoamericanas, como Venezuela, puntero en los últimos ocho años, Brasil y México […]. Invertir en Estados Unidos en propiedades requiere un capital mínimo que ronda los US$100.000 ($290 millones), y las opciones van desde la compra de vivienda, de negocios franquiciados hasta la inversión en proyectos aprobados por el Gobierno norteamericano”. (Torrico, 2016).
Miles de profesionales talentosos, por décadas, han salido de Colombia hacia Venezuela, España y Norteamérica. Se estima que un 37 por ciento de los colombianos residentes en Estados Unidos ostenta un título de profesional universitario o de postgrado.
La magnitud de la emigración criolla es tal que se aproxima a un 10 por ciento de su población total: Colombia es un país que se sale de sus límites geográficos:
aproximadamente 1 de cada 10 connacionales vive en el exterior. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el nuestro es el país con mayor cantidad de emigrantes en Suramérica, seguido por Perú y Brasil, y es también uno de los países de la región que recibe menos inmigrantes. En cifras concretas, el Ministerio de Relaciones Exteriores estima que 4,7 millones de colombianos reside actualmente en el exterior. (Viventa, 2016).
Viejas y nuevas formas de destierro
Por su actividad, el campesinado y los grupos de indígenas y negros del campo están atados a la tierra y, por lo mismo, al ritmo de la naturaleza. En esas macabras olimpiadas del desplazamiento forzado, Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo (con poco más de 6.000.000 de desplazados), le sigue a Siria (con 7.6 millones) y es seguido por la destruida Iraq (con 3.6 millones). Ese es el viejo legado de los guerreristas de derechas e izquierdas, en el último medio siglo de conflicto interno.
El nuevo legado es de la tecnocracia, la cual promueve una modalidad de destierro mediante las señales de garrote (presiones tecnológicas y de productividad) y de zanahoria (seducción del progreso en las urbes), para que el campesinado pobre venda a los nuevos empresarios del campo y voluntariamente emigre a las ciudades. Medio siglo atrás fue el tecnócrata Currie, que con su modelo de desarrollo acelerado propendió por la urbanización (y la construcción de vivienda como un sector líder de la economía) y así facilitó la sepultura de la reforma agraria sesentera. Los tecnócratas de hoy abogan por un desbocado extractivismo, y su obsesión es la de convertir los campos en despensas de recursos energéticos y minerales para industrias foráneas, y en factorías de agroindustria para diversos monocultivos, en especial, de rentables biocombustibles. Las Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social), son una versión magnificada del tímido experimento de megaproyectos agrícolas agenciados por prósperos empresarios, que tímidamente había comenzado años atrás el polémico ministro de agricultura Andrés Felipe Arias con la hacienda Carimagua. Lo que no lograron los señores de la guerra lo completarán con creces los asépticos exponentes de la tecnocracia.
La injusticia tributaria
Notables economistas coinciden en calificar a la anunciada reforma tributaria como regresiva e injusta:
En la perspectiva de (Villamizar, 2016), la Comisión de Expertos que diseña la nueva reforma tributaria es aquiescente con el Consenso de Washington, pues preconiza el principio de neutralidad (los impuestos no deben perturbar las señales del mercado ni distorsionar la asignación de recursos), y las cargas tributarias no deben ser un mecanismo para redistribuir el ingreso. Y afirma que: “[…] La propuesta de gravar los dividendos es un paso muy importante para introducir una mayor progresividad en la tributación. No obstante, el límite de 15 por ciento propuesto por la Comisión para evitar la doble tributación hace que esta sea muy tímida, dada la altísima concentración del ingreso (el 1 por ciento posee más del 20 por ciento del ingreso), así como el insignificante margen de tributación de los sectores más ricos de la población (4 y 11 por ciento en promedio para el 1 y el 0,1 por ciento más ricos)”.
El profesor Salomón Kalmanovitz es contundente al afirmar que: “[…] Hoy los impuestos indirectos (IVA interno y externo, arancel y gasolina) representan el 6.7% del PIB, el de renta 6.9% y el de la riqueza sólo 0.7%. La comisión recomienda un aumento del impuesto al valor agregado que hoy está en 16% para la mayor parte de los bienes al 19%, incluyendo varios bienes todavía exentos de la canasta familiar […]. Para palear el golpe del aumento del IVA, se propone que el gobierno focalice un mayor gasto social hacia los más perjudicados”.
Y, finalmente, Julio Roberto Acosta muestra que una evasión de tributos de 40 billones de pesos anuales es algo inmoral y, así las cosas: “[…] no es aceptable una reforma tributaria con fachada de estructural, pero que solo busca clavar más IVA. Ya mismo, y por decreto, se podría fortalecer a la DIAN, que actualmente solo tiene un funcionario de seguimiento fiscal por cada 9.000 contribuyentes, mientras en Europa la relación es de un funcionario por cada 1.500 contribuyentes. Debe perseguirse a los evasores de siempre, que la DIAN ya conoce y que cínicamente lloran desde sus oscuras sociedades en Panamá por una reforma dizque estructural, pero solo de fachada”.
De los votos a los compromisos con la paz
En la Constitución de 1991 se estipula que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Más allá de los votos pacifistas demanda compromisos.
El carismático líder de la acción no violenta, el hindú M. K. Gandhi, rechazó la invitación a participar en la redacción de Carta Universal de los Derechos Humanos, con el siguiente argumento: “[…] De mi ignorante pero sabia madre aprendí que los derechos que pueden merecerse y conservarse proceden del deber cumplido. De tal modo que sólo somos acreedores del derecho a la vida cuando cumplimos el deber de ciudadanos del mundo. Con esta declaración fundamental, quizás sea fácil definir los deberes del Hombre y de la Mujer y relacionar todos los derechos con algún deber correspondiente que ha de cumplirse primero. Todo otro derecho sólo será una usurpación por la que no merecerá la pena luchar”.
Agudos académicos como (Holmes, S. & Sunstein, C. , 1999) han argumentado que las declaraciones de los derechos están puestas más en el lenguaje de las aspiraciones que de las posibilidades efectivas. Y han mostrado que los derechos son costosos y, por lo menos, exigen el deber ciudadano del pago de impuestos.
Aunque los fines humanos legitimados por el derecho sean deseables, las más de las veces no son alcanzables por un problema de escasez. Mientras el derecho (lo prescriptivo) nos indica las oportunidades que debería tener la gente, la economía (el análisis positivo) nos ayuda a determinar las oportunidades que efectivamente tiene. Hay que reconocer que ideales y loables metas como las contempladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sólo pueden lograrse parcialmente, puesto que dependen de la finitud de los medios económicos a disposición de individuos y colectividades. Según autores, omiten los costos de los derechos quienes, desde posturas extremas de izquierda, hablan de los derechos como triunfos irrenunciables y osan decretar la revolución a través de la redacción de derechos; también lo hacen los especímenes de derecha quienes sólo insisten en el aspecto de inmunidad contra intrusiones y arguyen que la intervención estatal siempre es dañina para la libertad (libertad como licencia económica para invertir y consumir, libertad en sentido meramente negativo).
Los tributos para la paz
Si los tecnócratas a los que les fue encomendada la tarea de diseñar una reforma tributaria hubiesen tenido al menos un barniz de ética, habrían pensado en fomentar impuestos para disminuir la desigualdad y reparar a las víctimas. Habrían pasado a la historia con un poco de dignidad si al menos hubiesen sido tan tibios como el economista francés Thomas Piketty, quien sugiere altas carcas tributarias para los más ricos. No obstante, lo más recomendable para las calamidades sociales y ecológicas que vive Colombia sería la acertada fórmula de Henry George en su clásico texto Progreso y pobreza: hacer de la tierra una propiedad común.
En una reciente columna, el profesor Carlo Tognato (Tognato, 2016) ha puesto el dedo en la llaga, en los siguientes términos:
“[…] En las pasadas décadas Colombia ha vivido una guerra esencialmente de pobres contra pobres. Tanto desde el lado de los grupos al margen de la ley como desde las fuerzas armadas, la casi totalidad de los sacrificios ha sido sostenida por los estratos 1, 2 y 3, cuyos miembros no han tenido la suerte de poder eludir la carga del conflicto. Las élites, por su parte, han defendido su país por outsourcing sin ofrecer como contrapartida un cierre adecuadamente rápido de las brechas de desigualdad en Colombia. De hecho, a diferencia de las familias norteamericanas o israelíes, en las colombianas de estrato 6 es bastante raro encontrar a hijos, hermanos, o amigos que hayan servido en la Fuerza Pública y que hayan vivido de primera mano la guerra. (excluyo, por supuesto, a las víctimas de secuestro y terrorismo). Con eso no quiero decir que en el estrato 6 no haya valentía o capacidad de sacrificio. Sí la hay, pero es muy frecuente que sus miembros estén preparados a sacrificarse solamente para proteger a los miembros de sus propios grupos familiares, sociales o políticos y no a la sociedad en general”.
* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario.
Bibliografía:
Acosta, J. (6 de Junio de 2016). Reforma de fachada, no estructural. El Espectador, p. 16.
Economía&Negocios. (10 de Abril de 2016). Unos 100 mil millones de pesos por fuera del país no tributan. El Tiempo, p. 17.
Holmes, S. & Sunstein, C. (1999). The Cost of Rights: Why Liberty depends on Taxes. New York: W. W. Norton Company.
Kalmanovitz, S. (15 de Mayo de 2016). Reforma tributaria estructural. El Espectador, p. 5.
Tognato, C. (7 de Agosto de 2016). Patriotismo y paz. La silla vacía, p. 8.
Torrico, I. (6 de Junio de 2016). Aumentan inversiones de Colombianos en Miami. El Mundo, p. 10.
Villamizar, H. (25 de Abril de 2016). Reforma tributaria: ¿neutral o progresiva? Razón Pública, p. 5.
Viventa. (20 de Febrero de 2016). viventa. Obtenido de www.viventa.co: http://viventa.co/colombianos-en-el-exterior-quienes-somos-cuantos-somos-y-en-donde-vivimos/
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