Insaciables

Existe consenso en amplios sectores sociales acerca de que la negociación de paz firmada entre las Farc y el Estado colombiano –así el actual gobierno asegure en algún momento que eso le corresponde y obliga al que le antecedió, como dice de todo acuerdo heredado– es lo más contradictorio que un sector de izquierda pueda mostrar en este país. Mucho más uno que optó por las armas como método supremo para confrontar el orden de cosas existente.

Contradictorio, pues el acuerdo, tras años de negociación, fue firmado no una sino dos veces, y la segunda (en el Colón) implicó cambios notorios con respecto a lo firmado en una primera ocasión y protocolizado en Cartagena. Luego de ello, el mismo acuerdo fue sometido a un conjunto de reformas en el Congreso de la República, lo cual debió de ruborizar, por lo menos, a la dirigencia de la extinta guerrilla.

Contradictorio, toda vez que los otrora insurgentes firmaron a riesgo de que el Estado colombiano no cumpliera, como lo sospechaba el fundador y máximo líder de este ejército insurgente, Manuel Marulanda, por lo cual en alguna ocasión recomendaba postergar diez años la entrega de armas, como prenda de garantía para el cumplimiento de lo acordado. Olvidando el consejo del “viejo zorro”, además de cerrar los ojos ante las lecciones de la historia, las entregaron y Clío, aquella musa griega, volvió por sus fueros.
Contradictorio, ya que, a pesar de más de cinco décadas de discursos radicales y prácticas persistentes en pos de la toma del poder, terminaron rindiéndose, pues lo que recibieron a cambio le salió barato al establecimiento, tanto que nada tuvo que reformar de su estructura estatal en lo económico, lo político, lo militar, etcétera, y en cambio la contraparte aceptó la Constitución de su otrora enemigo, así como la estructura estatal por éste organizada.

Contradictorio, en tanto que los insurgentes aceptaron someter a un plebiscito lo negociado y acordado en La Habana, borrando, tras el resultado obtenido, cinco años de diálogo y negociación.

Contradictorio, además, pues tras la primera y la segunda firmas se han encontrado con una clase política que se apoya en sectores del poder económico, así como con ‘aliados’ internacionales que no renuncian a tratar a la fuerza política surgida de los acuerdos como la peor de las pestes conocidas y, sin embargo, y a pesar de los recursos dialécticos que se supone que debieran utilizar sus voceros, no atinan a adelantar una contraofensiva que recupere la dignidad que, igualmente se supone, les corresponde.
En fin, son tantos los sinsentidos y las anomalías de lo que adelantaron y ahora esperan que el establecimiento cumpla, que una parte de ellos –sin saberse con exactitud cuántos– terminó regresando al monte. Es decir, es tan contradictorio lo firmado, que la paz se esfumó y la guerra continúa. Es un grave suceso del que tal vez una parte significativa del país nacional no se ha enterado o sobre lo cual no ha meditado en sus implicaciones, suceso que se torna en uno de los mejores resultados obtenidos por quienes se han valido de las Farc para consolidar su dominio social, a la par de justificar el paramilitarismo y el terrorismo de Estado. Así es porque prolongar la existencia de ese “enemigo interno” les permite mantener su dominio entre amplios sectores sociales que sindican a las Farc de procederes, prácticas y crímenes que nada tienen que ver con un proyecto sustentado éticamente, en pos de otra sociedad, una diferente de la conocida durante dos siglos de existencia nacional.
Conscientes de ello, el sector que hoy controla el gobierno nacional prosigue en su afán liquidador de los acuerdos, en esta ocasión mediante la desestructuración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se valen para ello de la esperanza y el dolor de las víctimas, así como del odio que un amplio sector de nuestra sociedad profesa contra la guerrilla en general y la fariana en particular.

Por tanto, alegar la ‘necesaria’ reforma de la JEP, como lo hizo el presidente Duque el pasado 10 de marzo, no es más que continuar por la senda de manipular a la sociedad colombiana, al tiempo que atizar las brasas aún no apagadas de la guerra que por décadas ha cubierto al país.

Se trata de un alegato servido de las palabras políticamente correctas: “[Estamos ante] “una oportunidad –dijo el Presidente– que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide” […] Los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”, para luego decir que esta Justicia “no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar íntegramente a las víctimas”.

Pero, además, se expresa la falsa preocupación por la impunidad que pueda cubrir los crímenes de lesa humanidad en relación con quienes no son máximos responsables, al igual que la manera como se llevaría a cabo la suspensión de posibles extraditables porque “esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad”, y otras supuestas inquietudes a través de las cuales lo que se pretende es tergiversar y manipular lo ya estipulado en los acuerdos de La Habana, con su firma de Cartagena y del Teatro Colón, que precisaron con claridad –o en reglamentaciones derivadas del mismo– lo ahora esgrimido por Duque. De ahí que la ‘preocupación’ por estos y otros motivos expresados en aquella alocución nacional no sea más que la pretensión de seguir peluqueando lo firmado, hasta barrer el piso de este extenso país con los exguerrilleros.

Tras estos despropósitos, “llenos de buenas intenciones”, dos objetivos alcanzan a sobresalir en la maniobra oficial: 1. Lograr que el ambiente nacional, en año de comicios, quede centrado en el tema Farc, comodín para continuar explotando la animadversión ya anotada que siente una parte de la sociedad contra los desmovilizados guerrilleros, en esta ocasión para obtener un resultado electoral que le permita a lo más retardatario del país político mantener su poder territorial, incluso ampliándolo. 2. Impedir que los militares –la oficialidad– paguen extensas condenas, y lo poco que tenga que resarcir con encierro sea en sitios ‘seguros’, así como impedir que sus declaraciones se den en espacios no controlados por los adeptos de estas maniobras, impidiendo así que el dedo índice de muchos de ellos señale a quien desde hace décadas carga con el inri de inspirador, promotor y protector de las fuerzas que ocasionaron centenares de crímenes a lo largo y ancho del país, entre ellos los más abyectos de que tengan memoria los colombianos: los mal llamados falsos positivos, masacres de decenas en diversidad de veredas y corrregimientos, el despojo del pedazo de tierra de la que vivían los pobres del campo y su desplazamiento hacia las ciudades del interior del país, etcétera.

En el curso de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia del país, Duque anunció que, si salía elegido, haría trizas los acuerdos de paz, declaración que luego matizó, no así el partido al cual pertenece. Es esa una de las pocas promesas que ha cumplido. Pero no solo la paz firmada sino también la posible con el Eln, llevado a la imposibilidad de una negociación que no lo es, pues, para encadenarla, tiene que renunciar a todo, además de concentrarse en un sitio preestablecido. Paz marchita y guerra en curso que en días recientes estuvo propiciando con el hermano siamés, arriesgando con sus maniobras, estimuladas desde Washington, la vida de miles de miles de connacionales, así como la posible destrucción de nuestro país.

Dice una máxima que el buen gobernante es aquel que procura y logra la felicidad de sus gobernados. Todo parece indicar que con Duque estamos lejos de ella.