El sector salud fue uno de los más dinámicos en términos de reformas y cambios durante el 2016, primer año de la administración Peñalosa. En efecto, la declaratoria de la emergencia sanitaria y la aprobación del acuerdo 641 de iniciativa gubernamental por parte del Concejo, le permitió a la Secretaría de Salud iniciar una reorganización del componente público de la institucionalidad sanitaria de la ciudad, cuyos principales hitos fueron la fusión de los 22 hospitales en 4 redes y la creación de una entidad asesora para el proceso de contratación. Los objetivos planteados fueron: buscar mayores niveles de eficiencia, eficacia, transparencia, alineación con el modelo de salud del gobierno nacional.
La declaratoria de emergencia en el primer trimestre buscaba disminuir los niveles de congestión en los servicios de urgencias de la ciudad, hecho que según los testimonios de las comunidades, visitas e informes de la Personería y reportes de los medios de comunicación no fue efectiva ni en la red pública ni en la privada. Al parecer, los planes al amparo de dicha emergencia no avanzaron más allá de medidas educativas sobre el uso de las urgencias y ajustes en su funcionamiento, acciones que no corresponden a lo que debe actuarse en este tipo de declaratorias, de ahí que en la actualidad cursen varias demandas por la pertinencia, la proporcionalidad y la consistencia de la medida.
En relación con los componentes del acuerdo 641, la ciudad fue sorprendida pues tal reforma no fue parte del Plan de Gobierno; la celeridad de su aprobación en el primer trimestre de 2016 no permitió el debate, y su implementación progresa de manera traumática e improvisada. En su implementación, lo primero que se aprobó y puso en marcha desde abril fue la fusión de los 22 hospitales públicos en 4 redes, sin los estudios técnicos, financieros y jurídicos necesarios, con lo cual no hay certidumbre sobre cuáles fueron realmente las motivaciones, la línea de base, los escenarios posibles y, sobre todo, las metas por alcanzar.
La percepción de la ciudadanía y denuncias de sindicatos, trabajadores, medios de comunicación, congresistas y concejales, ha sido la de recorte en los servicios y el surgimiento de nuevas barreras de acceso, así como poca claridad sobre la direccionalidad de la medida, y gran malestar por la baja participación social en el proceso. En este punto, ha generado gran desconcierto el cierre progresivo de los Camis que eran de 24 horas, para convertirse en los Centros de Atención Prioritaria –Caps– de apenas 10 horas de atención, y según denuncias recientes la expectativa sobre atención especializada y descongestión de urgencias no se ha cumplido.
De manera complementaria, al final del año, fue creada la entidad asesora para los procesos no misionales de la red pública, de naturaleza mixta, que tendrá funciones vinculantes en los procesos de contratación, tanto de personal como de insumos, equipos, medicamentos, etcétera. Existe incertidumbre sobre los alcances y reglas de juego de esta entidad, máxime cuando los volúmenes de contratación anual alcanzarían los dos billones de pesos.
Estos cambios han ocurrido en un clima de alta descalificación por la gestión de las administraciones de izquierda de los pasados 12 años, y en medio de un desmonte radical de los programas de salud pública de la Bogotá Humana, como el de Territorios Saludables –con la terminación de más de 7.000 contratos de personal–, la eliminación de los 17 Centros de Atención Móvil a Drogadicción, el cierre de los 4 servicios amigables con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y la disminución en la cobertura de la vigilancia en salud pública de la ciudad, entre otras medidas.
En materia de indicadores de salud pública, está pendiente contar con las cifras consolidadas para el año 2016, pero se observa con preocupación la elevación en las tasas de mortalidad infantil por infección respiratoria.
El cambio de modelo que se viene operando tiene, en general, las características de una ruta hacia la privatización total de la salud en la ciudad, considerando que ya casi el 75 por ciento de la misma es manejada por actores privados. La conformación de la entidad logística, y del instituto de biotecnología como entidades mixtas y el inicio de la estructuración de las APP para la construcción de infraestructura, marcan con claridad una concepción corporativista para el manejo de la salud, que para el caso colombiano no cuenta con evidencia favorable y, al contrario, expone la salud de los más pobres a los intereses de rentabilidad de los actores privados.
* Médico salubrista.
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