La construcción de la ciudad hoy demanda nuevas lecturas y acciones encaminadas a reconocer las prácticas territoriales, comunitarias, organizativas e incluso institucionales, que redunden definitivamente en un modelo de ciudad ambiental y socialmente sostenible.
En “La experiencia urbana y su relación territorial expandida”**, artículo publicado en la anterior edición de este periódico hicimos referencia al actual modelo de ciudad, a algunas de sus principales características y problemáticas asociadas al desarrollo urbano de las ciudades colombianas, identificando las condiciones de segregación, exclusión, consumismo e individualidad que le dan sentido al modelo de ciudad vigente. Este panorama nos cuestiona acerca de ¿Cómo debería ser entonces la alternativa a éste modelo?
La premisa gira alrededor de una orientación más humana, sostenible y equitativa, construida a partir de repensar el hábitat como componente transversal y articulador de la vivienda, el espacio público, el medio ambiente, y el acceso a los servicios públicos, complementarios y urbanos. Un modelo que fortalezca la participación y el trabajo colectivo de los ciudadanos, que les involucre, reconozca y garantice plenamente su derecho a la ciudad.
Un nuevo paradigma de ciudad
Al ver hacia donde se están orientando las ciudades desde las administraciones municipales, como Bogotá o Medellín, pareciera que un nuevo modelo o paradigma de ciudad está lejos, inalcanzable, pues la priorización de la inversión pública para generar infraestructura productiva está por encima de las necesidades y los derechos de las personas y la naturaleza.
El modelo actual considera necesaria la expansión de la ciudad, la renovación urbana y las intervenciones con bulldozer –que arrasan con lo construido, en términos de infraestructura y tejido social–, para potenciar un desarrollo físico espacial que abra las puertas a nuevas inversiones privadas y al mercado, dando paso principalmente al desarrollo económico y el intercambio acelerado de mercancías. La ciudad planeada por la tecnocracia estatal entra entonces en una contradicción expresa con la ciudad habitada –y construida también– por las comunidades.
A pesar de este panorama, la ciudad es producto de múltiples intervenciones hechas por diversos actores, quienes desde perspectivas distintas generan otras formas de apropiarla, realizando diferentes intervenciones comunitarias e, incluso públicas, logrando establecer dinámicas sostenibles con el medio ambiente, el vecindario y la ciudad misma.
Estas formas de intervención hacen parte de esa otra cara de lo urbano, de un nuevo paradigma que parte del reconocimiento de la ciudad habitada, socialmente construida, y del trabajo de procesos organizativos que por años han respondido a las adversidades de habitar la ciudad informal. A partir del reconocimiento de esa ciudad que no fue planeada pero que respondió a las necesidades de una población creciente –fuertemente ligadas al déficit de vivienda y los servicios públicos–, surgen estrategias claves desde la política pública para mejorar las condiciones del hábitat y compensar los desequilibrios urbanos.
Destacamos el papel que juegan, por ejemplo, el mejoramiento integral de barrios y la revitalización urbana en el posicionamiento de políticas e intervenciones que escuchan las exigencias históricas de la gente por acceso a servicios y espacio público, y que a partir de la escala barrial, del reconocimiento del tejido social y la infraestructura existente, integran la participación ciudadana a la planificación y gestión del territorio. La clave radica en ir más allá de intervenciones físicas puntuales o localizadas, comprometiendo las instituciones y los presupuestos públicos en alcanzar acciones espaciales que tengan como eje fundamental la participación de la gente en la construcción de la ciudad, y que estas actuaciones exitosas sean referentes replicables.
Propuestas que construyen el nuevo paradigma de ciudad
Con el fin de alimentar las intervenciones públicas, es necesario reconocer los aportes que colectivos y organizaciones realizan en ciudades como Bogotá y Medellín, evidenciando las interrelaciones entre lo público y lo comunitario, así como los espacios de trabajo reivindicados y promovidos por la sociedad que construyen el nuevo paradigma de ciudad.
En Bogotá, por ejemplo, puede encontrarse cómo la construcción de acueductos comunitarios en los Cerros Orientales garantiza la prestación de servicios, y han representado un ejercicio transformador del territorio que favorece la autonomía y autodeterminación de barrios completos. O cómo la conformación de una Audiencia Pública en la zona de expansión en Usme permitió jalonar intervenciones urgentes en cuestión de transporte y equipamientos en una zona construida por la misma Administración Distrital.
Cada una de estas actuaciones es compleja y está cargada de dificultades en su realización, y aun así conservan la cualidad de estar liderados por la comunidad misma y de responder a unas necesidades muy concretas e inaplazables de los territorios. Por ello la urgencia de repensar el paradigma o el modelo de ciudad radica en reconocer que la organización del territorio no es un ejercicio de decretos y escritorios exclusivamente, sino de acciones ampliadas que tienen múltiples referentes internos y externos que deben ser estudiados y adaptados con rigor. El ejercicio de la participación ciudadana es transversal en cada uno de los ejemplos mencionados, y logra la articulación y fortalecimiento del tejido social a partir de la construcción de diversas estrategias para dar solución a las dificultades comunes.
La transformación de los barrios de la periferia de Medellín
La capital antioqueña es uno de los puntos de referencia para el desarrollo urbano, no sólo en el país sino en Latinoamérica, sin embargo, las intervenciones de sus administraciones, que son ampliamente cuestionadas por su insostenibilidad, generan nuevas tensiones territoriales que requieren de la organización y el establecimiento de lógicas de interlocución que permitan llegar a acuerdos entre la comunidad y el municipio. Ejemplo de esto es la estrategia Cinturón Verde, que, aunque busca contener el crecimiento de la ciudad, genera una dinámica de especulación en el mercado del suelo que termina expulsando a los habitantes tradicionales de las zonas afectadas por tal estrategia.
Proyectos urbanos de este tipo, parecen tener implícita la expulsión de la población de un territorio, como si esta no tuviera derecho a residir en los espacios que con su propio esfuerzo han desarrollado o habilitado. En contra respuesta, el mejoramiento de barrios surge como una estrategia poderosa para el ejercicio colectivo e incluyente, que permite interpretar de manera amplia la integración de respuestas a las necesidades –o expectativas– de una comunidad, a la vez que le relaciona con la escala de la ciudad y el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad.
Grupos como la Mesa Interbarrial de Desconectados, la Mesa de Vivienda Comuna 8, el Movimiento de Pobladores, entre otros, crean espacios de discusión y formación territorial para pensar una propuesta de ciudad alternativa desde las comunidades, que haga valer su derecho a la ciudad y a participar en las decisiones de cómo, para qué y para quiénes se construye la ciudad. Trabajo que ya ha dado frutos al incorporar en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, los principios de derecho a la ciudad y la protección a moradores, los cuales permiten consolidar el modelo de ocupación territorial que se propuso Medellín, y que deben convertirse en un referente para otras ciudades y municipios.
Las mujeres en la lucha por el hábitat en Bogotá
En la zona de expansión urbana de Bogotá la construcción de vivienda masiva ha representado para sus nuevos habitantes una oportunidad de establecer un proyecto de vida. La “casita”, como propiedad, en muchos casos es una garantía para el futuro y la reconstrucción de la vida misma. Sin embargo, estos grandes proyectos que buscan dar una propiedad especialmente a grupos vulnerados y empobrecidos, generan nuevas tensiones de difícil manejo para quienes las habitan, especialmente frente a la convivencia y la adaptación a la vida en propiedad horizontal, además del conflicto que representa habitar un espacio entre lo urbano y lo rural.
Esta presión recae especialmente sobre las mujeres y su rol histórico –y solitario– en la comunidad, pues quienes más sufren esta débil calidad de vida en un hábitat tan precario como el que hoy por hoy ofrece el modelo de vivienda, son ellas. La falta de equipamientos como jardines infantiles u hospitales, la baja calidad del espacio público o la falta de transporte dificultan las tareas de reproducción y cuidado, y aumentan la doble carga que de por sí ya tienen las mujeres en sus hogares.
En un rincón de Bogotá, en la localidad de Usme, los grupos ciudadanos organizados que han dado luz al mejoramiento e instalación de servicios como el alumbrado en las calles, la construcción de jardines infantiles o el acercamiento de servicios sociales como el control de perros o gatos, de dinámicas productivas como las huertas urbanas y la economía rural, o de acceso a derechos culturales como la lectura, el baile o la pintura, están conformados fundamentalmente por mujeres, que a través de los mecanismos jurídicos y de participación han logrado llamar la atención sobre los múltiples sobrepesos que implica habitar la ciudad formal y planeada.
La lucha por el agua y el ambiente en Bogotá
Desde el borde sur de Bogotá, un grupo de jóvenes se agrupa bajo la consigna “Parque Ecológico Cerro Seco. Lo queremos, lo necesitamos”, y adelanta un trabajo en colectivo para defender de la minería al ecosistema subxerofítico, propio de la alta montaña, y a los habitantes de sus barrios de los impactos que implicaría tal explotación para la salud. Con este trabajo defienden un modo de vida basado en el respeto a la naturaleza y ponen manifiesta la relación existente entre esta y la calidad de vida. En vez de canteras, la juventud organizada de Ciudad Bolívar pide la conformación del parque metropolitano, un espacio que sirva para la conservación, la educación ambiental y para poner freno a la expansión urbana.
Esta experiencia se convierte en un ejercicio intergeneracional de toma de conciencia sobre el territorio: mientras los abuelos fueron quienes dominaron la montaña para construir un proyecto de vida, los jóvenes retomaron la idea de la autogestión del territorio para resignificar el espacio que habitan y proponer un nuevo modelo ambiental y de espacio público. Este territorio es reconocido en la actualidad como un cuerpo vivo que hay que defender, no sólo desde las pujas administrativas, sino desde las prácticas culturales y económicas, y que deben ser transformadas en función del cuidado de la vida y la naturaleza.
Materialización del nuevo paradigma de ciudad
Cada uno de los ejemplos expuestos evidencian el accionar amplio y diverso que fluye de manera permanente en los territorios y que, además de resistir al modelo de la ciudad de hoy, propone formas de disputa de la misma en el que se garantizan derechos y se construyen otros. Estas posibilidades se dan a partir del trabajo organizado de colectivos y comunidades que desde sus acciones configuran y dotan de sentido un nuevo modelo de ciudad distante del que se sufre en la cotidianidad.
Este es un paradigma de ciudad que reconoce a los habitantes y a las comunidades como actores constructores de la ciudad, con capacidades para identificar las necesidades insatisfechas en lo urbano y el entorno natural, y que prioriza formas de resolverlas potenciando los mecanismos de gestión asociada. Este paradigma es posible y se evidencia mediante al menos tres elementos:
i) El reconocimiento desde las acciones públicas del territorio socialmente construido que es apropiado de múltiples formas según las necesidades e intereses de los diferentes actores, para que las intervenciones propuestas por la administración pública, partan de los consensos colectivos.
ii) La identificación y potencialización de la construcción de tejido social, con el cual florece el sentido de la vida en la ciudad. La generación de dinámicas que aumenten la participación de la población en la toma de decisiones, además de favorecer las lógicas en las que esto ha sido posible en los territorios, es una deuda a saldar desde los espacios de poder público.
iii) La apertura de la participación ciudadana en espacios o instrumentos de planificación estatal. La sociedad como fuente y creadora de derecho debe permear el ordenamiento jurídico y la institucionalidad en materia urbana, a través de los acuerdos sobre el territorio habitado y administrando de manera consensuada y colectiva los espacios que habitan.
El paradigma de ciudad propone traspasar la frontera existente entre el ejercicio de participación en la planeación territorial y el Estado. Su materialización podrá evidenciarse en el momento en el que se logre disminuir la brecha existente entre el ejercicio de la participación y los escenarios legales y técnicos propios del ámbito estatal, materializando una ciudad más equitativa y con servicios urbanos al alcance de todas las personas.
Es preciso entonces, fortalecer un sentido, una idea y una razón sobre la cual organizarse y tejer comunidad, teniendo en cuenta que la diversidad de actores hace también dificultosa la tarea de construir ciudades social y ambientalmente sostenibles. Finalmente, es necesario resaltar que la participación y el ejercicio colectivo de la gestión y las victorias por el espacio, construyen de manera incidente, la única y más preciada forma de construir ciudad sobre la ciudad, en la cotidianidad y desde abajo.
* Ma. Camila Carreño Novoa, Carolina Catumba, Lucía Duque Guevara y Natalia PedrazaMora
** Ver artículo “La experiencia urbana y su relación territorial expandida” en: https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/34922-la-experiencia-urbana-y-su-relacion-territorial-expandida.html
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