Un crimen, el padecido por Claudia Julieta Duque acaecido hace 18 años y en el cual aún no hay justicia. Un crimen declarado de lesa humanidad, a pesar de lo cual y de la lucha de la víctima contra la impunidad imperante no concluye el juicio; no solo eso, ahora la juez que lleva el proceso intenta imponer censura y amenaza a la víctima con judicializarla si brinda declaraciones que a su parecer sean poco veraces e imparciales.
Solamente el que sufre este tipo de realidad comprende y puede testificar que no es ficción. Alguien pudiera imaginarse una película, con un guión muy creativo, pero sobretodo maligno. Otra persona pudiera recordar un cuento de Chejov o algo similar. Solo Claudia Julieta Duque sabe que no es ni lo uno ni lo otro, que es real, que es la mano del Estado con todo su poder la que está detrás de la violencia que la ha asechado desde hace cerca de dos décadas.
De profesión periodista, nunca pensó que el poder que ha llevado a Colombia al desangre, que no cesa, se empecinaría con ella. Pero contrario a lo que pudiera haber pensado en las aulas donde fue formada, el poder no le quita la mira desde cuando en 2001 cubrió el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, revelando que detrás del mismo estaban agentes del Estado. Investigación atada a la realidad, toda vez que luego quedaría demostrado que el propio sub-director del DAS de aquel entonces, José Miguel Narváez, estaba detrás del crimen.
Los seguimientos
El tejido que fue reconstruyendo y que le permitió a la periodista aclarar quiénes estaban detrás de lo acaecido, aunque en primera instancia no llevó a investigaciones legales sobre el DAS, sí despertó de parte del órgano de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano intimidaciones sobre su vida, en una primera instancia con llamadas telefónicas y envíos de arreglos florales, hasta llegar a su secuestro por unas horas. Una intimidación que no logró su cometido, de ahí que en el 2003 compartiera sus hallazgos para un documental del programa Contravía, en el cual concluía que la investigación del caso había sido desviada por el DAS.
Las precisiones siguen su curso. Fotografías y recopilación de todo tipo de información de ella, de su hija y residencia, espionaje sobre su círculo cercano, correos chuzados, cerrando un círculo de presión para hacerla desistir, todo ello, así fue conocido luego, como parte de la denominada operación “Caso Filtración”, información recogida en una carpeta especial, con nombre “Caso Julieta”. Un proceso de presión para el cual, en un manual, se detallaba cómo amenazarla y evitar ser descubiertos.
Según las instrucciones las llamadas debían hacerse cerca a las instalaciones de inteligencia, no durar más de 49 segundos, hacerla desde un teléfono público, quien llamara debía estar solo, desplazarse en bus hasta el sitio, debía constatar que no hubiera cámaras de seguridad y “no tartamudear”. El mensaje sugerido decía: “Ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir ahora, nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa, vieja gonorrea hijueputa”. Los seguimientos incluían un taxi que resultó al servicio de la Subdirección de Operaciones del DAS. Tras algunas investigaciones se hallaron reportes de 2004 que mostraban el grado de presión “ya no contesta llamadas telefónicas, en ocasiones no manda a su hija al colegio”. Con documentos rotulados como “Reservado” evidencian un control a sus líneas telefónicas. Un acoso, una presión, un hostigamiento en creciente, hasta el punto que las directivas del DAS hacen circular un memorándum en el que aconsejan tortura psicológica, tanto para ella como para su hija.
El tiempo pasa y no cejan en sus pretensiones. En 2009 intensifican el acoso, y en el mes de julio, al viajar a Pereira, apoyados en una motocicleta, le montan cola desde Cajamarca y hasta Armenia. También en agosto hacen lo mismo desde un vehículo color blanco, del cual se supo que las placas eran falsas pues pertenecían a otro carro. En octubre, seis personas ingresaron al complejo residencial donde vivía, mientras otras cuatro esperaban afuera en cuatro vehículos. ¡Sorpresa!: la cámara de seguridad del edificio se dañó un día antes del operativo, y la cámara del mostrador dejó de funcionar la misma mañana en que iban por ella. Asimismo, el teléfono móvil de Claudia Duque permaneció bloqueado desde el mediodía hasta las siete de la noche. Buscando explicación por lo sucedido, no dudó en telefonear a la línea de emergencia del Ministro del Interior para informar del incidente, sin lograr respuesta alguna, incluso hasta la fecha.
No cejan en su empeño, es así como en marzo de 2013 recibió dos archivos ejecutables en su equipo procedentes desde la misma dirección de correo (porladignidadmilitar@…). En esos días notó un taxi oculto desde el cual y por espacio de más de una hora la vigilaban. Pocos días después recibió una llamada de un subintendente quien se presentó como de la Dirección de Derechos Humanos de la Policía, el cual sabía que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgada medidas cautelares, y quien quería saber si le ofrecían protección suficiente. Ella pidió un número de teléfono para comunicarse, pero el “interesado” no respondió a esta petición.
Para entonces ya Álvaro Uribe la había sindicado de simpatizar con terroristas y de ser cómplices de la guerrilla. Reacción furibunda por el artículo escrito en el Washington Post por Claudia y Juan Forero y en el cual se involucraba a Álvaro Uribe con el proceso de escucha ilegal y persecución desde el DAS y con el apoyo de los EEUU, acción de espionaje que afectaba a diferentes personalidades del país,.
La sindicación de quien fue por dos ocasiones presidente no quedó ahí, ya que Claudia Julieta ha sido catalogada públicamente como “activista de la extrema izquierda” mientras que en redes sociales llegaron a afirmar que sus artículos fueron escritos por el hoy extinto secretariado de las Farc.
Dolidos. En junio de 2014 Radio Nikzor reveló que todos los archivos electrónicos correspondientes a las áreas de Inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, durante sus 40 años de existencia, habían desaparecido. En diciembre de ese mismo año Claudia y su hija recibieron una llamada de quien falsamente dijo ser miembro de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el cual mostró conocimiento del plan de seguridad implementado por este organismo para proteger a la familia de la periodista. Volvieron los taxis sospechosos, coronas fúnebres, quesos podridos, mensajes funerarios a su celular y constancias de intimidación con frases “Cuando escuchamos tu voz y la de tu hija, nos dan ganas de cogerlas”, “[…] pa’ picarla gonorrea”, y otra en la cual anunciaban que iban a quemar viva a su hija y a esparcir sus dedos por la casa.
Pero no solo ella y su familia quedaron en la mira intimidatoria, la misma también abarcó a la familia de Víctor Velásquez, quien fuera su abogado por un tiempo, la cual fue objeto de amenazas telefónicas en abril de 2014 y enero-marzo de 2015. En estos últimos meses, tanto defendida como defensor fueron seguidos por desconocidos a lo largo de Bogotá.
Ese mismo año, en el mes de agosto, Claudia se encontraba efectuando una entrevista a una magistrada, cuando se percató de un seguimiento por parte de un hombre aparentemente armado, quien además portaba una fotografía suya y un mapa donde, al parecer, tenía registrada su ubicación. Hasta las siete de la tarde el hombre todavía estaba en el lugar y parecía esperar a la periodista. La magistrada reportó el hecho a la policía, el hombre les dijo que estaba allí por otro motivo y no llevaba más que su documento de identidad, pero durante la requisa policial escapó. Claudia reportó el incidente a la oficina del Fiscal General y entregó las fotos que había sacado, en las que el agente encubierto parecía portar una pistola.
Unos meses después, mientras con su hija llevaban a cabo diligencias en un centro comercial, detectaron que estaban siendo seguidas. Mientras tanto, otros agentes intentaban entrar a su casa de habitación, forzando la cerradura y bisagras de la puerta de seguridad blindada. Persistentes. Su hija le contó que recibió llamadas telefónicas, supuestamente de la empresa de gas para programar una visita técnica.
Desde el DAS
En medio de un gobierno de profunda factura autoritaria, desplegado en espionaje contra todo opositor activo o con alguna incidencia sobre la opinión pública, donde magistrados, políticos opositores, líderes sociales, activistas, defensores de derechos humanos, estaban en los ojos y oídos del DAS, los seguimientos, hostigamientos y presiones de todo tipo sufridos por Claudia Julieta Duque no eran extraños. Ella era incómoda para el establecimiento y había que desequilibrarla hasta que renunciara a sus investigaciones periodísticas.
Pero el escándalo estalló. En el año 2011 abrió el primer juicio contra José Miguel Narváez ex-subdirector del DAS y cabeza del Grupo Especial de Inteligencia G-3 por este despliegue de espionaje, caso en el que cinco años después –2016– logra impunidad por prescripción de cargos. Los ex-directores de Inteligencia del mismo Departamento de inteligencia adscrito a la presidencia, Giancarlo Aunque de Silvestri y Enrique Alberto Ariza Rivas, terminan condenados por los mismos hechos. En la sombra quedaron los que dieron las órdenes e instrucciones desde las ‘alturas’ del poder, las cuales llegaban hasta la tortura psicológica, realidad que padeció Claudia entre los años 2001-2004.
Precisamente, estos personajes condenados e investigados fueron involucrados en 2015 por tortura psicológica contra Claudia Julieta Duque. Un caso en el que tres altos funcionarios del DAS han aceptado su participación, cinco se encuentran en juicio, tres están prófugos, dos de ellos con circulares roja y azul de la Interpol, y uno más está detenido en los Estados Unidos con fines de deportación; otros cuatro están bajo investigación, dos de los cuales fueron detenidos en noviembre de 2016.
El cinismo del poder. El mismísimo gobierno que entre los años 2006–2008 le ofreció servicios de seguridad, realmente la estaba espiando, realizando, además, falsas acusaciones en su contra. Las quejas presentadas por Claudia finalmente dieron lugar a la apertura de una investigación en 2011. Hoy se adelanta, ante el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá un proceso contra el exsubdirector del DAS Emiro Rojas Granados, persona que recibió órdenes en 2001 para recoger información reservada en contra de la periodista y su hija. Y también está en juicio el exdetective Néstor Pachón Bermúdez, conductor del vehículo donde se realizaron los seguimientos. Otros exfuncionarios, como Ronal Rivera y William Merchán, también han sido señalados.
Pero desde marzo de 2013, cuando se emitieron las medidas de aseguramiento contra 11 sindicados (tres de los cuales ya aceptaron cargos y fueron condenados), el proceso ha presentado irregularidades. Aplazamientos por ausencia injustificada de los acusados o de sus abogados, reiterada reprogramación de las audiencias, órdenes de capturas sin ejecutar, permisividad a fugitivos e, incluso, dejados en libertad de manera irregular.
Revictimizada
Claudia Duque queda sometida a intimidación y hostigamiento, de manera intensa, cada vez que se acerca una nueva audiencia y mientras la juez toma decisión sobre pruebas y testimonios. Ahora se siente revictimizada, no solo por las demoras del proceso, sino porque ahora el Juzgado Segundo Especializado de Bogotá determinó que la periodista no puede hablar ni informar del juicio que avanza contra Emiro Rojas. Por lo menos se evidencia una decisión de censurarla y propiciar impunidad.
La decisión fue decidida ante petición elevada por la defensa del exfuncionario en investigación, y en ella se ordena que la reportera no opine públicamente para no poner en tela de juicio a la juez, a los testigos ni a los acusados. Expresa la Juez: “Las afirmaciones realizadas por la víctima, además de irrespetuosas, exceden el derecho a la libertad de información y de opinión pues colocan en ridículo a la administración de justicia y contienen juicios de valor que llevan a crear una percepción errónea de los hechos, además de poner en crisis el debido proceso y la presunción de inocencia de los acusados”.
Si no se acata la orden, Claudia podría incurrir en el delito de fraude a resolución procesal. La funcionaria judicial asegura que no está restringiendo el derecho de expresión, sino que busca ‘evitar que se de al público información tergiversada’ en el caso, a pesar de ser declarado crimen de lesa humanidad en octubre de 2017.
Para Claudia, que ha sobrellevado con temple a lo largo de 18 años las circunstancias a las cuales la empujó el autoritarismo de Estado, los dos últimos años han estado marcados por una especial circunstancia: su revictimización, en un proceso en el que desde octubre 2017 se han presentado, según sus palabras, “diversas decisiones plagadas de irregularidades”.
Es por ello que, ante todo este tipo de realidades que enfrenta, que Claudia Julieta Duque ya no participará más en los juicios y renuncia a su presencia en el procedimiento penal. Decisión que se extiende a la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a donde han querido enviar los casos de varios periodistas y defensores de derechos humanos como Mario Calderón, Elsa Alvarado, Eduardo Umaña, Jaime Garzón y el suyo, la única que sigue con vida. Anunció que sólo acudirá a la JEP para rechazar la competencia de esa jurisdicción porque tampoco ofrece garantías.
En medio de esta disputa cuerpo a cuerpo, el 21 de enero el Juzgado Segundo Penal Especializado decidió la reposición presentada por el abogado de Claudia ante la censura impuesta. La juez Nidia Angélica Carrero Torres modificó su decisión, admite el derecho a opinar sin restricciones, pero en forma confusa dice que debe hacerlo en forma veraz e imparcialmente sin especificar qué de lo dicho por Claudia es falso. La periodista expresó en un comunicado “La censura jamás debió suceder, y que se modifique en forma confusa no quiere decir que haya sido revocada […]. Como si fuera poco, asegura que la censura no existe porque he sido yo quien ha activado a la justicia a raíz de mis denuncias, como si ese no fuera mi derecho”.
Han transcurrido 18 años en total impunidad y, como anunció desde noviembre de 2019, será la última vez que asiste a las audiencias, toda vez que este escenario está convertido en una cadena de revictimización. Contrario a toda lógica, ahora corre el riesgo de ser judicializada.
Recuadro
Un ejercicio profesional reconocido en todo el mundo
Claudia Julieta Duque es periodista de radio Nizkor/España, ha investigado casos de desaparición y reclutamiento forzoso, impunidad y filtración del paramilitarismo en el Estado. Fue integrante de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y del Consejo Directivo de la Unión de Periodistas de Bogotá.
Ha recibido diversos reconocimientos por su labor: en 2010 la International Women’s Media Foundation, premio de libertad de prensa brindado por Reporteros Sin Fronteras. Fue declarada miembro honoraria de la Unión Nacional de Periodistas del Reino Unido. También premio Women and Leadership – Ilaria Alpi en 2010. En 2011 ‘Newsweek’ la clasificó como una de las diez mujeres periodistas que se encuentran en situación de mayor riesgo por su trabajo y ‘The Daily Beast’ la designó dentro de las 150 mujeres sobresalientes en todo el mundo. En 2014, Reporteros sin Fronteras la denominó como una de los ‘100 Information Heroes’.
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