Se agota el tiempo para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Bogotá y es importante comprender cómo entiende la actual administración la planeación urbana y dentro de ella el tema ambiental, con particularidades e intereses ecológicos y de sostenibilidad urbanas, manifiestas en los elementos de la Estructura Ecológica Principal (EEP), como por ejemplo la Reserva Thomas van der Hammen ¿Quiénes ganan con urbanizarla y quienes pierden? ¿Quiénes ganan con implementar el Plan de Manejo Ambiental y quiénes pierden? Aquí un acercamiento a esta realidad, a la luz de la información oficial.
Bogotá tiene particularidades ambientales que la diferencian de cualquier otra ciudad del país. Para valorarlas en su real dimensión requerimos entender, dentro de estas particularidades, algunos supuestos sugeridos por la Administración que hoy rige los destinos de la ciudad, tales como: 1) La planeación es un ejercicio técnico y no político. 2) El crecimiento de la ciudad es algo inevitable (casi que un destino manifiesto), y 3) La Estructura Ecológica Principal (EEP) es equiparable a una categoría de espacio público cualquiera. Para tal fin, tomaremos como referencia principal el documento resumen del diagnóstico para el nuevo POT. Solo nos concentramos en lo que dice dicho diagnóstico, haciendo referencia al discurso de quienes lo escriben, ya que no es nuestra intención hacer un juicio a priori y generalizante hacia todos/as los/as funcionarios/as de la Administración distrital.
Planeación urbana: un ejercicio político
En el documento del diagnóstico, en concordancia con declaraciones hechas por la actual Administración distrital, se sugiere que la práctica de la planeación urbana es un ejercicio técnico, no político. Atribuir ese carácter le brinda objetividad y certeza. Lo técnico no se discute, se da por sentado, se gerencia y ejecuta, por lo que no se concerta, sino que se socializa. Lo político para este caso, es entendido como una asociación oportunista de personas con intereses similares que buscan poder. En ese sentido lo técnico y lo político se presentan como dos polos entre lo que sería “bueno y deseable” y lo que sería “corrupto y evitable”.
De esta forma se niega la esencia de lo político: la discusión e incluso el disenso. Estas premisas van más allá de lo meramente semántico, porque suelen enmascarar estrategias políticas con el fin de deslegitimar la participación amplia y democrática de personas y colectivos sociales en la planeación territorial. Como técnicos ellos saben qué es mejor para “todos”. Quienes no compartan la idea de lo que es mejor según ellos, entonces son descalificados bien sea como opositores del desarrollo, conservacionistas, o en el peor de los casos beligerantes.
Cuando se parte de un juicio de valor como el de “beligerancia ambiental”, empleado en un documento público como es el Documento Diagnóstico (p. 62), implica hacerlo desde un prejuicio, o de una determinada convicción antagonista frente algo o alguien, se trata de un argumento falaz (ad hominen). Emplear indiscriminadamente este lenguaje, evidencia de manera alarmante un estilo de gobierno de la ciudad más bien autoritario, que se escuda en narrativas ambiguas para legitimar intereses distantes de velar por los comunes urbanos y lo público.
Dar por sentado que existe un consenso en torno a la participación en un proceso político como el POT es algo muy peligroso, desde un Estado que se autoproclama democrático. Esto invisibiliza al sujeto que disiente, y peor aún, lo estigmatiza. Es un ataque infundado desde un desconocimiento deliberado de las fuerzas sociales en Bogotá, en este caso del ambientalismo capitalino, que pese a sus altibajos, ha mantenido vigente el debate del lugar de lo ambiental en la ciudad, y en el mejor de los casos, ha logrado políticas concretas, por ejemplo que algunas áreas protegidas urbanas sean una realidad y no una simple arenga.
El POT es una de las pocas cartas de navegación territorial para debatir y construir los comunes urbanos. Establece mecanismos e instancias de participación que deben ser exigidos para su total cumplimiento y legitimidad. No obstante, presenta limitaciones técnicas y normativas, quizá la más crítica es que dichos mecanismos de participación terminan siendo ambiguos y proclives a la manipulación clientelista por parte de cualquier partido político en nombre de la participación democrática a nivel local. Luego, ¿cómo y para qué participar?
Reconocer las limitaciones de los instrumentos de participación, no significa adherir a la “despolitización” de los temas de la ciudad o de la planeación. Estas limitaciones no pueden ser usadas como excusa para dejar de discutir ideas contrarias a una dominante que además de negarlas, termina por estigmatizarlas. La estrategia de “despolitización” no cuestiona lo que ya existe. Se supone que lo “técnico” piensa en cómo resolver problemas puntuales, como por ejemplo, el déficit de vivienda o la movilidad, pero nunca se dice el porqué, para qué, ni menos el para quién se debe planear tales soluciones. Es por eso que las concertaciones se evitan y se limitan a socializaciones, como en el caso puntual del POZ Norte, Lagos de Torca.
Algo similar sucede con la concepción de lo público, que no es sólo el lugar en donde se determinan de manera colectiva los principios que rigen la vida en común. Más bien, representa la arena de debate en donde caben múltiples miradas que contraponen la supremacía de poderes particulares sobre dichos principios y vida común. En un instrumento como el POT caben todas las dimensiones de la vida urbana (y regional), como la dotación de servicios urbanos, el cómo se consolidan las funciones económicas, sociales y culturales, y no menos importante, de su estructura ecológica y biofísica, de su uso y apropiación como parte del espacio público. La ciudad no solo es espacio contenedor de la vida urbana, es ésta misma y las prácticas de sus habitantes las que producen ciudad y paisaje urbano. El planear el crecimiento de la ciudad teniendo en cuenta la administración del espacio público y su relación por ende con la naturaleza urbana, es un asunto importante. En las siguientes líneas nos concentramos en elaborar mejor este vínculo.
Crecimiento de la ciudad: ¿un destino manifiesto?
El diagnóstico general para la revisión ordinaria del POT de Bogotá parte de la premisa según la cual la ciudad ha crecido en forma consistente, continuará creciendo hasta estabilizarse en 2050, por razones que no se explican en el documento:
“Cada año contamos con alrededor de 100.000 nuevos habitantes (1,14 millones entre 2005 y 2016), razón por la cual también hemos crecido económicamente (más de un 3,5% anual) sin dejar de generar la tercera parte de los recursos con que cuenta el país para su desarrollo” (Documento Diagnóstico, p. 8).
Si bien es notable el crecimiento demográfico y económico de la ciudad, es poco acertado afirmar que estos dos fenómenos tienen una relación causal o que son directamente interdependientes. No todo crecimiento demográfico implica crecimiento económico, ni todo crecimiento económico implica un aumento de la población. Abordar solo este punto merecería todo un artículo al respecto. Lo interesante aquí es que esa imprecisión sustenta la pregunta central del ejercicio de diagnóstico, y seguramente, del POT:
“¿Cómo sostener este crecimiento y a la vez mejorar la distribución interna de nuestra riqueza, disminuyendo los grandes desequilibrios sociales y económicos que caracterizan a nuestro territorio?” (Documento diagnóstico, p. 9).
Es decir, cómo continuar con las tendencias del crecimiento existentes, disminuyendo los costos de esa elección. Esta formulación implica una concepción del crecimiento como un destino manifiesto de la ciudad.
Otra convicción que sustenta el documento diagnóstico es que la urbanización es un proceso inevitable que, también inevitablemente destruye la naturaleza a su paso. Si no expandimos la ciudad, ella lo hará por sí misma. De esta manera, si el crecimiento y la urbanización son destinos finales e ineludibles, la única alternativa propuesta es no perder tiempo cuestionando por qué o para qué crecer, sino usar todas las posibilidades de la técnica y la tecnología para crecer de forma “racional”. Entendiendo la racionalidad como única e incuestionable, acá emergería lo que algunos llaman la interfaz ciencia-política-sociedad, relacionada a la premisa de la planeación como algo técnico y no político. Si bien este asunto merece también otro análisis en profundidad, lo que podemos decir es que la racionalidad a la que se apela tanto desde lo técnico o lo científico, precisamente termina por evitar preguntarse por qué o para qué crecer.
Por tanto, la directriz es “crecer sí, pero no así”. Crecer con orden para mejorar la calidad de vida de los bogotanos y hacerlos felices (término del Plan de Desarrollo 2016). La alternativa propuesta por la administración es construir ciudad con “naturaleza planeada”, corredores verdes y espacios públicos de acuerdo a los parámetros del diseño urbano. Ese es el modelo de pensamiento que fundamenta la lectura de la Administración sobre la ciudad y que sustenta los proyectos urbanos que se propone. Este es el caso concreto del Plan Zonal del Norte Lagos de Torca, y de la mencionada, pero hasta ahora no presentada formalmente, propuesta Ciudad Norte, sobre los terrenos de la Reserva Thomas van der Hammen.
Contrario al planteamiento del texto diagnóstico del POT, creemos que las pregunta sobre por qué y para qué crecer, son tan pertinentes como las preguntas por el cómo, y sobre todo, ¿para quién crecer? ¿Quiénes han sido y seguirán siendo los más beneficiados con los proyecto de expansión de la ciudad? El debate no puede perder de vista que estos proyectos constituyen un terreno fértil para la especulación inmobiliaria. Al respecto, nos dicen que ninguna administración hasta ahora, ha podido evitar los incrementos especulativos sobre los precios del suelo, ni siquiera las de corte “populista” (Documento Diagnóstico, p. 32). Asumen entonces que esta especulación es inevitable, otro destino manifiesto basado en la escasez del suelo urbano en la ciudad. Lo que no nos cuentan es que la escasez como concepto socialmente creado, es una realidad debatible. El punto es precisamente ¿cómo, quién y para qué se mide la escasez?
En la defensa unilateral de la expansión de la ciudad sobre el norte, la Administración no asume un verdadero ejercicio de planeación, de gestión y lo más difícil: de regulación, pues es más fácil fomentar las tendencias ya iniciadas y dejar que el mercado dicte los caminos. Así mismo entiende el tratamiento de la gestión de riesgos asociados al cambio climático. Si bien identifica áreas de riesgos diferenciados, sustentadas por estudios del Ideam, la postura frente a este tipo de fenómenos es la de “mitigar” con tecnología o “soluciones duras” eventos puntuales como inundaciones y deslizamientos, más asociados a la variabilidad climática que al cambio climático. Nada de adaptación o soluciones que algunos expertos llaman “basadas en naturaleza”. Se trata de un tipo de planeación que como medicina atiende los síntomas de la enfermedad, pero no previene sus causas, a pesar de conocerlas.
Estructura ecológica como espacio público
Según lo expresado en el documento diagnóstico del POT, la Estructura Ecológica Principal (EEP) es resultado de un enfoque proteccionista de la planeación en Bogotá y en Colombia, que trata a los elementos ambientales como objetos de protección pasiva que solo benefician “a los habitantes de sus entornos inmediatos y a un limitado número de especialistas y observadores de especies” (Documento Diagnóstico, p. 62). Aunque reconocen que el enfoque proteccionista “ha permitido conservar una parte de las dinámicas ecológicas originales del territorio” (Documento Diagnóstico, p. 59), consideran que no se ha acompañado de la ejecución de proyectos efectivos para la “restauración” y “renaturalización” y que estos espacios, por no hacer parte de la red de espacios públicos están subutilizados.
Estos planteamientos resultan problemáticos por diversas razones. En primer lugar porque otorgar a los elementos de la EEP el mismo carácter que a otros espacios públicos, como por ejemplo parques metropolitanos o zonales, es desconocer las complejidades ecológicas del territorio. Algunos de estos elementos, como por ejemplo los humedales, no pueden ser convertidos en áreas de recreación activa o soportar infraestructuras como canchas de fútbol sintéticas y ciclo rutas.
En segundo lugar, el concepto de EEP, no está referido a conservar las dinámicas ecológicas originales del territorio, pues como bien lo reconocen en el texto, estas son dinámicas y corresponden más bien a una unidad socio-natural, ya que no hay un estado original per se. Se trata más bien, de comprender cuáles son las relaciones entre los elementos ecológicos que han permitido la existencia de la ciudad y que favorecen su sostenibilidad, para orientar la planeación de modo que se conserven tanto la ciudad, como los elementos de la estructura ecológica, pues están íntimamente relacionadas entre sí.
En tercer lugar, el diseño urbano no asegura la apropiación de los espacios públicos. Las personas no sienten un espacio como propio solo por encontrarlo agradable estéticamente o porque una valla oficial les diga: ¡este espacio es tuyo! La apropiación se construye desde las comunidades y con las comunidades, en el conocimiento y la comprensión de las relaciones con el entorno. Ejemplos claros de apropiación son el humedal de La Conejera y la quebrada La Salitrosa, elementos fundamentales de la EEP que se conectan con los Cerros Orientales y el río Bogotá, a través de la Reserva van der Hammen. Las comunidades además de contar con recreación pasiva, realizan actividades de educación ambiental y mantenimiento comunitario de los elementos naturales.
Comentario final
Las discusiones alrededor de la planeación urbana y de sus implicaciones ambientales, no se reducen a quién tiene la razón absoluta, sino de identificar quién decide, quién gana y quién pierde con cada decisión. En un marco de urbanización capitalista, que no solo reproduce desigualdades sociales, sino serias afectaciones a la ecología urbana y a la sostenibilidad regional, muchos de los argumentos que esgrime la actual Administración se justifican en una supuesta inevitabilidad del crecimiento de la ciudad, que resulta bastante útil para la especulación rentista de los intereses inmobiliarios. Mover una serie de proyectos y capitales para sostener este tipo de urbanización, a través del POT, suprime un legítimo sentido público de la planeación territorial. Y este no es un asunto menor, sino que tiene que ver con el presente y futuro para millones de bogotanxs.
* Ecólogo, con maestría en Geografía y estudiante de doctorado en Política Ambiental en el Departamento de estudios Geográficos e Históricos de la Universidad Eastern Finland, en Joensuu, Finlandia. Ha trabajado con entidades en instituciones distritales y nacionales.
** Antropóloga, con maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional y estudiante de doctorado en Planeación Urbana y Regional en el Instituto de Investigación y Planeación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ha investigado los procesos de urbanización del municipio de Chía y trabajado en consultorías para Planes de Ordenamiento Territorial.
Recuadro
La ciudad como unidad socio natural, una aclaración necesaria
Partamos de que no hay nada equivalente a una naturaleza “intocada”. El concepto de naturaleza es ambivalente, ya que depende de quién y para qué se evoca. Tomemos el caso de los humedales de Bogotá. Su forma y paisaje actual son un producto socio-ecológico de cómo la ciudad y las relaciones de poder entre diferentes sectores de la sociedad bogotana se han relacionado con estos lugares, por ejemplo, a través de movilizaciones sociales para su defensa y la consecución de políticas concretas en su reconocimiento y manejo. Por tanto, es un ejercicio riesgoso esencializar a la naturaleza, ya que precisamente en las ciudades y entornos urbanizados es donde nuestra relación con ella es más explícita.
La ecología política urbana ha planteado que la ciudad no destruye la naturaleza, sino que más bien la transforma, es naturaleza urbanizada. Como en el caso de los humedales. Pero este planteamiento en ningún momento debe entenderse como una justificación para arrasar con los ecosistemas y soporte biofísico de la ciudad, o construir grandes proyectos urbanos sobre los mismos.
Lo que entiende la ecología política urbana por unidad socio natural es para qué y para quiénes es la ciudad y su naturaleza. Asimismo, la urbanización no solo se limita a la ciudad, sino que es el proceso de transformación de la naturaleza para materializar ésta última y su paisaje. Dicho proceso va más allá de límites físicos y administrativos, tal es el caso de la huella que la ciudad tiene en su área de influencia regional (e incluso más allá). Esto sin contar las desigualdades sociales que muchas veces acarrea este proceso que permiten sustentar a la ciudad, por ejemplo, a través del abastecimiento de agua, energía y alimentos.
Estos planteamientos han sido frecuentemente mal interpretados y usados de manera irresponsable por parte algunos expertos, entre ellos algunos biólogos y ecólogos. Para ellos, si la naturaleza es socialmente construida y es transformada por el proceso de la urbanización, entonces puede adaptarse a nuestras necesidades, aun cuando lo que concebimos como necesario tenga implicaciones que no se pueden prever con exactitud. Este tipo de discursos han justificado desviación de cursos de ríos, la tala de arbolado urbano, construcciones en áreas inundables, realinderamiento de áreas protegidas, entre muchos otros. Lo que no dicen algunos de estos expertos es que todas las transformaciones del territorio, por más planeadas y técnicamente controladas que sean, tienen impacto tanto en la vida de sus habitantes, como en el ambiente; así como todas las transformaciones ambientales tienen impactos en la ciudad y en la vida de sus habitantes, pues ciudad y naturaleza son una unidad.
Leave a Reply