“Esta es la ley más audaz de nuestra historia para garantizar el desarrollo del campo. Iniciamos el camino para convertirnos en la despensa de alimentos del mundo”. Así, sin rubor alguno, habló el presidente Santos el pasado 29 de enero en Orocué, departamento de Casanare, al momento de firmar la Ley que da carta blanca a las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), proyectadas sobre siete millones de hectáreas –baldías y otras conservadas por los terratenientes como engorde– localizadas en la Altillanura, La Guajira, el Urabá chocoano y la Mojana. Según lo proyectado, la ley será reglamentada en un mes.
Estas son las primeras zonas definidas como Zidres, luego, con seguridad, vendrán otras. 27 millones 700 mil hectáreas baldías existentes en Colombia, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), así permiten vaticinarlo. Para su definición entrarán en juego los intereses económicos de terratenientes, comerciantes, empresarios de distinto orden y banqueros, que no casualmente adquirieron en años anteriores, de manera poco santa, miles de hectáreas de tierra en diversas partes del país (ver recuadro, Adelantados a las leyes).
Contrario a lo esperado por sus demandantes, que alegaban que tras ella vendrá una mayor concentración de la tierra, así como la violación de diversos derechos de los pueblos y comunidades que habitan en tales terruños, la Zidres, conocida como ley 1776 de 2016, fue declarada constitucional el miércoles 9 de febrero por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
Negocio es negocio. El mecanismo establecido para aprobar en el futuro cercano o lejano las nuevas Zonas es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), en unión con las autoridades locales, regionales y nacionales. Esta instancia definirá la aptitud del uso del suelo, los proyectos que allí pueden adelantarse (bosques, alimentos, ganadería, etcétera), las condiciones que deben garantizar los proyectos por implementar, definiendo al mismo tiempo el plan de inversiones e incentivos que requiera el territorio para atraer más inversionistas. Como instancia final, el Consejo de Ministros será quien revise y apruebe lo propuesto, pasando a expedir el acto administrativo respectivo.
Contradicciones
Según el gobierno, esta ley sintetiza toda una reforma agraria; un eufemismo, pues en la práctica y de manera contradictoria atiza la problemática que vive nuestro país desde siempre con la tierra. Así. Para los representantes del poder la nueva ley constituye el mecanismo para transformar en lugares productivos áreas geográficas que se encuentran aisladas de los centros urbanos más significativos; mientras para las organizaciones populares del campo es la vía para el despojo, su mayor concentración y el acrecentamiento de la marginalidad para los empobrecidos que habitan el campo. Contradicción irreconciliable, como puede concluirse.
Según estas organizaciones, la Zidres sustrae la tierra que estaba reservada para la reforma agraria y la destina para el agronegocio. Los campesinos entran al “negocio” pero como peones o empleados, así parezcan asociados.
El procedimiento ideado para este entuerto es elemental: un particular propone un proyecto asociativo dentro de un baldío o latifundio en engorde, para lo cual lo inscribe en el Ministerio de Agricultura, el cual lo coloca en consideración de un comité constituido por la Upra, en asocio con el Incoder y cualquier otra instancia que defina el Gobierno. Una vez aprobado, el músculo financiero del Gobierno entra en juego y construye carreteras, brinda crédito, construye distritos de riego, en fin, garantiza la infraestructura necesaria para que el negocio marche sin inconvenientes. La tierra será entregada en concesión o arrendamiento –u otra modalidad contractual existente para los bienes inmuebles de la Nación–, y en contraprestación el beneficiario paga el respectivo arrendamiento el cual irá al Fondo de Desarrollo Rural y Económico.
Como la participación gubernamental está orientada hacia el estímulo productivo, se supone que el canon o arrendamiento será bajo. Un símil que explique su funcionamiento pueden ser las zonas francas: facilitar todo al capital para que se apropie de grandes beneficios sin retribuir gran cosa al país. Todo un negocio del cual los pequeños asociados solo verán las cuentas. No hay duda. Con el paso del tiempo, aquellos campesinos que poseen alguna parcela, ante la falta de liquidez, seguramente perderán sus terruños. El monopolio terminará por imponerse.
Una historia de nunca acabar
La pugna por la tierra en nuestro país no tiene asiento en el presente. Desde que fungimos como república independiente el país vive la disputa entre grandes y pequeños o nulos poseedores de tierra. El trabajo esclavo, el servilismo, el terraje, comuneros, peonaje, y otras formas de control y sometimiento de los sin tierra da cuenta de ello. En su opuesto los terratenientes, siempre queriendo amasar más tierra, sin interés en que sean productivas pero sí en que les sirva para explayar su poder político y territorial. Así funcionó la República señorial, que parece extenderse hasta nuestros días. Problemática que está en la base del conflicto armado aún no resuelto en su totalidad, el mismo que el Acuerdo de La Habana no logró zanjar, dejando, contradictoriamente, la puerta abierta para lo pretendido por las Zidres.
Y tras este negocio, también el capital internacional. Tanto la FAO, cuyo director general José Graziano da Silva acompañó a Santos al Casanare, felicitándolo porque tanto seguridad alimentaria como el desarrollo rural quedaron incorporados en lo acordado con las Farc, como la Ocde, han definido políticas de todo tipo para el agro colombiano (ver, El mandato de la Ocde).
La realidad es tozuda, así pretendan aparentar lo contrario. La reforma agraria cada día está más distante en nuestro país, y los campesinos sin tierra, o con poca, tendrán que seguir luchando para que algún día se haga realidad. Las Zidres los niega y los desplazará, y el conflicto, como un todo, seguirá vigente. ¿Hasta cuándo?
El mandato de la Ocde
“En efecto, en el documento titulado, “Revisión de la Ocde de las políticas agrícolas: Colombia 2015. Evaluación y Recomendaciones de Política”, se enuncia: “El país está dotado de buenos recursos acuíferos y de tierras, pero necesita adoptar una serie de acuciantes reformas estructurales para acelerar las mejoras de la productividad y de la competitividad, y para facilitar la explotación de las oportunidades de exportación proporcionadas a través de los tratados de libre comercio de Colombia”.
Las reformas estructurales sugeridas están orientadas a incrementar la producción, a la competitividad y la sostenibilidad; las mismas se desarrollan en cinco ámbitos específicos: 1. Reformas estructurales a largo plazo: a. Priorizar inversiones estratégicas, b. no destinar presupuesto para financiar pagos directos en función de la producción y los subsidios a los insumos que resultan costosos, ineficientes y escasamente eficaces a la hora de promover el crecimiento sostenible y la competitividad en el sector, c. Aumentar la inversión en la infraestructura de transporte, d. Incrementar la inversión en infraestructuras de riego y mejorar la supervisión regulatoria sobre el abastecimiento, uso y almacenamiento del agua. e. Monitorear detenidamente los programas de financiación para evitar riesgos morales en la programación de créditos. 2. Mejorar los derechos sobre la tierra: Actualizar el sistema catastral; acelerar el registro de los derechos sobre la tierra; simplificar el sistema de tenencia de la tierra y aclarar las responsabilidades de las diferentes agencias relacionadas, mejorar la tributación sobre el suelo agrícola; llevar a cabo evaluaciones sobre el uso adecuado de la tierra, 3.Mejorar el marco institucional de la política agrícola: aseguramiento de la representación institucional a nivel local; fortalecer las fases de evaluación y monitoreo de políticas; mejorar las estadísticas disponibles para la toma de decisiones políticas; reforzar la coordinación entre quienes hacen las políticas y quienes se benefician de ellas. 4. Reforzar la innovación agrícola: revisar todos los planes de innovación; profundizar en la mejora de la recopilación y divulgación de información; fortalecer aún más el sistema de derechos sobre la propiedad intelectual; un mejor uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) que proporcione servicios más inclusivos e integrales: fortalecer la educación en el campo. 5. Mayor integración a los mercados internacionales: Reforzar el sistema sanitario y fitosanitario para promover el aumento de la competitividad de las exportaciones”.
“El anterior es un ámbito de incidencia que se superpone al Plan Nacional de Desarrollo y a los acuerdos entre el Gobierno y las Farc…”.
Ver, “El censo agrario del 2015 hace el diagnóstico para implantar las reformas”, Bolivar, Allan, https://www.desdeabajo.info/colombia/27062-el-censo-agrario-del-2015-hace-el-diagnostico-para-implantar-las-reformas.html#itemCommentsAnchor
Adelantados a las leyes
“Las Zidres vienen a legalizar las ilegalidades, al permitir la concesión de predios baldíos a empresarios y el desarrollo de enormes proyectos agroindustriales, eliminando por la puerta de atrás la Unidad Agrícola Familiar (UAF) como tope para la acumulación de predios provenientes de reforma agraria.
El caso más sonado es el de las compras de tierras del ingenio vallecaucano Riopaila Castilla, que compró 35 mil hectáreas de tierras con antecedente de baldío en los departamentos de Meta y Vichada, en una operación en la cual crearon una empresa fachada para cada predio que quisieron comprar. […] Por nuestras denuncias de las tierras de Riopaila, el entonces embajador de Colombia ante Estados Unidos y socio fundador de Brigard & Urrutia Carlos Urrutia, tuvo que renunciar a su cargo diplomático en el año 2013.
[…] También se denunció que la entonces Ministra de Educación María Fernanda Campo participó de un proyecto de producción de caucho en el Vichada, gerenciado por su exesposo y también Exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde. En este proyecto se desvirtúan claramente los propósitos de los predios baldíos.
No obstante sus evidentes conflictos de intereses, Lizarralde promovió como Ministro de Agricultura un proyecto de ley con las mismas pretensiones de las Zidres, al cual tuvo que ser retirado del Congreso por el propio gobierno nacional. A Lizarral de lo sucedió en el Ministerio de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia. En un debate de control político, yo había denunciado el caso de Pablo Valencia, a quien le habían adjudicado ilegalmente un predio baldío en La Primavera, Vichada. Pablo resultó primo del nuevo Ministro Iragorri, así que éste tuvo que declararse impedido para todos los temas relacionados con baldíos, incluyendo la Ley Zidres.
Otro hecho cuestionable relacionado con los acaparadores de tierras es que, además de quedarse con predios que no debían, han sido subsidiados por el propio Estado para estos fines. A Sarmiento Angulo por ejemplo, el principal banquero del país, le entregaron créditos subsidiados de FINAGRO por $35 mil millones. Sarmiento había comprado 13 mil hectáreas con antecedente de baldío en Puerto Gaitán y Puerto López. El crédito público y subsidiado alcanzó también para multinacionales del agro como Mónica Semillas, que recibió recursos ilegalmente, ante lo cual la Superintendencia de Sociedades le ordenó devolver $2 mil millones, gracias a nuestras denuncias.
La Misma Mónica Semillas le había confesado mediante una carta al entonces Presidente Álvaro Uribe cómo había tenido que crear varias empresas para burlar el tope de la UAF y quedarse con las extensiones que requería para su proyecto productivo en el Meta. Uribe no presentó denuncia alguna, sino que se dedicó a promocionar la Altillanura para que grandes empresarios vinieran a invertir allí, aun contrariando la ley”.
Ver, “Lo ocurrido con los baldíos en Colombia también es corrupción,” Arias, Wilson, www.wilsonarias.com, https://twitter.com/wilsonariasc?lang=es
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