El medio ambiente en Santander está en jaque: la minería a gran escala contaminará el agua del páramo; el Fracking hará lo propio con las fuentes hídricas del Magdalena Medio; la ausencia de una política autónoma del agua genera conflictos socio-ambientales. Estos son los temas de seguimiento desde el Observatorio Minero Ambiental de la Corporación Compromiso en Santander.
Las comunidades, frente a los conflictos desprendidos por el uso del suelo, también propiciados por las políticas nacionales que quieren determinar de manera inconsulta las vocaciones y economía de los municipios, han encontrado mecanismos de resistencia. Eso explica en Santander el interés reinante en distintos municipios por hacer las consultas populares, de las cuales se realizaron dos en los municipios de Jesús María y Sucre, y están aprobados por el Tribunal Administrativo de Santander las de los municipios de Bolívar, San Vicente, el Carmen de Chucurí y Onzaga.
Estamos ante una forma de resistencia. Otro mecanismo desplegado por la población para rechazar la imposición de proyectos extractivistas son las movilizaciones realizadas por el Comité en Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, espacio que articula a distintos sectores económicos, de investigación, políticos, las organizaciones sociales, los jóvenes que tienen claro que “el agua vale más que el oro”; la desobediencia civil impulsada por el colectivo de Corazón verde para proteger los árboles de la Escuela Normal los que, a pesar de la ardua lucha desplegada no consiguieron su propósito de impedir el arboricidio (mayo 19 de 2018) dejando desnuda la ineficacia de la autoridad ambiental. Toman forma, asimismo, procesos organizativos, como La articulación en plataformas como la alianza Colombia libre de fracking, que posibilita una acción jurídica y política para frenar estos proyectos que generan daños irreversibles al ambiente.
Los conflictos ambientales están cruzados por la intensidad de cada uno de los megaproyectos extractivitas y su afectación directa al agua, de ahí lo imperioso que la comunidad avance en la compresión de la importancia de tener una política autónoma que garantice el derecho al agua.
La ausencia de una política autónoma sobre el agua en Colombia y Santander
Colombia es uno de los países más ricos del mundo en cuanto al recurso hídrico, el mismo que es estratégico en la vida nacional, porque gran parte del aparato productivo nacional se mueve con la matriz energética con base en agua. Pero, por desfortuna, en Colombia no hay una política pública autónoma para la misma. Desde hace ya varias décadas son los organismos multilaterales los que ponen la política nacional del agua, para la última década el Banco Mundial y el Banco interamericano de Desarrollo, BID.
En 1998, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Mavdt) construyó un Programa de Modernización Empresarial (PME) en el cual se cofinanciaba y prestaba asistencia para la entrada de operadores especializados, y daba al agua una visión eminentemente empresarial. Desde este momento el agua en Colombia dejó de ser un Derecho y comenzó a ser un negocio, dándole paso a la privatización del agua, tomando forma esta política en ciudades como Manizales, Barranquilla, Santa Marta, Cúcuta.
Transcurridos unos años, el 12 de marzo del 2007, el gobierno nacional aprueba el Conpes 3463 para implementar los Planes Departamentales de Agua, una forma de quitarle la autonomía a los municipios sobre el uso de los recursos públicos y entregar los acueductos a empresas departamentales, así como a los operadores privados.
En tal perspectiva, en Santander crearon, a través de la Gobernación, la empresa prestadora de servicios públicos Esant, la que ha logrado que 50 de los 87 municipios que integran el departamento entren en los llamados Planes Departamentales de Agua (PDA).
Los restantes municipios han logrado resistir a esta pretensión de la Esant, conservando su autonomía en el manejo del acueducto, impidiendo la privatización de las Unidades Municipales de Servicios Públicos, como lo han intentado con Charalá, o que intenten robarse el agua de otros municipios, como ocurrió por parte del municipio del Socorro que se llevó el agua de la Quebrada La Cinco Mil del municipio de Simacota.
El agua en Colombia está hoy al servicio del mayor postor: políticos, inversionistas y negociantes construyen embalses y represas y venden el agua, convirtiéndose todo en un negocio de lucro y de pérdida de derechos. Contrario al sentido de lo público, el agua no es conservada ni garantizada como un servicio, como un derecho esencial para todos, quedando cada vez más claro que quien puede pagar accede a ella.
Algunas Corporaciones Autónomas (CARs), que son la autoridad ambiental que debe regular el uso del agua en cada una de nuestras regiones, son permisivas ante esta situación; encontramos denuncias de esta grave problemática, y estudios de casos argumentados en gran parte del país; violaciones graves al Decreto 1541 de 1978 sobre Usos de Agua: actualmente la están captando para muchos usos diferentes al prioritario que debería tener –consumo humano–, como turismo, avicultura, y otros de la agroindustria.
La legislación más reciente que tiene el país sobre este asunto, la expidió el gobierno Santos con el Decreto 1077 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Título 3, en el cual se reglamentan los Planes Departamentales de Agua. En Colombia se continúa legislando sobre el agua, haciendo una legalidad para negociar con la misma, pisoteando cada día más el derecho a un mínimo vital del agua.
Estamos, por tanto, ante la realidad del negocio y de los intereses particulares, disfrazados de público –porque las normas vienen del gobierno. El reto que le queda a los campesinos y campesinas es nítido: defender sus acueductos comunitarios y veredales, los mismos que fueron construidos hace más de 40 años por iniciativa y esfuerzo propio, cargando a lomo de mula el cemento, la arena y la gravilla, sin la ayuda del gobierno, con el esfuerzo comunitario de generaciones que hoy están en mayoría de edad y ven con tristeza –y le reclaman a las nuevas generaciones–, que no permitan que sus acueductos sean privatizados, o municipalizados, apropiándose empresas particulares del agua de la comunidad, donde intentan ponerle las condiciones de la CAR y de la Superintendencia de Servicios Públicos en las tarifas del agua, cuando en los Acueductos Comunitarios sus tarifas son establecidas por la Asamblea General Comunitaria de asociados.
* Ver texto completo en www.corporacioncompromiso.org
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La delimitación de los páramos en Santander
La resolución 2090 de 2014, para el Páramo de Santurbán, y la 152 del 2018 para el Páramo del Almorzadero, son simples maniobras para desocupar los páramos de campesinos y entregarlos vacíos a las multinacionales del agua; y el subpáramo y el bosque alto andino a las multinacionales mineras y petroleras.
La delimitación del Páramo del Almorzadero podría dejar sin tierra y sin alimentos a campesinos de Carcasí, Cerrito, Concepción, Enciso, Guaca, Macaravita, Málaga, Molagavita, Piedecuesta, San Andrés, San José de Miranda, San Miguel, Santa Bárbara y Tona. La obligación de reconvertir sus actividades agrícolas es una sentencia para el abandono de territorios sobre los que tienen posesión ancestral; el impacto de estas medidas sobre el empleo y producción agrícola se dejarán ver en el departamento en unos pocos años. La alternativa que le queda a los afectados de manera directa por estas resoluciones, así como a la comunidad en su conjunto, es una sola: ¡derogarlas!
Embalse Topocoro: Luego de la expedición de la Ordenanza que aprobó los usos de este patrimonio ambiental, hay gran preocupación de que la operación quede en manos de empresas privadas y deje por fuera, de nuevo, a los pescadores, quienes fueron los grandes perdedores de la construcción del embalse y la desviación del río Sogamoso.
La defensa del territorio que se contrapone a los intereses de actores armados y de intereses privados está entre las principales causas de amenaza, persecución, hostigamiento judicial y homicidio de activistas sociales en la región.
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Interrogantes y perspectivas
Otras preguntas que guiaron el análisis en el Observatorio de conflictos ambientales: Prohibidas las consultas mineras ¿qué alternativas quedan a los municipios que NO están de acuerdo con ceder sus territorios a esta actividad económica? ¿Cómo el Gobernador de Boyacá logró ponerse de ruana a una empresa polaca para impedirle hacer fracking? ¿Cómo se organizan las comunidades ante la escasez de agua que alcanza niveles con rasgos ‘apocalípticos’ en Santander? ¿Qué acciones podrían llevar a término final la puja entre Minesa y 30 municipios por el agua y la delimitación en Santurbán? ¿Qué oculta la falta de sanciones a los responsables de la contaminación en los rellenos sanitarios de Barrancabermeja y Bucaramanga?
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Los pilotajes de fracking en Colombia se harían en Santander
Debido a las prácticas de esta técnica, y las experiencias negativas en los lugares donde la han implementado, muchos países optaron por su prohibición o han declarado una moratoria para la misma.
En Colombia, se proyecta la explotación de petróleo por medio de esta técnica en 4 departamentos. Es Santander el más afectado por que se realizaría el 56 por ciento de los proyectos en este territorio; le siguen el Cesar en un 28 por ciento, Bolívar en el 8 por ciento y Antioquia en el 7 por ciento.
Hay que recordar que el 70.99 por ciento del territorio en Santander posee reservas petroleras, ubicadas en 69 bloques petroleros que abarca 54 municipios que van desde Girón y Piedecuesta hasta Puerto Wilches.
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Los Planes de Ordenamiento y manejo de las cuencas
Para no olvidar. Donde aparecen los Pomcas, es porque se van a apoderar del río, o lo necesitan para un megaproyecto. Esto viene sucediendo en todos los ríos de Santander. Ya han realizado los Pomcas de los ríos Suárez, Sogamoso, Opón. Y en esos Pomcas hacen reuniones con las comunidades para obtener información: lo que los campesinos y las comunidades identifican desde sus territorios como peligros nunca lo colocan en los documentos finales, y sí elaboran mapas del territorio que afectan la propiedad de sus fincas, afectaciones que quedan en anotaciones en los Certificados de Tradición y Libertad de los predios. Conscientes de esto y dispuestos a dar la pelea, hay que tener claro que una propuesta de gobernanza del agua estará encaminada a que el agua sea para todos, que no se privatice, que no sea un negocio y que sea reconocido como un derecho fundamental.
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