Capitalistas a la ofensiva. No sólo ocurre en Colombia, donde desde hace varios años arrinconaron a los trabajadores y los pocos sindicatos con que cuentan, llevándolos a firmar acuerdos precarios de trabajo, sin estabilidad –a término fijo les dicen–, sin derecho a vacaciones, extendiendo el horario diurno más allá de lo natural, etcétera, logrando, además, que la sociedad vea todo esto como algo normal y que ahora ocurre en otros países de América Latina.
Y no sólo en esta región, sino a lo largo del mundo, incluido el centro capitalista, donde, contrario a lo esperado, los contratos han mutado en “indefinidos”, pero no en el sentido de que el término de la relación laboral no tiene un límite preestablecido en el tiempo, sino que lo “indefinido” es el tiempo de trabajo que en un mes, por ejemplo, puede ser de una hora, una semana, o simplemente no presentarse. En otras palabras, la discrecionalidad absoluta sobre cuánto del tiempo de vida del trabajador opta la empresa por usar, sin ninguna obligación de un pago mínimo por la disponibilidad, con lo cual hacen de los trabajadores fichas de uso fortuito cuyo ingreso empieza a depender tan sólo de la “buena voluntad” del empleador. Este tipo de “contrato” ya asoma en el mundo del capital y no tardará en imponerse en nuestro continente. Mientras el trabajador tiene la obligación de estar disponible cuando el patrón lo requiera, éste no tiene ninguna obligación de responder siquiera por un minuto remunerado.
Y en esa ofensiva contra el mundo del trabajo hoy reglamentada, Brasil es el caso más reciente y patético de comienzo de una desregulación absoluta. Allí su Congreso de la República, con la mayoría que apoya al gobierno espurio de Temer, aprobó el martes 11 de julio una reforma laboral con la cual eliminan la estabilidad y otros derechos que tenían los trabajadores desde hace más de 70 años (1943), cuando el gobierno encabezado por Getulio Vargas aprobó una ley que elevó a derechos muchas de las reivindicaciones obreras, en aquella época alimentadas por las conquistas que ya habían ganado sociedades como la soviética y otras.
La reforma –en trámite durante varios meses en el Legislativo carioca y contra la cual las centrales obreras de aquel país llevaron a cabo tres huelgas nacionales, la última de ellas el pasado 29 de abril, además de infinidad de protestas–, con una desaprobación ciudadana superior al 70 por ciento según encuestas realizadas recientemente, deja al desnudo otro de los propósitos de la destitución de Dilma Rousseff, y del enjuiciamiento mismo que ha terminado con la condena del expresidente Lula: someter a este inmenso país a los designios desaforados del capital global, capital con apetito de controlar de manera abierta un mercado que cuenta con más de cien millones de hombres y mujeres en edad de trabajar.
Ante el hecho de que el país esté sumido en una aguda crisis económica, con un PIB que en 2016 arrojó la cifra de –3,6 por ciento (en 2015 la contracción del producto fue de 3,8%, el peor resultado en 25 años), el camino simple, elemental, que siempre encuentran los capitalistas para salir del hueco es socializar las crisis, en este caso reduciendo los costos laborales –quebrando salarios, entre otros aspectos–, una manera expedita para romper costos y “así mejorar sus condiciones de competitividad e inserción internacional” o “modernizar el mercado brasileño” o “recuperar la confianza del mercado”, como también les gusta decir. La opción de reducir sus ganancias por parte de los capitalistas nunca es tenida en cuenta, y de ahí que la región conserve su sitial de deshonor como la de mayor desigualdad en el mundo.
País en crisis, con los trabajadores llevando la peor parte de la misma. Las cifras de la contratación laboral son funestas, mírese desde donde se mire. Finalizando el 2016 las cifras de parados superaba los 12 millones de trabajadores, aumentados en un 37 por ciento en tan solo un año, pues finalizando el 2015 esta cifra era de ocho millones y medio, y prácticamente doblando el dato del 2014 que había sido de 8,6 millones, según el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE). Y lo más grave es que el aumento del desempleo no fue efecto, como normalmente sucede, de que el crecimiento del número de personas empleadas es menor que el de la población económicamente activa, sino que en el caso del gigante suramericano, a lo largo del 2016 el número de empleados tuvo una reducción, en valores absolutos, cayendo de 92,3 millones a 90,3 millones, reducción que conllevo, como efecto directo, a un descenso de la remuneración promedio en 2,3 por ciento llevándola hasta los 2.029 reales, que son algo así como 634 dólares.
El pensador Robert Castell en su ya obra clásica El ascenso de las incertidumbres, habla de la “dinámica de la descolectivización”, señalando como la relación salarial en la etapa clásica del industrialismo estuvo basada en la existencia de colectivos fuertes de los trabajadores que asumían los intereses de las grandes categorías socio-profesionales en los procesos de negociación de remuneraciones y condiciones laborales, y cómo el Estado mediaba entre esos colectivos y los capitalistas. El nivel salarial y en consecuencia el volumen de la demanda quedaban atados y regulados en una especie de pacto social que fue el eje del llamado Estado del Bienestar. La búsqueda de la recuperación de la tasa de ganancia con la institucionalización del modelo ultraliberal tuvo como una de sus estrategias centrales la desregulación de la contratación que buscaba no sólo la reducción de los salarios sino la desestructuración de acciones colectivas de los trabajadores, como la huelga. La reforma brasilera no es más que el seguimiento de un guión que fue trazado para el largo plazo por los poderes corporativos desde hace cuarenta años.
En la última parte de su trabajo Castell habla del hiper-individualismo como una de las características de la última fase del capitalismo, y como el trabajo sobre la subjetividad apunta al descoyuntamiento de lo social, haciendo creer que las manifestaciones de la sociabilidad limitan la individualidad. La competencia, en contravía de la empatía y la solidaridad, ha terminado convertida en el valor por excelencia, y mediáticamente representada en la llamada telerrealidad, que desestimula la asociación e induce a que hechos como la contratación laboral deban ser vistos como un hecho particular entre el capitalista y el trabajador y no como un hecho social.
Esa relación contractual donde lo colectivo –sindicato– desaparece, y donde cada uno queda afrontado al “sálvese quien pueda”, es precisamente parte de lo incluido en la reforma aprobada en Brasil. Reforma laboral confeccionada a la medida y según los deseos de la Confederación Nacional de Agricultura y la Federación Brasileña de Bancos, que la redactaron, exigiendo y logrando:
• Punto central de la reforma. Las empresas podrán negociar directamente con los trabajadores, previendo por tanto que los acuerdos directos –llamados colectivos– tengan fuerza de ley, por encima de lo que diga el Código Laboral brasileño, conocido como CLT. Hay 15 puntos en los cuales la negociación colectiva se puede sobreponer a la CLT, como la jornada laboral, el grado de insalubridad y el registro de horas. La ley no especifica las dificultades concretas que tiene un trabajador para negociar directamente con el patrón.
• Posibilidad de una jornada de 12 horas de trabajo, con 36 horas ininterrumpidas de descanso. Además, el tiempo de receso para el almuerzo durante la jornada puede ser reducido a 30 minutos. El trabajador no tendrá más derecho a horas extras. Se permite pagar salarios sobre una base horaria o diaria, pero ya no mensual.
• El empleador convocará al empleado con un mínimo de tres días de antelación y le informará cuál será la jornada de trabajo. Fuera de ese período, el trabajador no estará a disposición de la empresa.
• Quedan fuera del área de negociación asuntos como el salario mínimo, el aguinaldo o los aportes a un fondo de garantía que el empleado recupera en caso de despido, así como la licencia de maternidad de 120 días, la prima de 50 por ciento por las horas suplementarias y las normas de seguridad.
• La ley crea la figura del trabajador autónomo exclusivo, que podrá prestar servicios a un único empleador pero sin vínculo laboral permanente.
• Dejará de ser obligatorio el aporte sindical (equivalente a un día de trabajo por año). En adelante, esa contribución será opcional.
• Mujeres embarazadas. Se reducen sus derechos. La reforma prevé el alejamiento sólo en casos de insalubridad máxima, como frigoríficos y áreas hospitalarias sujetas a infección. Los demás casos de insalubridad mediana o mínima deberán ser evaluados por un fallo médico presentado por la gestante. Sin embargo, no se especifica qué medico podrá emitir el certificado, lo que significa que la propia empresa puede contratar un facultativo que atienda sus intereses y no el de la gestante en cuestión.
Pero no solo este asalto a lo colectivo. Antes de esta reforma, este mismo gobierno había logrado congelar por ley y durante 20 años el gasto social; ahora precariza al máximo el mundo del trabajo. La mayoría de garantías con que contaban los trabajadores –sus derechos básicos– queda hecha trizas, sometidos a una total precarización e incrementando el grado de explotación que en adelante podrán llevar a cabo los patrones.
Un gobierno de facto, jugado a fondo para no perder la confianza de los grandes capitales, manda un mensaje de que aún conserva poder suficiente para llevar a cabo otras reformas, entre ellas la que tienen prevista para transformar la seguridad social. Se cierra así el círculo virtuoso neoliberal de apropiarse, seguramente, de los fondos de ahorro cubiertos por los trabajadores por décadas, además de incrementar la edad para jubilarse y otras medidas similares que ya conocemos en Colombia, bien porque ya las aplicaron o bien porque están en el escritorio presidencial a la espera del gobernante que tome posesión en el 2018.
¿Qué le habrá ocurrido a la sociedad brasileña, en especial a su clase trabajadora, para que luego de varios gobiernos progresistas entre en una pasividad o atomización tal hasta permitir que un gobierno en crisis aplique una reforma que usurpa tal cantidad de derechos? La pregunta debe responderla todo proceso social, organización o persona que aspire a una sociedad más justa en Colombia, pues de su despeje dependen muchas tareas por emprender en el campo nacional, donde, con seguridad, en los próximos años se tratará de ahondar el ya precario mundo del trabajo que tenemos.
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