Entre octubre y principios de noviembre, tuvo lugar el último ciclo de protestas del año 2017, la minga nacional indígena y el paro de los campesinos cocaleros. Sus motivos se resumen en la inconformidad despertada por el incumplimiento con los acuerdos pactados con el gobierno nacional años atrás, y el aseisnato sistemático de líderes sociales, casi 500 desde el comienzo del gobierno de Santos, hasta mediados de noviembre de 2017. ¿Terminarán estas movilizaciones en mayor dispersión del movimiento social?, ¿seguiremos arrancándole promesas parciales al Estado que nunca terminan de cumplirse.
En la madrugada del 5 de noviembre pasado, después de 12 días de movilización, las comunidades campesinas en paro y una delegación del gobierno nacional encabezada por Juan Pablo Díaz Granados, viceministro de desarrollo rural, firmaron un nuevo acuerdo para levantar el paro en Norte de Santander y Sur del Cesar, comprometiendo una reactivación de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MÍA)1 para los días 26, 27 y 28 de noviembre. También se suscribieron otros compromisos en varios temas, principalmente referidos a la implementación del acuerdo de La Habana en la región, y a garantías para las comunidades movilizadas2.
De igual manera, tras 8 días en Minga a lo largo y ancho del país, los pueblos indígenas acordaron instalar la Mesa de Negociación de la Minga Nacional por la Vida, el martes 7 de noviembre en el territorio ancestral indígena de Las Mercedes, vereda Monterilla municipio de Caldono Cauca, donde además sesiona la Mesa Regional Indígena del Cauca. Esto con el propósito de lograr efectivo cumplimento a los puntos del Pliego Nacional radicado en la Presidencia de la República el 30 de octubre de 2017, los cuales versan sobre 1. Garantías y derechos humanos 2. Territorio y medio ambiente. 3. Paz con justicia social. 4. Acuerdos incumplidos. 5. Garantías presupuestales para el cumplimiento de los acuerdos.
Según cuenta la misma Organización Nacional Indígena (Onic): “Son más de mil 392 acuerdos por cumplir” que hacen referencia a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, y que responde a su vez a los acuerdos de las Mingas del 2013, 2015 y 2016, así como a los acuerdos alcanzados en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la Mesa Permanente de Concertación–MPC de los Pueblos Indígenas, y lo pactado en el Capítulo Étnico en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto, en el marco de la Comisión Étnica para la paz y la Defensa de los Derechos Territoriales3.
Sin embargo, pese al tiempo recorrido, Santos implementa su tradicional manera de contener la protesta social, el desgaste de los manifestantes a través de la represión, la criminalización de la protesta argumentando infiltración de otros grupos y promoviendo la desarticulación del movimiento a través de acuerdos parciales o regionales; por no nombrar el asesinato selectivo que ya cobra 107 líderes sociales asesinadxs en 2017, 150 desde 2016 y, como ya dijimos, 500 desde el inicio de su gobierno4.
De la recomposición a la inercia táctica
Mirándolo en perspectiva de mediano plazo, todos estos acontecimientos se enmarcan en el largo ciclo de protestas que va desde 2010 hasta 2017. Según la base de datos de luchas sociales del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) sobre la protesta social en Colombia, durante 2013 (el pico más alto de movilización) se registraron 1.027 protestas a lo largo y ancho del país, ¡el mayor número de luchas desde 1975! Tan inusitado nivel de movilización da cuenta de la recomposición de una sociedad en movimiento, con altos niveles de participación ciudadana y con notoria visibilidad de sus actores.
Bajo el gobierno de Santos, la protesta social ha dirigido sus baterías, principalmente en contra de: el modelo económico neoliberal, las consecuencias negativas de los TLC, la “locomotora minero-energética”, su primer plan de desarrollo para el sector rural, y por la defensa de derechos fundamentales como la salud y la educación. Aunque con particularidades regionales, todas estas protestas han compartido un contexto general caracterizado por las oportunidad política que abrió la tensión entre los estilos de gobierno de Uribe y Santos, donde los diálogos de paz en La Habana, unidos a una retórica reformista y de cambio, alentaron expectativas que con el tiempo resultaron simple ilusión. Pese a ello, hay que resaltar que, aunque de manera parcial, todas estas oportunidades han sido aprovechadas por la recomposición de varios procesos organizativos, e ingeniosos marcos de acción colectiva utilizados por los manifestantes para articular sus demandas y ganar apoyo de otros actores.
Entre las más representativas de estas movilizaciones –tomando los dos periodos de gobierno Santos–, resaltan: los paros de transportadores de carga, los paros de los trabajadores petroleros contra Pacific Rubiales, el paro nacional universitario de la Mane en 2011, las protestas contra mega proyectos extractivos e hidroeléctricos en los departamentos de Huila, Tolima, Quindío, Boyacá, santanderes y Putumayo, las protestas del movimiento indígena del norte del Cauca, el paro nacional cafetero, papero, el del Catatumbo, los paros nacionales agrarios de 2013 y 2014, los paros de pequeños mineros, las huelgas sindicales estatales y los paros del magisterio, la minga agraria campesina étnica y popular del 2016, sin sumarle todo lo acontecido en el presente año, con protestas en varias ciudades, consultas populares, revocatorias y demás.
Todo este mosaico de protestas no puede entenderse sin la creación de la Coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia (2005), el Congreso de los Pueblos (2010), la Marcha Patriótica (2012), la cumbre agraria, campesina, étnica y popular (2014), así como la reactivación del Comando nacional unitario (2016). Sin duda, todo un conjunto de plataformas síntesis de un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos-sociales que en las anteriores décadas andaban dispersos. Esfuerzo de articulación y resistencia que para unos pasa por la aspiración de ser gobierno, mientras que en otros pasa por la construcción de poder popular, a través de mandatos y legislación por parte del pueblo.
Además, la creación de estas organizaciones trajo consigo una reconfiguración del discurso político y una re-semantización de viejas palabras –como socialismo y revolución–, en un intento por dar respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda a finales de siglo e inicio de un nuevo milenio, imbricando las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado. Es así como se habla de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos que juegan en la coyuntura con otros significantes y consignas articuladoras como la paz en tanto vida digna, el derecho al territorio, a la tierra y a la soberanía, incluso apelando a la indignación como en el caso de los productores agrícolas –dignidad papera, cacaotera, etcétera5.
Sin aire
Sin embargo, el escenario descrito llegó a un tope, a un tiempo complejo. Las distintas movilizaciones desarrolladas en esto momentos por todo el país apenas si logran concretar acuerdos parciales con el gobierno. Una de las manifestaciones más evidentes de la precariedad en que entraron es que ni siquiera tiene fuerza (¿voluntad?) para demandar con éxito la efectiva implementación normativa de los Acuerdos de paz, y como lo denuncia parte de la Comisión de seguimiento y verificación de los mismos, mucho de lo acordado –traducido en leyes en el Congreso de la República– padece de graves tergiversaciones, atentando su espíritu inicial.
Resalta, por ejemplo, en el caso de la Cumbre agraria –como es sabido, el espacio de articulación más grande del movimiento agrario constituido en los últimos años, reconocida como actor político con el decreto 870 del 2014–, que nunca fue invitada a los debates sobre punto uno y punto cinco del Acuerdo de paz. Pero no solo esto, los acuerdos logrados por ella misma con el Gobierno apenas si avanzan, por ejemplo los recursos para infraestructura, ni que decir de políticas públicas mucho más amplias. Por si fuera poco, el 16 de junio de 2016, cuando se ratificó en Santander de Quilichao el decreto que le otorgaba el reconocimiento oficial –sucedido en el marco de la Minga por entonces liderada por indígenas y campesinos–, ese mismo día el Gobierno radicaba en el Congreso la Ley de Zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, la misma que permite la concentración de innumerables extensiones de tierra por parte de grandes empresarios. Toda una burla, toda una toma de presión que no despertó reacción alguna, lo cual demuestra que este ciclo de recomposición, movilización, acuerdos, incumplimiento, movilización, acuerdos, incumplimiento etcétera, llegó a un desgaste.
Diversos factores pueden explicar el punto al que se llegó, entre ellos la ausencia de un proyecto construido y liderado por fuera de la agenda institucional, autónomo, tras un modelo de sociedad alterno, un proyecto orientado a una visión de largo plazo, que dinamice la articulación de los diversos actores sociales, superando la división que los ahoga y superando la lucha de protagonismo que les caracteriza.
También pesa en ello la errónea visión que han construido del papel del Estado en la tramitación de las demandas del movimiento social, pues ya está ampliamente demostrado que dicho lugar poco o nada aporta para solucionarlas; pero lo que sí genera tal relación es que, en el interés por captar la atención del Estado, y en la búsqueda de beneficios económicos y de otros órdenes, se cae en el acomodamiento y la moderación del proceder y del discurso, haciéndolo menos beligerante, conciliador, adaptándolo a la retórica de la gestión pública.
Agotamiento de una capacidad de lucha y de acción social que también está incidida por la concreción de la llamada guerra sucia, con la cual van descabezando los liderazgos sociales; acción paraestatal que va de la mano de un nuevo marco legal represivo, ejemplo de lo cual es la Ley de seguridad ciudadana y el nuevo Código nacional de policía.
Desgaste que también se enfrenta a una nueva coyuntura electoral, la cual puede propiciar el ahondamiento del panorama de incertidumbre descrito. El riesgo evidente es caer en la misma inercia táctica tradicional, como sucedió en los 90 cuando, ante una supuesta apertura democrática, se ahondaron las divisiones, se privilegio lo gubernamental a lo alternativo, y se difuminó el capital político acumulado, desalentando los repertorios típicos de los movimientos sociales, así como sus formas de organización.
¿Qué alternativas quedan?
Existen espacios sociales por abrir, ampliar, desarrollar, consolidar, y la evidente división al interior del establecimiento pueden facilitar todas y cada una de estas posibilidades. A ello también puede contribuir la concreción de los Acuerdos firmados por la insurgencia fariana, los cuales pueden empujar en dirección hacia una democratización del régimen político. El gran interrogante no resuelto hasta ahora es, ¿cómo lograr que la sociedad pase del No al sí?, porque no de otra manera se movilizaría por aspectos que le favorecen en lo acordado entre las partes en guerra, y la respuesta no es sencilla.
Varios puntos clave en ello. Ahondar la autonomía de lo social, confrontar por una democracia real –lo cual se expresa en una redistribución de la riqueza y, con ello, en una evidente reducción de la pobreza–, así como en una realización plena de otros derechos, dejando a un lado el papel, realizándolos en la vida cotidiana de las mayorías; desconcentración y descentralización del poder, llevando a un segundo escalón la experiencia iniciada en Colombia a mediados de los años 80 del anterior siglo.
Estos aspectos no son simple idealismo, pues ya hay avances entre nosotros en todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, en autonomía, “La Liberación de la madre tierra” llevada a cabo por el pueblo nasa del Norte del Cauca, que desde el 2014 ha logrado recuperarle 2.500 hectáreas de tierra a los grandes ingenios azucareros, llevando a cabo una pequeña reforma agraria de hecho, es una experiencia de suma importancia en el avance del movimiento popular. Una muestra concreta de autonomía, donde sus actores populares, cansados de esperar que el Estado cumpla con acuerdos firmados incluso en la década de los 90, hacen realidad el mandato de su comunidad: acceso a la tierra. Con esto una vez más resalta ante nuestros ojos que no necesitamos de una organización superior que solucione nuestros problemas, la organización de todos y todas puede hacerlo.
En otros territorios y lideradas por otras organizaciones, esta vez por la coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia (Comosoc), encontramos que no esperan que aspectos valiosos de lo Acordado en La Habana se concreten por orden gubernamental, sino que ponen manos a la obra, validando proyectos de economía propia con base en unidades productivas auto gestionadas, que sean sostenibles económicamente y articuladas a través de una Federación Nacional Agraria, así como la construcción de consejos territoriales del pueblo, como formas de democracia directa, y de construcción de poder popular.
Pero no solo ellos, las mismas zonas veredales transitorias avanzan con formas de autogestión y autogobierno. Igual sucede con los territorios campesinos agroalimentarios, las Zonas de Reserva campesina, los consejos comunitarios, o los mismos resguardos indígenas, formas de autonomía desde abajo.
Proyectar estas y otras muchas experiencias con asidero real entre nuestras comunidades, visibilizarlas, y articularlas, entre ellas y con la ciudad, retomando y valorando las nuevas necesidades de consumo latentes en cada rincón de nuestros territorios, es una de las posibles soluciones a este panorama de incertidumbre. Para ello, insistir en que no podemos perder de vista el antagonismo y la disputa contra el modelo existente, en lo cual es fundamental, más que necesario, pasar de la protesta a la propuesta.
Para así avanzar, esperamos que la coyuntura electoral no nos debilite ni nos haga perder el panorama y que, por el contrario, nos fortalezca, pues hay un camino de autonomía y realizaciones propias por parte de los actores populares que no pueden perderse, ni reducir su ritmo, en el afán por responderle a una lógica institucional que no necesariamente ahonda la participación y la democracia, a pesar de así decirlo.
1. http://www.marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/173-mia-marcha-patriotica/4512-se-levanta-paro-del-catatumbo-tras-acuerdo-para-reactivar-la-mia
2 http://www.cric-colombia.org/portal/los-pueblos-indigenas-del-cric-continuamos-minga-la-defensa-la-vida-respeto-territorios-ancestrales/
3. https://www.facebook.com/colectivo.espora/?hc_ref=ARRyIDk1–VfALgrsy1gQ9ZQvKSE3_AfMbCvj2G_ZNlNfwk91UCae1I7Ha2GuHkx2BA
4. Cruz E. (2016) Caminando la palabra: Movilizaciones sociales en Colombia (201-2016). Ed. Desde Abajo. Bogotá 2017
5 Mesa creada en 2013, como válvula de escape, ante las movilizaciones del Catatumbo
Leave a Reply