Desarrollo tecnológico y crisis del covid-19, han creado un ambiente propicio para que los Estados vayan más allá de la promesa de garantías en salud, e invadan y nieguen derechos fundamentales como el de expresión y la privacidad. Nos adentramos, de esta manera, en la nueva política de seguridad ciudadana digital, y con ella en el Estado policial digital.
arrollo acelerado de las nuevas tecnologías nos colocó ante lo que los expertos denominaron la sociedad de la información. En especial, en lo concerniente con las tecnologías de la comunicación y redes sociales, los avances en ocasiones no alcanzan a depurarse ni desde el lenguaje informático y mucho menos desde la lectura que el derecho debe dar a cada uno de ellos y las situaciones reales complejas que suele plantear.
Es lo sucedido, por ejemplo, con la Big Data (el manejo dado a un gran volumen de datos, que reportan información a gran escala), cuyo interés no es lo voluminoso de los datos, sino lo que las organizaciones públicas o privadas puedan realizar con los mismos.
En parelo encontramos el inusitado desarrollo de la llamada Inteligencia artificial (esa parte de la informática encargada de crear programas muy sofisticados en equipos de cómputo de alta tecnología que permiten desarrollar lo que algunos expertos denominan “comportamientos inteligentes”), solo ha venido a empeorarlo todo, pues podría decirse de alguna forma que los seres humanos están facilitando que las máquinas, al nutrirlas con big data, piensen como seres humanos.
Acercándonos de manera sencilla a esta realidad, podemos constatar que la enorme cantidad de datos extraidos de todas las redes de comunicación, al mezclarlos –por decirlo así– en poderosos equipos de cómputo y con elaborados programas, pueden ejecutar determinadas lecturas (inteligencia artificial). Un ejemplo: del seguimiento que un programa de inteligencia artificial realice de los datos de una red de tráfico, como por ejemplo Facebook, puede lograrse una lectura para determinado proceso electoral, de allí la importancia del dato y de la interacción en cualquiera de estas redes sociales.
El valor de lo enunciado, es tan alto, que ya se encontran empresas del área informática dedicadas a lo que algunos expertos llaman analítica de datos, es decir, ayudar a descubrir e interpretar los patrones que sean significativos en los datos analizados y que, obviamente, resulten pertinentes para la toma de decisiones, por ejemplo el estado de una campaña electoral a partir del análisis de redes.
Las App, y mucho más
Aclarado de manera básica lo técnico del asunto, podemos pasar a la conexión con nuestra realidad a partir de la pandemia covid-19, que en nuestro país, como en el resto del orbe, ha implicado unas cuarentenas extendidas en meses de confinamiento o aislamiento obligatorio, que llevaron a dos asuntos de especial relevancia para nuestro análisis: que las personas confinadas tuvieron una mayor sobreutilización de las redes, y que los Estados, sin excepción, aprovecharan la ocasión para poner en marcha mecanismos de vigilancia tecnológica para el seguimiento del virus y su impacto.
En Colombia “CoronApp” es la aplicación móvil sobre coronavirus, incluso para su lanzamiento se incluyó que las personas con líneas prepago que la descargaran en sus dispositivos móviles recibirían un incentivo de internet y hasta 100 minutos gratuitos para llamadas, lo cual no dejó de ser una golosina atrayente para muchos “varados” en medio de la pandemia.
A medida que la flexibilización del confinamiento obligatorio tomó forma, las principales ciudades del país, incluso algunas pequeñas, desarrollaron sus propias aplicaciones de control tecnológico para efectos de contener el virus y las personas que se encontraran en determinadas excepciones o no.
Fue así como la capital desarrolló “Bogotá cuidadora”, la excusa: en esta web se deben registrar todos los ciudadanos que están autorizados para salir y los que no. El rechazo a la medida obligó la alcaldesa a dejar su utilización como opcional. La plataforma ‘Medellín Me Cuida’, surge con el mismo mando de obligatoriedad, quien no se registra no puede hacer valer su excepción. En el Valle del Cauca “Vallecorona.com” y en otras muchas otras urbes se crearon este tipo de aplicaciones, o mecanismos de control, incluso a través de permisos obligatorios que pueden tramitarse por redes de tráfico digital como Whatsapp.
Una de las principales críticas que surge frente a estos sistemas de control y que se mantiene en la actualidad, incluso cuando se ha pasado a una fase de aislamiento selectivo y no obligatorio, y en el que son más las permisiones que las excepciones, es que estas aplicaciones en todas sus formas y modalidades ahora son de uso obligatorio y no voluntario, incluso conectadas como requisito para el uso del transporte público.
La obligatoriedad del registro y entrega de información a través de estas App, ha permitido que las entidades públicas territoriales y del orden nacional recauden una gran cantidad de datos (todos somos aportantes obligatorios para el big data) de cuya correcta utilización no podemos dar fe.
Preocupada por esta realidad, en Medellín la ciudadana Catalina Roldán interpuso una tutela solicitando el amparo de sus derechos fundamentales al habeas data, la intimidad, la libertad y el trabajo, derechos que fueron amparados en primera instancia en un fallo con efecto interpartes, pero que luego fue revocado en segunda instancia sustentando el juez que era correcto el uso y el cuidado de los datos. En todo caso, la tutela puso en jaque el sistema de vigilancia tecnológico, y a pesar del fallo no queda cerrada la discusión sobre si la recolección de datos personales a través de dichas plataformas trasgrede o no derechos fundamentales, máxime con su carácter de obligatoriedad.
Estamos, no hay duda, ante una pandemia con efectos devastadores en el plano tecnológico y de algunos derechos humanos, pues a la proliferación de las app que recogen big data de manera “voluntaria” y gratuita, se suma el monitoreo permanente a la redes sociales, precisamente en momentos de mayor sobrexposición en las mismas debido a las condiciones del confinamiento.
Seguimiento en redes que nos es nuevo, pues incluso la empresa privada lo hace para tomar decisiones en cuanto a contratación laboral, como diversidad de Estados para variedad trámites, como lo realiza el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que en sus trámites consulares de visado ya incluye que se reporten los perfiles en redes sociales con la finalidad de realizar un seguimiento a los mismos previo a otorgar o negar una visa; la pandemia solo ha intensificado estas actividades, agravándolas porque eufemísticamente –como suele ser cuando nos referimos a lo semánticos–, lo que unos consideran monitoreos otros lo consideran perfilamientos, y otros hasta seguimientos indebidos sin previa orden judicial.
Por ello, al inicio de este artículo precisamos que el derecho no puede evolucionar a la par en sus conceptos con la tecnología, ya que ésta va a una velocidad superior, a veces inalcanzable. Es así como para un seguimiento físico personal se requiere una autorización de un juez de garantías dentro de un proceso penal, pero para un seguimiento en redes sociales no es indispensable, por tratarse de una actividad meramente digital y que algunos definen como una actividad con huella pública, pues lo que “publicamos allí” es porque precisamente queremos que sea visto por otros, por el resto de la comunidad de la red. Parece simple, pero no lo es tanto.
Perfilamientos
Casi al mismo tiempo, a nivel local (Medellín) y nacional, se desatan fuertes polémicas de cuenta de los contratos que para el seguimiento y monitoreo de redes sociales y perfiles han pagado con dineros públicos y que al parecer han sido especialmente dirigidos a perfilar o monitorear o “perseguir” a activistas y periodistas generalmente contrarios a los intereses del gobierno de turno. En el caso de Medellín, se contrató a la empresa Selecta Consulting Group para, entre otras tareas, realizar lo que denominaron “el análisis estratégico de redes sociales” pero que al publicar algunos informes permiten ver como algunos periodistas eran calificados de “cibermilitantes. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, respondió: “¿Con qué ánimo algunos medios tratan de confundir el monitoreo de redes con “seguimiento” a periodistas y ciudadanos?”.
A nivel nacional, la polémica sobre los perfilamientos se repite: la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) reveló, como parte de su iniciativa Pauta Visible, una lista de más de 450 influenciadores en redes sociales que aparecen en una base de datos monitoreada por Du Brands, una agencia contratada por la Presidencia con el fin de medir las opiniones sobre el Gobierno actual. Comentarios clasificados en categorías como positivo, negativo, neutro y N/A, y como en el caso de Medellín, es normal que en la lista figuran políticos de la oposición tales como Gustavo Petro, Iván Cepeda Castro, Clara López Obregón, Gustavo Bolívar o Jorge Robledo, entre otros muchos.
En realidad se oculta una gran verdad: si bien es cierto que el seguimiento a nuestras interacciones digitales parte de información pública, sus consecuencias no son tan deseables, de ahí que quizás lo menos importante sea pasar por neutro, a favor o en contra del régimen de turno, lo grave es que con base en ello se toman decisiones, por ejemplo para la contratación, o se pase a otro tipo de seguimientos más drásticos que incluso puede poner en riesgo la vida del perfilado o monitoreado –en el maniqueo lenguaje que se quiera presentar–, aplicando el viejo principio: “quienes no están conmigo, están contra mí”.
El general Jesús Alejandro Barrera Peña, director de Inteligencia de la Policía (Dipol), reconoció que mediante resolución 0133 del 27 de julio de 2020 están en proceso de adquirir un “sistema de ciberinteligencia basado en inteligencia artificial”. Se dice que con dicho sistema podrían perfilar, rastrear y hasta ubicar a los usuarios de redes sociales, teniendo, incluso, acceso a la información privada que generalmente se requiere para hacer uso de cuentas de Facebook, Twitter, Telegram e Instagram.
De ahí que cada que entremos a nuestros perfiles en las redes sociales, cuando accedemos a una cuenta de correo electrónico, cuando realizamos búsquedas en los diferentes motores, cuando iniciamos un chat o conversación de voz y video, debería resaltar un titular con la advertencia: Tenga cuidado usted está siendo vigilado…
Es una advertencia que tiene plena vigencia porque, como está demostrado, con nuestros recursos públicos los gobiernos están contratando empresas para la vigilancia y el seguimiento digital en todo este tipo de redes, proceso que potenciarán con la anunciada adquisición por parte de la sección de inteligencia de la Policía la más moderna tecnología para este tipo de rastreos.
Es una realidad que nos pone en permanente tensión con el discurso de los derechos humanos y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: La libertad de expresión (art. 19) y la privacidad (Art. 12).
Hasta hace unos cinco años podríamos tener dudas sobre si en nuestras comunicaciones del mundo digital o virtual también estábamos siendo grabados, vigilados, monitoreados, en fin, inspeccionados, pero hoy la respuesta no da lugar a dudas, realidad con consecuencias gravosas para las libertades fundamentales, realidad ahondada en tiempos de pandemia, excusa ideal para la concentración de datos, para el uso y el abuso.
Estados autoritarios
Es una realidad cuestionable a nivel privado, sobre todo si no cuentan con el consentimiento de quien es “perseguido virtualmente en la red” para evaluar su comportamiento y tomar definiciones, por ejemplo, de carácter laboral; pero a nivel público, no solo es cuestionable sino reprobable y reprochable penalmente, porque ante cualquier sistema social tenemos en juego derechos humanos fundamentales.
Desde la formación básica escolar en derechos humanos (es decir, no se necesita ser un experto en el tema ni tener formación jurídica) nos enseñaron que el deber de los gobiernos es respetar, proteger, promover y cumplir con los derechos humanos, garantizando a su vez que las leyes, cualquier regulación, como políticas públicas, sean acordes con los mínimos exigidos desde el contexto universal; y hemos citado dos de los artículos directamente involucrados en este asunto: libertad de expresión y privacidad.
Los librepensadores de Occidente ya se han pronunciado ante la avalancha de medidas tomadas por los gobiernos con excusa de la pandemia y que llevan a una verdadera intromisión en la esfera privada, por ejemplo el filósofo y lingüista estadounidense Noam Chomsky advertía en abril sobre la proliferación de aplicaciones y controles de bioseguidad: “Esta pandemia nos puede llevar a Estados altamente autoritarios y represivos”.
Es necesario enfatizar que en Occidente todavía hay cierta conciencia de respeto por los derechos de libertad de expresión y privacidad, pero que la pandemia ha llevado a los Estados a observar y copiar el modelo de Asia, que ha rendido unas cifras más positivas frente al control de la pandemia precisamente a partir del uso exacerbado de los mecanismos de control y seguimiento digital de los ciudadanos en todos sus espacios y actividades.
En este mismo sentido se pronunciaba el filósofo esloveno Slavoj Žižek, quien considera que China podrá vender ahora su Estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia. Sin quedarse muy atrás, a Occidente está llegando un Estado policial digital al mejor estilo chino.
Lo línea seguida hasta acá nos permite realizar varias preguntas: ¿Podemos permitir que las medidas tomadas para preservar la seguridad pública impliquen una invasión de nuestros derechos a la privacidad y libertad de expresión? ¿Las medidas de control social digital son la respuesta más adecuada para enfrentar la pandemia del coronavirus? ¿La big data, la inteligencia artificial, la analítica de datos, están resultando ser un peligroso coctel tecnológico retomado y abusado por los Estados en tiempos de pandemia? Para cerrar con la más urgente de las preguntas: ¿Hay acaso dudas que las medidas de solución tecnológica planteadas por la pandemia han llegado para quedarse y se convierten en abusos que luego denominaremos simples seguimientos digitales, sin importar que impliquen una grave afrenta a los derechos humanos y fundamentales?
Sin duda, estamos dando la bienvenida a la nueva política de seguridad ciudadana digital.
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