Con los mismos trucos de siempre, el gobierno que encabeza Juan Manuel Santos oculta su responsabilidad ante los más de 293 asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, ocurridos en el país entre diciembre de 2016 y el 5 de julio de 20181. El goteo inclemente de asesinatos no para. No cesa desde el momento mismo de la firma del Acuerdo de Paz (Gobierno-Farc) llevada a cabo en el Teatro Colón. Es un desangre constante que mancha la gestión del Nobel de Paz, y que acusa al poder con un dedo sin olvido. Nada de ¿asesinatos circunstanciales?, como quieren hacer creer.
Hace cinco o seis años, cuando estaba en curso el proceso de negociación entre el gobierno Santos y las Farc en La Habana, un funcionario de un organismo multilateral con oficina en el país nos sorprendió durante una conversación con la siguiente afirmación: “No descuiden, fortalezcan sus organizaciones, porque lo que viene para Colombia es la multiplicación de los atentados contra los líderes regionales”. Tales palabras resultaban más que preocupantes.
Para sustentar lo dicho, el funcionario podía tomar en cuenta pasajes y lecciones arrojadas por negociaciones de conflictos armados en otros países. Pero…, cuesta asumirla tan tajante. Si bien en ninguna parte los acuerdos son cumplidos a la letra ni en los lapsos firmados, el desarme llevado a cabo por las organizaciones insurgentes de tales países no daba paso a una matanza. De ahí que, para escuchar y asumir la observación del funcionario como inobjetable, no queda otra que dar por sentado que responde a los informes que el funcionario tenía, a partir de filtraciones de planes provenientes desde el poder, con seguridad, válidos para tal fin del paramilitarismo –en una renovada relación con organismos de la inteligencia policial y militar. En este marco, los años pasaron y aquello que el funcionario afirmaba se cumplió. Todos somos testigos.
Desde antes de la firma del Acuerdo de Paz, el país presencia un desangre continuo de sus liderazgos sociales. Pero el mismo se intensificó una vez sentaron sus firmas los responsables de las partes negociadoras. La extensión en territorio y el número de asesinados relacionados en el primer párrafo es más que escandaloso: una cifra que no deja de crecer. Los sucesos acaecidos desde enero hasta la primera semana de julio de 2018, con 123 asesinados, la ratifica.
De manera secuencial y ante el ataque de sicarios, líderes sociales de distinto carácter pierden su vida. Tal vez, la previsión que tenía el funcionario de una organización multilateral, que debe conocer bien el carácter del poder que está enraizado en Colombia, es la decisión de su dirigencia, con discurso, represión y sangre, de no darle paso a una sociedad realmente democrática. Como parte de tal designio, no permitir la consolidación de unos procesos sociales fortalecidos en el ámbito territorial, con conexión social y con capacidad de movilización no politiquera ni tradicional de toda esa muchedumbre, sumida en el empobrecimiento generalizado. Desmedido, prepotente, con alevosía, así parece que actúa el poder por estos días.
En la coyuntura que durante el mes de junio y comienzos de julio enlutó al país nacional, desatada seguramente con el cálculo de que pasaría sin eco nacional, anestesiados los millones que acá habitamos por el Mundial de Fútbol, la novedad –realmente escandalosa, por superar el asesinato y llegar a la masacre– son los 17 líderes asesinados2. Un atentado masivo e impune que sin duda refleja la decisión de varios factores del paramilitarismo no desconectados del Mando y la “previsión estratégica”, y de la contrainteligencia del actual gobierno, de presionar la continuidad de un dispositivo con “operaciones especiales” por parte del gobierno que asumirá su responsabilidad el 7 de agosto.
Reflexionando con el favor del tiempo, la previsión que con discreción hizo aquel funcionario hace emerger la duda sobre si ellos, en un juego de escenarios, consideraron que las fuerzas contrarias a una paz genuina también tuvieran tomada la decisión de que, una vez firmados los acuerdos, tendrían pendientes a sus gatilleros listos al plomo para contener y disuadir a la oficialidad media de las Farc. Una orden estratégica clara para impedir, llegado el caso, la posibilidad o intento de reconstrucción del proyecto de este grupo insurgente. Dicho escenario no es especulación.
En un encuentro casual, hace tres años, un general de Ejército cuyo ayudante Gracia portaba su maletín, le ‘aclaró’ a un grupo de turistas nacionales que en un lugar del Meta increpaba al ejército en sus comentarios, por no neutralizar y “entregarle el país” a la guerrilla: Afirmó el General que confiaran “en su Ejército”, que su atención y su inteligencia tienen la mirada puesta adelante para “salvar la Patria”. Por eso, ya no “tenían interés” en los nueve miembros del Secretariado, “viejos y preocupados por las prerrogativas del Acuerdo”. Tampoco, dijo, les causan inquietud “los 50 del Estado Mayor”, igualmente interesados en tales prerrogativas. “Desde hace rato, identifican y siguen a la generación de mandos con 30 años”. “Esos…” tienen vida, saben del manejo de armas y de terrorismo. Por eso, les recalcó a los turistas, que “su ejército” acumula los detalles del transcurso de su vida, de los lugares donde han estado, “de las direcciones y teléfonos de sus mujeres, de sus amantes, de sus familiares y allegados”… Confíen en su Fuerza Armada.
El paso del tiempo permite visualizar los pasos y la concreción de tal decisión. La multiplicación de disidencias de esta insurgencia, unas con vocación económica, pero otras con clara vocación política y apego a su Plan Estratégico, puede ser el elemento que le daría piso a tal escenario. El asesinato es reconocido. “Entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en que se suscribió el Acuerdo Final) y el 8 de mayo de 2018, en el país han sido asesinados 63 excombatientes de las Farc-EP en proceso de reincorporación, 17 familiares, y seis excombatientes de las Farc-Ep en proceso de reincorporación han sido desaparecidos forzosamente”. Así se ratifica3. La pregunta que surge entonces es: ¿Entre los muchos que fueron asesinados en la más cruel de las ofensivas de los últimos años contra el movimiento social, existen también líderes, reconocidos o sin reconocimiento, del rango medio de las Farc? o ¿con estos asesinatos ‘neutralizan’ una posible base social para un proceso de reconstrucción del aparato fariano en disidencia, que dispone de espacios de atracción en varios lugares con memoria de conflicto?
La revisión de los territorios donde fueron asesinados los últimos 17 líderes parece negar tal interrogante. La militancia social de los mismos es variada, sin una necesaria conexión con organizaciones ligadas relacionalmente a las Farc, pero sí confirma la tesis de que estamos ante la decisión de impedir la reconstrucción y la proyección de los tejidos sociales con mayor deuda social y de la tierra, imponiendo el miedo como estrategia. Y en esta forma, empujar a la renuncia en su activismo a muchos y muchas, y obligar al Eln a acoger el modelo oficial de desmovilización con la concentración de los guerrilleros en un solo punto del país.
Aunque en su más reciente ofensiva, con un cálculo errado, el paramilitarismo se encontró con un dolor y una solidaridad que hasta ahora no conocía el país, la misma que llevó, el pasado 6 de julio, a miles y miles de colombianos a alumbrar con velas la oscura noche que transita el país. Luces para la vida, como diría el maestro Simón Rodríguez cuando ofrecía las que él fabricaba.
Tales velas evidencian la disposición inclaudicable de un conglomerado nacional de seguir pugnando por la paz sin la venganza y el statu quo. La misma paz que parece estar hecha jirones, tanto por la transformación sufrida por los Acuerdos de La Habana a través de la cadena de remiendos de distinta índole –todos a favor del poder– como por el desangre ya anotado. El ritmo y la encrucijada en que parece estar el diálogo con el Eln reafirman esta realidad. Un sueño de paz que parece deshacerse ante los embates del poder. Sueño transformado en pesadilla, que desdice y sindica al gobierno saliente de conspirar contra el bien de la paz, para abortar el necesario avance hacia una sociedad que respete el derecho a la vida.
En todo caso, dentro de la condición de notoria mayoría electoral del nuevo gobierno –que le otorga ventaja para un “reacomodo del régimen”, a la par de sus formas de cooptación, control y violencia–, Iván Duque no tendrá las manos libres de Juan Manuel Santos. No las tendrá, aun con la fragmentación popular sin un referente colectivo, diverso, de convocatoria con carácter de mayoría, dada la dinámica social y política en el nivel popular y las limitadas influencias de los sectores revolucionarios que pasa y tiene un acelerón y un mayor cubrimiento. Un nuevo punto, en la proyección por la vida, la búsqueda de la paz y la configuración de ¡Otra Democracia!, con sus comunidades y territorios con identidad.
Tales límites y limitantes de y para el nuevo gobierno abren una puerta de acción, resistencia y levantamiento de opciones por parte de los sectores alternativos, tanto para retomar un sendero certero de paz como para darle paso a un posible gobierno de nuevas mayorías. El 2019-2020 será un período de tiempo de intensa confrontación social. Así allí cruzan todas las señales de la política, la economía y la resistencia del país nacional. ¡Bienvenido el nuevo gobierno!
1 www.indepaz.org.co/.
2 Los ataques contra los líderes se llevaron a cabo entre el 14 de junio y el 4 de julio. “Para Colombia se acabó el Mundial pero siguen las masacres”, www.desdeabajo.info.
3 Informe de derechos humanos: “Todos los nombres, todos los rostros”, junio 1 de 2018, www.marchapatriotica.org/todos-losnombres-todos-los-rostros/.
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