En febrero del 2017 el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) construyó un concepto técnico, que evalúa y delimita al campesinado como sujeto social antropológicamente diferenciado de otros pobladores rurales. Concepto que constituye un gran avance de la lucha popular si miramos la larga tradición de exclusión e invisibilización que ha marcado al campesinado. Triunfo parcial, pues aún queda mucho por hacer.
Luchar por la vida en todos los campos. Luego de ser protagonistas en las últimas movilizaciones agrarias y paros regionales, la Mesa Campesina del Cauca –conformada por el Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima) y el Proceso de Unidad del Suroccidente Colombiano (Pupsoc)– interpuso una tutela contra el Departamento Nacional de Estadística –Dane– por la falta de inclusión de la categoría de Campesino en el Censo Nacional Agropecuario. Esto llevó a la realización de reuniones con el gobierno nacional desde el mes de julio del 2016.
La exigencia pretendía que la categoría fuera incluida dentro de las preguntas del siguiente censo poblacional, por lo que se definió la necesidad de un concepto técnico sobre campesinado, como base para el trabajo desarrollado por el Dane. En la construcción del concepto participaron diferentes instituciones gubernamentales y procesos organizativos, y el Icanh hizo las veces de secretaria técnica, recogiendo etnografías, archivos y consultas con varios expertos; sin embargo según César William, líder social del Cima. Pese a lo definido el ministerio del interior se niega de nuevo a incluir dicha categoría en el censo para, supuestamente, “no generar falsas expectativas en las comunidades”.
Históricamente el campesinado constituye un sujeto social difuso y múltiple, su riqueza cultural y su protagonismo económico son sustanciales en la idiosincrasia y la soberanía alimentaria de nuestro país, pese a lo cual ha vivido desde siempre en el desconocimiento social e institucional para el ejercicio pleno de su ciudadanía.
Entonces, ¿Qué compone dicho concepto técnico? ¿Qué implicaciones puede traer su reconocimiento por un instituto estatal? y ¿Qué se viene adelantando como complementario a ello desde el campo popular?
Concepto técnico del campesinado
En el texto “Elementos para la conceptualización de lo ‘campesino’ en Colombia”, el Icanh concreta un valioso aporte en la caracterización de lo que se considera campesino en Colombia, valiéndose para ello de cuatro dimensiones: una sociológico-territorial, otra socio-cultural, una tercera económico-productiva y una última organizativo-política, así como una definición general que expresa lo siguiente:
“El campesino es un sujeto intercultural e histórico, con unas memorias, saberes y prácticas que constituyen formas de cultura campesina, establecidas sobre la vida familiar y vecinal para la producción de alimentos, bienes comunes y materias primas, con una vida comunitaria multiactiva vinculada con la tierra e integrada con la naturaleza y el territorio. El campesino es un sujeto situado en las zonas rurales y cabeceras municipales asociadas a éstas, con diversas formas de tenencia de la tierra y organización, que produce para el auto consumo y la producción de excedentes, con los cuales participa en el mercado a nivel local, regional y nacional”1.
Es de resaltar que en el documento se expresa que los campesinos no son todos los habitantes del campo y del mundo rural, pues tiene unas formas particulares de vida, diferentes a la de otros sujetos en su manera de pensar y de estar en lo rural, por ello muestra identidades y características culturales propias y, sobre todo, “se distingue de los sistemas agro industriales y latifundistas, así esté asociado por trabajo a ellos”2.
Tampoco se limita a la producción agrícola sino que manifiesta una actividad económica altamente diversificada ajustada a los contextos locales y regionales, con diferentes formas de tenencia de la tierra, con lazos familiares, comunitarios y asociativos que constituyen un modo de producción campesino asentado en tradiciones singulares para el autoconsumo y la autoreproducción, pero también en relaciones particulares con el mercado, y en el cuidado los bienes comunes.
El texto avanza en resaltar el hecho de que, en la exigibilidad y la reivindicación de sus derechos, los campesinos han jugado parte fundamental en la vida política nacional. Su capacidad organizativa supone un acervo de capacidades colectivas notables por su adaptación a diferentes situaciones históricas, siendo un sujeto participativo, cosmopolita con formas de autoafirmación y de vida que persisten en sus diversos espacios de movilización y lucha.
Este concepto, a pesar de ser la síntesis axiológica de un sujeto social, complejo y difícil de encasillar, avanza en definir lo campesino no como una esencia, sino como un conjunto de procesos y prácticas colectivas que se transforman en el tiempo. El concepto técnico deja atrás posturas idealistas y folclóricas, dando cuenta de su complejidad concreta, pues más allá de una etnia –como los indígenas o los afros con características mucho más distinguibles–, definir este sujeto o sector social en especial significa un gran desafío.
Reconocimiento de papel y ¿en la realidad qué?
Ya La vía campesina3, movimiento de organizaciones campesinas a nivel internacional que agrupa a más de 160 organizaciones en 73 países, había avanzado desde el 2015, ante el Consejo de DD.HH. de la ONU, en una definición donde disputa una “Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en el medio rural”.
Asimismo, el senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo y su Unidad Técnico Legislativa adelantan trabajos en torno al tema. Desde el inicio de sus funciones impulsaron un acto legislativo por medio del cual reconocieran al campesinado en un rango constitucional, como lo hace con los afros y los indígenas, pues la carta magna en su artículo 64 apenas si habla de trabajadores rurales, como sujetos en función de su vocación productiva y como un sector productivo, más no propiamente como campesinos con una identidad y prácticas propias. No obstante, el acto legislativo fue archivado en el 2016, por lo que la nueva iniciativa legislativa será una propuesta de ley estatuaria a ser socializada en los próximos días.
Es triste ver como en nuestra sociedad es necesario aplicar rotulas institucionales y leyes especiales para el reconocimiento de ciertas formas de vida, todo ello por el solo hecho de ser distintas a las enarboladas por el modelo imperante, su falta de reconocimiento a niveles institucionales y de política pública, en contraste con el protagonismo que tienen terratenientes y empresarios, son evidencia incuestionable del carácter de clase del Estado colombiano. Como lo resaltamos al inicio del artículo, el ministerio del Interior se niega rotundamente a reconocer dicho concepto, a pesar de provenir de otra institución del mismo Estado, incumpliendo con los acuerdos de la mesa campesina del Cauca.
Contradicción dentro del poder, y realidad nacional que evidencia que aún falta mucho camino por recorrer para formalizar lo acá relacionado. Y mucho más para que la tierra, de verdad, sea para quien la trabaja, colocando en su justo lugar al capital, rentístico e industrial.
1 Icanh (2017) Elementos para la conceptualización de lo “campesino” en Colombia. Secretaría Técnica: Mesa interministerial y campesina de negociación del Cauca, p. 7.
2 Ibíd., p.3.
3 https://viacampesina.org/es/index.php/organizaciainmenu-44/iquisomos-mainmenu-45/3-ique-es-la-vcampesina
Bibliografía:
Castilla (2014) Reconocimiento político del campesinado: porque debe promoverse en la constitución Nacional.
Recuadro
El protagonismo no reconocido
Según la Red de información y comunicación del sector agropecuario colombiano (Agronet), en el último año se sembraron 3.163.280 hectáreas en cultivos predominantemente campesinos, de pequeña y mediana propiedad, con una producción a baja escala, diversificada y asentada en lazos familiares o comunitarios; y 1.637.635 que se rigen bajo el modelo de producción neoliberal, predominantemente capitalistas, es decir caracterizados por la agroindustria, el monocultivo y el latifundio sembrados con productos como soya, arroz, caña de azúcar, palma aceitera y banano, pertenecientes a grandes propietarios y empresas que contratan jornaleros con bajos salarios y prestaciones sociales casi nulas. Además, se estima que en Colombia existen 40 millones de hectáreas dedicadas a pastos y rastrojos, cuando solo deberían destinarse para este fin 15 millones, según Carlos Salgado de Planeta Paz (2014)1, por no añadir todo el tema en minería e hidrocarburos.
Como vemos, Colombia tiene un potencial de 22.5 millones de hectáreas para agricultura pero únicamente se usan 4.8 millones, de las cuales 1.6 millones están en cultivos predominantemente capitalistas. Si para el gobierno los empresarios son más eficientes ¿por qué no han podido proponer un debate abierto que permita disputarle a los terratenientes las 25 millones de hectáreas de sobreuso en pastos y rastrojos que están sin utilizar? País de paradojas, en nuestro supuesto “estado social de derecho”, el segundo en desplazamiento forzado interno en todo el mundo (con más de cinco millones de personas afectadas) y el abandono forzado de 6.5 millones de hectáreas en el campo a raíz del conflicto armado2.
1 Salgado C. (2014) Colombia: Estado actual del debate sobre desarrollo rural. Ediciones Desde Abajo, Bogotá ,2016. pp. 103.
2 Ibídem, pp. 104.
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