“Ser pilo no paga si lo público se acaba”

Desde su puesta en práctica, la política oficial “Ser pilo paga” despertó críticas y controversia, las que se profundizaron con el paso del tiempo. Las recientes protestas de los estamentos universitarios, animadas por el trámite del Presupuesto General de la Nación para el 2018, que desfinancia aún más a las universidades públicas, así lo confirman.

Las voces de estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades estatales volvieron a llenar las calles de diferentes ciudades del país. Sucedió el 4 de octubre, y su contundencia fue tal que no la pudieron desconocer los medios de comunicación oficiosos. En sus estribillos, donde se escuchaba con mucha fuerza “Ser pilo no paga si lo público se acaba”, los manifestantes denunciaban la desfinanciación a que están sometidos sus centros de estudio y/o trabajo, a la par que cuestionaban el programa gubernamental “Ser pilo paga”. En esta acción, quienes están vinculados a la Universidad Pedagógica Nacional, destacaron por su liderazgo en los debates y las acciones colectivas.

Es por ello que desdeabajo buscó al profesor e historiador Adolfo Atehortúa, rector de dicha universidad y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, para conversar sobre la actual situación financiera de las universidades estatales, de las recientes movilizaciones contra su desfinanciamiento y los escenarios futuros para la educación superior en Colombia.

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación financiera de las universidades públicas del país?
Adolfo Atehortúa (AA). La situación es crítica, lo que tiene una historia. A partir de 1992, con la Ley 30, las partidas presupuestales que la nación entrega a las universidades estatales vienen indexadas con el IPC (Índice de precios al consumidor), salvo excepcionales pero pequeños rubros obtenidos en 2011 o, más recientemente, los aportes adjudicados sobre un porcentaje mínimo del Cree (Contribución Especial de Renta para la Equidad), que no afectaron la base presupuestal.

Sin embargo, el IPC es inferior al incremento del salario mínimo, de los salarios acordados por convención o pactos con los trabajadores, al aumento de salario que el mismo gobierno decreta para funcionarios y profesores universitarios, a los reconocimientos que el Decreto 1279 hace por la formación, la producción académica y la labor docente a los profesores. Dicha diferencia, de acuerdo con cálculos realizados por el Sistema Universitario Estatal (SUE), alcanza hoy 4 puntos porcentuales que, sumados a lo largo de 25 años, equivaldrían a un decrecimiento superior al 100 por ciento en el presupuesto de las universidades estatales.

da. ¿Esta realidad financiera también está agravada por otros conceptos?
AA. Sí. Desde 1992 también aparecieron nuevas obligaciones de nómina para las universidades del Estado: las leyes 797 de 2003 y 1122 de 2007, así como el Decreto 2090 de 2003, que aumentaron los aportes del empleador en seguridad social, salud y pensión; sentencias de la Corte (C-006/96 y C-401/98) que exigen con justicia el pago de prestaciones sociales a docentes y funcionarios administrativos ocasionales; o decretos como el 404 de 2006, que precisan el reconocimiento proporcional en vacaciones, prima de vacaciones y bonificación por recreación, a quienes se retiren sin haber cumplido un año de labor. Por estos tres ítems, en los datos reunidos, las 32 universidades estatales pasaron de pagar en 2009: $427.922 millones, a cancelar $1.077.313 millones en 2012, es decir, $649.391 millones más, todo ello en sólo tres años.

da. En la sociedad en general, y la educación en particular, existen desarrollos en ciencia y tecnología, ¿estos costos están considerados dentro del presupuesto para las universidades?
AA. Es evidente. A todos los gastos mencionados debe sumarse el costo ocasionado por la incorporación ineludible de los desarrollos en tecnología y comunicación: conexión, bases de datos internacionales, compra de aplicativos, equipos y centros de cómputo, así como el desarrollo de todo tipo de programas, la instalación de wifi y el pago de licencias de software en dólares constantes que, entre muchos otros, no se vislumbraban siquiera en 1992.

da. ¿Existen otras obligaciones que agraven la realidad financiera de estos centros de estudio?
AA. Sí, la lista ampliada de gastos se extiende, de igual forma, a los recursos de apoyo académico que presupone la actualización de laboratorios, la adquisición de modernos recursos educativos, la renovación de instrumentos requeridos por diversas disciplinas y, en general, la dotación misional para la formación profesional.

A todo lo anterior hay que agregar las inversiones para la formación doctoral de los docentes, la internacionalización y el intercambio académico; las transformaciones en las modalidades convencionales de enseñanza y la pertinencia de la investigación científica; las inversiones en bienestar estudiantil y las urgencias de la infraestructura física, así como los gastos administrativos y docentes incrementados con la ampliación de cobertura que se triplicó durante los años 2003 y 2006. Así mismo, la admisión con enfoque diferencial, la acreditación institucional y de programas, los nuevos sistemas de gestión y de control, los costos en seguridad, vigilancia, aseo, mantenimiento general y arrendamientos, como ejemplo de una lista realmente extensa.
Por consiguiente, no es necesaria una enorme reflexión para concluir y demostrar la existencia de un déficit histórico, real y contable, que ha crecido año tras año a partir de 1992 y que, de acuerdo con los cálculos del Sistema Universitario Estatal, supera hoy los 15 billones de pesos. Todo lo cual terminó ahogando literalmente a las universidades estatales, sacrificando las necesidades académicas y su desarrollo, para garantizar mínimamente el pago de la nómina, o que transformó su carácter de universidad en agencias de ofertas de asesorías y extensión, con los riesgos y abandonos misionales que tal decisión implica.

da. Con estos ajustes y cambios de prioridades, ¿cuáles aspectos de la vida universitaria son los que terminaron más afectados?
AA. Son varios. Existe un grave problema ocasionado por el paso del tiempo y el desgaste de las infraestructuras que prácticamente se están derrumbando, así como la precarización en la contratación de profesores y funcionarios; tambén la eliminación de inversiones en investigación, tecnología y recursos educativos, o el abandono de las condiciones requeridas para el bienestar universitario que impidan la deserción y promuevan la permanencia y graduación de los estudiantes.

Esta realidad, aunque acumulada por varias décadas, se ve agravada en los últimos años. Un ligero ejercicio sobre los últimos cinco años arroja que, mientras las transferencias de la Nación para el funcionamiento de las universidades se mantuvieron estables entre un 7 y 7.3 por ciento, los gastos de funcionamiento aumentaron cada año el 8,67 por ciento en promedio, con un crecimiento adicional en los gastos de personal de 9,28 por ciento, sin variaciones en una planta por lustros congelada. Dicho de otra forma, mientras el incremento promedio de los gastos de funcionamiento e Inversión del Sistema Universitario Estatal en las últimas cinco vigencias supera el 10 por ciento, el incremento promedio de los recursos de la nación sólo llega a la mitad de dicho crecimiento, a pesar de los recursos Cree.

da. ¿Cómo han hecho entonces para que las universidades medio funcionen?
AA. Vivimos una situación desesperante, que nos llevó a la búsqueda de recursos propios, asesorías y extensión, pero dichas acciones son insuficientes y apuntan a la privatización por vía del autofinanciamiento. Hoy por hoy, el Estado cubre aproximadamente el 50 por ciento de los costos en educación superior pública y descarga en las IES lo restante. En la Universidad Nacional, por ejemplo, el presupuesto alcanza $1,6 billones, de los cuales la Nación gira $0,9 billones. En la Universidad Pedagógica Nacional el presupuesto es de $123 mil millones y la nación gira $63 mil millones. Su aporte, en ambos casos, no alcanza siquiera para pagar las nóminas. El deber ser de la educación superior pública se aleja cada vez más de su realidad actual y la calidad se pone en peligro. La ruina en muchas edificaciones se convierte, además, en amenaza para la vida.

da. Lo que tienen estos centros de estudio es el producto de un largo trecho de desidia estatal, ¿qué les ha ofrecido el establecimiento a lo largo de estos años?
AA. Tal vez buenas ofertas, pero ninguna ha funcionado, a tal punto que la esperanza se desvanece. En cabeza de Cecilia María Vélez, el Ministerio de Educación anunció una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para obtener una financiación de la Educación Superior Pública más acorde con sus necesidades. No pasó nada. La propuesta se trasladó al ministerio de María Fernanda Campo, pero ‘cayó’ incluida en la reforma general que la comunidad universitaria rechazó. Con Gina Parody se ofreció el llamado Cree, que poco después cambió de rumbo. Por último, vino un articulado concreto en la Reforma Tributaria que ahora se descubre infructuoso con una destinación que mira hacia otros lados. Lo más reciente es el anuncio de un Conpes. Para decirlo coloquialmente, la crisis se ha atendido con una colombina que cambia de lado, pero no suple las necesidades.

da. ¿Cómo está la colombina hoy?
AA. Se esperaba que en virtud del artículo 184 de la Ley 1819 de 2016, Reforma Tributaria, recibiéramos el 40 por ciento de lo recaudado por medio punto del impuesto a las ventas (IVA). Y, así mismo, que por recursos procedentes del impuesto sobre la renta y complementarios (artículo 102), recibiéramos el 75 por ciento de 0,4 puntos de dicho tributo, anteriormente denominado Cree.

Pero todo resultó fallido. Ahora nos dicen que el medio punto de IVA social para la educación no significa un incremento real y no se asignará de manera directa a las Instituciones de Educación Superior del Estado. Tan sólo se establece una adición presupuestal –la cual con las cuentas claras– las universidades recibirán $162.505 millones, pero esa cifra incluye $32.710 que se debían y que estaban pendientes de girar por IPC e inversión para 2017. Por consiguiente, los nuevos recursos suman solamente $129.795 millones, que equivalen a un incremento cercano al 5 por ciento de los presupuestos de las universidades estatales.

Pero, por otro lado, las universidades estatales esperaban por lo menos $ 240 mil millones del antiguo Cree, en razón a que este mantuvo en su recaudo una cifra cercana a la obtenida en el año 2016. No obstante, tendrán $ 78 mil millones menos que el año pasado. ¿La razón? Muy sencilla: el 100 por ciento de la porción correspondiente al Cree fue entregado hasta el año 2015 a las universidades estatales. Sin embargo, en 2016, el 53,6 por ciento de ese total fue directo a los Créditos beca Icetex y Programa ser pilo paga que en 2017 recibirá el 66,9 por ciento de lo recaudado. Para el 2018, según se observa en el proyecto de presupuesto que se debate en el Congreso, las universidades estatales no recibiremos suma alguna por este concepto: todo irá al Icetex.

da. Podría decirse que el Programa ser pilo paga es una forma disimulada de financiar la educación privada con recursos públicos?
AA. Esa es un interpretación posible. Las cifras, en términos reales, señalan que tal Programa recibió en 2016, por cuenta del antiguo Cree, $373 mil millones; en 2017, $434 mil millones más, y para el año 2018 recibiría $ 580 mil millones. En total, $1.387 mil millones que, con las normas vigentes hasta el año 2015, correspondían a las universidades públicas. El guarismo se aproxima a la tercera parte del presupuesto anual de las universidades estatales, pero, si hacemos el cálculo por cohorte, los 40 mil estudiantes del programa ser pilo terminarían costando un poco más del equivalente a 600 mil estudiantes de las estatales en un año.

Pero no solo eso. Por razón del artículo 87 de la Ley 30, cuyo alcance se calcula con base al crecimiento económico (PIB) del país, las universidades estatales recibirán un 16,55 por ciento menos que el año pasado; es decir, tendrán en sus presupuestos $ 4.852 millones menos. Además, dejarán de recibir aproximadamente $ 10.000 millones en razón del descuento electoral decretado por la ley, más otros detrimentos que sería largo enumerar, como sucede ahora, por disposición de la Dian y Minhacienda, con el 4 por mil que universidades como la Pedagógica Nacional empezaron a pagar al momento de cancelar su nómina.

da. Profesor, para cerrar esta entrevista, ¿cuál es el futuro inmediato de la agenda de acción de las universidades públicas?
AA. La comunidad universitaria en todo el país, tiene la palabra para exigir al Congreso la aplicación de la Constitución y la ley, de acuerdo con su espíritu, y el Congreso mismo la obligación de reflexionar sobre toda la situación descrita y que conoce ampliamente.

Las banderas de la movilización

Conservar el espíritu del legislativo y con ello la destinación original de los antiguos recursos Cree (hoy impuesto a la renta y complementarios), garantizando su asignación total y directa a las IES públicas.

Implementar lo mandado por la Ley 1819 de 2016, Reforma Tributaria, destinando a las instituciones de educación superior públicas el 40 por ciento de medio punto de IVA social y los excedentes cooperativos.

Negar todo aval al Programa Ser pilo paga como política de Estado. “Ser pilo no paga si lo público se acaba”, fue una de las consignas más coreadas.

Exigir en el Presupuesto General de la Nación 2018 los recursos necesarios para la educación, ciencia y tecnología, cultura y deporte, oponiéndose a todo recorte.

No conceder aval a proyectos de ley que, como la Financiación Contingente al Ingreso, amplían la política privatizadora que prefiere la financiación de la demanda, y elimina paulatinamente la oferta educativa que corresponde al Estado.